En el caso de Baja California, va por
los miles de millones de dólares en poder de los cárteles de Sinaloa, Nueva
Generación y Arellano Félix; lo hará a través de la Unidad de Inteligencia
Financiera, la Guardia Financiera, Plataforma México y organismos que aún están
en proceso de integración o fortalecimiento. En Tijuana la coordinación será
fundamental, “ese conjunto de capacidades que aportan todas estas instancias
involucradas es precisamente lo que nos llevará, en su momento, a tener la
capacidad para detener a estas figuras, como consecuencia y no como objetivo”,
aseguró el funcionario federal Alfonso Durazo
Las ganancias que rinde el
narcotráfico al crimen organizado en México oscilan entre los 35 mil y los 50
mil millones de dólares, y el tráfico de cocaína y heroína representan el
principal problema en Baja California, explicó en entrevista con ZETA el
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, doctor
Alfonso Durazo Montaño.
En los últimos tres meses, el
Gobierno Federal ha congelado cuentas de personas que lavan dinero de los
cárteles, pero se negó a dar nombres y, al recordarle que públicamente sólo han
mencionado la ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),
argumentó: “No podemos separar las finanzas de una organización criminal de las
que participe de un estado a otro, por su carácter trasnacional”.
Del combate a los cabecillas
del narcotráfico en Baja California y el resto del país, Durazo explicó que van
por el dinero, y a partir de las investigaciones financieras y el trabajo de
inteligencia policiaca criminal en colaboración con Estado y municipios, podrán
llegar a la captura de los líderes de los cárteles.
Habló del fortalecimiento de
la Unidad de Inteligencia Financiera, de cambios en los procesos de
certificación de policías, la modificación de los Exámenes de Control y
Confianza y el rescate de Plataforma México como herramienta de información e inteligencia criminal.
Pero insistió: “Nuestra
prioridad es combatir los crímenes que más afectan a la población, y eso es:
asalto a mano armada a transeúntes, asalto a mano armada a casa habitación,
robo de vehículos, extorsión, cobro de piso y secuestro”.
A continuación, la entrevista
de Alfonso Durazo Montaño con ZETA.
— Secretario, ¿qué porcentaje representa para el
crimen organizado el trasiego de droga?
“El narcotráfico se estima en
el país que representa un mercado, internacional y nacional, que oscila entre
los 35 mil y 50 mil millones de dólares,
el huachicol está entre 60 y 80 mil millones de pesos, hay cifras más audaces
que lo ubican en niveles superiores, sin embargo, el mercado del huachicol ha
representado una ganancia extraordinaria para el crimen organizado, en virtud
de que no tiene costos de producción, lo roban y lo venden, no produce, no lo
transportan. Todo sucede en el entorno donde se lo roban, ahí lo venden en
general, consecuentemente no hay gastos de operación por llamarle de alguna
manera”.
— ¿Qué tanta es la afectación por el huachicol en Baja
California?
“Es un problema menor,
afortunadamente. En Baja California, el problema del crimen organizado es otro
y está principalmente asociado al tráfico de drogas, particularmente cocaína y
heroína”.
— Precisamente pensando en eso, ¿en qué momento va a
empezar el trabajo de inteligencia financiera para combatir esa fuente de
financiamiento para los cárteles en lo que corresponde a BC?
“El trabajo inició ya, hemos
informado en el transcurso de estos tres o cuatro meses que tenemos en el
gobierno sobre iniciativas impensables en otros sexenios, hemos congelado un
número muy importante de cuentas que representan montos muy importantes”.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora
— Pero eso que Usted refiere con relación al CJNG, lo
dieron a conocer hace un par de meses…
“No, no, son congelamientos
de cuentas que tienen que ver con empresas de personas físicas y morales, que
por trabajo de inteligencia hemos encontrado vinculación con alguna
organización delictiva con operaciones financieras sospechosas o con lavado de
dinero, francamente, dinero procedente de actividades ilícitas.
“No podemos separar las
finanzas de una organización criminal de las que participe de un Estado a otro,
porque una de las características particulares que tiene el crimen organizado
en nuestro país es su carácter trasnacional, su base de operaciones puede tener
asiento en un Estado o en otro, abarcan desde Sudamérica hasta América del
Norte, pero estamos trabajando en paralelo en el combate a la fortaleza
financiera.
