A partir de junio de 2014 se aplicará otro Sistema de Justicia Penal. El objetivo es que solo el 10 por ciento de las denuncias penales se resuelvan mediante un juicio. En vez de cárcel, se buscará la conciliación entre agresor y ofendido
Gerardo Zúñiga Pacheco
El Nuevo Sistema de Justicia Penal de Baja California Sur, pretende
ser público y más transparente, pero también conciliador, mediador,
negociador y hasta cierto punto benévolo en algunos casos de delitos
menores.
La popular frase de “más vale un buen arreglo que un mal pleito”,
cobrará vigencia cuando entre en vigor del nuevo modelo diseñado para
que solo el 10 por ciento de todas las denuncias penales terminen en un
juicio, y el resto pueda lograr un “final feliz” a través de las figuras
de acuerdo reparatorio, suspensión condicionada, procedimiento abreviado y criterio de oportunidad.
El secretario ejecutivo de la Comisión Implementadora del Nuevo
Sistema de Justicia Penal (NSJP) en el Estado de Baja California Sur,
Marcos Antonio Valdés Corrales, citó tres ejemplos en términos muy
simples de cómo se habrá de impartir justicia a partir de junio de 2014
-cuando cobre vigencia el nuevo método en forma gradual- sobre algunos
tipos de delitos menores, a través de salidas alternas o mecanismos de selectividad.
En el caso del delito de robo, permitirá que el imputado (llamado presunto responsable
en el viejo sistema), plenamente identificado o descubierto por la
Policía, tenga la oportunidad de negociar la reparación del daño y salir
absuelto del problema, siempre y cuando no exista violencia de por
medio.
En el caso de violencia intrafamiliar, el victimario podrá recurrir a
un proceso de mediación de partes, solicitar un convenio de reparación
del daño y someterse a una terapia por determinado tiempo, tratamiento
psicológico o abstenerse de presentarse en el domicilio de la víctima,
según el criterio que pueda aplicar el juez.
En el caso del delito de fraude y de abuso de confianza, el imputado
tendrá oportunidad de restaurar el daño y firmar un acuerdo reparatorio
judicializado, es decir, exigible a la fecha de su vencimiento, como si
se tratara de un título de pago.
Las negociaciones entre víctima y victimario -según el modelo-
deberán ser a través de la Unidad de Justicia Alternativa o Mediación
(próximas a crearse), en casos que así lo permitan, y una vez firmado el
arreglo ante un juez de control, el caso adquirirá la categoría de cosa
juzgada.
Durante una entrevista con ZETA, la diputada y presidenta de
la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso local,
Gisela Páez Martínez, expuso que el nuevo modelo está cimentado en la
reforma a los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20, 21 y 22, aprobada el 15
de marzo de 2013 por la XIII Legislatura, los cuales abordan derechos
humanos, garantía de audiencia, mandamiento de la autoridad que debe ser
fundado y motivado, protección de datos personales, detención en
flagrancia y atención de controversias.
Asimismo, estableció que el nuevo Código Procesal Penal del Estado
-aprobado el 2 de mayo por el Congreso local- es la columna vertebral
del proceso de transformación del Nuevo Sistema Judicial de corte oral,
acusatorio y adversarial, el cual busca respetar los derechos de la
víctima y del imputado, partiendo del principio de la “presunción de
inocencia” y la participación directa de jueces en salas de audiencia
orales.
La legisladora consideró que el nuevo sistema prácticamente está
rompiendo con algunos paradigmas, donde desaparece la figura del arraigo
y el Agente del Ministerio Público, pierde su calidad de fedatario público y es colocado en igualdad de circunstancias que la defensa del imputado.
Bajo este nuevo esquema judicial, cualquier particular podrá
ejercitar la acción penal cuando sea víctima u ofendido en los
siguientes delitos que permite el Nuevo Código Procesal Penal del
Estado:
1. Revelación de secretos.
2. Violación de comunicaciones privadas.
3. Allanamiento de morada.
4. Lesiones que tarden en sanar hasta 15 días.
5. Robo simple, siempre y cuando no medie la violencia y el
monto del hurto no sea mayor a mil salarios mínimos vigentes en el
estado.
6. Abuso de confianza o fraude, cuyo monto no sea mayor a cinco mil salarios mínimos vigentes en el estado.
7. Daño a la propiedad.
El nuevo modelo dejará atrás la formalidad, y en la carpeta de
investigación (conocida como averiguación previa en el sistema actual)
ya no es necesario el rigoroso proceso de sellar, foliar y recabar
firmas de los testigos de cargo o de asistencia, porque ahora el Agente
del Ministerio Público no genera pruebas, sino investiga y tendrá que ir
recabado elementos comprobatorios a través de una unidad de
investigación integrada por agentes de la Policía Ministerial y personal
de servicios periciales para poder acreditar el delito, y entonces sí,
solicitar una vinculación de proceso y exhibir las pruebas al imputado y
otorgar el derecho de contravenir; es decir, presentar elementos de
descargo de cada una de las pruebas recabadas por la fiscalía.
