Ante
la incapacidad del gobierno del Estado de México de darles escuela a
todos los niños y jóvenes, comunidades de varios municipios mexiquenses
crearon instituciones educativas informales para acoger a miles de
menores desatendidos y, de paso, darle cumplimiento al artículo tercero
constitucional. Pero a partir de julio último, educar sin pertenecer al
aparato burocrático es un delito tan grave como el homicidio. La nueva
disposición –ya incluida en el Código Penal– se impulsó por iniciativa
de un diputado del Panal, organización ligada desde su origen a Elba
Esther Gordillo.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Desde hace ocho años
Silvia Ortega recorre cada mañana el populoso caserío de Valle de Chalco
en camino a su centro laboral. A partir de las siete comienza a recibir
niños en un centro infantil y durante 12 horas los cuida, alimenta e
instruye mientras sus madres –asalariadas, empleadas domésticas o
mujeres que superviven en la actividad informal– trabajan.
Como en
todo el Estado de México, la nomenclatura de su recorrido repasa
nombres surgidos de un lugar llamado Atlacomulco: Isidro Fabela, Alfredo
del Mazo, Carlos Hank… o los de expresidentes priistas en calles que
cruzan la avenida Solidaridad.
El centro infantil “por
cooperación”, del cual Silvia es encargada, es la única opción para que
los hijos de unas 30 mujeres tengan instrucción preescolar y ellas
puedan cumplir su jornada laboral. Sin embargo Silvia, quien se graduó
como educadora, se apresura a clarificar: no es escuela, es centro
comunitario; no hay asistentes educativas sino facilitadoras; “no soy
maestra… ya no sé ni qué soy”.
El pasado 17 de julio la Gaceta del
Gobierno del Estado de México publicó el decreto número 110 relativo al
nuevo delito de “impartición ilícita de la educación” contenido en los
artículos 148 y 176 del Código Penal mexiquense. Ahí se establece que
quien no tenga autorización del gobierno estatal para impartir educación
será sujeto a una pena de cinco a 10 años de cárcel y a una multa de
mil a mil 500 días de salario mínimo, castigo que se agrava si quien lo
comete trabaja además en el sector educativo oficial.
Conforme al
código mexiquense un secuestro es menos pernicioso que dar clases sin
permiso y tan grave como matar. La privación ilegal de la libertad tiene
como pena máxima cuatro años y multa de 30 a 100 días de salario
mínimo. Un homicidio simple se castiga con 10 años de prisión y una
multa de 250 a 375 días de salario.
Por eso Silvia Ortega tiene
cuidado de no llamarse maestra o designar el centro del que es encargada
como escuela y de generar todos los eufemismos necesarios para no
violar la ley ni siquiera de palabra.
Escuelas clandestinas
Desde
hace 15 años América Sánchez ha intentado cumplir con los planes de
estudio de preescolar. Se dice orgullosa de otorgar beca completa a 20%
de los niños que asisten a su centro comunitario en Valle de Chalco. Son
los niños más pobres.
Al fondo un maestro de música enseña a leer
en pentagrama; al lado, en otra aula, los niños repasan un vocabulario
en inglés. Es una atmósfera escolar envuelta en vapores de comida en
cocción. América lamenta no poder incorporar su escuela al sistema
oficial por los altos costos que eso implica. Y sólo cobra 400 pesos
mensuales por niño.
“Trabajamos en la clandestinidad”, dice.
América,
como Silvia y muchos encargados o dueños de “centros por cooperación”
de Valle de Chalco, Chimalhuacán, Los Reyes La Paz o Ixtapaluca,
agrupados en la Unión de Bases Autogestivas Democráticas Emiliano Zapata
(UBADEZ), interpusieron un recurso de amparo a finales de agosto
último.
“El estado abandonó su obligación de educar. Nosotros
asumimos esa responsabilidad y ahora nos criminalizan”, dice Nayely
Itzel González, cuyo centro sí está incorporado a la SEP.
El
pasado 28 de agosto la organización internacional Save the Children, el
movimiento independiente más grande del mundo en favor de la infancia,
interpuso también un amparo contra la criminalización de la educación en
el Estado de México.
El abogado de ese organismo, Andrés González
Contró refiere las condiciones de la omisión estatal. Conforme al sexto
informe de gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México
(2011), la cobertura en preescolar fue de 72.2% en esa entidad. Al
contrastar los datos de la Secretaría de Educación mexiquense con los
del Consejo Nacional de Población se dimensiona el volumen del problema:
342 mil niños no tuvieron lugar en instituciones públicas de
instrucción preescolar.
