"Las luces están, pero no se debe quitar el dedo del renglón y hay que
seguir exigiendo resultados para que no quede solo en palabras"
Jurista
El gobierno de Enrique Peña Nieto ya dio el primer paso: dar la cara. Ahora
tendrá que demostrar que la impunidad ha dejado de ser ley en México
2006
Marzo: La Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas es aprobada por el Senado de la República
2006
Abril: Se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la ley
2013
Mayo 27: La PGR y la Segob anuncian la creación de la Unidad Especial para Desaparecidos
La
tragedia de los miles de desaparecidos durante la guerra contra el
narcotráfico desatada durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012),
podría comenzar un capítulo alentador.
Tras la promulgación hace meses de la Ley de Víctimas, pese al anterior bloqueo del PAN, el Ejecutivo federal acaba de anunciar la creación de una Unidad de Desaparecidos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a presentar en un plazo de dos meses la estadística real sobre el número de víctimas.
Esta presentación pretende terminar con la polémica del baile de cifras entre ONGs y Gobierno. Según Osorio Chong, el número oficial de 26 mil, dado a conocer recientemente, englobaría en realidad a muchas personas no localizadas, gente que habría desaparecido de sus domicilios por cuestiones ajenas a la violencia.
Y es que las historias que se cuentan entre los familiares de los desaparecidos son muchas y contrastantes.
Madres que no encuentran a sus cuatro hijos. Esposas que solo han recibido el silencio como respuesta de las diferentes administraciones, cuando no la sospecha de que “algo había hecho la víctima”. O padres que recorren el país de punta a punta con las fotos de sus hijos por si alguien les da noticia.
“Solo espero que este Gobierno no nos defraude”, dijo María Herrera a Reporte Indigo, quien busca a sus cuatro hijos desde hace más de cinco años.
En su afán por conseguir justicia, además de varias marchas por la dignidad, madres como María hicieron una huelga de hambre de una semana este mes de mayo frente al edificio de la Procuraduría General de la República (PGR) en la capital.
Solo pararon su ayuno cuando fueron recibidas por las autoridades federales.
Y es que mientras no haya reparación, cada uno de los desaparecidos de este sexenio pesarán como una losa sobre el juicio que reserven los libros de historia a la polémica presidencia de Calderón.
Y la lupa está sobre la última administración panista.
La iniciativa ante la Corte Penal Internacional en la Haya por crímenes de guerra y contra la Humanidad promovida contra el expresidente y otros altos funcionarios, que ha recogido más de 24 mil firmas, sería un hito si alguien llegase a sentarse en el banquillo.
En junio de 2012, el entonces fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, habló con Reporte Indigo del caso México y sus víctimas de la guerra contra el narcotráfico.
“En los 80, los mexicanos negaban el problema del narcotráfico, pensaban que era cosa de colombianos que pasaban. Y ahora están desesperados por controlarlo”, dijo el fiscal en entrevista exclusiva.
“Así como México negó el problema, el mundo niega el problema del crimen organizado. Trabajando como fiscal, me parece que debería contribuir a generar mecanismos que pueden ser de intereses regionales –no de nacionales– para controlar estos fenómenos”.
Por lo pronto el gobierno de Enrique Peña Nieto ya dio el primer paso: dar la cara. Ahora tendrá que demostrar que la impunidad ha dejado de ser ley en México.
Hay luces encendidas
Especialistas en el tema coinciden que el anuncio del gobierno representa una luz en el camino, pero que todavía hay mucho por hacer
A seis meses de que inició la actual administración federal, algunos activistas sociales y expertos en la materia sostienen que se han encendido las luces en lo referente al tema de los desaparecidos.
Recientemente el poeta Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, indicó que el procurador, Jesús Murillo Karam, es uno de los pocos funcionarios del gabinete presidencial que comprende la tragedia humanitaria por la que atraviesa México.
En el mismo sentido, Santiago Corcuera Cabezut coincide al señalar como “muy positivo” el que autoridades de alto nivel –como Miguel Ángel Osorio Chong– estén dando la cara a las víctimas.
No obstante el tardío anuncio de crear la unidad especial, reconoce como acierto que se haya determinado buscar a todos los desaparecidos. Coincide con las víctimas en que ahora esta unidad resulta raquítica frente a la dimensión y complejidad del problema, pero considera es un punto de partida y confía que con el paso del tiempo se vaya fortaleciendo.
