Entre la tropa que da la cara
por la seguridad de los guaymenses empieza cundir la idea de que ya basta de
imponerles mandos externos que no conocen la problemática de la corporación
policíaca, los cuales históricamente más que soluciones al entrar se convierten
en parte del problema.
Los hechos están a la vista.
El fracaso de quienes han llevado las riendas de la Dirección de Seguridad
Pública, ha dejado más elementos inconformes que contentos.
Por eso el hecho de que se
mencione que un militar, ingeniero naval, sin formación policial, viene cual
destino manifiesto a dirigirlos ha levantado un mar de indignación, cuando es
conocido de que entre los uniformados hay gente capaz, proba y experimentada,
sabedora de los entretelones e intereses creados que operan al interior.
Incluso saben bien a bien
quien es quien en la dependencia. Es decir, a quien sirven o que tan eficaces
son como elementos policíacos.
Y pues bien harían los
regidores del ayuntamiento porteño en oír lo que tienen que decir los que
exponen el pellejo, le sea reconocido o no por las autoridades y la sociedad,
para salir del callejón sin salida en que la seguridad pública se ha convertido
en gobiernos ausentes, que han dejado la iniciativa a las bandas mafiosas con
más poder de fuego y protección política que las propias policías.
Un burócrata más, sin don de
mando y empatía o incapaz de poner disciplina, al frente de una corporación que
amerita una percudida, una depuración y ser saneada de malos elementos, es
volver a experimentar y enfilarse al fracaso.
A la llegada de Lorenzo De
Cima a la administración (2015-2018) su jefe de policía, un exMP como Humberto
David González Cano y su segundo de abordo Efraín Godínez, decidieron
desmantelar al grupo operativo, un cuerpo de élite de reacción rápida muy
señalado socialmente al que detectaron como una amenaza para el buen
funcionamiento de la dirección de seguridad pública. Tiempo después los citado
salieron de la dependencia sin lograr su cometido, salvo el económico.
El comandante Silvestre
Armenta, quedó encargado del despacho de Seguridad Pública por mientras.
La agrupación Sangre Azul,
que aglutina a bastantes gendarmes y que lidera el comandante Obed Medina
Leyva, promueven interesantes peticiones a favor del gremio y bien podrían
convertirse a favor a tomar en cuenta en una remozada de la corporación.
EL COMPLICADO PANORAMA ESTATAL
En la busca de soluciones no
hay respuestas fáciles y por lo mismo no cabe la improvisación, tal como quedó
demostrado en los últimos días en la entidad y concretamente en Guaymas, en
donde se han presentado ataques a policías y balaceras a plena luz del día
Aunque por la víspera se saca
el día, se habla de 150 homicidios dolosos en el trienio pasado y más de 500
levantados o desaparecidos en Guaymas y Empalme, lo que ya valió un alerta por
parte de la embajada de E.U. para que sus empleados se abstengan de visitar
ciudades de Hermosillo al sur.
Con la salida del fiscal
carnal estatal Rodolfo Montes de Oca y el titular de la Secretaría de Seguridad
Pública Adolfo García Morales, “suponese” dos chuchas cuereras en los temas de
sus dependencias, quedaron acéfalas dos estratégicas áreas, por razones y
versiones que van desde el embate de los grupos criminales, hasta que el Peje y
Alfonso Durazo, metieron mano o de que ambos exfuncionarios tienen pendientitos
al involucrárseles en actos de corrupción advertidos por la Auditoría Superior
de la Federación sobre deficiencias administrativas, programáticas y en uso y
destino de recursos federalizados. La mezcla explosiva de líos judiciales como
el caso Pancho Platas y aumento de la violencia, los reventaron. Nomás.
Dicho movimiento obligará al
enroque y pone de entrada la pelota en la cancha del Congreso del Estado, quien
tendrá injerencia en el nombramiento de un fiscal imparcial, independiente y
eficaz, según los parámetros esgrimidos por Morena. O sea, Durazo y Jorge
Taddei, llevan mano como en todo juego que tiene desquite. Manita de cochi le
harán a la mandataria quien tendrá que salir de su zona de confort y encarar a
sus detractores.
En el nombramiento de los
sucesores en dichos cargos, pasa por un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública
de corte elitista, de inclinación tricolor y proclaudillero y tal sesgo
político choca con la visión transformadora que derrotó en las urnas a
proyectos o estrategias fracasadas como Escudo Ciudadano, programa non de
prevención del delito de Claudia Pavlovich, cuando se contabilizan más de 700
homicidios en el último año.
Para la fiscalía suenan los
abogados del círculo íntimo del Rudy Héctor Contreras Pérez, Raúl Guillén y el
beltronista Erick Iván Jaime Archundía. También suena Horacio Valenzuela. Todo
en familia, pues.
