Descubierta una red de tráfico internacional de niños en Jalisco, Colima y Aguascalientes; enganchaban a mujeres pobres y “arrendaban” a sus hijos. Se denuncia a funcionarios jaliscienses involucrados.
Karla Paola Zepeda, de 17 años, y Gabriela Velázquez, de 15, durante el arraigo en un cuarto de la mamá de la primera en Zapopan, el 21 de enero. Foto: Maricarmen Rello
GUADALAJARA, Jal.- Ni los anuncios en el periódico buscando mujeres
para ayudarlas en su desgracia de estar embarazadas, ni las denuncias
intermitentes por adopciones irregulares en Jalisco, ni tampoco el inusitado
número de extranjeros que llegaron a residir en nuestro país con la intención de
adoptar bebés mexicanos bastaron para dar la voz de alerta. Fue la detención
(producto de un chivatazo) de una mujer que intentaba vender a su hija de dos
años, lo que obligó a las autoridades de la entidad a iniciar acciones legales
en contra de lo que después confirmó que era una red de tráfico infantil
internacional. Un escándalo relacionado con la venta disfrazada de bebés a
parejas (en su mayoría de origen irlandés) que buscan adoptarlos.
Más de 20 años tuvieron que transcurrir para que se descubriera la operación
de esta red, cuya cabeza visible es el despacho jurídico López y López Asociados
SA, asentado en esta ciudad capital, a cargo del abogado Carlos López
Valenzuela, según se indica en la averiguación previa AP/135/12, que abrió la
Procuraduría General de Justicia del estado de Jalisco (PGJEJ). Tras dos semanas
de indagatorias, en las que también participó la Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), se acreditaron
elementos para la atracción del caso por la Procuraduría General de la República
(PGR).
Hasta el 31 de enero eran nueve las personas arraigadas por su presunta
responsabilidad en el tráfico internacional de infantes, entre ellas Guadalupe
Soto Abundis y Guadalupe Lizeth Bosques Montaño, de 32 y 31 años de edad,
quienes llevaban los contratos y los cheques de pago; Cecilia Velázquez, en cuyo
domicilio las madres biológicas entregaban a los bebés, y María Félix Sandoval
Luna, Marina Elizabeth Estrada Sandoval y Laura Altagracia Estrada García.
Respecto a los ciudadanos irlandeses, sólo 15 rindieron su declaración
ministerial, aunque son 12 las parejas señaladas por encontrarse tramitando
adopciones desde fines de 2011. Todos los extranjeros abandonaron ya el
país.
Fue el organismo civil Fundación de Niños Robados y Desaparecidos AC (Find)
la instancia que denunció el tráfico de infantes ante la PGR el pasado viernes
13 de enero. Entregó documentos y nombres de las 12 parejas, y solicitó la
atracción federal del caso argumentando tanto su competencia ante la dimensión
del delito, como la desconfianza en las autoridades locales.
Juan Manuel Estrada Juárez, presidente de esa asociación, sostuvo que ya
había alertado a funcionarios del gobierno estatal, incluido el ex procurador
social de Jalisco, Pedro Ruiz Higuera, de las irregularidades observadas en al
menos un centenar de adopciones de niños de Jalisco que fueron concretadas en
Colima en el último año. También dijo que la secretaria ejecutiva del Consejo
Estatal de Familia órgano del DIF Jalisco a cargo de las adopciones, Claudia
Corona Marseille, sabía del tema y fue omisa para solicitar la intervención.
Por su parte, Blanca Arcelia Barrón Rosales, jefa de la División de la
Coordinación de Delitos en Agravio de Menores, Sexuales y de Violencia
Intrafamiliar de la PGJEJ, confirmó que esta red operaba desde 1990, ya que enganchaba a madres necesitadas de apoyo económico (MILENIO Jalisco,
20 de enero de 2012).
