La violencia
sacude de nuevo a Mexicali, esta vez con el asesinato de un agente ministerial
con largo y dudoso historial, que estaba comisionado en el turno nocturno a la
vigilancia de la casa del Obispo de Mexicali Isidro Guerrero Macías. Este
homicidio se suma a una larga cadena de ejecuciones que las primeras
indagatorias de la PGJE ligan con actos
de corrupción y protección de grupos de narcotraficantes
Investigaciones ZETA
Apacible la noche en
Mexicali, en la colonia Nueva, la tranquilidad en pleno, parecía que nada
perturbaba el ambiente. Era cerca de las once de la noche del jueves 17 de
octubre de 2013 y apenas una hora antes había arribado a su guardia el agente
de la policía ministerial Antonio Ruiz Vargas, quien estacionó su camioneta
Expedition gris frente a la casa del personaje que resguardaba, el Obispo de
Mexicali Isidro Guerrero Macías.
El líder religioso
vive exactamente a un lado de la parte posterior de la iglesia Perpetuo Socorro
en la avenida Pino Suárez.
La colonia Nueva es
considerada una de las áreas exclusivas del Mexicali antiguo –junto con
Villafontana y Los Pinos–, ahí se ubican residencias como la del ex gobernador
Eugenio Elorduy, la del ex presidente Zedillo, del ex alcalde Pérez Tejada,
incluso la Casa de Gobierno se encuentra en la misma zona residencial.
Ruiz Vargas estacionó
su camioneta por la avenida Pino Suárez, apuntando hacia el Oeste y se dispuso
a descansar-trabajar, como lo hacía en ese punto desde hacía dos años.
De repente un
vehículo que circulaba de sur a norte por la calle I dio vuelta a la derecha
hacia Pino Suárez, abruptamente frenó al emparejarse a la camioneta del ministerial y desde la ventanilla surgió una
mano empuñando una escuadra de la que salió una ráfaga. Cuatro impactos
hicieron blanco en el cuerpo del policía ministerial, uno en el brazo, otro en
la cara y dos en la espalda, todos del lado izquierdo. Uno de éstos le perforó
el corazón.
El agente quedó
muerto casi al instante y los agresores huyeron rápidamente, dieron vuelta en U
y viraron hacia la derecha en la Calle I, hacia el sur, donde literalmente
desaparecieron.
Antonio Ruiz Vargas
tenía 25 años en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja
California –desde que era Policía Judicial del Estado–, lapso en el que acumuló
un historial público –no concretados en expedientes ante asuntos Internos–,
marcado por la corrupción y su presunto involucramiento con grupos criminales.
El señalamiento más
sonado en su contra tuvo que ver con su mención en el llamado “narcovideo”,
publicado en exclusiva por ZETA en mayo del 2007, donde el ex comandante de la
PJE, José Ramón Velázquez detallaba el pleito entre agentes y ex agentes de la
policía ministerial, unos involucrados con el Cártel de Sinaloa, otros con el
Cártel de Tijuana.
En la larga lista
que aportó el ex comandante Velázquez habló de Antonio Ruiz Vargas como parte
del grupo, que no solo los protegía, sino también que era integrante del cártel
sinaloense, que participaban en operativos delictivos.
Antes, el nombre de
Ruiz había salido a relucir en 2001 en declaraciones vertidas por un testigo
protegido ante la PGR, donde lo mencionaban como parte del grupo de agentes de
la Policía Judicial del Estado, que eran parte del núcleo de apoyo a las
actividades criminales que en Mexicali encabezaba Gilberto Higuera, “El
Gilillo”, hermano de Ismael Higuera, “El Mayel”, el principal lugarteniente del
Cártel Arellano Félix (CAF).
La indagatoria
La inmediata
reacción del Obispado de Mexicali fue “aclarar” que el agente acribillado no
era escolta personal del Obispo, no se conocían personalmente y hasta apuntaron
una línea de investigación.
“Tal como las
averiguaciones previas lo comprueban, este ataque no tiene ninguna relación con
la persona del Obispo o el Obispado y se siguen las líneas de investigación de
ataque personal en contra del Agente Ministerial”.
Por su parte, el
Procurador Estatal Rommel Moreno fue contundente al afirmar que “Le vamos a dar
toda la atención para que el señor Obispo pueda comparecer”.
De acuerdo a datos
aportados desde la Procuraduría General de Justicia del Estado, frente a la
camioneta del agente abatido se localizaron 6 casquillos percutidos calibre 5.7
por 28, un tipo de proyectil caracterizado por el poder de penetración en
chalecos antibalas e incluso en cascos con blindaje, se utiliza en fusiles de
asalto y escuadras.
Entrevistado el 22
de octubre de 2013, al final de su comparecencia ante los diputados –por la
Glosa del VI Informe– el procurador estatal Rommel Moreno Manjarrez dijo que lo
primero era esclarecer el hecho.