“Quisiera que me permitieras
hacer un paréntesis aquí, recuerden que el Plan Nacional de Paz y Seguridad
2018-2024, presentado por el Presidente de la República si mal no recuerdo el
16 de noviembre del año pasado, plantea
la creación de una guardia financiera y estamos trabajando en ello”.
— ¿Esa es la medida?, porque el presidente dijo que la
detención de los capos de los cárteles de las drogas no era una prioridad, ¿la
medida es atacar las redes financieras?
“No, a ver, una precisión:
hemos dicho que hay un cambio en la estrategia para combatir al narcotráfico,
que en lugar de definir objetivos prioritarios como sucedió en el sexenio
pasado e incluso el antepasado. Particularmente en el sexenio pasado se
definieron 122 objetivos prioritarios vinculados al narcotráfico, se detuvieron
121; no obstante, la inseguridad creció exponencialmente, consecuentemente no
se requiere mucho para llegar a la conclusión de que la persecución de los
objetivos vinculados al crimen del narcotráfico no necesariamente genera
mejores condiciones de seguridad pública para la ciudadanía en los delitos que
más le afectan, como son asalto a transeúntes, robo a casas habitación,
extorsión, secuestro, robo de vehículos. En eso no se muestra absolutamente
ningún sentido, ni siquiera en el número de homicidios dolosos que,
desafortunadamente, tuvieron una tendencia aguda al alza durante 2018.
“Entonces, nuestra estrategia
no es ir por los objetivos prioritarios, sino por las finanzas de las
organizaciones criminales, que eso es lo que les da capacidad para operar y
corromper. “Se ha detenido a 121 objetivos prioritarios, incluidos nombres
famosos en ese ámbito, a quienes la ciudadanía recuerda, sin embargo, no
recordamos que se les haya quitado bienes, propiedades, cuentas, recursos
financieros y, consecuentemente, es asumible que esas organizaciones, no
obstante que carecen o se detuvo a su líder, sigan operando en los mismos
términos bajo los mandos inferiores en virtud de que su capacidad financiera no
ha sido tocada en lo más mínimo”.
— ¿Las investigaciones financieras pueden llegar a permitir la captura de estos
líderes?
“Por supuesto que sí,
dependería de la información, pero para actuar contra ellos no sólo está la
información financiera, está la inteligencia policial, la inteligencia criminal
y la colaboración de los estados y municipios.
“En algunos casos tan
importantes como Tijuana, esa colaboración es tan fundamental, ese conjunto de
capacidades que aportan todas estas instancias involucradas es precisamente lo
que nos llevará, en su momento, a tener la capacidad para detener a estas
figuras, como consecuencia y no como objetivo”.
— Los líderes de los cárteles cometen delitos
federales y las autoridades locales dicen, “bueno, es narcotráfico y no es lo
que me toca a mí”. Como fiscalía, el organismo que Usted representa ¿irá por
los líderes de los cárteles?
“Vamos a ir por toda persona
que con sus actividades afecte la seguridad de la población, sin distinción,
por parejo, entiendo y respeto por supuesto la división de atribuciones
federales, estatales y locales. Sin embargo, por los niveles de violencia que
hay en el país y en virtud de una situación que podemos llamar de emergencia
nacional en materia de seguridad, debemos sumar esfuerzos sin regateos, los
tres poderes de gobierno, los tres niveles de gobierno, y por su puesto la
sociedad. Es decir, el Estado mexicano en su conjunto para poder ser exitosos
en el menor tiempo posible en el combate a la criminalidad”.
Al preguntarle por un
planteamiento integral de combate al crimen organizado y a los cárteles, el
secretario se remitió al Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 presentando
el 15 de noviembre de 2018, el cual recoge la propuesta del gobierno con una
visión integral, y enumeró:
Hay que combatir primeramente la corrupción.
Modificar la visión y la estrategia para enfrentar la
inseguridad, en lugar de basar la estrategia exclusivamente en el uso
exclusivo, policial y militar.
Cambiar por una visión amplia para atender a las
causas de fondo, de carácter político, educativo, de salud, laborales,
particularmente para los jóvenes.
El uso de la fuerza pública, dando eficacia plena a la
estrategia para combatir al crimen.
“Ahora, en el caso específico
del crimen organizado, nuestro enfoque es trabajar con inteligencia,
particularmente de carácter financiero, para debilitar a las organizaciones
criminales en la parte fundamental de su existencia. En eso estamos trabajando
mediante el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, que, como
ustedes han visto, ha iniciado ya un programa muy intenso de combate al lavado
de dinero”.