“Las luces están –dice el jurista a Reporte Indigo– pero no se debe quitar el dedo del renglón y hay que seguir exigiendo resultados para que no quede solo en palabras”.
El recién nombrado miembro del Comité sobre las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se considera una especie de traductor del dolor de los familiares. Entiende su lenguaje. Tras más de 10 años de reunirse con víctimas de desparecidos en México y otros países del mundo dice que los escucha hablar un mismo idioma.
Las madres de los desaparecidos hablan y gritan la lengua de la desesperación “porque no sienten que los gobiernos respondan con resultados, sino que solo hablan con discurso y estableciendo mecanismos de pantalla”.
El experto, reconocido por su labor desplegada en favor de los derechos humanos y de la eliminación de la práctica de la desaparición forzada, refiere que las medidas del Gobierno federal fueron consideradas por las víctimas como “insuficientes”.
A botepronto del anuncio hecho el pasado lunes, testimonios y charlas confirmaron que una unidad conformada por solo 12 funcionarios resulta “raquítica y muy débil”.
Algunas víctimas refieren la percepción de que el abrupto anuncio de la unidad fue simplemente una reacción para salir del paso de una incómoda situación: la huelga de hambre que realizaban hace unos días algunas madres de desaparecidos frente a la PGR.
Tras la promulgación hace meses de la Ley de Víctimas, pese al anterior bloqueo del PAN, el Ejecutivo federal acaba de anunciar la creación de una Unidad de Desaparecidos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a presentar en un plazo de dos meses la estadística real sobre el número de víctimas.
Esta presentación pretende terminar con la polémica del baile de cifras entre ONGs y Gobierno. Según Osorio Chong, el número oficial de 26 mil, dado a conocer recientemente, englobaría en realidad a muchas personas no localizadas, gente que habría desaparecido de sus domicilios por cuestiones ajenas a la violencia.
Y es que las historias que se cuentan entre los familiares de los desaparecidos son muchas y contrastantes.
Madres que no encuentran a sus cuatro hijos. Esposas que solo han recibido el silencio como respuesta de las diferentes administraciones, cuando no la sospecha de que “algo había hecho la víctima”. O padres que recorren el país de punta a punta con las fotos de sus hijos por si alguien les da noticia.
“Solo espero que este Gobierno no nos defraude”, dijo María Herrera a Reporte Indigo, quien busca a sus cuatro hijos desde hace más de cinco años.
En su afán por conseguir justicia, además de varias marchas por la dignidad, madres como María hicieron una huelga de hambre de una semana este mes de mayo frente al edificio de la Procuraduría General de la República (PGR) en la capital.
Solo pararon su ayuno cuando fueron recibidas por las autoridades federales.
Y es que mientras no haya reparación, cada uno de los desaparecidos de este sexenio pesarán como una losa sobre el juicio que reserven los libros de historia a la polémica presidencia de Calderón.
Y la lupa está sobre la última administración panista.
La iniciativa ante la Corte Penal Internacional en la Haya por crímenes de guerra y contra la Humanidad promovida contra el expresidente y otros altos funcionarios, que ha recogido más de 24 mil firmas, sería un hito si alguien llegase a sentarse en el banquillo.
En junio de 2012, el entonces fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, habló con Reporte Indigo del caso México y sus víctimas de la guerra contra el narcotráfico.
“En los 80, los mexicanos negaban el problema del narcotráfico, pensaban que era cosa de colombianos que pasaban. Y ahora están desesperados por controlarlo”, dijo el fiscal en entrevista exclusiva.
“Así como México negó el problema, el mundo niega el problema del crimen organizado. Trabajando como fiscal, me parece que debería contribuir a generar mecanismos que pueden ser de intereses regionales –no de nacionales– para controlar estos fenómenos”.
Por lo pronto el gobierno de Enrique Peña Nieto ya dio el primer paso: dar la cara. Ahora tendrá que demostrar que la impunidad ha dejado de ser ley en México.
Hay luces encendidas
Especialistas en el tema coinciden que el anuncio del gobierno representa una luz en el camino, pero que todavía hay mucho por hacer
A seis meses de que inició la actual administración federal, algunos activistas sociales y expertos en la materia sostienen que se han encendido las luces en lo referente al tema de los desaparecidos.
