Distrito Federal—
“Es una iniciativa desafortunada. ¡Es una barbaridad! No coincido para nada con
la propuesta del diputado priísta Manlio Fabio Beltrones de modificar el
artículo 27 constitucional para que los extranjeros tengan propiedades próximas
a playas y fronteras. Esto puede ser el comienzo de una serie de infiltraciones
que violen la soberanía nacional. Acaba con la esencia del constituyente de
1917”, señala el constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas.
La propuesta
aprobada por la Cámara de Diputados el 23 de abril no sólo motivó la
indignación del también profesor emérito de la UNAM, sino que dio pie a los
comentarios de Bárbara Zamora, abogada experta en cuestiones agrarias, quien
plantea:
“En vez de legalizar
esto, lo que diputados y senadores deberían hacer es emitir una declaratoria de
nulidad de todas las operaciones de compra-venta que se han hecho a la sombra
de 48 mil fideicomisos autorizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE). También debe declararse la inconstitucionalidad de la Ley de Inversiones
Extranjeras que los promueven, porque es contraria a lo que establece la
Constitución en cuanto a la prohibición expresa para que los extranjeros tengan
una propiedad en el país.”
El artículo 27 en su
fracción primera establece: “Sólo los mexicanos por nacimiento o por
naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el
dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de
explotación de minas o aguas.
“El Estado podrá
conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la
Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos
bienes y en no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos por lo que
se refiere a aquellos, bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder
en beneficio de la nación los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo
en una franja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en
las playas.”
La modificación
propuesta por el priísta con el respaldo de sus pares panistas considera
sustituir las últimas dos líneas de la fracción, que señalan: “...Por ningún
motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y
aguas”, por las siguientes: “...Los extranjeros por ningún motivo podrán
adquirir el dominio directo sobre las aguas; en el caso de las tierras, podrán
adquirirlas cuando sean exclusivamente para uso de vivienda sin fines
comerciales”.
Diputados de
oposición subieron a la tribuna para exponer las razones de su negativa a que
se realicen las modificaciones constitucionales. La diputada petista Loretta
Ortiz Ahlf expuso que las playas son patrimonio de la nación, pero como se
encuentran en poder de los hoteles, las cierran por completo y los particulares
no pueden acceder a éstas. Añade que al permitir que los extranjeros posean
playas, éstos pueden cercar su propiedad e impedir el paso incluso a efectivos
de la Marina.
ILEGALIDAD
El diputado Ricardo
Monreal, del Movimiento Ciudadano (MC), considera que el dictamen aprobatorio
es “un pobre ejercicio que no clarifica la prisa de entregar nuestras tierras
cercanas a las costas y fronteras a los extranjeros. Ésto se inscribe en una
línea de reformas que vienen a favorecer los intereses de los extranjeros por
encima de los nacionales. Los mexicanos no tenemos que pagar los daños
colaterales de este grupo que intenta saquear y apoderarse de los bienes
nacionales”.
Para la abogada
Zamora, conocida por encargarse del caso de la defensora de derechos humanos
Digna Ochoa, Beltrones trata de minimizar la reforma constitucional cuando, en
realidad, ésta tiene un trasfondo muy perverso, pues pretende legalizar lo que
en la actualidad es ilegal.
De acuerdo con la
SRE, existen más de 48 mil fideicomisos mediante los cuales se otorgaron
permisos para que los extranjeros se establezcan en una franja de 100
kilómetros de frontera y 50 de playas, zona actualmente prohibida o restringida
por la Constitución.
Los fideicomisos,
afirma Zamora, también son ilegales: “Se hicieron de manera ilegal amparados en
la Ley de Inversión Extranjera (LIE) y en contra de lo que establece la
Constitución. ¿Qué sucedió? Que la SRE, a través de esos mecanismos, autorizó
la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
–¿En qué momento se estableció la figura del
fideicomiso?–
–La LIE fue
publicada en la época del presidente Carlos Salinas, el 27 de diciembre de
1993. En su artículo 10 esta ley dice que los extranjeros, a través de
fideicomisos, pueden adquirir tierras en las zonas prohibidas o restringidas
siempre y cuando las destinen a actividades residenciales, a pesar de que lo
prohíbe la fracción primera del artículo 27 constitucional. Entonces, si la Ley
de Inversión Extranjera es anticonstitucional, todas las compras que se han
hecho son ilegales.
