Desde Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y Chiapas, realizan las llamadas
Por encima de la media nacional, las extorsiones telefónicas aterran a la población sudcaliforniana.
En Comondú, delincuentes exigen hasta 500 mil pesos a través de secuestros virtuales
Inés García Ramos
Gerardo Zúñiga Pacheco
Con una población inferior a 70 mil personas
distribuidas en más de 12 mil kilómetros, Comondú es un municipio
tranquilo, con menor actividad económica que La Paz o Los Cabos. Sin
embargo, desde hace meses, se ha convertido en blanco de criminales que,
a través de llamadas telefónicas, extorsionan a la sociedad.
“Vete a un hotel”, la joven obedeció. Ahí permaneció,
esperando instrucciones del hombre que minutos antes había marcado a su
teléfono celular para amenazarla, también a su familia. Desde ahí, llamó
al número registrado y confirmó al desconocido su ubicación.
Una
segunda instrucción, la víctima apagaría el aparato telefónico.
Ese sábado 4 de mayo, tras recibir la llamada de los
delincuentes, la familia de la joven no lograba localizarla, ni en su
casa o con amigas, tampoco los lugares que frecuentaba.
Entonces, llamaron a cuanto conocido tenían. Esperaban
vender una de sus parcelas para conseguir el monto total. Fue entonces
que Venustiano Pérez Sánchez, presidente municipal de Comondú, se enteró
del caso.
“Hablé con el papá de la joven, le expliqué que estos
casos no eran secuestros reales, sino de extorsión, porque encajaba con
la forma en que operan. Incluso hablé directamente con el procurador
(Gamill Arreola Leal), ya la Policía Ministerial se movilizó y la
buscaron en cada hotel de la zona, la encontraron y no pagaron el
rescate”, relata el alcalde, para quien, mientras la ciudadanía no
denuncia, será más difícil detener este tipo de prácticas. Pero
comprende a las víctimas: “No saben qué hacer en ese tipo de
situaciones, se aprovechan del miedo y la incertidumbre.
“El problema es que el ciudadano no denuncia, le gana el
miedo y, como son amenazas psicológicas, le sacan toda la información
al familiar, le dan algunos nombres y de esa forma, se aprovechan para
asustar. Y con ese miedo, sacarle provecho a la información que
reciben”, agrega.
Por ello, el Ayuntamiento de Comondú ha realizado
campañas de difusión para alertar a la población. Lo mismo ocurre en
Loreto y Mulegé, donde las comunidades son más pequeñas y vulnerables.
“Tenemos conocimiento de gente que ya ha pagado, es que
somos un estado y, sobre todo, un municipio muy fértil para esas
situaciones, porque la gente da mucha información y creen que corren
riesgo”, explicó Pérez.
Ante la alza de este delito, el alcalde del centro de
Baja California Sur, solicita mayor intervención del Gobierno Federal
para localizar a los extorsionadores y detenerlos.
Autoridades minimizan el problema
“Afortunadamente, el problema no es tan grave, estamos
en el momento preciso de darle a conocer a las personas cómo operan y
cómo trabajan (estas bandas)”, afirma el secretario de Seguridad Pública
del Estado (SSPE), Adonaí Carreón Estrada.
Sin embargo, el “Semáforo Delictivo Nacional 2012”, diagnóstico relacionado por la consultoría RRS y Asociados, de Monterrey, Nuevo León ubica a Baja California Sur por encima de la media nacional cuando de extorsión se trata.
La información mostrada en su sitio de internet y
contrastada, confirma que de acuerdo a una tasa calculada por cada 100
mil habitantes, en el Estado de la Península, este delito se ubica en el
12.89 por ciento, cuando la media nacional es de 6.55 puntos
porcentuales.
La entidad se encuentra debajo solamente del Distrito Federal, Morelos, Quintana Roo y Guanajuato.
En 2012, la SSPE reportó ante el Secretariado Ejecutivo
Nacional, 78 extorsiones en Baja California Sur. Ese año se registró el
incremento del delito de extorsiones telefónicas en periodo vacacional
de diciembre-enero, por lo que las autoridades esperan que las denuncias
no aumenten en los siguientes meses.
Por separado, la SSPE reportó 91 casos de extorsión
mediante denuncias anónimas en 2012, pero no existen cálculos sobre el
número de casos sin denunciar.
De acuerdo a cifras reportadas este año, nueve denuncias por extorsión se realizaron en enero de 2013.
En Baja California Sur, el objetivo de las autoridades
es reducir el miedo que las víctimas sienten al recibir la primera
llamada. Esperan que con la información necesaria, los ciudadanos podrán
defenderse y denunciar el hecho antes de sufrir un menoscabo
patrimonial, “que es la finalidad de la extorsión telefónica”, agrega
Carreón Estrada.
El titular de la SSPE explica que cuando las víctimas se
encuentran asustadas y ofuscadas, es el momento perfecto para que los
delincuentes logren su cometido y obtengan depósitos de dinero mediante
engaños y secuestros virtuales.
“Ellos (los delincuentes) buscan la información en las
diferentes fuentes de la misma. Por ejemplo, del directorio telefónico,
sacan la dirección, sacan el nombre y le marcan”, señala.
La forma más común de extorsión ocurre cuando el
delincuente se hace pasar por algún familiar. “Tío, papá, prima”, es
como suele iniciar la llamada, en muchas ocasiones, las víctimas
comienzan dan información, complementan el nombre y dan pormenores de la
familia.
El secretario de Seguridad Pública considera a las
bandas como “expertos en sacar información”, en gran medida porque los
ciudadanos “no están acostumbrados a reservarse la información…la gente
es buena, accesible, amable y, dentro de esta amabilidad, dan
información y es ahí donde empieza el problema”.