Recientemente el poeta Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, indicó que el procurador, Jesús Murillo Karam, es uno de los pocos funcionarios del gabinete presidencial que comprende la tragedia humanitaria por la que atraviesa México.
En el mismo sentido, Santiago Corcuera Cabezut coincide al señalar como “muy positivo” el que autoridades de alto nivel –como Miguel Ángel Osorio Chong– estén dando la cara a las víctimas.
No obstante el tardío anuncio de crear la unidad especial, reconoce como acierto que se haya determinado buscar a todos los desaparecidos. Coincide con las víctimas en que ahora esta unidad resulta raquítica frente a la dimensión y complejidad del problema, pero considera es un punto de partida y confía que con el paso del tiempo se vaya fortaleciendo.
“Las luces están –dice el jurista a Reporte Indigo– pero no se debe quitar el dedo del renglón y hay que seguir exigiendo resultados para que no quede solo en palabras”.
El recién nombrado miembro del Comité sobre las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se considera una especie de traductor del dolor de los familiares. Entiende su lenguaje. Tras más de 10 años de reunirse con víctimas de desparecidos en México y otros países del mundo dice que los escucha hablar un mismo idioma.
Las madres de los desaparecidos hablan y gritan la lengua de la desesperación “porque no sienten que los gobiernos respondan con resultados, sino que solo hablan con discurso y estableciendo mecanismos de pantalla”.
El experto, reconocido por su labor desplegada en favor de los derechos humanos y de la eliminación de la práctica de la desaparición forzada, refiere que las medidas del Gobierno federal fueron consideradas por las víctimas como “insuficientes”.
A botepronto del anuncio hecho el pasado lunes, testimonios y charlas confirmaron que una unidad conformada por solo 12 funcionarios resulta “raquítica y muy débil”.
Algunas víctimas refieren la percepción de que el abrupto anuncio de la unidad fue simplemente una reacción para salir del paso de una incómoda situación: la huelga de hambre que realizaban hace unos días algunas madres de desaparecidos frente a la PGR.
El expresidente del Comité Coordinador de los Procedimientos
Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, le da el beneficio
de la duda; la nueva unidad especial para desaparecidos no se puede
tardar en rendir los primeros resultados.
“Si no encuentran a los desaparecidos, vivos o muertos, estas mujeres van a decir que las volvieron a engañar.
“Están tan desesperados los familiares –subraya– que están al límite de la exasperación. Quieren tener resultados inmediatos y esto es algo que la autoridad debe comprender a cabalidad”.
Corcuera afirma que estas comisiones de búsqueda mejor se les debería llamar “comisiones de hallazgo” y que rindan resultados.
“La gente no tiene la piel sensible, tiene la piel en llagas. Lleva años de búsqueda, de sentirse revictimizada cuando solo escucha discursos y no ve avances tangibles”.
Para el juez nacional del TPP y profesor de la Universidad Iberoamericana la autoridad no puede seguir dando respuestas de que no se puede, de que no hay recursos ni buenos niveles de coordinación con las entidades federativas; de que no se han podido revisar las pruebas de ADN de las pilas de cadáveres que hay en la Semefo, de que les digan “vuelvan luego…”.
“Esa revictimización es con la que tiene que acabar este gobierno, si es que no quiere desesperar más a las víctimas”.
Aun con todo, destaca que él quiere ver la disposición gubernamental no como una pantalla sino como una luz. Lo nodal es que a las familas de los desaparecidos les proporcione hechos.
Sombras y desconcierto
Durante el anuncio que hizo la PGR sobre la creación de la Unidad de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas hubo “varios atropellos a la razón”
Así lo considera Juan López Villanueva, asesor legal de Fuerza Unida por Nuestros Desaparecidos en México (Fuundem), quien especifica que cuando la Segob afirmó que se pretende que el Estado mexicano acompañe la búsqueda que hacen las familias de los desaparecidos evidenció “la falta de visión jurídica, política y de estadista” del titular de esta dependencia.
El experto indica que el Estado mexicano está obligado a garantizar que todas las personas tengan vigentes todos sus derechos.
El abogado insiste en que no se trata de una cuestión subrogada o auxiliar sino de una función que el Estado tiene que dar. Que si bien el sistema jurídico mexicano reconoce la posibilidad de establecer una coadyuvancia en la investigación de un delito, en los últimos años esto se ha vuelto una sustitución de funciones.
