No quieren nada con Carlos Pavón, “por charro”…
La empresa minera que opera la mina de
oro más grande y productiva del país,
propiedad del poderoso Grupo Industrial Peñoles que encabeza Alberto Bailléres
González, es acusada por los
trabajadores de confabularse con el sindicato blanco que dirige Carlos Pavón
para regatearle derechos sindicales y prestaciones económicas, sociales
y un salario acorde a las utilidades multimillonarias en dólares que
reciben los socios por la venta de oro y plata que se extrae inmisericordemente
del subsuelo de la región desértica de Caborca, donde está asentada la polémica
empresa.
Inconformes por la actitud
soberbia y arbitraria de la empresa donde laboran, alrededor de mil 200
trabajadores de la mina productora de oro y plata “La Herradura”, localizada en
el municipio de Caborca, han decidido
abandonar las filas del que consideran un “sindicato blanco al servicio
del patrón” y que a nivel nacional
encabeza Carlos Pavón Campos.
En su mayoría, los
trabajadores de La Herradura son originarios de la región de Caborca y ante la
falta de oportunidades de empleo y un aparentemente atractivo sueldo decidieron emplearse en este complejo industrial
dedicado a la extracción de oro y plata desde 1990 a la fecha.
Sin embargo, la mayoría
coincide en sentirse hartos de tener que soportar a diario los desplantes y la actitud soberbia de la empresa minera, aunado al cínico disimulo y
complacencia del sindicato que actualmente administra el Contrato Colectivo de
Trabajo (CCT) y establece las reglas para las relaciones entre empresa y fuerza
de trabajo.
Los inconformes argumentan
-con razón- que el clausulado del actual CCT no representa sus intereses sino
el de las empresas Fresnillo S.A. y la gringa, Belmont Inc. que operan y
administran la mina La Herradura.
Ambas son subsidiarias del
poderoso grupo Industrial Peñoles, primer productor de oro y plata en el país,
del cual, La Herradura aporta el 82 por ciento de la producción nacional del
metal dorado lo que ubica a este consorcio en el cuarto extractor del preciado
metal en el ranking mundial.
El accionista mayoritario del grupo Industrial
Peñoles es el influyente empresario mexicano Alberto Bailléres Gonzáles, quien
semanas atrás recibió la medalla “Belisario Domínguez” de parte del Senado de
la República al reconocerlo como “empresario del año”, lo que demuestra que no
en balde se han tejido sobre este personaje historias gratas y no tanto que
hablan de un exacerbado poder e influencia que posee sobre las decisiones
personales e institucionales de la clase política mexicana diseminados en todas
las ideologías partidarias y que convergen en las representaciones populares y
decisorias que emanan del poder público.
Aun con el poder político y
económico a cuestas, hace unos meses Grupo Industrial Peñoles y sus
subsidiarias Fresnillo y Belmont que operan La Herradura, resultaron derrotadas
en un largo juicio agrario radicado en su contra por el ejido El Bajío, del
municipio de Caborca, debido a que el emporio de Bailléres ilegalmente se
apropió de mil 800 hectáreas de pertenencia comunal, sobre las cuales se
asentaron las secciones de extracción de oro y plata denominados `Dipolos 1`,
`Dipolos 2` y `Noche Buena`.
Al finalizar el litigio, a
finales de abril del año en curso, un tribunal agrario sentenció al consorcio a
indemnizar con más de 350 millones de dólares al ejido El Bajío por el
usufructuó ilícito de sus tierras durante 14 años para peculio privado, sin que el núcleo agrario recibiera
beneficio alguno.
Cabe subrayar que Grupo
Industrial Peñoles a la fecha ha caído en desacato a la sentencia emitida por
el Tribunal Agrario con sede en Hermosillo pues se ha negado a resarcir los
daños económicos, ambientales y morales ocasionados al ejido El Bajío y sus 72
socios, tal y como lo ordenó en sentencia inatacable una máxima autoridad
jurisdiccional en la materia.
Los abogados defensores del
ejido no descartan que en breve los representantes legales y accionistas
mayoritarios de la sociedad mercantil podrían enfrentar el imperio de la ley y
pagar las consecuencias por el desprecio demostrado al estado de derecho de
Sonora y la nación.