Por si fuera poco, la PGJEJ informó que cuatro de los 10 bebés asegurados
presentan indicios de abuso sexual, confirmado por exámenes periciales, aunque
se desconoce si estos agravios fueron ocasionados durante la estadía de los
niños con los irlandeses, con quienes habrían pasado entre 15 días y un mes,
según se desprende de contratos de arrendamiento de los menores de edad,
suscritos como parte de la operación de esta red, y de los cuales M
Semanal tiene copia.
Salvador Cosío, presidente de Conciencia Cívica AC —agrupación que ha
encabezado tres conferencias de prensa sobre el tema en la última semana—,
refirió que Jalisco es uno de los destinos de turismo sexual infantil en México,
y que “hay elementos suficientes para presumir que podríamos estar ante un caso
de pornografía o explotación sexual infantil.
Contratos de arrendamiento de infantes de López y López
Asociados.
FALSOS CONTRATOS DE PUBLICIDAD
El nueve de enero la policía municipal de Zapopan recibió una denuncia y
detuvo a Laura Fabiola Carranza Talamantes, de 21 años de edad, en una avenida
de una colonia residencial al poniente de esta ciudad. Ahí supuestamente
vendería a su hija, de dos años de edad, por 15 mil pesos. Su detención destapó
la operación de una red delincuencial al descubrir que tenía un contrato de
arrendamiento de su otro hijo, Alejandro Raúl, de apenas ocho meses de
nacido.
En la documentación que fue asegurada por la policía de Zapopan, hay
contratos privados en los que se acuerda la custodia temporal de bebés, que eran
la antesala para obtener la cesión de la custodia del menor y para calmar los
reclamos familiares por la ausencia de los pequeños. El suscrito por Laura
Fabiola está fechado el martes 27 de diciembre de 2011. El documento dice así:
Por medio de la presente yo Laura Fabiola Carranza Talamantes hago constar que
dejo en custodia temporal a mi hijo Alejandro Raúl Carranza Talamantes, por
motivo de trabajo publicitario en beneficio del despacho jurídico Asociados
López y López, que está a cargo del Lic. Carlos López Valenzuela. La custodia
será entregada por mutuo acuerdo de los padres hacia los beneficiados. Se
extiende la presente para hacer de su conocimiento de las personas quienes
tendrán a cargo al niño Alejandro Raúl Carranza Talamantes.
La hoja tiene membrete del despacho jurídico López y López Asociados SA, y se
indica que están a cargo del bebé la señora Gpe. Bosquez Montaño (sic) quien firma como tutor temporal y, como enfermera y nana, María del Carmen
Quiñonez Muñoz. Ambas mujeres están bajo arraigo. Firma la madre y hay un
espacio con la firma legal.
En el contrato se fija el pago de 500 pesos diarios por los servicios de
fotografía publicitaria en diferentes paisajes y lugares de Jalisco, y que la
custodia será por 15 días, a partir del 28 de diciembre del 2011 y hasta el 19
de enero del 2012; la custodia regresaría a sus padres en el transcurso del 20
de enero del 2012.
Al reverso, llenado a mano, se establece que el nueve de enero se entrega al
niño Alejandro Raúl y que no se le pagará la cantidad acordada por
incumplimiento del contrato. El menor fue recibido por la tía paterna Elisa
Chávez García.
Los otros documentos son similares en los términos de contratación, pago,
tipo de servicio y hasta cláusula por incumplimiento de contrato. Uno de ellos
es signado por Cecilia Velázquez Díaz, madre de la menor Karla Paola Zepeda
Velázquez, de 15 años de edad, quien cedió en custodia temporal a su hija Camila
Yreth Velázquez, con fecha 16 de agosto de 2011; dos más firmados por Cruz
Guadalupe Gutiérrez Moreno, con fechas del nueve y 30 de diciembre de 2011,
quien cede a su hija Janeth del Rosario Gutiérrez Moreno en estas dos ocasiones,
así como otro más firmado por Elisa Chávez García el 27 de diciembre de ese
mismo año, quien a su vez cede la custodia temporal de su hijo Ángel Alejandro
Chávez García.
