MÉXICO,
D.F. (apro).- Enrique Peña Nieto y su grupo político llevan diez meses
en la Presidencia de la República, ejerciendo el poder, y aún no han
podido eliminar por completo la huella que dejó el Monexgate; las dudas
sobre los montos, origen y destino de millonarios recursos utilizados en
su campaña electoral se siguen discutiendo en la primera instancia de
investigación, el Instituto Federal Electoral.
Cuando el PAN hizo
la denuncia aquel 26 de junio de 2012 habló del uso de 700 millones de
pesos para la compra y coacción del voto a través de monederos
electrónicos de la institución financiera Monex; dos días después el IFE
reveló que sí existían las tarjetas Monex pero el monto alcanzaba, con
mucho, la cifra de 70 millones de pesos.
A partir de ahí empezó la
llegada a cuentagotas del sustento documental de cientos de tarjetas
Monex emitidas por dos empresas mercantiles: Inizzio y Efra, la primera
propiedad de un hombre que gusta de solicitar créditos con nombre
ficticio y el propio; de un personaje que es conocido entre quienes
buscan evadir el fisco y hacer maniobras financieras para dispersar
recursos y evitar multas millonarias.
La segunda propiedad de
Emilio Fraga, un viejo priista quien junto con sus hijos creó la empresa
Efra y el despacho GAP, que le prestó sus servicios a Enrique Peña
Nieto durante su paso por la gubernatura del Estado de México.
El
caso Monexgate empezó a revelar, gracias a los medios de comunicación y
la información que ciudadanos recabaron, la participación no sólo de una
veintena de empresas fachadas para dispersar el recursos sino sobre
todo y más importante aún la complicidad del sistema bancario y sus
filiales como Soriana.
Desde el 23 de enero de 2013 se analizó en
el consejo general del IFE el caso Monexgate; el PRI pretendió dar por
concluido el tema y así borrar todo vestigio de duda sobre su candidato
ya entronizado presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Sin
embargo, consejeros electorales como Alfredo Figueroa, Benito Nacif y
el propio Lorenzo Córdova detectaban en cada sesión puntos no
coincidentes con el encargado de exonerar al PRI de toda violación a la
ley, Alfredo Cristalinas Kaulitz; expusieron sus argumentos e incluso en
más de una ocasión presentaron evidencias que hacían inevitable
solicitar una nueva indagatoria, una nueva línea de investigación
relacionada con el Monexgate.
Incluso, Luis Vega, otro de los
hombres de confianza de Peña Nieto y que fue ubicado como secretario de
finanzas y administración del PRI al inicio de la campaña presidencial,
llegó a decir que después de enero dejaría el cargo para irse al
gabinete. La apuesta era que ese 23 de enero el IFE concluyera el caso
Monexgate, y como Vega había sido uno de los operadores del dinero tenía
que concluir la limpieza del mismo.
Pero contra todo pronóstico
los dictámenes de Alfredo Cristalinas eran devueltos una y otra vez. Los
consejeros encontraban inconsistencias y falta de exhaustividad en las
investigaciones, por lo cual el caso se alargaba cada mes.
De la
mano del ejercicio del poder de Peña Nieto está la indagatoria sobre el
financiamiento de su campaña electoral, que lo llevó al cargo de
Presidente de la República.
El último round en el IFE ocurriría el
pasado 26 de septiembre. Sin embargo, el consejero Alfredo Figueroa
encontró dos tarjetas de Bancomer, lo que de nuevo llevó a ordenar a la
unidad de fiscalización una nueva indagatoria: investigar si las dos
tarjetas encontradas y sus números están registrados en la Comisión
Nacional Bancaria. Por lo menos sus propietarios dicen que son reales.
Con
esta resolución se presenta una prueba más de que el sistema bancario
se alió con el PRI para llevar a Peña Nieto al poder, que Alfredo
Cristalinas, el gran zar antilavado negro en campañas, ha dejado más
dudas que certezas en el actuar del PRI.
Hoy el problema que
parece avanzar de nuevo con esta novedosa línea de investigación es que
podría verse truncada con la elección de los nuevos consejeros y la
reforma electoral que se avecina y en donde se exige un nuevo modelo de
órgano electoral federal, así como de fiscalización.
De nueva
cuenta, la transparencia del financiamiento ilícito del PRI lo tienen
las cúpulas de los partidos, quienes desde el ya famoso Pacto por México
acuerdan e intercambian como fichas para luego llevar sus componendas
al Poder Legislativo, justo donde se votará la nueva ley electoral.
La
reforma energética y la hacendaria tendrán un peso tal que serán moneda
de cambio para la oposición a cambio de mantener impune un
financiamiento ilegal, millonario, que estuvo a la vista de todos los
mexicanos, para que así, Peña Nieto acabe finalmente con la sombra del
Monexgate y algunos consejeros dejen de molestarlo…
De lo contrario se
estaría pasando del Monexgate al Bancomergate de Peña Nieto.
Twitter: @jesusaproceso
/4 de octubre de 2013)
No hay comentarios:
Publicar un comentario