Foto:
Cortesía.- Simón Guillermo Hernández Peña / Simón Guillermo Hernández Peña
El
presunto homicida Amadeo Zamudio “El Yeyo” ganó un amparo para ser trasladado
del Cefereso 14 Durango, al penal de San José del Cabo. Al Cereso de La Paz
podrían regresar “El Sepulturero” y “El Zata”. Personal de ambos reclusorios
temen por la situación actual, que se agravaría con la vuelta de quienes
previamente lideraron al interior. Dictámenes criminológicos de los personajes,
son muy reveladores
Mientras
la intranquilidad en los penales de Baja California Sur sigue latente, a
situación podría complicarse aún más con la amenaza del retorno de internos de
alta peligrosidad que entre 2016 y 2017 fueron trasladados a penales de máxima
seguridad. Algunos tramitan juicios de amparo y otros ya consiguieron su
“boleto” de regreso, pero se encuentran bajo impugnación de las autoridades
penitenciarias.
Entre
los presuntos criminales que en diferentes temporadas pusieron de cabeza los
Centros de Reinserción Social (Cereso) de La Paz y San José del Cabo, se
encuentran Simón Guillermo Hernández Peña “El Sepulturero”, Jesús Ernesto López
Zataraín “El Yuca” y Alejandro Angulo Salgado. A otros como Luis Fernando
Villalobos Graciano “El Güero Ruffles” y Daniel Guadalupe Romero Valdez “El
Danny”, les fue negada cualquier posibilidad, por el momento, de volver.
Quien
ya ganó el amparo y protección de la justicia federal para ser reingresado en
el penal de San José del Cabo, procedente del Centro Federal de Readaptación
Social (Cefereso) Número 14 CPS Durango, es Amadeo Zamudio Chávez “El Yeyo”,
señalado de ser el probable homicida material del joven Jesús Asael Valtierra
Loya, crimen ocurrido el último día de enero de 2011.
Al
iniciar el año en curso, amenazas por medio de narcomantas, los homicidios de
funcionarios de seguridad y la falta de garantías para laborar, han propiciado
que personal de vigilancia del penal de La Paz se niegue a trabajar. Algunos de
los custodios prefirieron renunciar a su empleo, mientras las autoridades
penitenciarias no logran asumir un control total de las instituciones que
dirigen y constantemente, desde hace por lo menos tres años, en los que ha
habido muchos cambios de directores y asesinatos, han manifestado que las
prisiones sudcalifornianas no reúnen las condiciones para albergar a presos de
alta peligrosidad ni en estructura, ni en material humano para su contención.
Los
lamentos ante la Comisión Nacional de Seguridad parecen no tener eco. Según el
Gobierno del Estado de Baja California Sur, es latente “la posibilidad de
enfrentamientos con grupos antagónicos que se disputan el control de los
centros penitenciarios, lo que genera situaciones que ponen en riesgo la vida
por la acción de terceras personas, así como la integridad físicas de quienes
se encuentran privados de su libertad, de visitantes y personal que labora en
los centro de reinserción social, lo que también crea riesgo de riñas,
amotinamientos e intentos de evasión”.
Los
presos que están por la comisión de delitos de alto impacto y que evidencian un
alto poder económico, capacidad de liderazgo e influencia sobre otros internos,
así como poder corruptor de servidores públicos, mantienen en vilo a custodios
y personal técnico (psicología, medicina, trabajo social, entre otras áreas).
De ahí el temor a que otros convictos que ya fueron trasladados, regresen.
REGRESA “EL YEYO”
Uno
de los últimos trasladados a cárceles de máxima seguridad es el de Amadeo
Zamudio Chávez “El Yeyo”, quien el 6 de julio de 2017, fue enviado en “paquete”
con otros internos al Cefereso CPS 14 Durango, en Gómez Palacio, Durango, pero
debido a fallas atribuibles a la Dirección General de Ejecución, Prevención y
Reinserción Social en el Estado de Baja California Sur, ganó un amparo y se
ordenó su regreso al penal de San José del Cabo.
El
traslado de vuelta a la península no se ha consumado, ya que tanto el
Ministerio Público federal como la autoridad carcelaria, aún se encuentran
dentro del plazo de Ley para formular, sí así lo desean, el recurso de revisión
en contra de la resolución dictada en el Juzgado Tercero de Distrito en la
entidad (880/2017).
Alejandro
Angulo Salgado.
Al
“Yeyo” se le instruye la causa penal 75/2015 por el delito de homicidio con
premeditación y alevosía, privación ilegal de la libertad, robo con violencia y
daños por incendio, en agravio de Jesús Asael Valtierra Loya.