Sin embargo, de Laura Fabiola se obtuvo además el consentimiento firmado para
que su bebé emigrara en definitiva a Irlanda, como parte de la adopción que el
matrimonio conformado por Mark Joseph Buckley Williams y Grainne Mary Fitzgerald
Doyle tramitaba ante un juez de lo familiar en la capital del vecino estado de
Colima.
Juan Manuel Estrada Juárez, presidente de Fundación de
Niños Robados y Desaparecidos AC (Find). Foto: Maricarmen Rello
LAS MADRES
Personal de la PGJEJ se presentó en los domicilios de siete madres biológicas
que entregaron a sus hijos; seis de ellas firmaron los supuestos contratos de
publicidad. Excepto una, todas fueron liberadas tras declarar. En todos los
casos se retuvo a los hijos que se encontraban con sus familias, y ya no con los
irlandeses, pues las intermediarias antes de ser arraigadas los devolvieron
tras la detención de Laura Fabiola.
M Semanal entrevistó a cinco de las madres que ya rindieron su
declaración ante la PGJEJ; dos más se negaron a la entrevista y no se tuvo
acceso a Laura Fabiola, quien fue arraigada antes. Las entrevistadas admiten
haber entregado a los menores de edad para una campaña de publicidad, y a
cambio les prometieron 500 pesos diarios. Algunas recibieron hasta siete mil 500
pesos, y una de ellas nada, pues le devolvieron a su hija porque ésta no paraba
de llorar. Sin embargo, sostienen que las mujeres que les pagaban, Silvia
Guadalupe Soto Abundis y Guadalupe Lizeth Bosquez Montaño, nunca les hablaron de
adopción. En cambio, les insistían en los muchos beneficios para ayudarse económicamente, mientras los bebés eran muy bien cuidados por nanas. Las
madres se dicen engañadas y afirman desconocer que sus hijos iban a parar a los
hogares provisionales de parejas irlandesas.
María Isabel Hernández Valencia, de 33 años de edad, es madre soltera y
sostiene a cinco hijos. Originaria de Pátzcuaro, Michoacán, dejó la escuela en
segundo grado de primaria, por lo que apenas lee y escribe con dificultad. Llegó
a Jalisco hace unos 10 años, a un asentamiento en la periferia de Zapopan,
conocido simplemente como Los Terrenos, que alberga a decenas de familias en
extrema pobreza.
María Isabel cuenta que se llevaron a su bebé un solo día. Pese a las
advertencias de sus familiares, no creyó que se tratara de algo malo.
Fue un
engaño lo que nos hicieron a nosotros. A mí me dijeron que me iban a dar 500
pesos diarios si yo prestaba a mi niña... Yo sí la presté, pero luego luego me
la regresaron ese día en la noche porque no paraba de llorar, porque como yo le
estaba dando de comer no quería el bibi... Y ya no me la volvieron a
pedir.
La mujer no firmó nada, ni recibió dinero, a diferencia de las otras seis
madres llamadas a declarar por la PGJEJ. Sin embargo, al igual que ellas, le
retiraron a su niña, de nombre Mayté Ulani.
Yo no sabía qué les estaban haciendo a los niños. Como habían dicho que era
una campaña de Gerber, unas fotos de publicidad, yo decía que no les hacen nada
a los niños.
La última vez que vio a su hija fue el jueves 11 de enero en la PGJEJ. No
sabe cuándo le van a devolver a su bebé. A lo mejor nosotros sí somos culpables
de eso, de prestar a los niños, pero fue un engaño, se lamenta, ahogada en
llanto. Ninguna más llora.
Elisa Chávez García tiene 22 años y es madre de tres hijos. Vive en unión
libre con el padre de los niños, aunque los registró a su nombre para obtener
apoyos para madres solteras. No sabe leer ni escribir. Sólo sabe garrapatear Elisa y así firma. Fue Leticia, madre de apenas 17 años, quien le habló sobre
los apoyos de 500 pesos diarios a cambio de prestar a sus bebés para tomarles
fotos. Ella dudó, pero animada por la amiga, que también entregó a su bebé,
hizo lo propio.
