La disminución de la
sonoridad de las críticas de la Casa Blanca contra México esta semana, fueron
el preámbulo de que en un intercambio informal con periodistas en el Salón del
Gabinete de la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump sostenía una
reunión de trabajo con el gabinete, anunciara que la frontera no se cerraría y
que abriría un plazo de un año para que redujera significativamente el tráfico
de personas y de drogas hacia Estados Unidos. El aplazamiento fue el primer
resultado de una batalla política de casi tres meses y medio entre los dos
países, donde superaron momentos de crisis en las negociaciones, a punto de
rupturas incluso, donde fueron moviendo posiciones para encontrar, si no la
mejor solución a la crisis migratoria, cuando menos la posible.
La tensión con el nuevo
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó desde los primeros
días de la administración, cuando en Washington empezaron a tener dificultades
con dos discursos mexicanos que se confrontaban e incluso se contradecían. Por
un lado, el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por el otro el de la
de Gobernación. El canciller Marcelo Ebrard aceptaba que México fuera un tercer
país seguro, donde le haría el trabajo sucio a Estados Unidos y mantendría en
territorio mexicano a los inmigrantes que pedían asilo en aquella nación,
mientras la secretaria Olga Sánchez Cordero, decía que eso era inaceptable.
Las posiciones antagónicas
fueron una de las razones por las que el consejero especial de Trump, su yerno
Jared Kushner, buscó una reunión con López Obrador, que llevó al presidente
mexicano a hablar con ambos, exigirles que no se pelearan y que se coordinaran.
A Ebrard le encargó coordinar todos los esfuerzos mexicanos, incluidos los
migratorios en Washington, con el secretario de Estado Mike Pompeo, y a Cordero
la responsabilizó de la política migratoria sin quitarle el control -en este
espacio se reportó el miércoles que así había sido- del Instituto Mexicano de
Inmigración. Su relación sería con Kirstjen Nielsen, la secretaría de Seguridad
Territorial, la responsable en Estados Unidos de combatir la inmigración
indocumentada.
El problema con Nielsen, sin
embargo, se venía arrastrando desde tiempo atrás, cuando en diciembre, recién
iniciado el gobierno lópezobradorista, buscaron que Cordero viajara a
Washington para reunirse con ella. La respuesta fue negativa. Propusieron
enero, igual; febrero, tampoco. ¿Finales de febrero? Las quejas se estaban
acumulando en la Ciudad de México. A cambio del no encuentro entre las
secretarias, Gobernación propuso un grupo de trabajo que encabezaban el
coordinador de asesores de Sánchez Cordero, Jorge Alcocer, y el subsecretario
de Seguridad Territorial para Estrategia, Política y Planeación, James
McCament.
La primera de cinco reuniones
se dio el 19 de enero, donde McCament no habló del concepto del tercer país
seguro, sino del Acta de Inmigración y Nacionalidad 235, sobre la deportación
inmediata de indocumentados “inadmisibles”. McCament planteó que México debía
recibir a todos los inmigrantes indocumentados en todas las garitas, porque
habían detectado un incremento de la migración derivada de la política de López
Obrador de abrir sus fronteras, y que estaban llegando con visas mexicanas. La
respuesta de los mexicanos fue de rechazo a la pretensión original, y llegaron
a un primer acuerdo que sólo admitirían 20 inmigrantes por día, que tuvieran
ese tipo de visas, y únicamente en Tijuana. Sin estar felices, aceptaron los
estadounidenses. En Washington subía la frustración y molestia de Nielsen, que
había planeado la instrumentación de la 235 con Pompeo, y se la habían ofrecido
a Trump como una solución de largo plazo. Pompeo le pidió a Ebrard que Sánchez
Cordero se entrevistara con Nielsen.
A finales de febrero, López
Obrador le ordenó a la secretaria de Gobernación viajar a Washington. Se reunió
con Nielsen el 28 de febrero, quien le dijo que la migración estaba dislocada y
calculaban cerrar febrero con más de 70 mil aprehensiones, aunque en marzo
estimaban más de 100 mil. Si no hacen nada, advirtió Nielsen, el presidente
Trump va a cerrar la frontera. Fue la primera amenaza, aunque la secretaria
afirmó que era un mero aviso de lo que vendría. Sánchez Cordero le dijo que el
problema no era con mexicanos sino con centroamericanos, y que tenía que verlo
con esas naciones. De cualquier forma, acordaron que México ampliaría la
recepción de deportados, a Mexicali y Ciudad Juárez, pero la misma cantidad en
cada una, pero sólo centroamericanos con visas humanitarias que hubieran
entrado por los puertos fronterizos, y con niños acompañados por sus padres.
La presión en Estados Unidos
crecía. Nielsen le pidió a Sánchez Cordero verla en Miami, camino a
Tegucigalpa. El 17 de marzo se reunieron en el aeropuerto, y Nielsen le dijo
que, como previó, las deportaciones rebasaban las 100 mil y que tenía que hacer
algo en sus fronteras. Fue una plática muy tensa, donde Nielsen estuvo a punto
de pararse de la mesa. Sánchez Cordero ofreció mantener las condiciones para
recibir inmigrantes, pero con cuotas diferentes: 20 el primer día, y si
cumplían, 30 el segundo, 40 el tercero y así sucesivamente. Serían nueve mil
deportados que aceptaría mensualmente México. Además, habría contención en la
frontera, como querían.
Sánchez Cordero le dijo a
López Obrador que tenían que incrementar el número de deportaciones. López
Obrador aceptó, y se registraron 13 mil deportaciones en las tres últimas
semanas, que Trump vio como un paso positivo y canceló el cierre fronterizo. No
será lo único. Los dos gobiernos están preparando medidas adicionales, no sólo
migratorias, sino policiales y financieras, para atacar conjuntamente el
fenómeno en la región.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/5 DE ABRIL DE 2019)
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