Los mineros radicaron desde
noviembre de 2015 una demanda laboral ante el Tribunal Federal de Conciliación
y Arbitraje con sede en la capital del país tendiente a disputar la titularidad
del Contrato Colectivo de Trabajo al sindicato empresarial, trámite que incluye
hacer valer el derecho de todo gremio a recurrir al recuento sindical ante
divergencias por la representatividad gremial
y que sea a través del voto,
libre, directo y secreto de los interesados lo que permita instituir un nuevo
gremio independiente que represente sus intereses y no los de la empresa.
Los trabajadores inconformes
han dicho que en para tal fin cuentan con el respaldo moral y solidario del
Sindicato Nacional Minero y Metalúrgico de la República Mexicana que -desde su
auto exilio en Canadá- dirige en el país el líder Napoleón Gómez Urrutia, así
como de la sección 65 de este gremio en
Cananea, y quien lo encabeza, Sergio Tolano Lizárraga.
Entrevistado en exclusiva por
Dossier Político, el vocero de los mineros inconformes, Jesús Díaz Castillo,
manifestó que los trabajadores de La Herradura están a merced de los caprichos
empresariales y de una actitud entreguista del sindicato, a quien acusan de no
defender los derechos de los trabajadores sino los de la parte patronal.
Lo anterior es causa que el
despido de personal sin justificación sea recurrente semana a semana en La
Herradura, violando reiteradamente el derecho constitucional que asiste a todo
trabajador de acceder a una indemnización justa y el pago proporcional de las
prestaciones económicas de Ley a los que tiene derecho todo trabajador que es
separado de la fuente de trabajo sin mediar justificación alguna o explicación
razonable o convincente.
REDUCEN PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS A MINEROS
El vocero de los mineros
asegura a que la empresa minera arbitrariamente redujo el monto del reparto
anual de utilidades que por ley deben entregar a sus trabajadores antes de
concluir el mes de mayo de cada año, de tal suerte que de 170 mil pesos que
otorgó por esa prestación social en el año 2006 el presente año fiscal la cifra
se redujo a solo 50 mil pesos, con tendencia a reducirse en los años
subsecuentes, según han amenazado los directivos de la mina a los trabajadores
que reclaman el hecho.
Lo anterior, reprocha Díaz
Castillo, no obstante que la venta en mercados internacionales del oro y la
plata extraídos en grandes cantidades de
la Herradura genera a Grupo Industrial Peñoles rentas multimillonarias en
dólares. Incluso, agrega, al primer semestre de este 2016 las utilidades netas
a la empresa registraron incrementos sustanciales por la depreciación del peso frente al dólar.
También hay quejas por la
desaparición del fondo de resistencia sindical de nueve millones de pesos
anuales para casos de eventualidades por paro laboral o huelga, incluso, ayuda solidaria a gremios hermanos en tal
situación; la cancelación de bonos de productividad y si los hay, son
discrecionales para personal dócil y con relaciones afectivas con los mandos
medios.
Se quejan de la promoción
escalafonaria para beneficio del personal de confianza o quienes son
contratados con la intermediación de empresas terceras o contratistas
denominadas outsoursing que suelen desplazar a trabajadores de base sindical.
Otra queja que mantiene a los
trabajadores en la indefensión sindical y legal es lo que consideran un
disfrazado “estado de sitio policial” al
interior del complejo minero La Herradura por la presencia de un excesivo
cuerpo de seguridad privada y personas armadas que pululan dentro de la planta
que intimidan a la menor provocación a los mineros lo que genera un ambiente de
represión durante los turnos.
Respecto a las percepciones
salariales en La Herradura, Díaz Castillo reconoce que –al menos en apariencia-
el sueldo que devengan los trabajadores
mineros puede resultar para muchos altamente atractivos en comparación
con otros sectores de la economía, pues alcanza a promediar ingresos de hasta tres mil pesos semanales
para cada trabajador.