“Lamentamos que el Estado se haya precipitado en un tema que implica cosas tan importantes como es el dar justicia a las personas desaparecidas”, apunta el asesor de la Fuundem.
Además de apresurada se considera que a través de la voz del Procurador el Estado se excusara de no tener facultades legales, lo que contraviene los artículos 14 y 16 que establecen que todo acto de la autoridad debe estar debidamente fundado y motivado.
La nueva unidad carece además de un espacio físico, estructura, facultades y cuenta solo con 12 agentes para hacer frente a 27 mil 500 desaparecidos que reportan las cifras oficiales.
La primera recomendación que ha hecho el grupo de trabajo de Naciones Unidas es que el Estado reconozca la magnitud de las desapariciones involuntarias y forzadas.
Por ello el hecho que no responda al nivel de la magnitud de la emergencia humanitaria que refieren las desapariciones desanima a muchas personas que están tratando de generar políticas públicas y presupuestales que gesten cambios estructurales en el tema de la desaparición.
Un vistazo al pasado
Fue una experiencia dolorosa, pero muy provechosa. En las recientes audiencias previas del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) se ventiló el tema de las ejecuciones y desapariciones en México.
En las jornadas, celebradas el 29 y 30 de mayo en el plantel Del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se puso de manifiesto la tragedia humanitaria a raíz de la política fallida implementada por el panista Felipe Calderón Hinojosa contra el crimen organizado.
Pero, además, se plantearon otros casos emblemáticos ocurridos en sexenios tricolores. Como cuando en plena administración de Ernesto Zedillo, concretamente el 9 de febrero de 1995, se echó a andar esa mecánica denominada “guerra de baja intensidad”.
Algunos expertos consideraron provechoso recordar a la sociedad que en esa época también se cometieron gravísimos crímenes contra algunas poblaciones civiles, en Chiapas y otras zonas del sureste mexicano.
En el encuentro, donde participaron familiares y representantes legales de las víctimas, así como de organizaciones populares y de derechos humanos, se buscaron los nexos de las desapariciones del pasado con el presente.
Las características comunes son la impunidad y el retraso en la procuración de justicia. Aunque también el TPP encontró que hay diferencias que dificultan la definición de lo que significa una desaparición en la actualidad.
Se habla de personas ausentes, extraviadas o no localizables, lo que algunos consideran meros eufemismos que se estrellan contra la cruda y cruel emergencia humanitaria.
Familiares de desaparecidos –congregados en las organizaciones Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) y Fuundem– rindieron sus testimonios ante el Tribunal Permanente de los Pueblos.
Exponiendo tres casos particulares que apuntaban hacia el esquema típico de una desaparición forzada, evidenciaron la complicidad trabada entre la delincuencia organizada y amplios sectores del Estado mexicano.
Más aún, aseguraron que quienes siguen buscando e investigando son los familiares de las víctimas, en lugar del Estado mexicano.
(REPORTE ÍNDIGO/
Viernes 31 de mayo de 2013) “Si no encuentran a los desaparecidos, vivos o muertos, estas mujeres van a decir que las volvieron a engañar.
“Están tan desesperados los familiares –subraya– que están al límite de la exasperación. Quieren tener resultados inmediatos y esto es algo que la autoridad debe comprender a cabalidad”.
Corcuera afirma que estas comisiones de búsqueda mejor se les debería llamar “comisiones de hallazgo” y que rindan resultados.
“La gente no tiene la piel sensible, tiene la piel en llagas. Lleva años de búsqueda, de sentirse revictimizada cuando solo escucha discursos y no ve avances tangibles”.
Para el juez nacional del TPP y profesor de la Universidad Iberoamericana la autoridad no puede seguir dando respuestas de que no se puede, de que no hay recursos ni buenos niveles de coordinación con las entidades federativas; de que no se han podido revisar las pruebas de ADN de las pilas de cadáveres que hay en la Semefo, de que les digan “vuelvan luego…”.
“Esa revictimización es con la que tiene que acabar este gobierno, si es que no quiere desesperar más a las víctimas”.
Aun con todo, destaca que él quiere ver la disposición gubernamental no como una pantalla sino como una luz. Lo nodal es que a las familas de los desaparecidos les proporcione hechos.