“Es irrefutable que el Estado de México no
cuenta con los recursos económicos ni con la planta magisterial ni
menos aún con la infraestructura necesaria para cumplir con su
obligación de proporcionar educación pública a todos sus niños y niñas,
mucho menos que ésta se adapte a las necesidades comunitarias, como sí
ocurre con los centros comunitarios”, afirma.
La demanda de amparo
interpuesta por Save the Children considera que el nuevo delito
incluido en el Código Penal mexiquense viola los primeros cinco
artículos de la Constitución federal:
El 1, pues atenta contra la
igualdad y discrimina la profesión del docente y la impartición de la
libre enseñanza. El 2, por atentar contra la libre determinación y
autonomía de pueblos y comunidades indígenas (pues hay muchos centros en
esas zonas). El 3, que establece el derecho a la educación. El 4, que
obliga al Estado a velar y cumplir con el principio de interés superior
de la niñez. Y el 5, el cual garantiza la libertad de profesión.
“El
garrafal error de la entrada en vigor de ese bodrio de ley ni siquiera
daría cabida en todos los centros de reclusión para encarcelar tanto a
docentes delincuentes como a padres cómplices de 342 mil niños”,
sostiene González luego de citar los preceptos que considera violados de
otras leyes federales y tratados internacionales.
Calidad comunitaria
En
un rincón de Los Reyes La Paz un asentamiento irregular perdura con esa
condición aunque surgió hace unos 20 años. Calles tan estrechas como
los ingresos de sus habitantes, vecindarios regularizados ya donde
subsisten aún viviendas con arquitectura de cartón y lámina. Resonancia
de movimiento popular, colonia, calle y secundaria se llaman Ricardo
Flores Magón.
Como todos en el lugar, la secundaria 839 inició
trabajos hace 14 años en una casa de cartón. Hoy ocupa un modesto
inmueble que en ese entorno adquiere proporciones de lujo. Aunque es
escuela pública, pisos y paredes son de buena calidad y todos los
alumnos tienen computadoras con internet (sólo dos de ellos tienen esa
ventaja en casa). Esos lujos son producto de la organización comunitaria
y la donación particular… nada vino del erario.
Sus maestros
forman parte de la UBADEZ y el director, Raúl Campos Yépez, ejemplifica
con ese centro de estudios los resultados de la organización
comunitaria, ahora que la evaluación educativa es invocada dentro de los
ímpetus reformistas: en el Concurso de Ingreso a la Educación Media
Superior, uno de sus alumnos obtuvo 99.7 de calificación, la más alta en
la región.
En total 48 organizaciones han desarrollado centros
–algunos comunitarios, otros por cooperación– para todos los niveles
educativos. Para Campos Yépez la criminalización de sus actividades
atenta contra los procesos comunitarios, contra la libre determinación
de los ciudadanos y en el caso de preescolar (donde la mayoría de los
docentes son mujeres), contra el avance en los procesos de realización
de género.
El pasado 6 de julio otras 17 organizaciones, entre
ellas la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) y maestros
disidentes de las secciones 17 y 36 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) integraron la Coordinadora
Magisterial Popular Mexiquense.
Óscar Hernández Neri, integrante
de esa coordinadora, destacó que el control sindical y administrativo en
las escuelas públicas generaba un ambiente de represión, manifiesto en
la persecución judicial contra el dirigente de la UPREZ Felipe Rodríguez
Aguirre.
Originalmente los profesores de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación y de la UPREZ buscaron plazas
magisteriales, pero no las consiguieron. Ante la demanda de educación
generaron las escuelas comunitarias. La UPREZ imparte hasta educación en
nivel de licenciatura.
Y este tipo de centros no es exclusivo del
movimiento popular pues han surgido algunos desde comunidades
eclesiales de base o a iniciativa de ciudadanos y maestros, todo ante la
omisión estatal.
En este contexto conflictivo nacional motivado
por la aprobación de la reforma educativa, se aprobó en el Estado de
México el nuevo delito. La propuesta fue hecha por el diputado Marco
Antonio Rodríguez Hurtado del Partido Nueva Alianza (Panal, fundado por
la expresidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo) y aprobado con la
votación mayoritaria del PRI.
Dado ese antecedente González Contró
expone: “No es remoto entender el origen de dicha reforma, tendiente a
consolidar la hegemonía del anotado sindicato. No debe permitirse, por
tanto, que los intereses de grupo, la falta de estudio o reflexión e
incluso negligencia impidan ejemplos exitosos de autogestión que
garantizan derechos fundamentales a niños y niñas y que el Estado, en
sus tres niveles de gobierno, no ha cubierto”.
/4 de octubre de 2013 )
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