Revista Visión Saltillo/ AFP
Saltillo, Coah.- Los grupos de la delincuencia mexicanos han
encontrado un nuevo lucrativo negocio: controlar la producción de
pequeñas minas de una zona carbonífera limítrofe con Estados Unidos para
vender el combustible al Estado y empresas privadas.
“Explotan minas de carbón, encima de (ellas hay) zonas habitadas. Lo sabemos por los daños causados en casas, daños estructurales”, explicó a la AFP el Obispo de Saltillo, capital del estado de Coahuila, Raúl Vera, cuyo nombre estuvo este año en el sonajero para el Premio Nobel de la Paz.
La denuncia sobre la presencia de narcotraficantes en las minas de carbón de Coahuila la hizo pública en octubre el ex gobernador de ese estado y ex presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira, al responsabilizar a un cártel del asesinato de su hijo.
Según Moreira, alejado de la política tras un escándalo por endeudar excesivamente a su estado, estos grupos actúan explotando directamente minas o comprando carbón a pequeños productores, que luego venden a una corporación estatal, en complicidad con empresarios corruptos.
El precio de compra se multiplica hasta 30 veces, dejando una amplia ganancia para los intermediarios.
Según la Cámara Minera de México, nuestro país produce anualmente 15 millones de toneladas de carbón por unos 3 mil 800 millones de dólares. Casi el 95% se obtiene en Coahuila.
El diario “Reforma” indicó que grupos delincuenciales producen o compran unas 10 mil toneladas semanales, que luego venden a 600 pesos (50 dólares) la tonelada. Es un negocio que puede dejarles al menos entre 22 y 25 millones de dólares anuales a ese grupo.
Heriberto Lazcano, jefe de un cártel de narcotráfico, fue abatido el 7 de octubre por la Marina en la zona carbonífera y su cuerpo fue robado luego por un comando armado.
Lazcano tenía su propia explotación de carbón en Progreso, el pueblo donde cayó al enfrentarse a los marinos en un campo de beisbol y donde se había refugiado los últimos meses y, según Moreira, manejaba su propio pozo de carbón.
SECRETO A VOCES
Pero la presencia de este grupo en la explotación de carbón no es reciente, asegura el obispo Vera. “Hace varios años que uno de los agentes de la pastoral me dijo que estaban haciendo excavaciones miembros de las mafias y las estaban haciendo en lugares prohibidos”.
“Es un secreto a voces que los narcotraficantes están infiltrados en las minas de carbón, pero desde que habló Moreira, hemos visto policías federales y militares pasar y supimos que agarraron a varias personas”, declaró bajo el anonimato a la AFP un empresario que explota pozos de carbón en Agujita.
La autopista federal 57, que entronca con Estados Unidos, atraviesa una planicie polvorosa a cuyos lados se levantan montículos de carbón provenientes de las minas artesanales, donde los accidentes mortales son frecuentes.
La zona engloba pueblos como Cloete, Agujita y Barroterán.
Camiones con carbón cruzan retenes establecidos por militares, que buscan en la zona a narcotraficantes y cargamentos de droga.
Esta ruta era usada para ingresar cocaína a Estados Unidos, y la delincuencia organizada se vio atraída al negocio del carbón. Su llegada a la zona fue acompañada de la multiplicación de la violencia.
Los enfrentamientos con militares y policías se han vuelto frecuentes en los alrededores de Piedras Negras, una ciudad de 150 mil habitantes y paso a Eagle Pass en Estados Unidos, tras la fuga en septiembre de más de 100 presos.
UNA HISTORIA QUE SE REPITE
El uso de actividades alternas por los cárteles es parte “casi natural del desarrollo de estas organizaciones criminales”, subraya Antonio Mazzitelli, representante para México, Centroamérica y el Caribe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
En Colombia, relató Mazzitelli, los narcotraficantes infiltraron minas de oro, carbón y traficaban también con petróleo. “La corrupción es su principal instrumento para hacer negocios, y también si es necesario la utilización de la violencia”, explicó.