Sombras y desconcierto
Durante el anuncio que hizo la PGR sobre la creación de la Unidad de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas hubo “varios atropellos a la razón”
Así lo considera Juan López Villanueva, asesor legal de Fuerza Unida por Nuestros Desaparecidos en México (Fuundem), quien especifica que cuando la Segob afirmó que se pretende que el Estado mexicano acompañe la búsqueda que hacen las familias de los desaparecidos evidenció “la falta de visión jurídica, política y de estadista” del titular de esta dependencia.
El experto indica que el Estado mexicano está obligado a garantizar que todas las personas tengan vigentes todos sus derechos.
El abogado insiste en que no se trata de una cuestión subrogada o auxiliar sino de una función que el Estado tiene que dar. Que si bien el sistema jurídico mexicano reconoce la posibilidad de establecer una coadyuvancia en la investigación de un delito, en los últimos años esto se ha vuelto una sustitución de funciones.
“Lamentamos que el Estado se haya precipitado en un tema que implica cosas tan importantes como es el dar justicia a las personas desaparecidas”, apunta el asesor de la Fuundem.
Además de apresurada se considera que a través de la voz del Procurador el Estado se excusara de no tener facultades legales, lo que contraviene los artículos 14 y 16 que establecen que todo acto de la autoridad debe estar debidamente fundado y motivado.
La nueva unidad carece además de un espacio físico, estructura, facultades y cuenta solo con 12 agentes para hacer frente a 27 mil 500 desaparecidos que reportan las cifras oficiales.
La primera recomendación que ha hecho el grupo de trabajo de Naciones Unidas es que el Estado reconozca la magnitud de las desapariciones involuntarias y forzadas.
Por ello el hecho que no responda al nivel de la magnitud de la emergencia humanitaria que refieren las desapariciones desanima a muchas personas que están tratando de generar políticas públicas y presupuestales que gesten cambios estructurales en el tema de la desaparición.
Un vistazo al pasado
Fue una experiencia dolorosa, pero muy provechosa. En las recientes audiencias previas del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) se ventiló el tema de las ejecuciones y desapariciones en México.
En las jornadas, celebradas el 29 y 30 de mayo en el plantel Del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se puso de manifiesto la tragedia humanitaria a raíz de la política fallida implementada por el panista Felipe Calderón Hinojosa contra el crimen organizado.
Pero, además, se plantearon otros casos emblemáticos ocurridos en sexenios tricolores. Como cuando en plena administración de Ernesto Zedillo, concretamente el 9 de febrero de 1995, se echó a andar esa mecánica denominada “guerra de baja intensidad”.
Algunos expertos consideraron provechoso recordar a la sociedad que en esa época también se cometieron gravísimos crímenes contra algunas poblaciones civiles, en Chiapas y otras zonas del sureste mexicano.
En el encuentro, donde participaron familiares y representantes legales de las víctimas, así como de organizaciones populares y de derechos humanos, se buscaron los nexos de las desapariciones del pasado con el presente.
Las características comunes son la impunidad y el retraso en la procuración de justicia. Aunque también el TPP encontró que hay diferencias que dificultan la definición de lo que significa una desaparición en la actualidad.
Se habla de personas ausentes, extraviadas o no localizables, lo que algunos consideran meros eufemismos que se estrellan contra la cruda y cruel emergencia humanitaria.
Familiares de desaparecidos –congregados en las organizaciones Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) y Fuundem– rindieron sus testimonios ante el Tribunal Permanente de los Pueblos.
Exponiendo tres casos particulares que apuntaban hacia el esquema típico de una desaparición forzada, evidenciaron la complicidad trabada entre la delincuencia organizada y amplios sectores del Estado mexicano.
Más aún, aseguraron que quienes siguen buscando e investigando son los familiares de las víctimas, en lugar del Estado mexicano.
‘Sin verdad, no hay justicia’
Lo que más desea Aracelí Rodríguez es saber la verdad. Saber qué ocurrió durante esos seis días en que altos mandos de la Policía Federal no se percataron de la desaparición de su hijo y la de sus otros seis compañeros.
La madre de Luis Ángel León Rodríguez, policía federal, sargento primero, desaparecido desde el 16 de noviembre de 2009 resume así la lucha que libra desde hace más de tres años:
“Busco la verdad para que pueda haber justicia”. Y agrega: “Si es verdad que lo ejecutaron, quiero encontrar aunque sea un pedacito de mi hijo y de sus compañeros”.