Las instrucciones para la ciudadanía inician con
guardar la calma ante las amenazas y no mostrar miedo. Escuchar con
atención la información que ofrecen, tratar de anota y recordar la
mayoría de los datos que la persona les esté dando.
Una vez que el extorsionador dio la información
necesaria, terminar la llamada y comunicarse a los números 066 o 089
para denunciar el hecho. Entonces, intentar comunicarse con los
familiares amenazados o personas cercanas a ellos para corroborar la
localización de los amenazados.
Delincuentes bajo el amparo de la tecnología
Si las autoridades han logrado localizar las claves Lada
más comunes desde donde tienen lugar las comunicaciones, es por la
insistencia hacia la ciudadanía de instalar identificador de llamadas en
sus aparatos telefónicos.
Desde Chihuahua, Chihuahua; Tampico, Tamaulipas;
Guerrero, Michoacán y Chiapas, se realizan el mayor número de
extorsiones. Por ello, se recomienda a la ciudadanía que de recibir
llamadas de las siguientes claves Lada, eviten responder: 614, 833, 762, 353 y 918.
El titular de la SSPE comparte la forma más común de
extorsión en la entidad. Ubican a un familiar, mediante amenazas, si la
víctima tiene dinero, le ordenan refugiarse en un hotel; de lo
contrario, debe permanecer en un centro comercial.
En cualquiera de los dos casos, la persona debe apagar
su teléfono y encenderlo nuevamente a una hora precisa para recibir una
segunda llamada con mayores instrucciones.
Durante ese lapso, se comunican, generalmente, con la
mamá, el papá o el responsable (la mayoría de las víctimas son menores,
jóvenes y hasta personas de la tercera edad). Una vez que la víctima
tiene el aparato apagado, los familiares no logran comunicarse con ella
para corroborar su paradero.
Cuando la víctima enciende su teléfono, los delincuentes
triangulan una conferencia telefónica y le hacen creer al familiar que
la víctima, en efecto, se encuentra secuestrada y bajo resguardo de los
criminales.
“Ahí viene el pánico, porque no saben qué hacer, ése es
el momento preciso en que debe intervenir la autoridad, para que la
familia se comunique con las autoridades y levantar la denuncia en el
Ministerio Público. De esa forma, permiten a las autoridades el acceso
para ayudarlos”, detalla el secretario de Seguridad Pública.
La SSPE no tiene un perfil preciso de las víctimas, no
es uniforme ni hay algún patrón escogido por las bandas. “Le pueden
hablar a una persona por el simple hecho de que tenga teléfono”, afirma.
Desde 15 mil hasta 500 mil pesos, son las cantidades
solicitadas por los extorsionadores. La mayoría de los casos oscila
entre los 20 mil y 30 mil pesos, y es precisamente el promedio del monto
que ha sido depositado.
Aunque afirma que en todo Baja California Sur hay
presencia de extorsión, refiere que los dos municipios con mayor
incidencia son Comondú y La Paz.
Desde enero de 2013, la Policía Municipal de la Capital
del Estado ha intervenido en cinco casos denunciados, las víctimas
fueron localizadas antes de que los depósitos monetarios se hicieran.
Sin embargo, han sido diez las denuncias reportadas en el C4.
José Noé López, director de Seguridad Pública de La Paz,
comparte uno de los casos más recientes, ocurrido el 6 de mayo. “Un
hombre denunció que se comunicaron con él para solicitarle 30 mil pesos
de rescate para uno de sus familiares”.
Agrega: “Él ya estaba listo para depositar el dinero, a
pesar de haber hecho la denuncia, pero localizamos a su familiar antes”.
Se facilitó la búsqueda porque la persona no había sido sustraída a un
hotel o algún otro inmueble. José Noé López admite que los casos
atendidos “no son tan elaborados”.
De acuerdo al titular de Seguridad Pública, la Policía
Municipal ha logrado detener el proceso de extorsión con la pronta
localización de las víctimas, pero “podría haber otros casos que ha
atendido la Policía Ministerial o la SSPE”.
En una modalidad distinta a las más comunes, la Policía
Municipal fue informada de una llamada que alertaba de un dispositivo
explosivo a unas cuadras de la Dirección de Seguridad Pública.
“Era una caja con un celular para que recibieran la
llamada y otros dispositivos dentro, localizada en un negocio de venta
inmobiliaria, ahí el asunto fue investigado por la Secretaría de la
Defensa Nacional, pero fue una falsa alarma”, remite.
José Noé López agrega detalles de los perfiles de las
víctimas que han atendido: “Son familias muy modestas, a una le estaban
solicitando 150 mil pesos, imposibles de recolectar, pero por el miedo
ya habían movilizado a toda la familia para juntar el dinero”.
A la par de los trípticos con información y campañas de
difusión para alertar a la ciudadanía sobre la alarmante presencia de
extorsión telefónica en la entidad, se han realizado otros programas con
la finalidad de reducir el delito.
En octubre de 2012, se inició la prueba piloto de un
inhibidor de frecuencia de radio en el Centro de Reinserción Social de
La Paz. El programa, presentado por ejecutivos de la empresa Alcatel Lucent,
tiene como propósito bloquear o anular de manera permanente las señales
de telefonía celular, de radiocomunicaciones o de transmisión de datos o
imagen.
A pesar que de que las claves Lada registradas
provienen de otros puntos de la República Mexicana, las autoridades
confían que este tipo de medidas ayuden a inhibir un delito que se
encuentra por encima de la media nacional.
(SEMANARIO ZETA BCS/ ZETA Investigaciones/mayo 19, 2013)
