El millonario
pago que Carlos Bustamante ha hecho en asesoría externa, cuyos resultados son
negativos a las arcas municipales, denota dos cosas: Incapacidad administrativa
y profesional de quienes integran el XX Ayuntamiento
Los resultados de su
trabajo no se palpan, pero su oneroso costo, aunque indeterminable por la
opacidad con la que lo cubre el XX Ayuntamiento, sí se siente en el erario de
Tijuana: Son los asesores de la administración de Carlos Bustamante.
Sin precisar la
cantidad destinada para el pago de asesoría externa, es evidente que lo
presupuestado este año no le es suficiente al gobierno bustamantista, por lo
que tuvo que incrementarlo en 2 millones de pesos más los servicios de
consultoría administrativa y procesos.
De acuerdo al
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013, el gobierno de Tijuana
destinó 30 millones de pesos para asesoría en materia jurídica, económica y
contable, así como para servicios de consultoría administrativa y procesos.
A ese dispendio hay
que añadir poco más de 200 millones establecidos como retribución de servicios
profesionales que fueron desembolsados en los ejercicios 2011 y 2012.
El beneficio de tan
caros asesores es cuestionable, ya que sustentan su labor con la obtención de
fondos federales que es obligación de los funcionarios del XX Ayuntamiento
gestionar, y en la restructuración de una deuda por la que los habitantes de
este municipio tendrán que pagar 400 millones de pesos adicionales.
Los contratos
Desde el inicio de
su gestión y hasta mediados de febrero de 2013, Carlos Bustamante había signado
oficialmente 17 contratos con nueve empresas, por un monto de cuando menos 35
millones de pesos, solo para recibir asesoría en diferentes áreas de su
gobierno, particularmente en Administración y Finanzas, Oficialía Mayor y
Dirección Jurídica.
De las arcas
municipales se destinaron alrededor de 31 millones 172 mil pesos para el pago
de 14 de esos convenios.
En dos acuerdos más,
ambos con la empresa de su compadre, Gustavo Almaraz Montaño -Grupo de
Especialistas Políticos, S.C.-, no se determinó monto, ya que la remuneración
se estableció por porcentajes no establecidos “sobre el monto logrado en
gestiones”.
En otro contrato,
también con el compadre Almaraz, Bustamante no tuvo reparo en entregar 3.6
millones de pesos por la obtención de 36 millones de pesos del subsidio de
Seguridad Pública, que de suyo no requiere la gestión de un tercero,
incumpliendo con reglamento de la Administración Pública Municipal y que le
ameritó la observación del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).
Tesorería Municipal
es una de las dependencias que más ayuda externa ha requerido, convenios que
optan por mantener en la opacidad.
Muestra de ello es
el contrato establecido con Tecnología Social para el Desarrollo, S.A. de C.V.,
a razón de un millón 663 mil 800 pesos más IVA, cuyo fin se encuentra
clasificado como información confidencial.
El servicio de este
despacho se pactó el 14 de noviembre de 2012, mediante adjudicación directa,
sin que el convenio se localice en la relación de contratos de prestación de
servicios profesionales.
La empresa, con
razón social TDS-070109-D89, y dirección en Palenque número 25 Altos, Narvarte,
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal 3020, se dedica a la valoración
socioeconómica investigación, diseño de metodologías, encuestas, entrevistas y
estudios de opinión; asía como a la evaluación del impacto de proyectos y
programas sociales, diseño, ejecución y seguimiento de proyectos para el
desarrollo comunitario, capacitación y formación de recursos humanos en
tecnología social.
Pero los contratos y
ampliaciones presupuestales indican que es mayor el presupuesto público
destinado para este fin.
En los tres años de
gobierno, el alcalde en turno ha dispuesto una partida de 265 millones de pesos
para el pago de servicios profesionales, sin definir exactamente qué monto se
destina a la remuneración de ayuda por asesoría externa.
El secretario de Finanzas,
Sergio Rosete Weben, admite la aprobación de un presupuesto de 40 millones de
pesos para el pago de asesores, de los cuales, a su decir, solo se han ejercido
14 millones.
Además, sostiene que
en este mes de septiembre serán contratados los servicios de despachos de
asesores, cuando hay convenios que culminan con el periodo de gobierno, como
son los firmados con Allie, Alianzas Estratégicas y Collect de México.
El funcionario
también relega los 19 millones de pesos que estas gestoras del cobro del Impuesto
Predial están reclamando por sus servicios de cobranza, los cuales se
empalmaron con los requerimientos de pago efectuados por Tesorería Municipal.
PRESUPUESTO INSUFICIENTE
A pesar de la
asesoría que en materia administrativa recibe el gobierno de Carlos Bustamante,
los números no le dan y el presupuesto le alcanza menos.
Por ello fue
necesario requerir la aprobación del consentidor Cabildo de Tijuana para ampliar
a los 30 millones de pesos presupuestados en 2013 para consultoría
administrativa, jurídica, económica y contable, un millón 980 mil pesos más.
Ya entrados en
derroche, en la última sesión de Cabildo el alcalde también obtuvo la anuencia
del cuerpo edilicio para un pago de honorarios del orden de los 231 mil 304
pesos a la empresa calificadora Standard and Poor’s, misma que se encarga de
calificar en forma positiva el desempeño administrativo y financiero del XX
Ayuntamiento de Tijuana.
Solo las regidoras
Claudia Ramos y María Luisa Sánchez, de la fracción de Acción Nacional, así
como Najla Wehbe Dipp, de Nueva Alianza, rechazaron este gasto, pero en lo
general, avalaron las ampliaciones y transferencias presupuestales del
ejercicio fiscal 2013, que a la fecha suman 5 mil 323 millones de pesos, de los
cuales solamente el 20.2 por ciento se destina a obra pública.
En 2011, el
Presupuesto de Egresos del municipio de Tijuana ascendió a 3 millones 887 mil
pesos, de los cuales 50 millones de pesos se etiquetaron para el pago de
honorarios a profesionistas y técnicos.
En 2012, el monto a
ejercer por el gobierno de Bustamante incrementó en forma considerable para
llegar a 5 mil 774 millones de pesos; 103 millones se destinaron al pago de
personal contratado en forma externa.
Para este 2012, el
presupuesto global autorizado fue de 4 mil 699 millones de pesos, pero con las
transferencias, remanentes no ejercidos el año anterior y ampliación de
partidas, el monto ya supera los 5 mil millones de pesos, de los cuales 61.6
millones se dispusieron para el pago de servicios profesionales; partida a la
que se sumaron 2 millones de pesos más.
El desglose de esos
pagos no los especifica el gobierno en turno, tampoco los recursos etiquetados
para otros rubros y que son transferidos al pago de asesoría externa, como los
500 mil pesos que recientemente se aprobaron para el apoyo recibido por un
despacho, no especificado, a Oficialía Mayor; dinero que se tomó de la
Dirección de Recursos Humanos y que se encontraba etiquetado para la
adquisición de software.
(SEMANARIO
ZETA/ Isabel Mercado Juárez/ Septiembre 23, 2013 12:00 PM)
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