Quiere tener la certeza de los exámenes de genética que avalen que realmente son ellos. Asegura que no se quedarán conformes hasta entender lo que pasó. Y que seguirá luchando “porque lo que me pasó a mí no quiero que le pase a nadie más”.
Reconoce que el anuncio de la Unidad Especial para Desaparecidos es bueno porque va a de acuerdo con la Ley General de Víctimas y responde a la petición de los familiares de las víctimas. Pero se le hizo “muy precipitado”.
Como otras víctimas piensa que falta fundamentarla correctamente con recursos, personas capacitadas, peritos, criminalistas, bancos de datos, de genética, etc.
“Si los gobernadores y los procuradores de los estados no se ponen las pilas… el gobierno federal no va a poder (...).
“Es un buen punto por algo se inicia. Pero tenemos claro que 12 ministerios públicos no van a funcionar”.
Junto con otros familiares de los afectados, Rodríguez anuncia que ahora pedirán a la Secretaría de Hacienda que libere un presupuesto adecuado. Sin recursos no hay investigaciones.
Este punto alude a la crítica hecha por Sicilia respecto a que resulta “increíble que se le condone una deuda a Televisa de 3 mil millones de pesos y se le dé tan poco dinero, le están dando el 0.014 por ciento nada más a la Ley de Víctimas; esto no contempla los protocolos y la necesidad inmensa que tiene el país”.
El ‘Caso México’ en la Corte Internacional
En junio de 2012, el entonces fiscal jefe de la Corte Penal Internacional habló en exclusiva para Reporte Indigo sobre el fenómeno de la violencia en el país
Hace un año, Antonio Navalón y Cristina López entrevistaron en exclusiva para Reporte Indigo al entonces fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo.
En relación a los abusos cometidos por la llamada guerra contra el narcotráfico el especialista dijo: “¡Sigan denunciando!”.
Y es que para el termino de la administración de Felipe Calderón el recuento de muertos en México se ubicó en más de 60 mil y un número incalculable de desaparecidos.
Sin embargo, en ese momento no se percibía una preocupación del Estado por documentar estos crímenes. A lo mucho, se habló de víctimas colaterales.
Fue por eso que entonces se comenzó a hablar en las cortes internacionales del “Caso México”.
A continuación reproducimos un extracto de la entrevista con el entonces fiscal jefe de la Corte Penal Internacional.
> Ha declarado a la prensa internacional acerca de aprovechar la experiencia quetiene México en la lucha contra el narcotráfico. Como medio mexicano, es untema que nos interesa especialmente.
En los 80, los mexicanos negaban el problema del narcotráfico, pensaban que era cosa de colombianos que pasaban. Y ahora están desesperados por controlarlo.
Así como México negó el problema, el mundo niega el problema del crimen organizado. Trabajando como fiscal, me parece que debería contribuir a generar mecanismos que pueden ser de intereses regionales –no de nacionales– para controlar estos fenómenos.
Si no, en 20 años, el mundo va a estar en manos del crimen organizado, o 100 países del mundo van a estar en manos del crimen organizado.
No es una cosa utópica, lo utópico es pensar que no debemos hacerlo. Nos van a matar a todos.
> ¿Se podría decir que los nuevos criminales contra la humanidad son los líderes de los cárteles, aunque eso no esté así registrado?
Lo que ocurre es que en los años 70 y 80, la violencia política era un fenómeno difícil de controlar, hoy no. Hoy hay una Corte Penal Internacional y hay una cultura.
La primavera árabe es una revolución contra el abuso del poder político. Entonces, me parece que eso está cambiando. Lo que pasa es que (…) en países como Guatemala, Brasil, México, Venezuela, hay niveles de violencia muy altos.
La Corte Internacional es útil para los líderes políticos. Para gente que quiere hacer poder político, porque necesita legitimidad. A un narcotraficante no le importa su legitimidad.
Contra un crimen organizado tenemos que inventar un modelo distinto, más parecido al europeo, como el Tratado de Lisboa, que generó una idea de una investigación regional.
> Supongamos que mañana el gobierno mexicano o una asociación de gobiernos le llamaran desde un planteamiento regional para resolver el problema del narcotráfico. ¿Por dónde empezaría?