Los negocios legales sirven a los criminales para lavar dinero y obtener ingresos extras, señala por su parte Eduardo Salcedo, coautor del libro “Narcotráfico, corrupción y estados: cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, México y Guatemala”.
Estos negocios les permiten no sólo conseguir “más dinero, sino sobre todo ganar legitimidad social, política”. Los criminales buscan “poder legalizar sus líderes y sus actividades e ingresar a la economía formal y operar de manera más tranquila dentro de la sociedad”, explica el investigador colombiano.
Para infiltrar las minas de carbón, los narcotraficantes usan diferentes métodos: desde secuestrar, asaltar hasta matar a empleados y a los dueños, o presionar a acuerdos con los socios, señala.
En la zona minera de Coahuila “hay empresas que no tienen minas, que no tienen trabajadores, pero tienen contratos con Prodemi (Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila)”, denuncia un investigador de la organización Familia Pasta de Conchos, creada por familias de mineros tras un accidente que en 2006 costó la vida a 65 de ellos.
“Hay minas que tienen capacidad de 30 mil toneladas, pero tienen contratos por 150 mil. Lo que están vendiendo no lo están produciendo”, dice el investigador. “Lo están comprando a un tercero y ahí es donde entran toda esta gente, legales e ilegales, clandestinos y no clandestinos”, añade.
Otro riesgo para mineros
Los mineros de la zona carbonífera de Coahuila, estado mexicano vecino de Estados Unidos, además del riesgo de accidentes en pozos artesanales que dejan decenas de muertos desde 2006, ahora lidian con la amenazante presencia de poderosos cárteles.
En los pozos de carbón de la región de Agujita y Barroterán, los mineros trabajan en condiciones precarias, sin protección alguna y en pozos estrechos que carecen de un plan de escape de emergencia.
Rosalío Ayala, de 48 años, perdió el pie derecho y parte de una pierna en marzo pasado después de que una piedra le cayó encima.
“En el carbón ya no puedo trabajar porque ya no es igual sin un miembro. Trabajé 30 años en esa industria y en los pozos no hay ventilación. Hay mucho polveo. Se necesita también andar con gaseo (oxígeno), pero tampoco hay gaseo ahí”, explica el minero.
“No había ningún plan de emergencia, sólo la puerta donde entraba y por la misma salía. No había otra salida posible. No hay cómo salir ni dónde correr si hay una emergencia”, agrega Ayala.
Pero ahora los accidentes no son el único riesgo. La zona minera ha visto ingresar a la delincuencia organizada, que usaba la carretera federal 57, a cuyo alrededor se levantan los pueblos mineros, para llevar cocaína a Estados Unidos.
El secretario de Gobierno de México, Alejandro Poiré, reconoció a comienzos de noviembre que hace un año se investiga la incursión en las minas de carbón de grupos criminales.
La Cámara Minera Mexicana, que agrupa a las empresas del sector, denunció en su informe anual 2012 que la inseguridad es el principal desafío que enfrentan.
“Por tratarse de actividades que se realizan mayormente en zonas apartadas de las ciudades, la explotación minera es uno de los sectores industriales más vulnerables ante el crimen organizado”, afirmaron.
Para la organización Familia Pasta de Conchos, creada por allegados de los 65 mineros que murieron por una explosión en la mina del mismo nombre en 2006, la llegada de narcotraficantes ha sido facilitada por la falta de presencia del Estado.
“Al no aceptar responsabilidades por falta de seguridad en las minas que es competencia del Gobierno, al no haber sanciones por la muerte de los mineros, cualquiera se mete a sacar carbón”, dice un investigador de esa ONG que requirió el anonimato.
“Los pozos no cumplen ninguna norma. Es imposible que cumplan normas. Es totalmente inhumana la situación en estos pozos. Sin embargo, las autoridades los autorizan y no castigan a ningún empresario”, señala Raúl Vera, Obispo de Saltillo, capital del estado de Coahuila.