Pero al analizar factores como el devenir histórico y el desarrollo de
la lucha sindical en el mundo minero de México a través de los tiempos, aunado
a los riesgos que representa la actividad para la salud del trabajador y sus
familias, lo agreste de la fuente de empleo, alejado del centro urbano, el grado
de complejidad de ciertas maniobras laborales y el contraste que resulta de lo
anterior con el superlativo margen de rentabilidad de los metales preciosos que
se extraen del subsuelo en La Herradura, la percepción de atractivo cambia
radicalmente.
Luego entonces, el sueldo
devengado, no solo por los mineros de La Herradura, sino por todos los que
laboran en todas las unidades de extracción de metales ferrosos y no ferrosos
dentro del territorio nacional representa los más bajos y paupérrimos comparativamente
con lo que reciben mineros en complejos
similares en otras latitudes del mundo.
Y así lo plantea un reciente
análisis del tema salarial en la minería mexicana elaborado por el Centro de
Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión (CESOP) citando datos de la
Federación Internacional del Trabajo en Industrias Mineras y Metalúrgicas
(FITIMM).
Textualmente el documento
preliminar elaborado a instancias del parlamento federal por el investigador
José de Jesús González Rodríguez señala:
“una comparación de salarios entre trabajadores mineros, metalúrgicos y
siderúrgicos de México, Estados Unidos y Canadá, muestra que las percepciones
en estos últimos países son 16 veces más elevadas que en México.
Un trabajador minero en
México puede llegar a ganar en promedio hasta 25 dólares por una jornada de 8
horas de trabajo (450 pesos, aproximadamente al tipo de cambio actual), en
tanto, un trabajador en Estados Unidos o Canadá gana 40 dólares sólo por una
hora de trabajo.
Al abundar sobre este tema, el vocero de los trabajadores
inconformes recordó que de 1990 al año 2001 el Contrato Colectivo de Trabajo de
la mina La Herradura fue administrado por el Sindicato de Napoleón Gómez Urrutia,
pero a partir del gobierno panista de Vicente Fox hubo un complicidad con los
consorcios mineros Peñoles y Grupo
México para pulverizar los Contratos Colectivos que más beneficiaban a los
trabajadores a fin de incrementar los márgenes de ganancias de los empresarios.
Fue en ese tiempo en que inició la persecución política contra el
líder sindical, Gómez Urrutia y se recrudeció en el sexenio de Felipe Calderón
cuando un juez emitió una orden de aprehensión contra el dirigente gremial y la
cancelación de la toma de nota como tal por encargo de la Secretaría del
Trabajo del Gobierno de la República, pero el liderazgo moral se ha mantenido
hasta estos días, ejerciéndolo desde su auto exilio, aunque la intención de
privarlo de su libertad se ha mantenido
en el actual mandato de Enrique Peña Nieto.
Es claro que durante la
década de los 90´s las prestaciones sociales, económicas y de previsión social
para beneficio del trabajador minero de La Herradura que establecía el CCT eran
muy superiores a las de hoy.
Más aun, los incrementos salariales beneficiaban más
la economía de las familias de mineros que hoy en día, pues el sindicato bajo
el liderazgo de Napoleón Gómez exigía
por aquellos años una revisión salarial anual sobre la base de los márgenes de
utilidad obtenidos el año anterior por
la empresa minera; es decir, el minero ganaba más si la empresa obtenía más
dividendos; no existían topes ni
presiones gubernamentales o intención de beneficiar a uno de los factores de la
producción como sucede hoy, donde la patronal es sobre protegida desde las
altas esferas del gobierno en detrimento del trabajador minero y su familia.
Datos anexos al informe de
gobierno del presidente Peña Nieto presentado ante el Congreso de la Unión a
finales del 2015 da la razón al vocero de los mineros inconformes pues el
documento establece que el incremento salarial que obtuvieron los trabajadores
de la industria minera del año 1994 al 2001 resultó el más alto de las otras
ramas de la economía nacional, es decir, un 14.2 por ciento de aumento promedio
cada año.
Sin embargo, a partir del
2001 hasta nuestros días el incremento salarial para los trabajadores mineros
se ha tasado en no más del cinco por ciento directo al salario y una cifra
similar en prestaciones.