El diputado petista Rodolfo
Lizárraga, empuja un plan de 60 días para la seguridad y como parte de la
Comisión del Congreso, recibió los documentos del panista Héctor Hernández,
contralor de Otto Claussen, quien busca convertirse en fiscal general. De risa
loca la descabellada idea de la “Mujer Barbona”, quien hizo oídos sordos al
despapaye del Alemán y persiguió y se “arregló” con exfuncionarios de César
Lizárraga.
Está tan critica la situación
que la gober pidió ayuda al presidente Enrique Peña Nieto, quien poco o nada
hizo en el rubro durante su sexenio y se habla de gestarse una huelga en la PF
por viáticos no pagados, para enfrentar la emergencia, que según World Justice
Protec, coloca a Sonora entre los estados peor evaluados en niveles de
violencia, corrupción e impunidad y resultados que el presidente del Supremo
Tribunal de Justicia Francisco Gutiérrez Rodríguez, rechazó.
Las bancadas de Morena, PES y
PT más la Lola del Río, en la legislatura estatal se lanzaron a solicitar que
el gobierno federal retome la seguridad pública en la entidad.
A nivel nacional el Poncho
Durazo y el equipo de seguridad de AMLO se tomó un respiro y suspendió los
foros de la pacificación y reconciliación, para armar la propuesta de
Secretaría de Seguridad Pública Federal y el plan de seguridad.
Cero y van dos: se desmorona
la administración de Sara Valle
De los cuatro funcionarios de
primer nivel nombrados el 16 de septiembre, como la canción de los perritos a
la alcaldesa Sara Valle Dessens, ya nomás le quedan dos.
El primero en brincar del
barco fue el excontralor Jesús Osuna Agramont, quien duró cuatro días en el
puesto. El cuñado cómodo Santiago Luna García, está impugnado, no puede firmar
y ya le dicen el pavo, pues corren apuestas que no llega diciembre.
El segundo en abandonar la
nave es Daniel Morales Pardini, quien renunció a la comisaría de Seguridad
Pública, puesto en el que duró apenas tres semanas. Al cargo llegó de la mano
del cuñado incómodo Santiago Luna García y era pieza clave en el proyecto del
grupo Coyota, que arribó con aires de conquista al puerto.
El Dany, quien ni siquiera
pasó por el escuadrón Vial de Bolaños, sufrió las de Caín tras atentado que
costó la vida de cinco agentes policiacos que coronó la vorágine de violencia
que asola desde hace tiempo al municipio y que ya había tocado a la corporación
en los casos de los comandantes Genaro Bogarín ---que provocó la salida del
jefe de la policía Norman Castillo-- y Lilián Arce.
Su reconocida fidelidad a la
banda será premiada con la Contraloría municipal, instancia en donde ya tiene
experiencia habida cuenta que en el pasado sobrevivió un proceso administrativo
–el expediente 35/03-- en el área de responsabilidades del Órgano Interno de
Control SAGARPA, motivo por el cual dejó el cargo de oficial de la Profepa.
La prudencia finalmente se
impuso y la cosa no pasó a mayores, pero quedó claro que no se tienta el
corazón y confirmó lo declarado por Oscar Villa Encinas, su comandante en los
álgidos días previos a su revocación de mandato cuando ordenó echarles gases
lacrimógenos a los ediles que la criticaban y balear el auto del “Flaco” Raúl
Rodríguez.
Para la Ley de Gobierno y
Administración Municipal y la Ley de Seguridad Pública estatal, lo sepa o no
Sara, la cadena de mando le llega y atañe.
¿EL RATÓN DETRÁS DEL GATO?
Después del evento sangriento
la psicosis abunda en el puerto y en los elementos policíacos. Tal pareciera
que el ratón anda detrás del gato.
El viernes anterior toda la
caballería se desplegó para detener a tres albañiles en la colonia Montelolita.
Y así por el estilo dan palos de ciegos para justificar la chamba.
Una Hummer cerca de una
patrulla puso de nervios a más de tres ante el ambiente pesado que dejó entre
los hombres de azul los hechos del jueves pasado, en donde se indaga a cierto
mando que salió ileso del atentado.
Ráfagas de disparos por
rumbos de Las Golondrinas provocaron este martes la movilización de las fuerzas
del orden en más de 15 unidades de la Gendarmería, policía municipal y policía
estatal.
Mientras la policía municipal
está en un estado de zozobra, se recibió como algo de muy mal gusto ante el
luto de las familias afectadas y como un balde de agua fría por la
insensibilidad mostrada, cuando el horno no está para bollos, el nombramiento
del responsable del Comité de Festejos que habrá de organizar las fiestas del
carnaval 2019. El show debe continuar, debió decir la alcaldesa, mientras el
vacío de poder en la policía sigue ante la falta de un titular capaz.
Ver pegados a dos aves de
malagüero en la Marcha por la Paz como Jaime Moreno Berry a Sara y Raúl Sánchez
al secretario técnico Alejandro Rodríguez Zapata, “El Piolas”, de la gente que
se trajo “El Cabezón”, no fue buen mensaje para el respetable.
¿MILITARIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA?