“Hay corrupción dentro de las autoridades y los legisladores”, denunció el prelado en una entrevista con la AFP.
Para Ayala el carbón ha sido su vida por tres décadas, aunque haya estado a punto de morir por los accidentes. Antes de la caída de piedra que lo dejó sin pierna, el minero sobrevivió milagrosamente cuando se inundó el pozo en el que laboraba.
“Los trabajadores corrían para formarse, para poder salir del pozo. En el bote, sólo podían salir dos personas cada vez. Yo logré salir del pozo después de la tercera subida”, relató.
Historias de muerte: pintadas de negro
No lo acribillaron ni lo descuartizaron; tampoco lo dejaron colgado en un puente. En su caso usaron un tambo para bajarlo de la bocamina hasta un socavón para que sacara carbón. El pozo se derrumbó. Toneladas de piedra lo sepultaron. Falleció el 3 de agosto de 2011 en el pueblo mineral de Agujita, en Sabinas, Coahuila.
Las autoridades estatales y federales, estas últimas del ámbito laboral, supieron lo ocurrido, pero ocultaron el caso. El pocito –mina rudimentaria– siguió operando. Un año después, el 20 de julio de 2012, murió ahí mismo el minero Abel Quiroz Villesca.
En el oficio 2609/2012 dirigido a la delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), cuya copia tiene “Proceso”, el delegado regional de la Procuraduría de Justicia, Norberto Ontiveros Leza, consigna el deceso de Quiroz. Alude también a otro accidente ocurrido el 22 de julio en un pocito en Cloete, e identifica sólo al propietario: “El Reynol”.
Este último dato desnudó la realidad: políticos y empresarios, participan en la minería del carbón y que, con protección del Gobierno en todos de niveles, del alto costo en vidas y la explotación infantil, fungen como proveedores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Ellos evaden las inspecciones de la STPS, evitan registrar a sus trabajadores en el IMSS y suelen utilizar innumerables razones sociales para ocultar sus millonarios ingresos. Son tan poderosos que lograron mutilar la reforma laboral que prohibía sus letales socavones… Y es en este ambiente de opulencia e impunidad donde el crimen encontró sus oportunidades.
Luego del asesinato de su hijo José Eduardo, el 3 de octubre pasado, el ex gobernador Humberto Moreira declaró que había empresarios relacionados con el narco en la zona carbonífera. Dijo que Heriberto Lazcano, “El Lazca”, tenía tajos de carbón en Progreso, municipio donde supuestamente fue acribillado el capo el 7 de octubre último.
El 30 de agosto la Policía estatal y el Ejército derribaron 15 pocitos ubicados en terrenos del Gobierno de Coahuila. El gobernador Rubén Moreira afirmó días después que la delincuencia tenía varias minas de ese tipo.
Los pocitos destruidos eran de José Reynol Bermea Castilla, quien fue detenido en septiembre por elementos de la Marina Armada de México (Semar). Él dirigía la empresa Minera La Marina.
En una búsqueda registral, “Proceso” detectó que los pocitos destruidos estaban amparados por la concesión (título 221614) expedida por la Dirección General de Minas en marzo de 2004 a nombre de Minera El Sabino y Minera El Saucito, de Alfonso González Garza.
Dos meses antes de la muerte de Wilhen Ernesto, el 3 de mayo de 2011, hubo una explosión en el Pozo 3 de Binsa. El saldo: 14 muertos y un adolescente de 14 años de edad mutilado (Proceso 1801).
Binsa es propiedad de Melchor González Vélez, “El Chorín”, quien no tenía concesión minera, pues operaba con el título 218000, que era de su padre, Alfonso González Garza, y un socio: Jesús María Montemayor Seguy, “El Chuma”, hermano de Edmundo y de Rogelio, este último fue gobernador de Coahuila y director de Pemex.
Los Montemayor Seguy y los González son socios y acaparan decenas de miles de hectáreas en la región, donde tienen influencia política. Jesús María, hijo del “Chuma”, es Alcalde de Sabinas (Proceso 1805).
