Dos gobiernos han decidido que
la definición de la victoria del combate al narcotráfico se rija por el número
de homicidios dolosos. Si subían, se consideraba una derrota; si bajaban, una
victoria. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue al extremo de
presionar y forzar el despido de periodistas de medios que contaban los muertos
de la lucha contra la delincuencia, porque así, pensaban, se reducirían el
temor y la angustia social. Esa política de comunicación estalló, al
demostrarse que esconder los muertos o manipular las cifras de homicidios
dolosos no modificaba la realidad. Hoy, sin llegar a la censura de Peña Nieto,
el presidente Andrés Manuel López Obrador está cayendo en un error similar:
evaluar la estrategia de seguridad a partir del número de homicidios dolosos.
Es un referente reduccionista y de valoración inversa: si baja la tasa en
plazos cortos, es porque la lucha contra la delincuencia se perdió.
La suma de homicidios dolosos
encuadrado en el contexto del combate al crimen crea percepciones equivocadas.
México es considerado por muchos como una de las naciones más peligrosas del
mundo, con cifras de muertos que rebasan los mínimos internacionales para
determinar si una nación se encuentra en guerra civil. La realidad es que si
bien los índices muestran una tendencia al alza -aunque en marzo el total de
homicidios dolosos tuvo un mínimo decremento-, México no se encuentra en el
rango de las naciones de alto riesgo, como son Afganistán y Siria. De hecho, se
si ve el número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, México se
encuentra en el séptimo lugar latinoamericano, según la fundación InSight
Crime, con 25.8 delitos de este tipo por cada 100 mil habitantes, en el mismo
rango de Brasil y Colombia, pero muy debajo de Venezuela, que encabeza la
lista, con una tasa de 81.4 por 100 mil habitantes.
Todo esto no significa que se
magnifique el problema de seguridad, o que no sea un asunto delicado que se
tiene que resolver. Es muy serio, cuesta miles de millones de pesos al año, y
afecta a la población, en distinto grado y de manera creciente, lo que impacta
a un conjunto de políticas públicas, en materia de salud e inversión, por
ejemplo. Es el principal tema de preocupación de los mexicanos y el de mayor
prioridad para López Obrador. Pero el interés en resolverlo no debe llevarlo a
la trampa de cómo medir el éxito de su estrategia. Si de homicidios dolosos se
trata, como se planteó ayer, de antemano se puede prever que el resultado será
negativo.
La tasa de homicidios dolosos
es un referente, pero no es el todo. En el gobierno de Peña Nieto, la presión
sobre los medios ocultó ese indicador de la opinión pública hasta que cuando
bajó la tasa, lo presumió. Pero en ese periodo de aproximadamente dos años,
¿qué sucedió? Se dejó de combatir a los cárteles, con lo que se fortaleció y
expandió el Cártel del Pacífico, y creció su brazo armado, el Jalisco Nueva
Generación. Los Zetas, que se habían quedado sin drogas, se diversificaron en
el negocio criminal y restablecieron sus rutas de narcotráfico.
Al igual que ellos, los
cárteles del Golfo y de Juárez volvieron a tener control territorial y
reconstruyeron sus redes de protección institucional, lo que propició una vez
más un estado fallido, si no nacional, sí regionalmente. En ese desorden
conceptual sobre la estrategia de seguridad, ese gobierno armó a grupos
paramilitares vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, para liquidar
a Los Caballeros Templarios, abriendo la posibilidad de que lo juzguen en
tribunales internacionales por genocidio. También aplazó los exámenes de
control de confianza, con lo que policías municipales vinculados al
narcotráfico, como los de Iguala y de otros seis municipios relacionados a la
desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pudieron operar bajo el manto
criminal.
El éxito de una estrategia de
seguridad no depende de la tasa de homicidios dolosos, ni tampoco, en el corto
y mediano plazo, de la implementación de programas sociales o de tener más
militares en las calles. Es mucho más que eso. Una estrategia necesita, y no es
verdad de Perogrullo, una estrategia contra los delincuentes y un método para
romper el ciclo de incidencia criminal que incluya la afectación de la
producción, el financiamiento y la logística, de donde salen los recursos para
comprar autoridades y jueces, reclutar periodistas o pagar para que los
asesinen.
Una forma medible y
comprobable de evaluar una estrategia incluye todos los indicadores de
incidencia delictiva, pero también el número de hectáreas de cultivos de drogas
erradicados, los volúmenes de exportación de drogas, el total de decomisos (por
número y toneladas), el total de detenciones, o de sentencias condenatorias,
por mencionar indicadores básicos para comparar resultados con otros periodos y
conocer, con información y datos concretos, sobre los avances, retrocesos o
empantanamiento. Si una estrategia real fracasa, seguirán subiendo los índices
delictivos, como en la actualidad ante la ausencia de lucha al crimen, y las
evaluaciones comparativas serán negativas. Si la violencia y los homicidios
dolosos disminuyen sin haber estrategia, peor aún. Significará que por omisión
o comisión, el gobierno permitió que el cártel más poderoso aniquile a sus
enemigos y aplique la Pax Narca, creando un narcoestado paralelo al Estado
Mexicano.
Hay que cambiar la definición
de la victoria. De esa forma ni el gobierno de López Obrador pagará por lo que
no debe, ni engañará con el bálsamo existencial del “cochinero”, como afirma,
le heredaron sus antecesores, ni sorprenderá con soluciones pragmáticas
sugeridas en el pasado, negociar con un cártel la coadyuvancia en la
pacificación.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA
PALACIO/24 DE ABRIL DE 2019)
No hay comentarios:
Publicar un comentario