Nos iban a dar 500 pesos diarios si yo prestaba a mi niño, y ellos les
compraban pañales, leche, todo, y así me lo iban a recibir. La primera vez no
quise, pero ya después vino y sí me animé, acepta. En un primer contrato, cedió
al bebé 15 días, y luego se lo devolvieron. Ella recibió dos mil 500 pesos en
efectivo cuando se lo llevaron, y al entregárselo le dieron un cheque por cinco
mil más. En la segunda ocasión, el bebé estuvo fuera 11 días. Esta vez no
recibió dinero, pero sí la detuvieron. Estaba detenida cuando las mujeres de los
contratos le devolvieron el niño a su pareja, a quien citaron en una
gasolinera.
María Amparo González Luna, directora de Casa Hogar
Cabañas.
LOS BEBÉS
La PGJEJ aseguró en total a 10 bebés y a todos los llevó al albergue Casa
Hogar Cabañas, incluyendo a un hijo de una de las nanas arraigadas, por lo que
su abogado defensor, Jaime Maldonado, argumenta que fue ilegal, ya que dicho
menor estaba fuera de los contratos de arrendamiento.
Nosotros nomás tenemos que atenderlos lo mejor posible, no tenemos nada que
opinar ni qué ver, dijo la directora de este bicentenario albergue, María
Amparo González Luna, tras sostener que en general observa a los infantes en
buen estado. Yo los vi bien; como todos los niños, lloran, les cuesta trabajo
adaptarse, y no comen bien al principio, a veces. Hay algunos que comen
perfectamente.
Sobre el abuso sexual, respondió: Yo no me he dado cuenta; yo no los cambio,
los cambian las otras muchachas, pero no me han dicho nada especial, refirió.
También dijo desconocer los detalles del proceso legal y que será la PGJEJ la
que determine si entregará a los bebés a las madres biológicas, que han
solicitado el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, o si
el Estado peleará la pérdida de custodia.
REPARTE CULPAS
Las autoridades hicieron un cateo en el despacho del abogado Carlos López
Valenzuela, quien ya había tramitado un amparo para evitar ser detenido,
mientras que su hijo, Carlos López Castellanos, ex agente del Ministerio
Público, también es buscado por su presunta participación en esta red. López
Valenzuela se dedica al trámite de adopciones internacionales desde hace vario
años, y es representante de la Asociación de Padres Adoptivos en Nueva York.
En su declaración, López Valenzuela señaló a la trabajadora social Itzel
Escobedo Arellano, empleada de Vida y Familia AC (Vifac), de ser el enlace con
las madres biológicas, y relató que empleadas de Vifac organismo con sede en
varios estados llevaban a los niños liberados para adopción a
Aguascalientes.
Los directivos de Vifac no han concedido entrevistas sobre esa denuncia,
mientras que el Consejo Estatal de Familia se deslindó primero en entrevista y
después a través de un comunicado oficial remitido por el gobierno estatal de
cualquier relación con estas adopciones y de conocer siquiera los trámites de
adopción en Colima. La Procuraduría Social admitió la facilidad de concretar
adopciones en esa entidad porque tiene leyes más laxas.
Por su parte Find denuncia que los niños salían de la entidad por varios
días, y que los gastos corrían a cargo de los irlandeses.
La PGJEJ no tiene certeza del total de adopciones que sí se concretaron. Las
nanas calcularon que cuidaron a unos 50 niños que iban a ser dados en adopción a
irlandeses.
En días pasados, el gobernador del estado, el panista Emilio González
Márquez, tuvo una reunión sobre estas denuncias con funcionarios cercanos. No
hubo acuerdos sustantivos para resolver lo que amenaza con convertirse en una
bomba política.
Madres arraigadas por "alquilar" a sus hijos.
