NUEVO
LAREDO, Tamps. (proceso.com.mx).- Una nueva amenaza de muerte contra un
periodista de Tamaulipas se suma a la cadena de agresiones y asesinatos contra
los comunicadores del noreste de México, una región que ha sido “zona de
silencio” durante años debido a la complicidad de autoridades y crimen
organizado.
Jorge
A. Pérez González, director del portal Optimus Informativo, anunció el cierre
de su espacio debido a intimidaciones y amenazas, “todo bajo el amparo del
anonimato”.
“Hay
quien me dice que debo presentar la denuncia respectiva, pero en un país donde
la impunidad reina, creo que es más peligroso esto que darles el gusto de
callarnos”, señaló Pérez González en una columna de despedida.
“Estas
líneas no persiguen ni la victimización ni la autoflagelación, agradezco de
antemano la solidaridad de los lectores… no tenemos otra alternativa más que
alejarnos por precaución de EL ACOSO Y EL AHOGO”, concluyó el texto.
Pérez
González ha intercalado su oficio de periodista con diversos cargos públicos:
fue síndico primero en el ayuntamiento de Matamoros y también se desempeñó como
coordinador operativo de Comunicación Social durante el gobierno de Tomás
Yarrington.
No
obstante que desde ese puesto acordó convenios de publicidad con medios de
Tamaulipas, los cuales fueron utilizados para imponer una censura a periodistas
críticos del exgobernador, ante la amenaza los comunicadores de Tamaulipas
cerraron filas con Pérez González.
La
denuncia del director de Optimus Informativo ya está siendo atendida por el
Mecanismo de Protección a Periodistas y por diversas organizaciones como
Artículo 19.
Esa
nueva amenaza se suma a la cadena de ataques y asesinatos que se han registrado
en la región, sin embargo las agresiones ahora vienen por parte de funcionarios
y miembros de partidos políticos y no por el crimen organizado como
anteriormente sucedía.
En
los últimos meses tres periodistas fueron asesinados en la región, se registró
el intento de secuestro contra un comunicador y al menos dos reporteros fueron
despedidos por presiones de funcionarios que utilizan los convenios de
publicidad como arma de chantaje.
En
Monterrey se registró en días pasados el asesinato de Alicia Díaz González,
corresponsal de El Financiero; le siguió el crimen en Ciudad Victoria contra
Héctor González Antonio, corresponsal de Excélsior; anteriormente mataron en
Nuevo Laredo a Carlos Domínguez Rodríguez.
Las
investigaciones realizadas por las autoridades registran que los asesinatos de
Carlos Domínguez y Héctor González tienen tintes políticos.
Mientras
que en Nuevo León, exjefes policiacos y exfuncionarios planeaban el secuestro
del periodista Víctor Badillo, molestos por su trabajo que ha documentado las
ilegalidades y corrupción que priva en el municipio de Escobedo.
DESPIDOS POR “AFECTAR A CLIENTES”
A
las agresiones y amenazas ahora se suman los despidos de periodistas por
publicar en sus redes sociales comentarios que molestaron a los funcionarios
que mantienen convenios de publicidad con sus medios.
El
Heraldo de Saltillo anunció el pasado 31 de mayo que su reportero Daniel
Revilla “dejó de prestar sus servicios en El Heraldo al haber cometido faltas
graves a las políticas internas de esta empresa, deshonestidad y agresiones en
contra de nuestros clientes”, informó una editorial que se publicó en su página
de la red social Facebook.
La
“deshonestidad” que cometió Daniel Revilla fue denunciar en sus redes sociales
agresiones de la Policía Municipal de Ramos Arizpe en su contra cuando
realizaba una cobertura periodística encargada por su medio.
En
respuesta a esa denuncia, sus jefes le advirtieron: “Ojo con eso Daniel; aunque
tu comentario es a título personal, tú trabajas para El Heraldo y en El Heraldo
tenemos acuerdos comerciales importantes con Tita (la alcaldesa de Ramos) que
tú estás poniendo en riesgo”.
Tras
despedirlo, sus jefes publicaron: “Asimismo, nos reservamos emprender las
acciones legales tanto por la vía penal como por la vía civil que
correspondan”.
El
mismo caso se registró en la región de la Laguna de Durango, con una periodista
que publicó denuncias en su red social y a título personal pero por ello fue
despedida por el diario donde trabajaba: Milenio Laguna.
Cecilia
Rojas Orozco denunció en sus redes sociales que el Festival Lerdantino de 2010
dejó una deuda que afectó a más de 100 personas involucradas, desde artistas
hasta organizadores y proveedores. La deuda no pagada se le atribuye a Othón
Reuter Ramírez, quien entonces presidía el comité del festival y hoy es
director de Arte y Cultura en Lerdo.
Para
abril de este año, Cecilia Rojas fue despedida de Milenio Laguna como
represalia por su denuncia a título personal. La orden para despedirla vino de
la alcaldía de Lerdo.
(PROCESO/ JUAN ALBERTO CEDILLO/ 3 JUNIO,
2018)
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