Según el nuevo modelo, si el imputado admite la responsabilidad o
culpabilidad, tiene cuatro caminos o figuras jurídicas a las que podrá
recurrir:
1. Solicitar un acuerdo reparatorio, es decir, un arreglo
entre el imputado por una falta o delito y la víctima, el cual pone fin
al proceso penal.
2. Solicitar una suspensión condicionada, es decir, someterse a
las condiciones del juez que deberán ser cumplidas al pie de la letra.
3. Solicitar un procedimiento abreviado, es decir, aceptar la
instrucción, enjuiciamiento y falla de la causa por una falta o delito
cometido en el que existe la posibilidad de que el imputado logre una
suspensión a prueba o suspensión provisional en su proceso, e incluso
salir absuelto.
4. Solicitar un criterio de oportunidad, es decir, colaborar
en una investigación, siempre y cuando el imputado tenga datos o
información fidedigna sobre un delito de alto impacto, como puede ser
una privación ilegal de la libertad, secuestro o asesinato, donde se
puede negociar parcialmente, no ejercer acción penal, como en cualquier
caso, lo que de cierta manera es benévolo. Este último apartado solo es
aplicable en delitos menores.
No obstante, en caso de no haber un “buen arreglo” entre víctima y
victimario, es decir, de no haberse dado las condiciones para la
reparación del daño porque el imputado no terminó por aceptar los
hechos, entonces el caso pasará a un sistema de audiencias que terminará
en juicio oral.
La primera -según el nuevo sistema- es la audiencia inicial, que
comienza con el control de detención en caso de que haya flagrancia, lo
cual queda sujeto a control judicial; y la segunda es la audiencia
intermedia, que no es otra cosa que la etapa de preparación rumbo al
juicio oral, donde se reciben todas las pruebas que van a ser materia
del juicio, y se elaboran los acuerdos probatorios; es decir, la
depuración de pruebas, y una vez terminada la etapa, se turna al
tribunal de juicio oral, cuyo caso revisan tres jueces que conforman el
órgano colegiado, quienes emitirán una sentencia final.
La organización
El 18 de junio de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación, la reforma constitucional que sentó la base para la creación
de un Nuevo Sistema de Justicia Penal en México.
La piedra angular de ese nuevo modelo fue que se respeten los
derechos del ofendido o víctima y del imputado, partiendo del principio
de la presunción de inocencia, lo cual fortalece el debido proceso y
pleno respeto a los derechos humanos de aquellos involucrados en una
investigación o procedimiento penal.
A grandes rasgos, el nuevo modelo se basa en un sistema
acusatorio-adversarial, donde un órgano colegiado integrado por tres
jueces, emitirá una resolución de manera imparcial frente a las partes
en conflicto jurídico en un proceso de audiencias orales, públicas y
contradictorias.
Actualmente, en base a datos recabados por ZETA, siete estados
de la República establecieron este nuevo sistema, tres de los cuales
-Estado de México, Chihuahua y Oaxaca- operan al 100%.
El Estado de Baja California Sur es el octavo de la lista, y se tiene
previsto poner a prueba el nuevo modelo el 1 de julio de 2014 en
Comondú, seguido de La Paz (1 de febrero de 2015), después Loreto y
Mulegé (enero 2016) y finalmente Los Cabos (junio 2016).
Durante una entrevista con ZETA, el secretario ejecutivo del
NSJP, Marcos Antonio Valdés Corrales, expuso que la decisión de arrancar
en Comondú como laboratorio de este nuevo sistema, es por el perfil de
registrar una incidencia media en la comisión de delitos, según estipula
el modelo de planeación.
De acuerdo a estadísticas de incidencia delictiva, el 50.8% de los
delitos se cometieron en La Paz, seguido del 35.6% en Los Cabos, y el
5.8% aparece en Comondú; abajo Mulegé, con el 4.7%, y al final, Loreto,
con 1.9%.
Valdés Corrales apuntó que el nuevo modelo entró “un poco tarde”,
pues el 8 de enero pasado, apenas se publicó el decreto para estructurar
el órgano implementador del nuevo modelo judicial, el cual tiene la
titánica tarea de coordinar el trabajo técnico con las instituciones
operadoras, en este caso, la Procuraduría General de Justicia del
Estado, Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Defensoría de
Oficio, principalmente.
El órgano técnico está conformado por 12 personas, y comprende las siguientes áreas:
- Secretario Ejecutivo.
- Coordinación de Normatividad.
- Coordinación de Capacitación.
- Coordinación de Reorganización Institucional
- Coordinación de Difusión.
- Coordinación de Tecnologías de Información y Computación.
- Coordinación de Infraestructura.
Sin embargo, la toma de decisiones recae sobre un órgano colegiado
integrado por los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Actualmente
-y según el funcionario- los integrantes son:
- Por el Poder Judicial, el presidente magistrado Daniel Gallo Rodríguez y el magistrado Ignacio Bello Sosa.