Eso sería genial. Habría que empezar (…) primero a investigarlo, para ver cómo funciona. Una vez que se entiende cómo funciona la máquina, ves cómo la desmantelas. Si solo te ocupas en enfrentar al que está en la calle vendiendo drogas, la máquina lo reemplaza. Normalmente hay que seguir la plata. Vas a la plata y vas a la organización. También hay que desmontar a su gente. El problema es que el crimen organizado es complicado. (…) Hay que hacer una estrategia.
(En México) tenemos que esperar las elecciones, ¿no? Pero lo digo porque (…) los partidos tienen que decir: lo vamos a hacer serio y no con una oposición partidaria. Tiene que haber consenso y luego mucha astucia, porque es muy difícil, y nobasta con meter presa gente.
Lo que más desea Aracelí Rodríguez es saber la verdad. Saber qué ocurrió durante esos seis días en que altos mandos de la Policía Federal no se percataron de la desaparición de su hijo y la de sus otros seis compañeros.
La madre de Luis Ángel León Rodríguez, policía federal, sargento primero, desaparecido desde el 16 de noviembre de 2009 resume así la lucha que libra desde hace más de tres años:
“Busco la verdad para que pueda haber justicia”. Y agrega: “Si es verdad que lo ejecutaron, quiero encontrar aunque sea un pedacito de mi hijo y de sus compañeros”.
Quiere tener la certeza de los exámenes de genética que avalen que realmente son ellos. Asegura que no se quedarán conformes hasta entender lo que pasó. Y que seguirá luchando “porque lo que me pasó a mí no quiero que le pase a nadie más”.
Reconoce que el anuncio de la Unidad Especial para Desaparecidos es bueno porque va a de acuerdo con la Ley General de Víctimas y responde a la petición de los familiares de las víctimas. Pero se le hizo “muy precipitado”.
Como otras víctimas piensa que falta fundamentarla correctamente con recursos, personas capacitadas, peritos, criminalistas, bancos de datos, de genética, etc.
“Si los gobernadores y los procuradores de los estados no se ponen las pilas… el gobierno federal no va a poder (...).
“Es un buen punto por algo se inicia. Pero tenemos claro que 12 ministerios públicos no van a funcionar”.
Junto con otros familiares de los afectados, Rodríguez anuncia que ahora pedirán a la Secretaría de Hacienda que libere un presupuesto adecuado. Sin recursos no hay investigaciones.
Este punto alude a la crítica hecha por Sicilia respecto a que resulta “increíble que se le condone una deuda a Televisa de 3 mil millones de pesos y se le dé tan poco dinero, le están dando el 0.014 por ciento nada más a la Ley de Víctimas; esto no contempla los protocolos y la necesidad inmensa que tiene el país”.
El ‘Caso México’ en la Corte Internacional
En junio de 2012, el entonces fiscal jefe de la Corte Penal Internacional habló en exclusiva para Reporte Indigo sobre el fenómeno de la violencia en el país
Hace un año, Antonio Navalón y Cristina López entrevistaron en exclusiva para Reporte Indigo al entonces fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo.
En relación a los abusos cometidos por la llamada guerra contra el narcotráfico el especialista dijo: “¡Sigan denunciando!”.
Y es que para el termino de la administración de Felipe Calderón el recuento de muertos en México se ubicó en más de 60 mil y un número incalculable de desaparecidos.
Sin embargo, en ese momento no se percibía una preocupación del Estado por documentar estos crímenes. A lo mucho, se habló de víctimas colaterales.
Fue por eso que entonces se comenzó a hablar en las cortes internacionales del “Caso México”.
A continuación reproducimos un extracto de la entrevista con el entonces fiscal jefe de la Corte Penal Internacional.
> Ha declarado a la prensa internacional acerca de aprovechar la experiencia quetiene México en la lucha contra el narcotráfico. Como medio mexicano, es untema que nos interesa especialmente.
En los 80, los mexicanos negaban el problema del narcotráfico, pensaban que era cosa de colombianos que pasaban. Y ahora están desesperados por controlarlo.
Así como México negó el problema, el mundo niega el problema del crimen organizado. Trabajando como fiscal, me parece que debería contribuir a generar mecanismos que pueden ser de intereses regionales –no de nacionales– para controlar estos fenómenos.
Si no, en 20 años, el mundo va a estar en manos del crimen organizado, o 100 países del mundo van a estar en manos del crimen organizado.
No es una cosa utópica, lo utópico es pensar que no debemos hacerlo. Nos van a matar a todos.