Los pocitos estaban a la vista en Sabinas y operaban, aun violando el reglamento municipal de Urbanismo que, en su artículo 74, los prohibía.
“Explotan minas de carbón, encima de (ellas hay) zonas habitadas. Lo sabemos por los daños causados en casas, daños estructurales”, explicó a la AFP el Obispo de Saltillo, capital del estado de Coahuila, Raúl Vera, cuyo nombre estuvo este año en el sonajero para el Premio Nobel de la Paz.
La denuncia sobre la presencia de narcotraficantes en las minas de carbón de Coahuila la hizo pública en octubre el ex gobernador de ese estado y ex presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira, al responsabilizar a un cártel del asesinato de su hijo.
Según Moreira, alejado de la política tras un escándalo por endeudar excesivamente a su estado, estos grupos actúan explotando directamente minas o comprando carbón a pequeños productores, que luego venden a una corporación estatal, en complicidad con empresarios corruptos.
El precio de compra se multiplica hasta 30 veces, dejando una amplia ganancia para los intermediarios.
Según la Cámara Minera de México, nuestro país produce anualmente 15 millones de toneladas de carbón por unos 3 mil 800 millones de dólares. Casi el 95% se obtiene en Coahuila.
El diario “Reforma” indicó que grupos delincuenciales producen o compran unas 10 mil toneladas semanales, que luego venden a 600 pesos (50 dólares) la tonelada. Es un negocio que puede dejarles al menos entre 22 y 25 millones de dólares anuales a ese grupo.
Heriberto Lazcano, jefe de un cártel de narcotráfico, fue abatido el 7 de octubre por la Marina en la zona carbonífera y su cuerpo fue robado luego por un comando armado.
Lazcano tenía su propia explotación de carbón en Progreso, el pueblo donde cayó al enfrentarse a los marinos en un campo de beisbol y donde se había refugiado los últimos meses y, según Moreira, manejaba su propio pozo de carbón.
SECRETO A VOCES
Pero la presencia de este grupo en la explotación de carbón no es reciente, asegura el obispo Vera. “Hace varios años que uno de los agentes de la pastoral me dijo que estaban haciendo excavaciones miembros de las mafias y las estaban haciendo en lugares prohibidos”.
“Es un secreto a voces que los narcotraficantes están infiltrados en las minas de carbón, pero desde que habló Moreira, hemos visto policías federales y militares pasar y supimos que agarraron a varias personas”, declaró bajo el anonimato a la AFP un empresario que explota pozos de carbón en Agujita.
La autopista federal 57, que entronca con Estados Unidos, atraviesa una planicie polvorosa a cuyos lados se levantan montículos de carbón provenientes de las minas artesanales, donde los accidentes mortales son frecuentes.
La zona engloba pueblos como Cloete, Agujita y Barroterán.
Camiones con carbón cruzan retenes establecidos por militares, que buscan en la zona a narcotraficantes y cargamentos de droga.
Esta ruta era usada para ingresar cocaína a Estados Unidos, y la delincuencia organizada se vio atraída al negocio del carbón. Su llegada a la zona fue acompañada de la multiplicación de la violencia.
Los enfrentamientos con militares y policías se han vuelto frecuentes en los alrededores de Piedras Negras, una ciudad de 150 mil habitantes y paso a Eagle Pass en Estados Unidos, tras la fuga en septiembre de más de 100 presos.
UNA HISTORIA QUE SE REPITE
El uso de actividades alternas por los cárteles es parte “casi natural del desarrollo de estas organizaciones criminales”, subraya Antonio Mazzitelli, representante para México, Centroamérica y el Caribe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
En Colombia, relató Mazzitelli, los narcotraficantes infiltraron minas de oro, carbón y traficaban también con petróleo. “La corrupción es su principal instrumento para hacer negocios, y también si es necesario la utilización de la violencia”, explicó.
Los negocios legales sirven a los criminales para lavar dinero y obtener ingresos extras, señala por su parte Eduardo Salcedo, coautor del libro “Narcotráfico, corrupción y estados: cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, México y Guatemala”.