— Cuando al
principio de su respuesta refirió el combate a la corrupción, ¿es la corrupción
en las corporaciones policiacas y en las instituciones de seguridad?
“Me refiero, primeramente, a
la corrupción en el aparato público en su conjunto, particularmente los cuerpos
de seguridad; desafortunadamente el aparato público ha sido marcado históricamente por altos niveles de
corrupción y dentro del aparato público, si hay alguna instancia estigmatizada
por los altos niveles de corrupción, son, precisamente las policías. Estamos ya
haciendo un trabajo de combate a la corrupción a fondo, activando todas las
instancias administrativas responsables de garantizar honestidad,
transparencia, lealtad y sentido del deber en cada uno de los elementos de la
Policía Federal”.
—Para esa depuración ¿se están utilizando los mismos
elementos? Por ejemplo, los Exámenes de Evaluación de Control y Confianza, o
hay alguna innovación en este gobierno…
“Primeramente hay una
modificación en los procesos de certificación, siguen siendo una vertiente
fundamental pero no la única, y aún esta vertiente está siendo modificada para
que los Exámenes de Confianza respondan al perfil de cada una de las posiciones
o responsabilidades que se buscan. No puede tener el mismo examen o proceso de
certificación un policía operativo, que un policía de investigación o un
policía que está en las áreas administrativas, cada uno de ellos, si bien, debe
haber y tiene un eje el proceso de certificación, también cada uno de ellos
tiene variables para adaptarse al perfil profesional de cada uno de los
aspirantes, alguna responsabilidad de los cuerpos de seguridad. Y esto se
complementa con investigaciones de carácter socioeconómicos, que son tan o más
eficaces que el propio examen técnico para los policías”.
— En ese sentido ¿se reactiva Plataforma México?
“Plataforma México es un
recurso tecnológico extraordinario que ha sido subutilizado, tiene una
capacidad para recoger toda la información sobre incidencia criminal en el
país, información que después de un proceso de análisis se traduce en inteligencia
para la toma de decisiones, y efectivamente vamos a fortalecer de manera muy
importante Plataforma México”.
—Al cierre del primer trimestre del año, ¿ya hay
resultados de esta depuración? ¿Hay
policías deshonestos que han sido separados del cargo?
“Bueno, sí, por supuesto que
sí, varios han sido separados y otros están bajo proceso de investigación”.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora
DEL CAMBIO DE ESTRATEGIA PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD
Y BAJA CALIFORNIA
Identificada como zona
prioritaria por los altos niveles de inseguridad, a partir del 4 de febrero
inició en Tijuana el “despliegue territorial” y se anunció la asignación
permanente de 600 elementos.
En conferencia de prensa
durante la vista presidencial del 27 de marzo, aseguraron que el despliegue era
de 2 mil 231 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de
Marina y Policía Federal.
La cobertura anunciada para
once zonas prioritarias, de acuerdo a los mapas mostrada, se había ampliado a
27 áreas.
“Ya no son operativos, esa es
otra distinción, una diferencia sustantiva entre la política de seguridad
anterior y la actual, anteriormente actuaban por operativos, por objetivos
prioritarios, los operativos siempre con nombres rimbombantes: Operación
Escudo, Titán, Apolo. Llegaban, resolvían efectivamente, atemperaban un poco
las cosas por el efecto de contención que tiene la presencia de la fuerza
pública, pero a los quince días se retiraban porque explotaba un conflicto en
otro lado y nuevamente renacía la criminalidad en esa zona, objeto de ese
operativo especial” refirió Durazo Montaño.
“Ahora, las fuerzas que
asignan se van a un despliegue territorial permanente, las fuerzas que llegaron
a Tijuana llegaron para quedarse, no las vamos a mover de ahí”.
— ¿Cuándo alcanzarán los otros ayuntamientos de BC
esos despliegues territoriales?
“Definimos el país en 266
regiones, como no tenemos en este momento los elementos, el recurso humano
suficiente para cubrir 266 regiones, este año vamos a trabajar sólo en 150,
estas 150 incluyen a las 266; es decir, se amplió el espacio territorial de 150
regiones para cubrir lo que antes correspondía a las 266, adicionalmente,
dentro de las 150 regiones viene una clasificación de regiones prioritarias, y
a esas 21 regiones prioritarias estamos dedicando la atención.