> ¿Se podría decir que los nuevos criminales contra la humanidad son los líderes de los cárteles, aunque eso no esté así registrado?
Lo que ocurre es que en los años 70 y 80, la violencia política era un fenómeno difícil de controlar, hoy no. Hoy hay una Corte Penal Internacional y hay una cultura.
La primavera árabe es una revolución contra el abuso del poder político. Entonces, me parece que eso está cambiando. Lo que pasa es que (…) en países como Guatemala, Brasil, México, Venezuela, hay niveles de violencia muy altos.
La Corte Internacional es útil para los líderes políticos. Para gente que quiere hacer poder político, porque necesita legitimidad. A un narcotraficante no le importa su legitimidad.
Contra un crimen organizado tenemos que inventar un modelo distinto, más parecido al europeo, como el Tratado de Lisboa, que generó una idea de una investigación regional.
> Supongamos que mañana el gobierno mexicano o una asociación de gobiernos le llamaran desde un planteamiento regional para resolver el problema del narcotráfico. ¿Por dónde empezaría?
Eso sería genial. Habría que empezar (…) primero a investigarlo, para ver cómo funciona. Una vez que se entiende cómo funciona la máquina, ves cómo la desmantelas. Si solo te ocupas en enfrentar al que está en la calle vendiendo drogas, la máquina lo reemplaza. Normalmente hay que seguir la plata. Vas a la plata y vas a la organización. También hay que desmontar a su gente. El problema es que el crimen organizado es complicado. (…) Hay que hacer una estrategia.
(En México) tenemos que esperar las elecciones, ¿no? Pero lo digo porque (…) los partidos tienen que decir: lo vamos a hacer serio y no con una oposición partidaria. Tiene que haber consenso y luego mucha astucia, porque es muy difícil, y nobasta con meter presa gente.
La sociedad actúa
> El Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) fue admitido el 21 de octubre del 2011. A través de siete ejes o audiencias temáticas, cuyo término será en 2014, se denunciará y visibilizará ante la opinión pública nacional e internacional las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado mexicano que, hasta la fecha, permanecen impunes.
Comité sobre Desapariciones Forzadas
> El órgano lo conforman 10 expertos independientes, de alta calidad moral y reconocida competencia en derechos humanos, que supervisa la aplicación de la Convención por los Estados Partes.
Ruta de acción
1. Las autoridades tendrían que realizar las labores de investigación básicas sobre el tema.
2. Proporcionar reportes periódicos a las víctimas de lo que están haciendo que les resulten creíbles y que demuestren son conducentes a la obtención de resultados.
Ejemplos internacionales
> El gobierno tiene que revisar cómo países con menos recursos que México sí han tenido resultados. Los equipos de antropología de los gobiernos trabajan con un gran detalle dada la voluntad de sus gobiernos de obtener resultados.
> Está el caso de Argentina, de unos años para acá realiza un esfuerzo para encontrar a sus desaparecidos, incluso hasta en la punta de Los Andes.
> También está el de Marruecos, que ha hecho un esfuezo destacable en las exhumaciones para poder dar resultados concretos.
> El Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) fue admitido el 21 de octubre del 2011. A través de siete ejes o audiencias temáticas, cuyo término será en 2014, se denunciará y visibilizará ante la opinión pública nacional e internacional las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado mexicano que, hasta la fecha, permanecen impunes.
Comité sobre Desapariciones Forzadas
> El órgano lo conforman 10 expertos independientes, de alta calidad moral y reconocida competencia en derechos humanos, que supervisa la aplicación de la Convención por los Estados Partes.
Ruta de acción
1. Las autoridades tendrían que realizar las labores de investigación básicas sobre el tema.
2. Proporcionar reportes periódicos a las víctimas de lo que están haciendo que les resulten creíbles y que demuestren son conducentes a la obtención de resultados.
Ejemplos internacionales
> El gobierno tiene que revisar cómo países con menos recursos que México sí han tenido resultados. Los equipos de antropología de los gobiernos trabajan con un gran detalle dada la voluntad de sus gobiernos de obtener resultados.
> Está el caso de Argentina, de unos años para acá realiza un esfuerzo para encontrar a sus desaparecidos, incluso hasta en la punta de Los Andes.
> También está el de Marruecos, que ha hecho un esfuezo destacable en las exhumaciones para poder dar resultados concretos.
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