Lo anterior no obstante que,
en el caso de Grupo Industrial Peñoles, a partir del año dos mil sus utilidades
por venta en el mercado internacional de oro y plata que en su mayoría se
obtiene del subsuelo de las minas de Caborca han alcanzado cifras exorbitantes.
El mensaje del director general de Grupo industrial Peñoles
dirigido a finales del 2015 al presidente del mismo, Alberto Bailléres, habla
por sí solo sobre la riqueza de la mina La Herradura de Caborca al expresar
textualmente:
“En Herradura se obtuvieron
hallazgos de mineral de buena ley en Centauro Profundo, en donde se afina el
modelo geológico. En las operaciones mineras, el volumen total de mineral
molido y depositado fue de 55.9 millones de toneladas, 4.3% mayor al año
anterior, debido principalmente a la entrada en operación de Saucito II, así
como al aumento en los volúmenes de Noche Buena y Herradura.
La producción de contenidos de oro registró
798,686 onzas, un volumen 26.1% superior al ejercicio anterior y una nueva
marca anual. Esto se logró, en mayor medida, gracias a la puesta en operación
de la planta de lixiviación dinámica en Herradura, que incrementó la
recuperación de oro.
DEFENDEREMOS NUESTRA DIGNIDAD ANTE VORACIDAD DEL `OGRO
MINERO
“Por dignidad como seres
humanos, como mexicanos y sonorenses que somos, el trabajador minero de Caborca
ha decidido no soportar más la actitud soberbia de una empresa multimillonaria
que nada le interesa el bienestar del quien la hace posible (los trabajadores)
y sus familias”, afirma resuelto Jesús Díaz Castillo.
El en carne propia ha sufrido
las arbitrariedades de la empresa, al ser despedido sin justificación alguna
por la empresa operaria de la Herradura, donde se desempeñaba como despachador
de Diésel para los vehículos de carga de material del subsuelo. La baja, narra,
sobrevino cuando externo ante sus compañeros la necesidad de informarse sobre
el derecho de integrar un nuevo sindicato que defendiera sus intereses.
El cese fue tajante para
Jesús. Nunca se le ofreció una explicación que justificará su separación además
de que se le negó el derecho a una indemnización justa y el pago proporcional
de prestaciones, tales como aguinaldo, fondo de ahorro y bonos diversos,
orillándolo a radicar una demanda laboral individual por despido injustificado
que actualmente tramita en la junta especial Federal número 23 de Conciliación
Y Arbitraje con asiento en Cananea, Sonora, dado que en Caborca no existe
representación del tribunal laboral de jurisdicción federal.
“Estamos decididos a no
soportar más la presencia de un sindicato que abiertamente no defiende al
trabajador sino a la empresa. Empresa que obtiene multimillonarios dividendos
en dólares y poco retribuye a sus trabajadores y comunidad en donde está
asentada”, arenga Díaz Castillo.
Luego insiste: “Prueba de que
el sindicato de Carlos Pavón es un sindicato charro, al servicio del patrón, es
el hecho que jamás ha convocado a una asamblea informativa abierta, para que
los cerca de mil 500 mineros de La Herradura conozcan directamente de voz de
los directivos sindicales a donde van a parar las cuotas aportadas, que tipo de
gestiones realiza en beneficio de sus representados.
No lo hacen porque
simplemente es un sindicato al servicio del poder del grupo Peñoles, por eso
hemos decidido abandonar este sindicato que a diario se burla de sus
trabajadores.
Queremos tener nuestro propio
sindicato, elegir a nuestros dirigentes libremente y defendernos de las
arbitrariedades de la empresa; para ello
contamos con el respaldo y apoyo solidario del líder nacional de los mineros,
Napoleón Gómez Urrutia, a quien reconocemos como el más ferviente defensor de
los derechos de los trabajadores mineros del país y por eso se ha ganado el ser
perseguido político en los últimos gobiernos de México”, manifestó el vocero
del incipiente gremio minero.
(DOSSIER POLITICO/ Fernando Gutiérrez
R./ 2016-08-02)
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