Todo lo que se puede hacer
está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador para capitalizar Pemex
y persuadir a los mercados y a las calificadoras que la ingeniería financiera
que se le aplica le permitirá salir del hoyo en el que se encuentra. No ha
regateado nada para que no le bajen el grado de inversión, que arrastraría la
deuda soberana y con ello al país entero. El esfuerzo del presidente es muy
importante, pero están olvidando importantes detalles en Palacio Nacional que
no tienen que ver con lo cual comulga, la lucha contra la corrupción, sino con
un aspecto que no han visto con claridad: la estrategia para limpiar al país
también puede destruirlo.
Expliquémonos, para que no
haya duda. La lucha contra la corrupción debe profundizarse para desterrarla de
Pemex o de donde se encuentre. Pero no debe plantearse como si lo que estuviera
corrupto es la institución. ¿Es Pemex el corrupto o son corruptos sus
funcionarios? La forma como el gobierno está desdoblando el caso del ex
director de Pemex, Emilio Lozoya, al que se acusa por lavado de dinero, lo ha
rebasado. No es él presunto responsable de un delito grave, sino la
institución. Lozoya, en la ruta seguida, es más chico que Pemex, y la empresa
estatal es el primer blanco para fumigar. Por ello, el fiscal general Alejandro
Gertz Manero inició investigaciones sobre el Consejo de Administración, que
tomaba las decisiones estratégicas, y sobre PMI Comercio Internacional, que es
una filial de Pemex registrada en Houston, para comercializar el petróleo mexicano
en el exterior. Mucho cuidado.
Mezclar personas con
instituciones suele ser un problema semántico mexicano, y estamos tan
acostumbrados a ello que no hacemos distinciones. Existen y, en el caso Lozoya
son fundamentales. Si permea en el mundo que la corrupción de la que acusan a
Lozoya fue por un problema sistémico, y que en la principal empresa del Estado
existía un mecanismo para robar a la nación, el menor problema será Lozoya, o
el ex presidente Enrique Peña Nieto, o el ex secretario de Hacienda, Luis
Videgaray, o todos los integrantes del Consejo de Administración de Pemex. El
problema será del país, del gobierno y como consecuencia, de los mexicanos,
porque sería Pemex a quien se le señalaría como corrupta y mientras se
deslindan responsabilidades, la apretarían financieramente en el mundo.
Un ejemplo para analizar es
el de Petróleos de Venezuela, conocida por su acrónimo PDVSA, cuya crisis fue
resultado de la corrupción de la burocracia, tanto civil como militar, que
hicieron negocios a cambio de comisiones con empresarios locales. Los actos de
corrupción propiciaron un descuido en la actividad petrolera venezolana, donde
la falta de inversión en la producción propiciaron la caída de su plataforma
petrolera y el incremento en los costos de administración. Las ganancias de
PDVSA no alcanzaban para reanimar la empresa, ante el tipo de componendas que
tenían sus directivos con empresarios, que resultaban beneficiados por el tipo
de contratos que les daban los ejecutivos venezolanos a cambio de sobornos.
Esto se paró abruptamente
cuando se metió Estados Unidos. La última acción fue el 28 de enero pasado, al
designar el Departamento del Tesoro a PDVSA como sujeta a sanciones en Estados
Unidos, por lo que toda las propiedades y los intereses de la empresa en la
jurisdicción de ese país, fueron bloqueadas y se prohibió realizar
transacciones con la compañía. Paralelamente, el Tesoro cortó el acceso al
Banco Central de Venezuela a divisas, y limitó sus transacciones financieras
internacionales. Desde 2017 ya no puede acceder a financiamiento para su deuda
en los mercados estadounidenses, que es una de las razones por las que detonó
su crisis.
Es cierto que el problema de
corrupción en Venezuela es distinto al de México, pero si se analiza el
discurso de sus líderes, es más grave lo que sucede aquí. El presidente Nicolás
Maduro rechaza las acusaciones y asegura que es una agresión más del presidente
Donald Trump. López Obrador dice que la corrupción es profunda -por eso envió a
dirigir Pemex a su amigo Octavio Romero Oropeza-, y Gertz Manero, respalda esa
línea discursiva al señalar que el Consejo de Administración deberá responder
por los actos de Lozoya. En el caso mexicano, el Tesoro estadounidense no
tendría que investigar a Pemex; el gobierno lópezobradorista ya lo hizo y
concluyó que es corrupta.
Sin darse cuenta, el gobierno
mexicano abrió la Caja de Pandora. Si Pemex es corrupto y también su filial
estadounidense PMI Comercio Internacional, que aunque no son empresas públicas
que operen en las bolsas de valores sí mueven recursos a través del sistema
financiero en Estados Unidos, entonces son sujetas a la autoridad del Tesoro y
el Departamento de Justicia. En cualquier momento se podría anunciar que están
investigando la corrupción en Pemex, por presuntos daños patrimoniales en
Estados Unidos y, como siguiente paso, emitir sanciones como las que impusieron
a PDVSA. En el hipotético caso que eso sucediera, los 100 mil millones de
dólares de deuda de Pemex tendrían serias dificultades para refinanciarse, y la
empresa sería acotada para vender petróleo en el mundo.
Las consecuencias serían
catastróficas.
El presidente López Obrador
no puede permitir la existencia de ese escenario, y no es difícil
neutralizarlo. Los casos de corrupción los debe individualizar, separando a las
instituciones, y blindar a Pemex. La institución después de todo, no era la
corrupta, Quienes la manejaban y administrada, en el peor de los casos sí, y
deben ir a la cárcel. Pero sin arrastrar al precipicio a Pemex, que es lo que
están haciendo en estos momentos sin percatarse de su monumental error.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 27 DE JUNIO DE 2019)
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