Enrique Peña Nieto, el todavía
Presidente de México, ha engañado con la verdad.
En diciembre de 2014 su
Gobierno de la República y el Poder Legislativo a su servicio modificaron la
Ley y crearon la Fiscalía General de la República, al menos en papel y en
discurso, una institución con autonomía y poder de investigación que sucedería
a la Procuraduría General de la República, tan anquilosada, corrupta e
ineficaz, particularmente en la lucha contra el crimen organizado-en todas sus
variantes- y el combate a la corrupción.
Meses después, en mayo de
2015, la Cámara de Diputados publicó la Reforma Constitucional que habría de
dar el banderazo a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Un año después, el mismo
titular del Poder Ejecutivo y sus senadores comparsas, modificaron el 15 de
junio de 2016 la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para
institucionalizar la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, una institución
con “autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que
la Ley considera como delitos en materia de corrupción”.
El Presidente así “le dio” a
la sociedad organizada los instrumentos que pide para combatir la corrupción,
pero al mismo tiempo ha hecho con sus aliados incondicionales en las cámaras
legislativas todo lo políticamente posible para que ese sistema no funcione.
A poco más de un año que
concluya la administración de Peña Nieto, ni hay Fiscalía General, ni hay Fiscal
Anticorrupción, y por tanto los delitos y sanciones por actos de corrupción
contra servidores públicos y particulares producto de la reforma al Código
Penal Federal no se pueden perseguir, porque no hay un Fiscal nombrado para
ello (ese fue un transitorio).
De hecho estamos peor. No hay
Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales, al haber despedido el
encargado de despacho de la PGR al titular de esa área, Santiago Nieto
Castillo, el 20 de octubre, luego que éste diera a conocer que había recibido
presiones por parte de uno de los imputados en el caso de los sobornos de la
brasileña Odebrecht, pero además íntimo amigo y ex colaborador del Presidente,
Emilio Lozoya Austin.
Sin Fiscal General, sin
Fiscal Anticorrupción, sin Fiscal de Delitos Electorales, todo lo que queda es
la PGR y la Secretaría de la Función Pública para investigar no sólo a Emilio
Lozoya por las acusaciones que los ejecutivos de Odebrecht han hecho sobre su
persona, proporcionando incluso tiempos, cuentas de banco, instituciones
financieras y transferencias por más de 10 millones de dólares, sino los
delitos que cometan el resto de los funcionarios en este el último año de
Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República.
Y bueno, estando la PGR en
poder de Elías Beltrán, un ex colaborador de Raúl Cervantes, el ex Procurador,
y cuya primera acción, por encima de dar a conocer alguna investigación exitosa
contra alguno de los cárteles de México o sus capos, y de hecho antes de dar
seguimiento a la indagación del caso Odebrecht que según Cervantes ya estaba en
su etapa final, fue despedir al Fiscal que, precisamente, investigaba el caso.
De la Secretaría de la
Función Pública, también en manos de una ex empleada de la Procuraduría General
de la República, Arely Gómez, la segunda titular de la PGR en la administración
peñanietista, y quien como Fiscal se distinguió por no concluir
investigaciones, por no indagar a los de casa, y colgarse de las aprehensiones
que sobre capos como Joaquín “El Chapo” Guzmán hicieron las Fuerzas Armadas en
colaboración con corporaciones antinarcóticos de los Estados Unidos, poco se
puede esperar.
Es decir, Ni Beltrán ni Gómez
gozan de autonomía como resultado de sus cargos de la Presidencia de la
República, ambos responden al titular del Ejecutivo y no al compromiso de
procurar justicia, combatir la corrupción y dar certeza jurídica para luchar
contra la impunidad.
En estas condiciones, con un
Instituto Nacional Electoral que en la revisión de gastos de campaña de 2012 no
detectó los depósitos de compañías filiales de Odebrecht a la campaña del PRI,
como lo demostró en una amplia y documentada pieza el organismo Mexicanos
contra la Corrupción y la Impunidad, y que es probable que inicie una
investigación cinco años después tras la denuncia presentada por miembros del
PRD, pues el panorama para la justicia no es el más alentador.
Lo que sí queda claro es que
al Presidente eso del combate a la corrupción no es un compromiso propio, lo ha
sido en materia de leyes, reglamentos y oratoria, pero no de activación del
sistema para perseguir a varios miembros de su gabinete, empezando quizá por
Lozoya, cuyos caminos llevan a Peña.
Después de haber denunciado
públicamente la desaseada forma en que fue despedido, y de solicitar audiencia
en el Senado de la República para presentar su caso, y haber pedido a los
mismos senadores que en ellos estaba su reinstalación al frente de la FEPADE,
Santiago Nieto Castillo se retractó. Lo hizo siete días después de haber sido
despedido, presionado y quién sabe qué tantas más acciones de represión
política o personal en su contra.
El comportamiento de Nieto no
fue ni errático, pasó de un extremo a otro. De ser un combatiente a favor de la
democracia y contra la corrupción y la impunidad, de hacerse acompañar por
actores sociales, políticos de oposición al PRI y sus aliados, y exigir lo que
en derecho creía le correspondía, la titularidad de la FEPADE para continuar
con la investigación de los sobornos a Lozoya, se convirtió en un personaje
gris, que dejando colgado el acompañamiento que logró de la sociedad
organizada, redactó una carta retirando su objeción al despido y su petición al
Senado de analizar su caso para reinstalarlo.
Los senadores que alargaron
la toma de la decisión en el Senado y aquellos que tomaron la Tribuna
Legislativa, los primeros para que se consumara el despido de Santiago Nieto,
los segundos para votar por una reinstalación, ahora no analizan nada. El
Presidente de la República intentó deslindarse del despido diciendo que el caso
estaba en la Cámara Alta, y del encargado de despacho de la PGR que corrió al
Fiscal poco se sabe. Del caso Odebrecht, por supuesto, nada.
Las presiones sobre Nieto
Castillo no se dudan, como tampoco que en base a ellas haya tomado la decisión
de retirarse del pleito de su vida. Su conocida cercanía con Raúl Cervantes, el
ex Procurador, habrá tenido algo que ver, sino su cantada enemistad con el
Presidente al no subordinarse al despido.
Lo que este caso de
corrupción, presión e impunidad le dice claramente a México es que en este
país, y con esta Presidencia, los corruptos están a salvo, por encima de
cualquier institución. Legislaciones van y vienen y los corruptos ahí
permanecen. Justo ahí se ve la crisis de justicia que vive el País, donde su
estructura investigadora carece de tres Fiscales esenciales para perseguir a
los funcionarios que cobijados con el fuero y la complicidad de Peña Nieto
transan con la seguridad del delincuente que sabe de antemano que podrá
escabullirse entre los huecos de un Gobierno fallido.
(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS ADELA NAVARRO BELLO/ MIÉRCOLES, 1 NOVIEMBRE,
2017 12:10 PM)
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