MÉXICO,
D.F. (apro-cimac).- El día en que la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal (PGJDF) puso fin a seis años de cautiverio,
golpizas y recurrentes abusos sexuales contra Gabriela, fue el mismo que
la joven, de entonces 21 años, perdió la esperanza de reencontrase con
su madre, toda vez que Clara Tapia Herrera fue encarcelada.
De tez
morena y gestos amables, Gabriela es hoy una joven que intenta superar
el tiempo que pasó retenida en una habitación, a sus 15 años, por Jorge
Antonio Iniestra Salas, el llamado Monstruo de Iztapalapa, quien la
secuestró junto con su hermana Rebeca, de entonces 12 años.
Sin la
intención de culpar a su madre, el testimonio de Gabriela fue clave
para que la PGJDF acusara a Clara Tapia de ser cómplice de Iniestra
Salas. Le imputaron los delitos de corrupción de menores y violencia
familiar, a pesar de que ella nunca avaló los abusos físicos y sexuales
que sufrieron sus hijas.
El recuento
Gabriela recordó que en
las tardes su oído se volvía más agudo y podía escuchar los pasos de su
secuestrador cada vez que subía a las escaleras para entrar en la
habitación. Sabía que si se portaba mal él le pegaría hasta cansarse, y
si se portaba bien abusaría de ella, como lo hizo tantas veces.
Tras
una larga espera, la noche del 5 de septiembre de 2011 llegó su
liberación. En la casa donde estaba retenida, las autoridades
capitalinas también encontraron cuatro de los cinco niños que Iniestra
Salas había procreado con Gabriela y su hermana —a quien asesinó a
golpes un día de 2009 junto con una de las niñas.
Ese día,
Gabriela también fue interrogada y perdió toda oportunidad de ver a
Clara. Temerosa de que en cualquier momento llegara Jorge Antonio, y
recordando que en varias ocasiones él le dijo que si alguien los
descubría ella tenía que suicidarse, Gabriela fue entrevistada por la
trabajadora social Irma Raquel Sierra Suárez.
Así que ella dijo lo
que “sabía que debía decir”: que su mamá “no las atendía, no mostraba
interés, no las cuidaba y no las quería”. Tal como lo dijo Jorge
Antonio, quien durante años le hizo creer que “los títulos se ganan”, y
que Clara no merecía ser llamada madre, que era diferente a ellos y
tampoco merecía su atención.
Lo que ella no supo es que al día
siguiente, el 6 de septiembre, en el búnker de la PGJDF, se presentaba
ante los medios de comunicación, como presuntos secuestradores, a
Iniestra Salas, cinco personas más —entre ellas dos de sus hermanas y
un hermano— y a Clara, la madre con la que quería regresar.
Las pruebas
En
su declaración, la joven, hoy de 23 años, acusó a su madre con tal
vehemencia que esta prueba fue sustancial para encarcelar a Clara, quien
lleva más de dos años en el Centro Femenil de Readaptación Social
Tepepan, acusada de corrupción de menores y violencia familiar, aunque
nunca golpeó ni humilló a su hija.
Pero los abogados aseguran que
esta prueba se ha desvanecido. Después de recibir terapia sicológica,
de vivir en libertad y bajo el resguardo de la PGJDF, la joven considera
que la relación que para su captor era normal en realidad era un abuso,
y que su madre, al igual que ella, fue víctima de esa situación.
La
Sala Octava del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
(TSJDF) determinó en febrero de 2012 que Clara también vivió actos
violentos, porque fue sacada de su casa, se le restringió el vestido y
la comida, y se le condicionó la información sobre sus hijas a cambio de
dinero.
Con esta resolución se eliminó el delito de violencia
familiar y, por tanto, quedó el cargo de corrupción de menores, por el
cual Clara es todavía acusada.
Los abogados David Peña Rodríguez y
Karla Michel Salas sostienen que hay elementos suficientes para dejar
en libertad a Clara, toda vez que ella nunca avaló los abusos, y aunque
en junio de 2009 supo que el sujeto se llevaba a sus hijas, no supo a
dónde ni pudo hacer nada porque fue amenazada con que les haría daño si
se entrometía.
Sin acusación
Para los integrantes de la
Asociación Nacional de Abogados Democráticos es claro que la parte
acusadora debe demostrar la culpabilidad.
Gabriela, como víctima,
debería demostrar la culpabilidad de su madre. Sin embargo, se ha
retractado de las acusaciones y ha manifestado que desea reencontrarse
con Clara.
Con estos argumentos, en enero pasado los abogados
presentaron ante el Juzgado 64 penal, a cargo del juez Casiano Carlos
Morales García, una petición de “desvanecimiento de datos”; es decir, un
recurso jurídico para explicar que no hay elementos para juzgar a
Clara, pues ya no hay acusación.
El pasado 15 de febrero, sin
embargo, el juez resolvió que no era procedente la libertad por
desvanecimiento de datos. Aseguró que las pruebas aportadas por la
defensa de esta mujer de 44 años serían valoradas una vez que se dictara
la sentencia.
Aún así los abogados insisten en que mantenerla en
prisión con pruebas que ya no existen (las declaraciones de Gabriela)
viola sus derechos humanos, por lo que apelaron la negativa ante la Sala
Octava del TSJDF, que tendrá que valorar si ampara a la víctima o da la
razón al juez.
/ 31 de mayo de 2013)
No hay comentarios:
Publicar un comentario