Estos negocios les permiten no sólo conseguir “más dinero, sino sobre todo ganar legitimidad social, política”. Los criminales buscan “poder legalizar sus líderes y sus actividades e ingresar a la economía formal y operar de manera más tranquila dentro de la sociedad”, explica el investigador colombiano.
Para infiltrar las minas de carbón, los narcotraficantes usan diferentes métodos: desde secuestrar, asaltar hasta matar a empleados y a los dueños, o presionar a acuerdos con los socios, señala.
En la zona minera de Coahuila “hay empresas que no tienen minas, que no tienen trabajadores, pero tienen contratos con Prodemi (Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila)”, denuncia un investigador de la organización Familia Pasta de Conchos, creada por familias de mineros tras un accidente que en 2006 costó la vida a 65 de ellos.
“Hay minas que tienen capacidad de 30 mil toneladas, pero tienen contratos por 150 mil. Lo que están vendiendo no lo están produciendo”, dice el investigador. “Lo están comprando a un tercero y ahí es donde entran toda esta gente, legales e ilegales, clandestinos y no clandestinos”, añade.
Otro riesgo para mineros
Los mineros de la zona carbonífera de Coahuila, estado mexicano vecino de Estados Unidos, además del riesgo de accidentes en pozos artesanales que dejan decenas de muertos desde 2006, ahora lidian con la amenazante presencia de poderosos cárteles.
En los pozos de carbón de la región de Agujita y Barroterán, los mineros trabajan en condiciones precarias, sin protección alguna y en pozos estrechos que carecen de un plan de escape de emergencia.
Rosalío Ayala, de 48 años, perdió el pie derecho y parte de una pierna en marzo pasado después de que una piedra le cayó encima.
“En el carbón ya no puedo trabajar porque ya no es igual sin un miembro. Trabajé 30 años en esa industria y en los pozos no hay ventilación. Hay mucho polveo. Se necesita también andar con gaseo (oxígeno), pero tampoco hay gaseo ahí”, explica el minero.
“No había ningún plan de emergencia, sólo la puerta donde entraba y por la misma salía. No había otra salida posible. No hay cómo salir ni dónde correr si hay una emergencia”, agrega Ayala.
Pero ahora los accidentes no son el único riesgo. La zona minera ha visto ingresar a la delincuencia organizada, que usaba la carretera federal 57, a cuyo alrededor se levantan los pueblos mineros, para llevar cocaína a Estados Unidos.
El secretario de Gobierno de México, Alejandro Poiré, reconoció a comienzos de noviembre que hace un año se investiga la incursión en las minas de carbón de grupos criminales.
La Cámara Minera Mexicana, que agrupa a las empresas del sector, denunció en su informe anual 2012 que la inseguridad es el principal desafío que enfrentan.
“Por tratarse de actividades que se realizan mayormente en zonas apartadas de las ciudades, la explotación minera es uno de los sectores industriales más vulnerables ante el crimen organizado”, afirmaron.
Para la organización Familia Pasta de Conchos, creada por allegados de los 65 mineros que murieron por una explosión en la mina del mismo nombre en 2006, la llegada de narcotraficantes ha sido facilitada por la falta de presencia del Estado.
“Al no aceptar responsabilidades por falta de seguridad en las minas que es competencia del Gobierno, al no haber sanciones por la muerte de los mineros, cualquiera se mete a sacar carbón”, dice un investigador de esa ONG que requirió el anonimato.
“Los pozos no cumplen ninguna norma. Es imposible que cumplan normas. Es totalmente inhumana la situación en estos pozos. Sin embargo, las autoridades los autorizan y no castigan a ningún empresario”, señala Raúl Vera, Obispo de Saltillo, capital del estado de Coahuila.
“Hay corrupción dentro de las autoridades y los legisladores”, denunció el prelado en una entrevista con la AFP.
