La Procuraduría General de Justicia del
Estado abrió investigaciones contra 148 mujeres por el delito de aborto en los
últimos tres años. Sin importar que estos se den de manera natural o no, los
casos se investigan por igual, lo que para la maestra Angélica Medina, del
colectivo Centinelas, es ejemplo de la criminalización de la mujer. De manera
paralela, el abandono de bebés no deseados en hospitales ha crecido
considerablemente, reportando casi 200 solo entre 2017 y 2018, según cifras
oficiales de DIF Estatal
Emily Judith Cervantes, es
una joven de 26 años de edad recluida en el Centro de Reinserción Social de
Mexicali, acusada del delito de homicidio agravado en razón de parentesco
consanguíneo, luego que el 18 de agosto presuntamente asesinara a su hijo
Kelvin Omael Cervantes, de apenas 4 años, a quien le propinó 45 lesiones. El
hecho fue narrado por once testigos que forman parte de la carpeta de
investigación.
Así como este, otros dos
casos de bebés asesinados por sus progenitores se registraron solo en 2018,
aunado a un par de incidentes donde madres abandonaron sus productos en la vía
pública, sugiriendo que existen problemas no atendidos ni visibles para la
autoridad.
“Estas tragedias no
ocurrirían si hubiera políticas públicas en este tema”, es la respuesta simple
de la maestra Angélica Medina, integrante de Centinelas, agrupación feminista
que impulsa y brinda asesoría a mujeres que requieren orientación ante un
embarazo no deseado.
Al hablar de este tema
resulta imposible no mencionar los casos de Paulina y Leslie, dos mujeres que
fueron víctimas de la autoridad por negarse a ser madres en una etapa temprana.
Leslie incluso tuvo una sentencia de más de 20 años por homicidio, aunque al
final logró salir de manera anticipada tras ganar un enfrentamiento legal.
Partiendo de esa premisa y
argumentando que muchas mujeres son obligadas a tener hijos por la presión
social, la también activista afirmó que es necesario subir el tema a la agenda
pública para dar solución a un problema del que nadie quiere hablar.
Pese a que en Baja California
se protege la vida desde la concepción, en los últimos dos años ha ocupado el
segundo lugar en denuncias por aborto a nivel nacional, según cifras del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo superado
por Ciudad de México.
De manera paralela, el clima
de adicciones y embarazos tanto adolescentes como no deseados -donde Baja
California también ocupa los primeros lugares- ha incrementado el abandono de
infantes en hospitales de la entidad, por lo que se requiere una intervención
urgente de las autoridades para procurar mecanismos que reduzcan esta
problemática, desde la educación sexual, hasta abrir el debate sobre el aborto,
consideró Medina.
Infortunadamente, existen
pocos datos locales sobre las incidencias de la interrupción del embarazo, pues
tanto autoridades como académicos no han tomado el tema como prioritario.
PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN CRIMINALIZA A LA MUJER:
CENTINELAS
El coordinador de la Unidad
Investigadora de Delitos contra las Personas y su Integridad, Daniel González
Guerra, comentó que en sus dos años al frente del área no se ha judicializado a
ninguna mujer por el delito de aborto en Mexicali, que cabe señalar, alcanzaría
hasta cinco años de prisión.
En épocas recientes, sólo el
caso de una mujer de 23 años de edad en Ensenada fue llevado a los tribunales
en Baja California, la cual fue descubierta al detectarle residuos de
Misoprostol –un medicamento para úlceras que además provoca la expulsión del
producto- en la cavidad vaginal. Según Angélica Medina, esta es una práctica
común en las mujeres que pretenden interrumpir su embarazo.
Sin embargo, Daniel González
reconoció que como parte de un protocolo para proteger la vida desde la
concepción, los hospitales y clínicas interponen denuncias contra las mujeres
que perdieron el producto, sin importar que la interrupción se diera de manera
natural o no.
Cuando se confirma que el
caso pasó a ser un tema accidental, la fiscalía desecha la acusación contra la
mujer, pero esta se archiva.
Para Angélica Medina, esto es
un claro ejemplo de la criminalización de la mujer, pues automáticamente se
vuelve sospechosa de un delito, incluso antes de tener algún indicio que
sugiera un aborto inducido.
Por su parte, González Guerra
aseveró que en 2018 han recibido 27 denuncias por aborto en Mexicali, de las
cuales 18 son provenientes de hospitales, el resto son atenciones que paramédicos
realizan en viviendas o la vía pública, donde también se inician
averiguaciones.
Entre 2017 y 2018, en la
Capital del Estado se abrieron carpetas de investigación para atender el
abandono de tres productos, cuyos restos fueron localizados en basureros y en
la vía pública.
Uno de ellos ocurrió la noche
del 7 de febrero de 2017, cuando residentes de la colonia Industrial reportaron
que al interior de una bolsa de plástico fue hallado el cuerpo de un producto
de 40 semanas de gestación. Se trataba de una niña que pereció por una
malformación.
Caso similar ocurrió en mayo
de este año, cuando pepenadores localizaron un feto de 25 semanas entre la
basura del Centro de Transferencia de la colonia Xochimilco, mientras buscaban
objetos de valor.
Un tercer incidente se
suscitó en junio. Residentes de la colonia Villa Verde, al Oriente de la
ciudad, denunciaron a una mujer que abandonó una bolsa de plástico con un bebé
recién nacido; según informó el Servicio Médico Forense, el producto respiró, pero
falleció a causa de una malformación en el estómago, por lo que era
prácticamente imposible que pudiera sobrevivir.
En el último caso se
identificó a la madre como una conocida adicta de la comunidad, por lo que -al
igual que en los otros dos casos- se abrió una carpeta de investigación para
llevar a cabo un proceso judicial en contra de los responsables.