“En términos de despliegue
territorial, no significa que son las únicas regiones con incidencia delictiva
alta que hay en el país; significa que en este momento no tenemos la capacidad
de recursos humanos para cubrir otras regiones que tienen un incidencia muy
similar a las que hoy hemos calificado como especiales. Entonces, ¿en qué momento
vamos a llegar al resto de las regiones
de BC? Estamos trabajando en la creación de la Guardia Nacional, en todo
sentido: legislativo, presupuestal, administrativo.
“Estamos muy avanzados,
estamos ya en etapa de reclutamiento y tenemos ya todo listo para un programa
de reclutamiento y capacitación de 21 mil 170 nuevos elementos, que irán
saliendo entre tres y cinco meses de capacitación, dependiendo de su currículum
académico, y este personal lo iremos desplegando en esas regiones que también
merecen el calificativo de especiales, pero que no hemos cubierto por estas
limitaciones que les he expresado. Así es que, de aquí a fin de año, esperamos
cubrir no sólo las cuatro o cinco regiones de BC, sino cubrir cincuenta regiones especiales adicionales en
el país”.
— ¿Echarán mano de las policías locales, como la
Estatal Preventiva? O estamos hablando exclusivamente de personal de
instituciones federales…
“Estamos hablando de sumar
todas las fuerzas policiales bajo un mando operativo único, es decir, no se
desplaza a las fuerzas de seguridad estatales ni municipales, pero si para
lograr una coordinación óptima y eficaz, las subordinamos en un Mando Único en
todas aquellas decisiones que tomen las mesas estatales o regionales de
seguridad, en todo lo demás siguen siendo y actúan como les corresponda, sin
subordinación a este mando operativo federal.
“Sí debo decir que esa es la
regla, pero también que hay muchas excepciones en virtud de que hay, en las
policías municipales en general en el país, particularmente de los municipios
más pequeños que han sido infiltradas
por el crimen organizado y consecuentemente, más que ayudar, estorban. Así que
en el caso específico de Tijuana seremos, como en todos lados, cuidadosos a la
hora de integrar cuerpos de seguridad, de tal manera que vengan comprometidos
con la causa que combatimos”.
— ¿Quién va a tener el Mando Único?
“En el caso de BC, de
Tijuana, Corresponde al comandante de la Zona Militar”.
— ¿Tiene alguna afectación en estas mesas el hecho de
que ni el gobernador, los alcaldes, ni el secretario de seguridad o la
procuradora asistan?
“No, no, sí asisten”.
— Asistieron a la que Usted fue, pero no asisten en
general…
“Tenemos un registro, un
inventario de todas y cada una de las reuniones, y en todas ellas asiste o ha
asistido, invariablemente, el gobernador o su representante”.
Muchas gracias.
POLICÍA FEDERAL, ACCIONES Y RESULTADOS
* La Unidad de Asuntos
Internos de la Policía Federal ha incrementado
en un 600% sus acciones de vigilancia y supervisión a elementos e
instalaciones, lo que ha representado 447 observaciones disciplinarias.
* Se han iniciado 1,026 expedientes de investigación
contra elementos de Policía Federal por conductas que van desde leves hasta muy
graves.
* Se solicitó el inicio de procedimiento sancionador
ante el Consejo Federal contra 166 elementos de la Policía Federal.
* La Unidad de Asuntos Internos puso ante la autoridad
competente -tanto por hechos flagrantes
como en colaboración con autoridades ministeriales- a 11 elementos Policía
Federal buscados por delitos como desaparición forzada, secuestro agravado y
abuso de autoridad. Mientras que en los últimos 11 meses de la administración anterior
(enero-noviembre 2018) sólo se pusieron a disposición a 6 elementos, en estos
primeros meses del nuevo gobierno se logró presentar a 11 integrantes.
* La Unidad de Asuntos Internos -luego de detectar posibles conductas graves
de elementos de Policía Federal- solicitó a diversas Divisiones de Policía
Federal:
7 medidas precautorias contra igual número de
elementos:
* 2 por el caso del periodista chileno en Playa del
Carmen.
* 1 por probable colaboración de contrabando de
valores en el AICM.
* 4 por allanamiento en Puebla junto con militares.
2 suspensiones:
* Elemento presumiblemente vinculado al cártel de
Santa Rosa de Lima.
* Elemento nombrado como supervisión de Puertos y
Aeropuertos por supuestos vínculos con el crimen organizado.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA /ADELA NAVARRO BELLO Y ROSARIO MOSSO CASTRO/
LUNES, 8 ABRIL, 2019 01:00 PM)
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