Para Ayala el carbón ha sido su vida por tres décadas, aunque haya estado a punto de morir por los accidentes. Antes de la caída de piedra que lo dejó sin pierna, el minero sobrevivió milagrosamente cuando se inundó el pozo en el que laboraba.
“Los trabajadores corrían para formarse, para poder salir del pozo. En el bote, sólo podían salir dos personas cada vez. Yo logré salir del pozo después de la tercera subida”, relató.
Historias de muerte: pintadas de negro
No lo acribillaron ni lo descuartizaron; tampoco lo dejaron colgado en un puente. En su caso usaron un tambo para bajarlo de la bocamina hasta un socavón para que sacara carbón. El pozo se derrumbó. Toneladas de piedra lo sepultaron. Falleció el 3 de agosto de 2011 en el pueblo mineral de Agujita, en Sabinas, Coahuila.
Las autoridades estatales y federales, estas últimas del ámbito laboral, supieron lo ocurrido, pero ocultaron el caso. El pocito –mina rudimentaria– siguió operando. Un año después, el 20 de julio de 2012, murió ahí mismo el minero Abel Quiroz Villesca.
En el oficio 2609/2012 dirigido a la delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), cuya copia tiene “Proceso”, el delegado regional de la Procuraduría de Justicia, Norberto Ontiveros Leza, consigna el deceso de Quiroz. Alude también a otro accidente ocurrido el 22 de julio en un pocito en Cloete, e identifica sólo al propietario: “El Reynol”.
Este último dato desnudó la realidad: políticos y empresarios, participan en la minería del carbón y que, con protección del Gobierno en todos de niveles, del alto costo en vidas y la explotación infantil, fungen como proveedores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Ellos evaden las inspecciones de la STPS, evitan registrar a sus trabajadores en el IMSS y suelen utilizar innumerables razones sociales para ocultar sus millonarios ingresos. Son tan poderosos que lograron mutilar la reforma laboral que prohibía sus letales socavones… Y es en este ambiente de opulencia e impunidad donde el crimen encontró sus oportunidades.
Luego del asesinato de su hijo José Eduardo, el 3 de octubre pasado, el ex gobernador Humberto Moreira declaró que había empresarios relacionados con el narco en la zona carbonífera. Dijo que Heriberto Lazcano, “El Lazca”, tenía tajos de carbón en Progreso, municipio donde supuestamente fue acribillado el capo el 7 de octubre último.
El 30 de agosto la Policía estatal y el Ejército derribaron 15 pocitos ubicados en terrenos del Gobierno de Coahuila. El gobernador Rubén Moreira afirmó días después que la delincuencia tenía varias minas de ese tipo.
Los pocitos destruidos eran de José Reynol Bermea Castilla, quien fue detenido en septiembre por elementos de la Marina Armada de México (Semar). Él dirigía la empresa Minera La Marina.
En una búsqueda registral, “Proceso” detectó que los pocitos destruidos estaban amparados por la concesión (título 221614) expedida por la Dirección General de Minas en marzo de 2004 a nombre de Minera El Sabino y Minera El Saucito, de Alfonso González Garza.
Dos meses antes de la muerte de Wilhen Ernesto, el 3 de mayo de 2011, hubo una explosión en el Pozo 3 de Binsa. El saldo: 14 muertos y un adolescente de 14 años de edad mutilado (Proceso 1801).
Binsa es propiedad de Melchor González Vélez, “El Chorín”, quien no tenía concesión minera, pues operaba con el título 218000, que era de su padre, Alfonso González Garza, y un socio: Jesús María Montemayor Seguy, “El Chuma”, hermano de Edmundo y de Rogelio, este último fue gobernador de Coahuila y director de Pemex.
Los Montemayor Seguy y los González son socios y acaparan decenas de miles de hectáreas en la región, donde tienen influencia política. Jesús María, hijo del “Chuma”, es Alcalde de Sabinas (Proceso 1805).
Los pocitos estaban a la vista en Sabinas y operaban, aun violando el reglamento municipal de Urbanismo que, en su artículo 74, los prohibía.
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