MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Tras su recuperación el pasado miércoles 11, el equipo
médico contaminado con cobalto 60 que había sido robado en la localidad
de Tepojaco, en Tizayuca, Hidalgo, fue depositado en un cementerio
nuclear del Estado de México.
La empresa Asesores en Radiaciones
transportó el material radiológico a Santa María Maquixco, localidad
ubicada en Temascalapa, una zona náhuatl donde se encuentra el Centro de
Almacenamiento de Desechos Radiactivos (Cader), que desde hace 40 años
alberga residuos tóxicos.
En el traslado de dicho material, el
grupo Asesores en Radiaciones apoyó a los funcionarios de la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas y de la Comisión Nacional
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), esta última
dirigida por el físico Carlos Rodríguez Islas.
Juan Antonio Medina
Austria, integrante de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y
estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), entregó una carta a Fernando Salazar Macías, cuarto
visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), en la cual le informó que el material contaminado que se
localizó días antes en Hueypoxtla, Zumpango, Estado de México, fue
depositado en el Cader.
“La máquina antes mencionada se utilizaba
para el tratamiento de cáncer y existe un total desconocimiento por
parte de las autoridades responsables del peligro que representa”, decía
la misiva.
Y añadía: “La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos sabe perfectamente del peligro que representa esta fuente
radiactiva, de las muertes y malformaciones que se han dado durante
décadas en 34 municipios del Edomex y 13 de Hidalgo. Conocen del cáncer y
leucemia de nuestros niños y de muchas enfermedades de la región”.
Asimismo,
los promotores del escrito pidieron a las autoridades estatales
solventar los gastos médicos para atender a las personas afectadas por
el cobalto 60, un isótopo radioactivo sintético.
Medina Austria
criticó también al organismo por su negligencia, toda vez que, dice,
tiene quejas acumuladas sobre despojos, encarcelamiento y represión de
los campesinos que se oponen a vender su tierra desde que Enrique Peña
Nieto era gobernador del Estado de México, pero no las atiende.
Propuso
inclusive rechazar que el material radiactivo fuera depositado en el
Cader “en tanto no se realicen los estudios pendientes desde 1998 de
tierra, agua y aire para conocer el grado de contaminación en la
región”; también exigió conocer el informe de impacto ambiental de la
Secretaría de Energía.
El activista aludió a la existencia de una
recomendación de la Cámara de Diputados para que se rehabilite el Cader,
la cual, dijo, debe acatarse; pero sobre todo, indicó, debe negarse la
autorización para que se construyan más viviendas en
los municipios aledaños mientras ese centro de confinamiento se
encuentre en operación.
Casos de cáncer y malformaciones
Temascalapa
–que significa “en el agua de los temascales”– tiene 705 habitantes:
340 hombres y 365 mujeres, y en su entorno hay aún “templos de vapor”
similares a los de las culturas mesoamericanas. Al menos 15 ejidatarios
denuncian las enfermedades que padece la población debido a la cercanía
del “cementerio nuclear”.
El jueves 19, Medina Austria, en nombre
de pobladores de la región, interpuso una queja ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “por la violación a los
derechos humanos de los habitantes de 34 municipios del Estado de México
y 13 de Hidalgo por parte (del gobierno) de los Estados Unidos
Mexicanos”.
Dirigida al secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio
Álvarez Icaza, la queja incluye reportes de personas muertas por cáncer,
así como casos de niños que nacieron con malformaciones.
Un mes
antes, el 20 de noviembre, el activista y agraviado presentó una demanda
ante el Tribunal Agrario contra el gobierno mexiquense porque el 18 de
octubre pasado reprimió y encarceló a los campesinos que exigen el
cierre del Cader. Con todo, confía en que a principios de 2014 el
Tribunal Agrario número 23, radicado en el municipio de Texcoco, emitirá
una sentencia satisfactoria.
En su denuncia de noviembre, Medina
Austria relata que en 1994 el señor Cándido Domínguez lo invitó a una
reunión en San Juan Bautista Teacalco, localidad ubicada en el kilómetro
18.5 de la carretera Tizayuca-Otumba, donde se halla el confinamiento
de desechos radiactivos.