“Lo que tenemos es
que las armas utilizadas, de acuerdo al examen balístico y al registro, no
participaron en otros eventos”, dijo el fiscal estatal, explicando que están
desarrollando una “dinámica de testimonios” en esa investigación a cargo de la
Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada.
Respecto a los
señalamientos criminales en contra del agente asesinado, Moreno solo agregó:
“Es una persona que, como muchos otros policías, tenían algunos datos, que no
eran contundentes y que no tenía un expediente específico en Asuntos Internos
de la procuraduría. Algunos de estos funcionarios que constantemente están en
la institución, no los podemos dar de baja porque no tenemos argumentos válidos
de acuerdo al Tribunal Contencioso Administrativo”, expuso el procurador.
Y aunque no pudieron
fincarle cargos ni darlo de baja por sus presuntos antecedentes criminales, el
dudoso historial del ministerial sí está siendo considerado en la indagatoria
de su muerte.
“Una línea de
investigación que estamos tratando es que se trató de una venganza, con un tema
relacionado con situaciones del pasado en el cual estaba presuntamente
vinculado. No tenemos todavía la capacidad de determinar”, detalló Moreno.
Entre los elementos
también analizan la balística y el posible uso de al menos dos vehículos, los
que fueron localizados por los fiscales en la zona cercana al crimen.
A pesar del deslinde
del obispado, el procurador bajacaliforniano afirmó que era importante la
comparecencia del Obispo “para atender su punto de vista”, igual deberán
comparecer compañeros de trabajo del ministerial asesinado.
“La intención es
esclarecer este caso, como otros más”, dijo el fiscal estatal, a quien le queda
una semana en el cargo.
“Estamos limitados
por el tiempo, la próxima semana termina esta administración, vamos a dejar
contundente esto”, dijo Moreno, quien aseguró no descartar la posibilidad de
que el caso lo atraiga la Procuraduría General de la República. El funcionario
dijo desconocer cuantas personas habían participado en la ejecución, solo confirmó
que hay dos vehículos a disposición de la Fiscalía en donde se buscan huellas o
indicios que puedan ayudar a identificar a los responsables.
“Estamos viendo en
este momento tres líneas de investigación”, dijo el Procurador antes de “tratar
de evitar entrar en detalles”, según sus propias palabras.
Te encargo
El 18 de octubre de 2013, al día siguiente del
crimen, el Alcalde de Mexicali, Francisco Pérez Tejada, expuso algunos detalles
del incidente, dijo que Ruiz Vargas era el agente asignado por la PGJE para
resguardar la casa del Obispo, aclaró que no era su escolta.
“La investigación va
mucho que iban directamente contra él, hay que ver sus antecedentes y sobre
todo si andaba metido en algún tema últimamente, que es lo que se tiene que
revisar”.
Pérez Tejada recordó
que la noche del homicidio habló con el Obispo. “Tenía muy poca comunicación,
pocas veces lo había visto, no era una persona con la que convivía, no es algo
que vaya a ser en contra del señor Obispo, es algo muy particular de la persona
que perdió la vida”, reiteró el alcalde cachanilla.
Sobre el tema del
antecedente del ministerial acribillado, Pérez Tejada expuso que sobre ese
punto había hablado con el Obispo Gurrero Macías, quien le dijo “Oye, pues te
encargo mucho la gente que vayan mandar y que vaya a estar aquí afuera de mi
casa…”, añadiendo el alcalde que había que tener mucho cuidado para que los
agentes que estén en ese tipo de comisiones sean agentes que “no estén en
ninguna situación que pueda provocar algo como lo que pasó”, dijo en referencia
al crimen.
El historial
Quienes conocieron a Ruiz Vargas coinciden en
que se trata de un agente que siempre buscó la permanencia con bajo perfil.
Tras del escándalo del narcovideo. La PGJE lo congeló al comisionarlo a los
llamados “puntos fijos”, sobre todo al Grupo Nocturno, donde estaba asignado
desde hace dos años a la vigilancia de la residencia del Obispo.
Ahí llegaba
alrededor de las 10 de la noche y se retiraba a las 6 de la mañana. Después del
incidente afuera de la casa del líder religioso se ubica como guardia un agente
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Y aunque el
Procurador insista en que nunca hubo elementos suficientes para removerlo de la
corporación, el currículum público de Ruiz Vargas era identificado con
corrupción y crimen organizado.
El 13 de febrero del
2001 fue detenido en Mexicali, en la colonia Francisco Villa, Miguel Ángel
Fernández Loera, identificado por las autoridades como escolta y brazo derecho
de Gilberto Higuera “El Gilillo”, quien alcanzó a escapar de ese operativo.
Loera se entregó,
pero posibilitó la fuga de su jefe; se convirtió en testigo protegido y delató
a sus cómplices, entre sus declaraciones relató como llegaban al estado
avionetas con mariguana, con cocaína, como los apoyaban militares, municipales
y judiciales, entre éstos Ruiz Vargas a quien le correspondió en varias ocasiones apoyar el traslado de droga
–que dirigía directamente Ismael Higuera– por La Rumorosa hasta Mexicali.
