No
se incrementaron los recursos, denuncian comités
El
Fideicomiso del río Sonora incumplió con compromisos asumidos en 2014 para
atender a la población afectada por la contaminación de los ríos Sonora y
Bacanuchi debido al derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos de
la minera Buenavista del Cobre, filial de Grupo México. Dicho instrumento cerró
con un ejercicio de 2 mil millones de pesos y no se realizó el acuerdo de
incrementar los recursos, como establece el convenio.
Afectados
–que llegaron a ser alrededor 20 mil en ocho municipios sonorenses– formaron
comités de cuenca para demandar el cumplimiento de los apoyos. Con asesoría de
Grupo Poder, encontraron, por ejemplo, que no se establecieron las 36 plantas
potabilizadoras, sino sólo ocho, aunque no todas operan; la unidad médica para
tratar las intoxicaciones no se instaló, el edificio quedó en obra negra, y
tampoco se reactivó el sector agropecuario, entre otras fallas.
Tras
el derrame mencionado, ocurrido el 6 de agosto de 2014, Grupo México –propiedad
de Germán Larrea– y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
convinieron establecer el fideicomiso, en el cual la empresa se comprometió a
aportar 2 mil millones de pesos para atender “afectaciones a la salud pública,
los ecosistemas y la infraestructura dañada por la contaminación”, sustentados
con recursos de la empresa. En el artículo tercero del convenio de ese
instrumento se establece el compromiso de elevar el monto si resultaba
insuficiente para dar cumplimiento a sus fines.
El
fideicomiso cerró en febrero de 2017, sin llevar a cabo todas las obras, señaló
el Grupo Poder, así como un informe de Baskut Tuncak, relator especial de las
Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las obligaciones de derechos
humanos relacionados con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de
sustancias y desechos peligrosos.
En
ese instrumento se ejercieron 2 mil 17 millones de pesos, de los cuales 8.4
millones fueron para hacer el libro blanco; 125 millones para rehabilitación de
pozos; 32 millones se ejercieron en comunicación social, y 5.1 millones en
servicios notariales. También, 350 millones para el programa de vigilancia
epidemiológica, así como supervisión de agua, aire, suelos y reforestación, de
acuerdo con el reporte final de gastos.
El
informe del relator de la ONU, divulgado en mayo, señaló, entre otras
irregularidades, que las plantas potabilizadoras no funcionan. “Uno de los
avances que la empresa y el gobierno manifiestan es la apertura de nuevos
pozos, pero esta accioìn se ha realizado en la regioìn afectada con el uso de
normas que estaìn por debajo de los estaìndares internacionales, lo cual viola
el derecho humano al agua salubre y de calidad”.
Agrega
que los anaìlisis de agua que presenta el portal del Fideicomiso del río Sonora
“no explicitan coìmo se disenÞoì el muestreo, y la periodicidad con la que se
presentan los datos no es adecuada. La falta de rigor de vigilancia del fideicomiso
no permite considerar sus resultados como concluyentes”.
En
el reporte de resultados, el organismo indica que “tras una permanente
vigilancia de las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca hidrológica,
se puede asegurar que la del río Sonora y los pozos que abastecen de líquido
potable a los cerca de 23 mil habitantes, cumplen con las normas de salud y de
medio ambiente aplicables en el país”.
(DOSSIER POLITICO/ TOMADO DE: LA
JORNADA/ 2018-06-04)
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