Las instalaciones del Cader ocupan 16.4
hectáreas y están protegidas por una barda de lámina de dos metros y
medio aproximadamente. En su fachada se observa el logotipo del
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ).
En los
años setenta, la Comisión Nacional de Energía Nuclear compró la parte
principal del predio –14.7 hectáreas–, según consta en la escritura 297,
volumen II, del 18 de junio de 1970, expedida en la Notaría 1 de
Otumba, Estado de México.
En 1993 el ININ adquirió un terreno
adicional de 1.7 hectáreas, de acuerdo con la escritura 13435, volumen
270, del 22 de septiembre de 1993 de la misma notaría.
“Cuando
compraron las tierras, estábamos recontentos –expone Medina Austria en
su denuncia–. Nos dijeron que iban a construir una fábrica y que nos
darían muchos trabajos a los que vivimos en Teacalco y Maquixco. Todo
fue mentira. ¡Nos engañaron! Al principio pusieron un letrero de lámina
con una calavera dibujada con dos huesos cruzados y unas letras con rojo
que decían: ‘Peligro’. Luego lo cambiaron.”
Poco antes de que
presentaran la querella ante el Tribunal Agrario, los habitantes de
Temascalapa bloquearon durante 30 días la carretera para impedir que se
depositaran 96 toneladas de varilla contaminada con cobalto 60.
Efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional los reprimieron, según
el relato de Cándido Domínguez incluido en la denuncia:
“Aquí
mero fue que los soldados nos apuntaron con sus máuseres. Otros nomás
nos gritaban: ‘¡Arrodíllate, pinche revoltoso!’; ‘¡No te muevas,
pendejo!’. Yo pensé que nos mataban.”
El Cader funciona desde
1970. Se ubica en la zona nororiente del Estado de México, a menos de 75
kilómetros del Distrito Federal. Algunos pobladores cuentan que
entonces le compraron unos tambos al Centro para almacenar agua, pero se
los pidieron después porque, les dijeron, el Cader los iba a utilizar
para transportar desechos radiactivos.
“Esto fue antes de la
llegada de la varilla y antes de que se inaugurara el pozo de agua
potable en el pueblo, el 11 de junio de 1999. Hasta vinieron el
gobernador –César Camacho Quiroz– y el entonces presidente municipal,
Lázaro Juárez Austria. Se llevaron los tambos, los del cementerio, y ni
siquiera nos regresaron el dinero que pagamos por ellos”, explicó
Domínguez.
Añadió que, después, como si fueran “conejillos de
indias”, los sometieron a análisis para conocer su estado de salud. El
dictamen fue: “sin contaminación”.
Posteriormente, los campesinos
se opusieron a que llegaran al cementerio 96 toneladas de varilla
contaminada con cobalto 60 que el Centro Médico de Especialidades de
Ciudad Juárez, Chihuahua, había desechado de un equipo usado de
radioterapia comprado a la empresa X-Ray Equipament Co.
“En aquel
entonces, la importación de equipos de esa naturaleza requería la
autorización del Instituto Nacional de Energía Nuclear (INEN), el cual,
por ley, tenía la facultad de autorizar, vigilar y supervisar la
posesión y uso de materiales radiactivos. El INEN nunca fue notificado
por la empresa Centro Médico de Especialidades, S.A., de la intención de
adquirir la mencionada unidad.”
Sin embargo, el 6 de diciembre de
1983, Vicente Sotelo Alardín, un trabajador del área de mantenimiento
del Centro Médico de Especialidades de Chihuahua, desmanteló el equipo.
Los golpes fracturaron la pastilla que contenía el cobalto 60 y
liberaron más de 6 mil pequeñas partículas del material contaminante.
A
Sotelo Alardín le llamó la atención el cabezal, que pesaba 100 kilos, y
con ayuda de su amigo Ricardo Hernández lo vendió como chatarra. Y
aunque el director de la clínica, Salvador Abelardo Lemus, declaró que
el trabajador se llevó el material “sin autorización”, Sotelo insistió
en que le habían ordenado limpiar la bodega y disponer de cualquier
utensilio de desecho “para venderlo como chatarra”, según la denuncia
presentada por Medina Austria.