El
traslado del recluso fue calificado como “urgente” por directivos del Cereso de
San José del Cabo, quienes justificaron la medida al referir que los estudios
criminológicos practicados a Zamudio y otros presos arrojaron como resultado
que “son considerados de alta peligrosidad; por tanto, ponen en riesgo la
seguridad institucional, de las personas que ahí laboran y de la sociedad en
general”.
Además,
la autoridad penitenciaria se curó en salud al agregar: “El Centro de
Reinserción Social de esta ciudad es considerado de baja seguridad, carente de
infraestructura para albergar y contener a las personas con el perfil delictivo
indicado”.
Sin
embargo, pese a que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé los traslados
involuntarios de reos, funcionarios cometieron un error que motivó la concesión
del amparo a Amadeo. La Ley establece que una vez realizado un traslado
urgente, sin autorización judicial, la autoridad administrativa tiene
obligación de notificar el evento al juez de la causa dentro de las 24 horas
siguientes a la fecha.
El
traslado tuvo lugar el 6 de julio de 2017, pero la directora general de
Ejecución, Prevención y Reinserción Social en BCS comunicó del traslado al Juez
Segundo Mixto de Primera Instancia en Ciudad Constitución hasta el 12 de julio,
es decir, seis días después de que “El Yeyo” arribó al penal federal
duranguense.
Aunque
se pretextaron diversas situaciones para justificar la demora, el juez de
amparo otorgó la protección constitucional al interno para ser devuelto “al
lugar en que se encontraba antes de la emisión del acto reclamado” y
reingresado a la brevedad. El juzgador no cerró la puerta para que el centro
carcelario de San José del Cabo intente un nuevo traslado, “cumpliendo
cabalmente con los requisitos que establece el Artículo 52 de la Ley Nacional
de Ejecución Penal”.
ESPERA “EL SEPULTURERO”
En
Ciudad Juárez, Chihuahua, otro que espera regresar a Baja California Sur, pero
al Centro de Reinserción Social de La Paz, es Simón Guillermo Hernández Peña,
mejor conocido como “El Simón”, “El Sepulturero” o “El Güero Peña”, quien desde
el 14 de septiembre de 2016 se halla recluido junto con sus compinches “El Danny”
y “El Güero Ruffles” en el Cefereso 9 Norte.
“El
Simón” ha tramitado dos juicios de amparo, uno de ellos ganado para que se
estudie su posible traslado al penal paceño y otro que le fue denegado, ambos
en el Juzgado Segundo de Distrito de Baja California Sur. Además del traslado,
pelea el derecho a una defensa adecuada y que se le restituya la comunicación
con su defensor, concubina, sus menores hijos y hermanos. También alega malos
tratos y tortura, pero una auscultación médica descarta tal aseveración.
Enjuiciado
en la causa penal 251/2015 del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia por
el delito de homicidio calificado con premeditación y alevosía, Hernández Peña
es considerado uno de los hombres que junto con Rolando González Moreno “El
Compadrón”, imprimieron más violencia al penal de La Paz en los últimos
tiempos.
Un
dictamen criminológico emitido un día después de su traslado, con base en su
expediente administrativo y el proceso penal, estima que “El Simón” es una
persona antisocial “con nexos en grupos delictivos y participación en eventos
relacionados con la venta y distribución de enervantes dentro y fuera del
Cereso”.
Asimismo,
destaca que “establece comunicación mediante telefonía celular y ordena
ejecuciones, al que conforme a sus diversas características presentadas sobre
manifestaciones y/o declaraciones, sus factores exógenos y endógenos de
comportamientos, lo catalogan como un endocriminal preponderante, con
características específicas de alta reincidencia en la conducta criminal y con
rasgos de ser una persona con alta peligrosidad”.
El
13 de septiembre de 2016, a Simón Guillermo se le encontró dinero en efectivo,
teléfonos celulares, diversos objetos y sustancias prohibidas (droga) en su
celda, así justificaron tanto su remisión como la de sus seguidores a máxima
seguridad.
Hechos
violentos ocurridos durante la ejecución del traslado aquél 14 de septiembre le
dieron la razón a la autoridad. Al ver que iban por él, Hernández Peña se
refugió en el Área de Procesados “incitando a los internos que viven ahí para
que se amotinaran”. Con apoyo policial externo y de la Marina, “El Sepulturero”
fue sacado. Enfurecidos reclusos destrozaron todo lo que hallaron a su paso,
dañaron las recámaras de la caseta de control y un consultorio. Hubo varios
elementos de seguridad lesionados.
Dado
el poder fáctico y económico que el personaje ostentaba en La Paz, así como las
amenazas de grupos antagónicos, la posibilidad de su regreso enciende focos
rojos para los directivos del penal.