NO SE SOLICITAN ABORTOS LEGALES: PGJE
Pese a que las leyes vigentes
permiten bajo ciertas condiciones el aborto no punible, en los últimos dos años
no se ha realizado solicitud alguna, según comentó el funcionario de la PGJE,
quien agregó que solo en una ocasión pidieron una evaluación en el Hospital
General, para que una mujer interrumpiera su embarazo ante un inminente riesgo
de morir.
Después de un intenso
análisis entre médicos y especialistas, se decidió continuar con el
procedimiento y tanto la madre como el niño salvaron la vida.
Esto resulta extraño, dado
que Baja California es una de las cinco entidades donde más denuncias por
violación se interponen. De hecho, según las cifras de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, durante 2017 se registraron 667 violaciones
denunciadas, y la conducta en el presente año mantiene la misma tendencia, pues
de enero a julio se documentaron 390 casos.
Cabe señalar que datos
compartidos por la académica Mónica Ayala Mira y la psicóloga Angélica Medina,
estiman que alrededor del 90 por ciento de los casos no se denuncia ante las
autoridades. Llama la atención que pese a los datos no exista registro alguno
de solicitudes de aborto no punible.
La conducta es similar a
nivel nacional. Según un informe del Grupo de Información de Reproducción
Elegida (GIRE), que evaluó las cifras de violaciones sexuales desde 2009 a
2016, se reportaron 70 mil 630 denuncias por violación ante las procuradurías
locales. En ese mismo periodo solo se solicitaron 61 procedimientos abortivos
por víctimas de este tipo de agresiones.
La activista de Centinelas
explica que las mujeres no confían en la autoridad y prefieren recurrir a
métodos caseros -algunos peligrosos-, o bien, cruzar la frontera e interrumpir
el embarazo bajo los cuidados en una clínica particular en California.
Agregó que no existen
investigaciones recientes sobre cuántas personas cruzan la frontera para
practicarse un aborto, pero aseveró que solo tienen acceso las mujeres cuya
condición económica es favorable.
El resto utiliza ganchos,
cuchillos y otros artefactos, o bien, consumen pastillas de Misoprostol,
medicamento que no es detectable cuando se consume vía oral, o bien, se
argumenta desconocimiento de sus efectos ante los médicos.
Medina afirma que diariamente
recibe casos de mujeres que piden información sobre el aborto, por lo que desde
hace dos meses trabajan en una base de datos que pretende dar un panorama
general sobre la práctica de la interrupción del embarazo en Mexicali.
ZETA solicitó tanto al
Servicio Médico Forense como al Instituto de Servicios de Salud información
sobre interrupciones inducidas por parte de mujeres, pero ambas
responsabilizaron a la otra dependencia de contener esas cifras. Mientras
tanto, la PGJE estableció que desde hace varios años no detectan casos
intencionales.
AUMENTA INGRESO DE BEBÉS PROVENIENTES DE HOSPITALES DE
BC: DIF
Un problema creciente en los
hospitales y clínicas de la entidad es el abandono o el ingreso de infantes por
madres que no están en condiciones de atender a sus hijos, ya sea por propia
voluntad, desconocimiento o casos severos de adicciones.
Según la procuradora de la
Defensa del Menor y la Familia, Consuelo Luna Pineda, durante 2017 y 2018 se
han registrado 190 ingresos de menores provenientes de hospitales públicos por
los motivos arriba mencionados, la mayoría de mujeres con problemas de
adicción, mismos que son detectados porque el bebé presenta síndrome de
abstinencia; la madre está intoxicada al momento de la atención, o debido a que
se brindan los primeros auxilios en un “picadero” o inmueble en condiciones
desfavorables.
Mexicali y Tijuana encabezan
la lista de municipios donde se registra con mayor frecuencia estas prácticas,
en la que alrededor del 30% de los infantes termina en los albergues de DIF
Estatal o en alguna casa hogar, debido a la saturación de trabajo que se
presenta cada determinado tiempo.
Luna Pineda aseveró que se
tiene un protocolo de atención inmediata en estos casos donde se coordinan con
clínicas y hospitales, para así prepararse y atender a los menores recién
nacidos de la forma que requieren, ya que la mayoría presentan severos
problemas de salud.
“Hemos tenido un aumento en
los últimos años, también ha sido por la coordinación con los hospitales para
saber qué hacer por incidentes que se han presentado donde entregan a los menores y a los días regresa el menor con
algún problema grave de salud, porque no lo cuidaron bien”.
La procuradora de la Defensa
del Menor declaró que algunas veces han sido sobrepasados por la demanda de
neonatos, pero se apoyan con casas hogar para poder dar atención a todos los
casos.
Mientras que Angélica Medina,
de Celestinas, consideró que esta práctica que realizan los hospitales y DIF
Estatal, eventualmente será sobrepasada, pues no existe una política pública
tangible que pretenda evitar los orígenes del problema y no las consecuencias.
Agregó que es una forma
disfrazada de obligar a las mujeres a dar a luz sin la necesidad de abortarlos
como una alternativa, cuando la realidad es que hay mujeres que no desean
someterse a todo el proceso de embarazo.
“Es como tapar un hoyo
haciendo otro hoyo”, comparó la activista, quien dijo si bien el aborto es una
solución, existen otras que tampoco están siendo impulsadas con seriedad, como
la educación sexual, que no se basa simplemente en el coito, sino en la
planificación familiar y otros importantes factores que ayudan a mujeres y
hombres a tomar mejores decisiones.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / EDUARDO VILLA LUGO
/LUNES, 27 AGOSTO, 2018 01:10 PM)
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