La Fundidora Aceros Chihuahua
(ACHISA) compró parte del material contaminado y a partir de éste se
fabricaron varillas, que fueron enviadas a siete fundidoras. En tres de
ellas –Fundival, de Durango; Alumetales, de Nuevo León, y Duracero, de
San Luis Potosí– se detectaron algunas piezas contaminadas con cobalto
60.
Entre el 20 y el 26 de marzo de 1984 un helicóptero despegó de
Fort Bliss, Estados Unidos, con un equipo especial. Su misión: detectar
gránulos de cobalto en Ciudad Juárez.
“Veintisiete pedacitos se
encontraron” con dicho equipo; “17 en esa ciudad y donde estuvo
estacionada la camioneta de Vicente, nueve en la carretera y uno en la
mera Ciudad de Chihuahua”, refiere la queja.
Al final se detectó
que había varillas contaminadas en Chihuahua, Sonora, Baja California,
Baja California Sur, Sinaloa, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango,
Tamaulipas, Querétaro, Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Morelos,
Guanajuato y Aguascalientes.
“Vicente Sotelo fue aprehendido siete
años después. Se le acusó de robo y de atentar contra la salud pública.
En la cárcel lo apodaron El Cobalto. En 1993 recuperó la libertad”,
sostiene el documento.
Como en Chihuahua el ININ no tenía una
planta de tratamiento de desechos radiactivos como se establece en la
NOM-022-NUCL-1996, el material fue a parar al Cader del Estado de México
en diciembre de 1984.
Las varillas contaminadas
En
1992, a petición del ININ, la Comisión Federal de Electricidad elaboró
el Estudio de caracterización de sitio, cuya finalidad era determinar la
factibilidad de depositar los desechos radiactivos en forma definitiva.
Según
la denuncia, en el documento se señala: “La Comisión Nacional de
Seguridad Nuclear y Salvaguardas dictaminó que el Centro de
Almacenamiento de Desechos Radiactivos únicamente podrá utilizarse para
el almacenamiento temporal de desechos radiactivos debido a que los
estudios de caracterización mostraron que el sitio no es idóneo para ser
utilizado para el almacenamiento definitivo, así como el desarrollo
urbano alcanzaría el sitio en el futuro y al incremento del uso agrícola
de la tierra en los alrededores”.
En 1998 la Cámara de Diputados
ordenó retirar los desechos tóxicos, pero en 1996 se le renovó la
licencia al Cader, como consta en el expediente AO0200/1140/96 del 14 de
noviembre de ese año, con vigencia para dos años más.
“Nadie nos
ha dicho por qué se sigue renovando el permiso, si ya dijeron que se lo
iban a llevar en siete años; lo dijeron desde 1999”, exponen los
pobladores afectados en su queja interpuesta ante el Tribunal Agrario.
La
varilla que se encuentra en el Cader de Temascalapa es sólo la que se
recuperó en el estado de Hidalgo, de acuerdo con Javier Reyes Luján,
gerente de Seguridad Radiológica del Centro, citado en la denuncia:
“En
Hidalgo se recibieron muchas toneladas de varilla contaminada,
entregada originalmente a cinco distribuidoras de Tula. Ese material fue
luego comercializado en otras localidades de la región. Son nueve los
municipios afectados hasta ahora: Tula, Tepeji, Ixmiquilpan, Zimapán,
Tepetitlán, Chapantongo, Alfajayucan, Tlahuelilpan y Atotonilco de
Tula.”
El Cader se encuentra sobre uno de los siete mantos
acuíferos de la cuenca del Valle de México, nombrado Cuautitlán-Pachuca
por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). De ahí se extrae el líquido
para abastecer a 34 municipios mexiquenses y a 13 de Hidalgo.
“Lo
cierto es que al menos unas 10 mil toneladas de varilla contaminada
jamás se recuperaron. Se trata de una cifra que rebate los informes
emitidos por la CNSNS en septiembre de 1985”, expone el documento que
presentó Medina Austria.
/1 de enero de 2014)
/1 de enero de 2014)
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