EL PODER DEL “YUCA”
Otro
que aguarda el momento de volver al Cereso La Paz, es Jesús Ernesto López Zataraín,
que se cambia el nombre por el de Rafael Zataraín Aguilar. Unos le dicen “El
Yuca”, otros le llaman “El Puka” o “El Zata”. Fue una de las piezas clave para
la captura de Melissa Margarita Calderón Ojeda “La China” hace un par de años.
López
Zataraín perdió el amparo contra el traslado ante el Segundo Tribunal Unitario
en Mazatlán, Sinaloa. Sin embargo, ya interpuso el recurso de revisión en
espera de que el fallo sea revertido por magistrados de un tribunal colegiado.
Detenido
en junio de 2015 tras una balacera perpetrada en la colonia Diana Laura, en La
Paz, López contaba con una sentencia de 21 años seis meses de prisión dictada
en el Juzgado Segundo de Distrito de Baja California Sur, por su
responsabilidad en la comisión de los delitos de portación de armas de fuego y
granadas de uso exclusivo del Ejército, además de posesión de cartuchos y
contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina; sin embargo, en
apelación, la condena fue reducida a ocho años un mes de prisión, al ser
absuelto de la posesión de droga.
El
24 de febrero de 2017, la Dirección General de Ejecución, Prevención y
Reinserción Social de BCS, determinó trasladar al preso, argumentando “medidas
de seguridad y poner en riesgo la vida de las personas privadas de la libertad,
así como del personal que labora y la gobernabilidad del Centro Penal de esta
ciudad, al haber cometido una falta considerada grave”.
Ese
día, “El Zata” encabezó a un grupo que salió del Área de Indiciados para atacar
a un grupo antagonista que estaba en “máxima seguridad”, dejando severamente
golpeado al interno Héctor Gerardo Valdez Eráldez. El vigía de la Torre 5
reportó el disturbio que, como pudieron, fue controlado por los pocos custodios
del penal. El reo y sus seguidores tenían consigo armas hechizas, palos, tubos,
piedras y objetos punzocortantes, atrincherándose en uno de los dormitorios, de
donde se negaban a salir, profiriendo todo tipo de amenazas a los elementos de
seguridad. Incluso prendieron fuego al interior del módulo. Jesús Ernesto y
otros “selectos” internos finalmente fueron sometidos y trasladados de
“urgencia” al Cereso de San José del Cabo.
“El
Centro de Reinserción Social de La Paz es un centro penitenciario clasificado
como de baja seguridad, se encuentra rebasado en su capacidad instalada para
ello. Asimismo, adolece entre otros problemas, de sobrepoblación, y de una
cantidad insuficiente de personal de seguridad y custodia, que permita una
estrecha vigilancia permanente cuando se presentan este tipo de disturbios, que
es sabido, la tensión dura por largos periodos”, se acotó en su momento.
EX CUSTODIO PELIGROSO
Destino
diferente le tocó al ex elemento de seguridad penitenciaria del penal de La
Paz, Alejandro Angulo Salgado, quien el 5 de julio de 2017 fue trasladado al
Cefereso Número 4 Noroeste en El Rincón, Nayarit. Procesado penalmente por
participar en atracos, acaba de sufrir un revés en el juicio de amparo promovido
ante el Primer Tribunal Unitario de Sinaloa.
El
reo pretendía revertir la calificación de la legalidad de su traslado, solo que
esta vez las autoridades administrativas hicieron bien su trabajo al realizar
las gestiones adecuadas y justificar la excepción al “traslado voluntario”
porque, caso contrario “se pondría en riesgo la seguridad o gobernabilidad del
centro penitenciario”, donde amenazó al comandante de vigilancia y estaba
reciente la muerte del subdirector.
Angulo
se encontraba en el Cereso de San José del Cabo desde el mes de marzo previo.
Antes estuvo en el Cereso La Paz, desde mediados de 2015. Enfrenta una causa
penal por robo y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Sus
defensores argumentaban que el traslado era violatorio de derechos humanos,
pues Alejandro no había sufrido sanción disciplinaria ni está preso por
delincuencia organizada.
Su
estudio criminológico advierte que Angulo Salgado se desempeñaba como custodio
de un centro penitenciario, con una “capacidad criminal alta en etapa de
superación” y especialmente con la amenaza directa de la que el comandante
informó haber sido objeto por parte de los privados de libertad que estaban
siendo trasladados, entre ellos el quejoso.
Tras
las constantes amenazas que viven los celadores, tanto del penal de La paz como
de San José del Cabo, decenas de ellos han presentado su renuncia en los
últimos dos años, y otros, en fechas recientes, simplemente dejaron de
presentarse a trabajar.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA /
INVESTIGACIONES ZETA/ MARTES, 20 FEBRERO, 2018 12:00 PM)
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