“En lugar de estar
legalizando lo ilegal, lo que tienen que hacer es una declaratoria de nulidad
de todas las transacciones de compra-venta que se hicieron; asimismo, anular
los fideicomisos y declarar la inconstitucionalidad de la LIE porque es
contraria a lo que establece la Constitución en cuanto a la prohibición expresa
para los extranjeros”, afirma.
Explica que en el
único artículo transitorio de la reforma al 27, Beltrones dice que se deberán
modificar las leyes correspondientes. Aunque no lo menciona se refiere a la LIE
porque ya no sería a través de fideicomisos, sino que de manera directa los
extranjeros podrían adquirir tierras en esa franja prohibida, afirma Zamora.
Y puntualiza:
“Además, existe la llamada Cláusula Calvo, leyenda que se incluye en todas las
escrituras y en todas las actas constitutivas de las sociedades en que
participan extranjeros, quienes respecto de esos bienes se asumen como
nacionales y renuncian a la protección de sus gobiernos en caso de algún
conflicto. Esto está en el artículo 27 y no entra en la propuesta modificatoria
de Beltrones”.
Asegura que con la
modificación tratan de proteger a los inversionistas que están en las costas:
“No conozco a todos los que están en las playas pero, por ejemplo, todos los de
la Rivera Maya son españoles, como Barceló, y no con casa habitación, sino con fines
comerciales, como los grandes desarrollos hoteleros. Existen programas de
desarrollos turísticos para 11 mil kilómetros de litorales en Colima, Guerrero,
Oaxaca, Nayarit, Baja California, Sonora, Quintana Roo y Tamaulipas”.
Los diputados y
senadores, precisa, se adjudican facultades que no les corresponden para
modificar la Constitución cada vez que les da la gana:
“No tienen la mínima
idea de que la Carta Magna es la esencia del país. La Constitución de 1917 que
tenemos fue producto de batallas sangrientas. En ese momento el pueblo optó por
una forma de Gobierno, una noción de país y cómo quería organizarse. También
decidió cuáles derechos y libertades, tanto individuales como colectivas,
consagraría en ese documento de gran importancia jurídica, política e
histórica. Hay países en donde las Constituciones son intocables Aquí la hacen
como si fuera de plastilina”, lamenta la abogada.
–¿Habrá presiones?
–No. Más bien creo
que habrá corrupción porque las empresas que invirtieron están en una situación
ilegal, pero esto lo sabían desde el momento en que hicieron la compra. Es
imposible que quien invierte millones de pesos o de dólares ignore las
irregularidades de la operación. La propuesta de reforma de seguro tiene una
motivación económica muy importante. Creo que Beltrones está operando para
Salinas, quien promulgó esta Ley de Inversión Extranjera de manera
inconstitucional. Por eso insisto en que es necesario emitir una declaratoria
de nulidad para todas esas operaciones.
Ante el riesgo de
que se viole la soberanía nacional, Zamora plantea: “De entrada estas empresas
se están apropiando de todos los recursos naturales que existen en los
litorales y en las playas de nuestro país. Por otra parte, en un futuro cercano
tendremos bases militares extranjeras establecidas frente a las playas y
fronteras. Eso sí, estarán disfrazadas de casas-habitación”.
–¿Resultará más fácil el trasiego de drogas?–
–Creo que sí, porque
con la propuesta de Beltrones las áreas ahora prohibidas estarán bajo el
dominio de personas físicas o morales extranjeras. En realidad no sabemos
quiénes están detrás de esta iniciativa, pero si se aprueba, los nombres
podrían salir a la luz pública. En este sexenio desapareció la Secretaría de la
Reforma Agraria para dar paso a la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu). Intereses muy fuertes son los que mueven la
reforma.
(EL DIARIO, EDICION JUAREZ/ Proceso / 2013-05-19 /
22:37)
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