Ante el fiasco que representó
Daniel Morales en la jefatura de policía y el descontrol que vive la
dependencia se impulsa al capitán de navío C.G. retirado Rodolfo Frías
Zavaleta, para entrar en su relevo con el supuesto aval de la Armada de México.
A su nombramiento fast trax
se opusieron los regidores José Luis Portillo Liera (Morena), Sergio García
(Movimiento Ciudadano) y Ernesto Uribe (Independiente), por lo apresurado.
Mientras tanto en dicha sesión el coordinador de asesores de Rodolfo Lizárraga,
es decir el exvilleguista Roberto Palafox “El Pipas”, le daba línea al regidor
petista y presidente de la Comisión de Seguridad Pública Iván Rodríguez Nava y
el reportero Carlos Razcón Valenzuela, indagaba respecto a cierta calidad de
blindaje.
Los ediles exigieron checar
si tal marino no es militar de espada virgen, cuenta con pericia en las lides
policiacas y si cumple los requisitos del apartado A artículo 140 de la Ley de
Seguridad Pública del estado para dirigir una institución policial civil, muy
diferente a una de tipo militar, es decir si está apto física, medica, ética y
psicológicamente para desempeñar el cargo, además de haber cubierto los
exámenes de evaluación y control d confianza, porque caras vemos, corazones no
sabemos. Ya se vio lo que pasó por obviar tales requisitos con Morales Pardini,
en donde no bastó el apoyo del caudillo Luna.
Con sus argumentos los
regidores le mojaron la pólvora a la alcaldesa y Sergio García, se fue los
ediles bultos, esos que levantan la mano a indicaciones de su amo.
En la sesión pasada, ante la
situación caótica los ediles aprobaron solicitar al Congreso del Estado apoyos
extraordinarios por 35 mil pesos diarios para gasolina de las patrullas y 160
pesos diarios para comidas de los agentes, que laboran doce horas al día,
además pugnaron los regidores opositores de que se indague como se aplicaron
los recursos autorizados en el presupuesto del 2018. La PGR se dice ya
investiga sobre la compra de chalecos para la policía.
El lunes anterior, cuando el
sindicato del ayuntamiento SUTSAG, protestaba en palacio municipal, Daniel
Morales, siguiendo instrucciones de su jefa la alcaldesa, quien se hizo
perdidiza para no atender a los sindicalistas e hizo circular la nota, con foto
incluida, de que se encontraba en Phoenix tirando la primera bola en un partido
de beis con Rodolfo Lizárraga, Heriberto Aguilar y Ana Gabriela Guevara, mandó
al Grupo Operativo –el cual sería atacado dos días después— para atorar a los
trabajadores.
El ejemplo más claro de
militarización fallida es el de la Policía Federal Preventiva, institución
creada en el gobierno de Ernesto Zedillo, con el traslado de varios batallones
de la policía militar y los excesos y omisiones al actuar fuera de los
protocolos de uso de fuerza quedaron evidenciadas en San Salvador Atenco,
Oaxaca con la APPO, Nochixtlán y Ayotzinapa.
LA POLICÍA A LA QUE SE ASPIRA
Por eso ahora, que el tema se
ha puesto sobre la mesa – por supuesto falta de seguro de los policías
ultimados, chalecos de mala calidad, bajos sueldos, patrullas sin gasolina,
etc.-- no se permite, si en verdad se busca encaminarse hacia la solución de un
asunto tan peliagudo traer de vuelta cartuchos quemados como un José Bolaños
Castro o un Julio Vidaurrázaga y otros más que suenan.
Ana María Vega, es su
artículo de El Universal “Las policías que queremos y las policías que
queremos”, afirma que el problema de inseguridad tiene que ver con el abismo
que hay entre las policías que queremos y las policías que tenemos, que lejos
de inspirar respeto y orden son un factor de inseguridad.
Dice que más de la tercera
parte de la policía del país gana menos de 10 mil pesos mensuales y que destina
buena parte de su salario para equiparse (botas, chalecos, uniforme, cartuchos,
gasolina para sus patrullas, etc.).
Es decir que el Estado como
su empleador no les da lo suficiente para cumplir con su deber. Esa precariedad
en el trabajo, falta de incentivos y los riesgos del mismo afectan su desempeño
y las hace propicias para la cooptación por parte de los malandros.
La exigencia de “cuotas” por
parte de los jefes, es otra realidad que enfrentan a diario.
A pesar de los miles millones
invertidos en capacitación, profesionalización y control de confianza las
policías apenas subsisten en condicione indignas y sin practicar ni siquiera
tiro, anota la analista.
La anhelada paz pasa por
contar con policías bien capacitadas y equipadas y porque los gobiernos en
turno se aseguren que nunca más un policía pague por sus botas y no mueran por
la carencia de cartuchos para sus armas.
Ojala en Guaymas, de una vez
se pongan las pilas y agarren la onda…
(EL PORTAL DE LA NOTICIA/ LA VIÑA DEL SEÑOR/ 10 DE
OCTUBRE 2018)
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