Los problemas legales para
Napoleón Gómez Urrutia se están incrementando. El miércoles, una pequeña
manifestación en el Ángel de la Independencia precedió a una acusación formal
de fraude en contra de más de dos mil mineros de Cananea ante la Fiscalía
General, y una petición al presidente Andrés Manuel López Obrador para que
interceda y fuerce al líder minero, apodado Napito, a que aclare qué hizo con
esos recursos. La acusación es secuela de un viejo proceso por no haberlos
indemnizado con los 55 millones de dólares de la venta de las acciones de la
minera Mexicana Cananea. Pero lo más probable es que esta nueva denuncia corra
la suerte de las anteriores: será congelada y sobreseída, mientras Napito
acumula poder bajo la protección presidencial.
Napito es el líder sindical
más empoderado de la Cuarta Transformación, que está construyendo un renovado
polo de poder en el cambio de régimen propuesto por el presidente López
Obrador, que podría convertirse en un problema para su proyecto de nación. Pero
no es el único. En poco más de dos meses de gobierno, los sindicatos que
apostaron por López Obrador están canjeando rápidamente sus respaldos. En
Michoacán y en el territorio CNTE, la disidencia magisterial está respaldándose
en el gobierno para cobrar los adeudos que durante meses les fueron negando. En
Tamaulipas, se enfrentaron a las maquiladoras y encontraron en sus contratos
colectivos la manera de incrementar sustancialmente, dentro de la ley, sus
ingresos.
Gómez Urrutia, sin embargo,
se maneja en estadio diferente. Acusado por el fraude de 55 millones de dólares
en perjuicio de 10 mil mineros en 2005, se fugó de México y adquirió la
ciudadanía canadiense en agosto de 2013, arropado por los sindicatos minero de
Canadá y de la industria del acero de Estados Unidos. No pudo negociar con los
gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto su regreso a México, pero
encontró la puerta del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador para su
retorno triunfante. Napito fue colocado en la lista plurinominal de senadores,
luego que el líder laborista del Reino Unido, James Corbyn, se lo recomendara a
López Obrador. Con ese apoyo, el Tribunal Electoral desestimó que el líder
minero tuviera la nacionalidad canadiense, y contra las disposiciones legales,
aprovechando un hueco en la Ley, aprobó su candidatura.
Desde la parte final del
sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, ya había resuelto la parte penal de
la demanda, al exonerarlo la PGR del fraude a los mineros, quienes no se
quedaron quietos. Este miércoles lo volvieron a demandar. De acuerdo con
ejecentral, presentaron cuatro documentos que la firma de Napito, que se
constituye como representante de los miembros del sindicato minero, cuando “no
estaba facultado jurídicamente” para representar a quienes ya no eran mineros
sindicalizados sino en retiro, según los quejosos. Miembros de la Comisión de
Reclamantes han buscado audiencia con López Obrador desde que era presidente
electo para que interceda en el esclarecimiento del destino de los recursos que
“por justicia” deben recibir los trabajadores, sin éxito hasta ahora.
No se ve tampoco que vayan a
fructificar sus recursos legales. Gómez Urrutia ha ido aprovechando las
contradicciones y conflictos que viven los sindicatos y el descrédito de muchos
de sus líderes para ir tejiendo alianzas que, como lo aprecian quienes observan
los movimientos en ese sector, le permitan emerger como el gran líder de todos
los sindicatos, como se apreció en la huelga de maquiladoras en Matamoros,
donde el sector empresarial lo acusó de estar detrás de los sindicatos que se
fueron a paro para presionar por aumento de salarios, prestaciones y bonos
extraordinarios. Napito ha negado esas imputaciones, pese a que varios de
quienes encabezaron el movimiento fueron vinculados a él.
La turbulencia en los
sindicatos ha abierto los espacios, alimentada por la permisividad del gobierno
que no ha sido intermediario sino verdugo. El caso del dirigente petrolero,
Carlos Romero Deschamps, es un ejemplo. El director de Pemex, Octavio Romero
Oropeza, le exigió que renunciara, a lo que Romero Deschamps se negó a hacerlo
en los términos de capitulación como se le pidió. El resultado fue una
operación de pinzas.
Por un lado, la asociación
Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo, revivió una denuncia penal
en la Fiscalía General, que presentó por los mismos delitos de lavado de
dinero, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, en 2017. Por el
otro, se empezó a circular en redes sociales nombres de posibles sustitutos e insinuaciones
de investigaciones, lo que puso muy nervioso al dirigente petrolero al llevarlo
a un terreno donde afloran los errores, como pedir un amparo buscador, como
definen a aquellos recursos legales para saber si hay procesos en contra de
uno, que alimentó la percepción de que delinquió.
El cambio de cabezas en los
sindicatos, parte de la política de relevo general de López Obrador, es lo que
ha aprovechado Gómez Urrutia. Tiene como alfil a Pedro Haces, quien fue
colocado como senador sustituto de Germán Martínez, y tomó su lugar en el
Senado al pedir licencia para dirigir el Seguro Social. “Los días de la CTM
están contados”, dijo Haces al relevar a Martínez. “Se acabó la era de los
cacicazgos. Nunca más la imposición y el dedazo en los sindicatos”. Lo primero
que hizo en esa cámara, fue forjar la relación con quien representa lo
contrario, Napito.
La fortaleza de Gómez Urrutia
se incrementa cada vez más. La denuncia presentada en su contra es la
continuación de procesos legales que lo han perseguido por cuatro sexenios, sin
que lo alcancen. Ahora, con López Obrador en la Presidencia, menos. Napito va
corriendo a ser el Fidel Velázquez de la Cuarta Transformación.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 8 DE FEBRERO DE 2019)
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