Traslada la SIEDO al DF a los implicados en tráfico de infantes
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
(SIEDO) atrajo el caso de la red de tráfico de menores en la que están
involucrados ciudadanos de Irlanda, informó el procurador de Jalisco, Tomás
Coronado Olmos. El área especializada en delitos contra menores y violencia
intrafamiliar solicitó el levantamiento del arraigo de las nueve personas
involucradas, el cual fue obsequiado en el transcurso de la tarde del primero de
febrero, detalló Coronado Olmos desde Guadalajara.
Debido a esto, las nueve personas que se encontraban arraigadas por parte de
la Procuraduría General de Justicia del estado de Jalisco (PGJEJ) fueron
trasladadas al Distrito Federal esa misma noche. Estas personas son: Ricardo
Iván Estrada Sandoval, Mario Meléndez Orozco, Laura Fabiola Carranza Talamantes,
María Félix Sandoval Luna, Marina Elizabeth Estrada Sandoval, Laura Altagracia
Estrada García, Silvia Guadalupe Soto Abundis, Guadalupe Lizeth Bosques Montaño
y Cecilia Velázquez Díaz.
El caso provocó que el gobierno de Irlanda lanzara una alerta para que sus
ciudadanos evitaran viajar a México para hacer adopciones; respecto a los
irlandeses que ya declararon en el Ministerio Público el procurador dijo que los
tienen debidamente identificados, sobre todo cuando hay una colaboración
internacional. Los irlandeses están a reserva, pues no hubo elementos
suficientes para mantenerlos retenidos legalmente, añadió.
Coronado Olmos indicó también que la procuraduría realizó un operativo en el
cual se hicieron 14 cateos, y hubo infinidad de documentos y computadoras
aseguradas que van a servir para el procedimiento de
investigación.
(Redacción M Semanal)
Reformas legales
Con el planteamiento de modificar el esquema bajo el cual se llevan a cabo en
Jalisco las adopciones, la diputada Mariana Fernández Ramírez formalizó ante el
pleno del Congreso del estado una iniciativa para reformar distintos
ordenamientos. Entre los principales cambios, se prevé la creación de un consejo
consultivo y de un banco de tutores.
Para Fernández Ramírez, actualmente hay una deficiente coordinación entre el
Consejo Estatal de Familia (CEF) y los albergues que reciben a los menores.
Explicó que el estado no tiene la capacidad para hacerse cargo de los niños bajo
su tutela, por lo que más de 85 por ciento de los menores se resguarda en
instituciones privadas bajo un procedimiento desconocido.
Admitió que su iniciativa podría calificarse como simple, ya que tiene como
objetivo establecer reglas claras en el manejo del CEF y darle una estructura
jurídica que responda a sus necesidades, y poder especificar sus atribuciones y
obligaciones para la guarda y custodia de menores.
En los procedimientos, indicó, se deberá sistematizar la información y dar
prioridad a la reinserción de los menores al núcleo familiar.
Además, la diputada aclaró que su propuesta no es una cacería..., se trata
de poner las reglas claras para todos los jaliscienses; establecer un mecanismo
jurídico que garantice la seguridad de los menores e incapaces y que permita
buscar un mejor desarrollo.
Los cambios propuestos son: la desaparición del CEF como un órgano
desconcentrado del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, ya que éste,
a su vez, es un organismo público descentralizado; se crearía el Consejo Estatal
de Adopciones, cuyo secretario técnico será elegido por el gobernador, pero
incluiría la participación de representantes de asociaciones civiles, barras o
colegios de abogados, trabajadores sociales y psicólogos, y la prohibición de
las adopciones de niños no nacidos, para evitar que se firmen convenios con
mujeres cuando estén embarazadas, entre otros cambios.
Además, para que se conceda una adopción, deben existir dictámenes previos en
distintas áreas y se deben crear tres bancos de información sobre instituciones
civiles, tutores y menores bajo tutela del Estado.
(Sonia Serrano
Íñiguez)
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