- Por el Poder Legislativo, los diputados del PAN y del PRI, Gisela
Páez Martínez y Omar Zavala Agúndez, presidentes de la Comisión de
Puntos Constitucionales y de Justicia y de Seguridad, respectivamente.
- Por el Poder Ejecutivo, el procurador Gamill Arreola Leal, y parte de la defensoría de oficio.
El responsable del nuevo sistema dijo que actualmente la Secretaría
Técnica del Consejo de Coordinación para la Instrumentación del Sistema
de Justicia Penal del Gobierno de México, conocida por sus siglas como
SETEC, realiza una estimación del costo de la reforma, sobre todo en los
ejes de mayor impacto económico, como son infraestructura y
equipamiento, donde se trabaja en la fase de proyección.
El funcionario señaló que también se está elaborando el plan maestro
para la construcción de la infraestructura; si bien es cierto que en el
municipio de Comondú, se encuentran dos obras en proceso de edificación
-una de la Procuraduría y otra del Tribunal, éstas deberán ser
adecuadas al nuevo modelo y se están contemplando bodegas de evidencias,
almacenes de videos, salas de juicio de control y salas de juicio oral,
con un espacio relativamente amplio para el órgano colegiado, prensa y
público en general, en virtud de que las audiencias serán de carácter
público.
No obstante, anticipó a ZETA que recientemente el Gobierno
Federal aprobó un presupuesto de financiamiento de 1 millón 176 mil 863
pesos y 80 centavos para tareas de comunicación y posicionamiento del
NSJP, con el objetivo de que la sociedad sepa los beneficios y ventajas
del nuevo sistema, en comparación con el actual modelo de justicia en el
estado.
Para este ejercicio fue aprobado un techo financiero de 8 millones
820 mil pesos, provenientes del SETEC y del Fondo de Aportaciones para
Seguridad Pública (FASP), de los cuales de arranque, se destinarán 3
millones 570 mil pesos para impartir cursos en tres especialidades en el
Sistema Penal Acusatorio, dirigido a operadores del sistema, como
agentes del Ministerio Público, defensores, jueces y operadores
auxiliares como policías, custodios, abogados, estudiantes y
periodistas.
Los otros 5 millones 250 mil pesos se habrán de destinar a la
capacitación de peritos, policías investigadores y mediadores, conocidos
también como facilitadores de la justicia alternativa.
El nuevo modelo
El titular del NSJP, Marco Antonio Valdés Corrales, reconoció que con
la puesta en marcha del nuevo modelo -y en el proceso de transición-
llegará el momento en que van a co-existir los dos sistemas de justicia,
es decir, como será gradualmente, no se entrará de lleno al nuevo
modelo y se olvidará el viejo, en virtud de que se tendrán que sacar los
asuntos iniciados o en trámite, donde conservadoramente se estima un
periodo de 10 años.
Desde su punto de vista, el nuevo sistema concede muchas ventajas
porque “privilegia la transparencia y reparación de daños -a diferencia
del actual sistema-, y si alguien sale ganando, es la ciudadanía, sea
víctima o imputado”, a pesar de que el Estado tendrá una exigencia mucho
más alta desde capacitación, hasta equipamiento e infraestructura.
Agregó que la sociedad habla de los juicios orales como si eso fuera
el Nuevo Sistema de Justicia Penal, la cual es solo “una parte del nuevo
modelo”, que entre otras cosas, contempla la modificación de la Ley
Orgánica de la PGJE, la Ley Orgánica de la Defensoría de Oficio, la Ley
Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado; así como la
reforma a la Ley de Justicia para Adolescentes, la Ley de Atención a
Víctimas y la Ley de Bienes Asegurados, lo que estará entrando en un
segundo paquete junto con un Nuevo Código Penal.
Desde el punto de vista de la Asociación de Abogados de Los Cabos, el
NSJP es un “sistema muy bonito”, y “esperemos que así vaya a ser en la
práctica”.
En el lapso de dos años, los litigantes se han estado preparando y
han traído ocho cursos sobre el nuevo modelo de justicia impartidos por
expositores incluso de Estados Unidos, donde destacan abogados de
oficio, fiscales, investigadores privados y jueces de la Corte de San
Diego, California.
El presidente de la organización, Armando Serrano Marín, externó su
preocupación porque “la reina de las pruebas” de este nuevo modelo va a
ser la “prueba pericial”, y el Estado actualmente presenta muchas
carencias en esa materia.
“Nos preocupa que el día de mañana, puedan salir absueltos los
imputados porque la PGJE no va a estar preparada en equipamiento”,
señaló.
El abogado desconoce hasta donde el personal de la Procuraduría y del
Tribunal de Justicia pueda estarse preparando, porque “su participación
en nuestros cursos ha sido muy limitada por falta de dinero, y hemos
traído a expositores con experiencia y exitosos en la Unión Americana”.
Sin embargo, reconoció que actualmente se están diseñando “cursos que
en breve también se implementarán, y estoy seguro que si todos nos ponemos las pilas, el sistema no tiene por qué fracasar”.
(SEMANARIO ZETA BCS/ Gerardo Zuniga Pacheco/ mayo 12, 2013)
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