Seis años después,
en mayo de 2007, el nombre de Antonio Ruiz Vargas salió a relucir de nuevo en
el video –entregado a varios medios de comunicación, pero solo ZETA publicó,
con el testimonio vídeo-grabado del ex comandante de la policía judicial José
Ramón Velázquez, quien fue parte de la escolta del gobernador Ernesto Ruffo.
En el documento el
ex agente José Ramón Velázquez reconoció que él encabezaba la célula en
Mexicali del Cártel de Sinaloa donde participaban agentes y ex agentes de la
PGJE, asegurando que contaban con el apoyo del entonces Procurador Antonio
Martínez Luna y de su asesor, un abogado tijuanense que apodaban “El Pato”,
Humberto Valdez. Según la versión, a instancias del mismo Procurador se había
creado un grupo al interior de la Procuraduría conformado por agentes
ministeriales –quienes enfrentarían a otro grupo de agentes y ex agentes ministeriales en activo
que servían al Cártel de Tijuana.
En la larga lista
incluyó al recientemente asesinado Antonio Ruiz Vargas y a otros agentes en
activo.
Eso fue en mayo de
2007 y el 1 de noviembre de ese mismo año el procurador Martínez Luna terminó
el sexenio, entregó el cargo sin ser requerido por la autoridad, los
ministeriales activos mencionados tampoco fueron llamados a declarar. En ese
ínter, la historia y el crimen organizado cobró la cuenta, de los agentes
mencionados en el video:
Adolfo Roa Lara y
Hernando Villegas fueron detenidos en Mexicali, con media tonelada de cocaína,
ambos siguen presos en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.
Alejandro Ruiz
Chaparro fue asesinado al llegar a su casa en Tijuana, el 14 de julio del 2007;
Gabriel González Mejía, también fue acribillados en Mexicali, el 29 de julio
del 2010, ejecutado a plena luz del día en la colonia Industrial; Martin Guzmán
Montelongo fue despedido de la Procuraduría, en agosto de 2010 acusado de
intentar robar y chantajear a un comerciante en la zona del Ejido Puebla;
Sergio Alvarado Chong, detenido por agentes federales con 7.5 kilos de cocaína
en agosto del 2009.
Macario Nakay,
Valente Tizoc Núñez, Jaime Arroyo y Hernando Villegas fueron dados de baja
oficialmente el 6 de octubre del 2009.
Y Antonio Ruiz
Vargas, quien fue asesinado el 17 de octubre de 2013.
MEXICALI: ASESINATOS POR GANES DE DROGA
Una serie de
asesinatos se han suscitado en Mexicali en octubre, la mayoría relacionados con
pleitos por drogas. Cinco de éstos ocurrieron durante el primer fin de semana
del mes, y de acuerdo a reportes de la Procuraduría General de Justicia del
Estado, hasta el martes 22 sumaban 17 homicidios.
La madrugada del
lunes 7 de este mes, afuera de su casa en la colonia Valle del Pedregal, fue
asesinado Francisco Lugo Zamora, de 36 años de edad, e identificado por su
esposa Elizabeth Daniel Peñuelas, quien dijo a los investigadores que su marido
tenía deuda por fraudes en la venta de autos, y que en ocasiones se dedicaba al
narcomenudeo.
Ese mismo día, se
encontró un cuerpo envuelto en una cobija en la zona del Valle de Mexicali,
cerca del Ejido Colima. Estaba enteipado y esposado. El nombre del occiso era
Iván Ernesto González Méndez, quien residía en la vecina ciudad de San Luis Río
Colorado, Sonora.
De acuerdo a datos
ministeriales, González, quien había participado en San Luis en el robo de 15
kilogramos de cocaína, fue “levantado” tres días antes y a su pareja le
insistieron vía telefónica para que pagara un adeudo.
Otros dos asesinados
fueron localizados ese mismo día, cerca de las tres de la tarde en el
fraccionamiento Misión del Valle. Se trató de una pareja de jóvenes, Mitzy
Abigail Salcedo y el ciudadano estadounidense Daniel García Balderas. El joven
tenía un disparo en la cabeza, ella dos. La versión de los familiares indica
que ambos se dedicaban al cruce de droga y habían acudido a cobrar una carga,
pero fueron abatidos.
La noche del domingo
20 de octubre, resultó muerto Luis Germán Venegas, mientras que su acompañante,
Ricardo Orozco Alarcón, quedo malherido tras un ataque armado en el Ejido Villa
Zapata, durante las carreras nocturnas que se realizan en la zona.
Según testigos, los
agresores primero chocaron el auto en que viajaban los dos sujetos, luego
provocaron una riña y finalmente los balearon. Los datos anotan que el padre
del joven asesinado -ya fallecido también- se dedicaba al narcomenudeo en la
colonia Santa Isabel.
(SEMANARIO ZETA (Mexicali) / ZETA
Investigaciones /octubre 28, 2013 12:00 PM )
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