La Viña del Señor
La
Recomendación de la CNDH en el caso del suicidio de María Jesús Llamas
Coronado, es un diagnóstico que pone en evidencia la procuración de
justicia en Guaymas.
Luego
de realizar una investigación exhaustiva de los hechos que rodearon la
muerte de “La China”, la dama involucrada en el operativo armado en
contra del exdirigente panista Omar Núñez Caravantes, que tiene en
calidad de prófugo de la justicia al secretario particular del alcalde
Otto Claussen Iberri, Eduardo Gaxiola Márquez y en calidad de
formalmente presos en el CERESO de San Germán a Francisco Javier López
Lucero, de 42 años de edad, ex dirigente municipal del PAN en Guaymas;
Ernesto Guadalupe Trillas Lemus, de 33 años de edad, Agente de la
Policía Municipal de Guaymas; Francisco Javier Oceguera Sánchez, de 25
años de edad; Sergio Francisco Milanes Grijalva, de 49 años de edad; y
José Rafael Covarrubias Johnson, de 22 años, por la comisión del delito
de privación ilegal de la libertad y otros ilícitos. Según versiones a
Trillas Lemus le siguen cubriendo su sueldo las arcas municipales a
pesar de la formal prisión en su contra.
Lo
preocupante del análisis del Ombudsman nacional es el estado que guarda
la función estatal de perseguir e investigar los delitos a cargo de la
PGJE y la falta de pericia de sus elementos y la negligencia comprobada
en su desempeño traducida en la violación de derechos humanos que
protege el artículo 1º. Constitucional como una garantía individual de
primer orden, cuya afectación empezó desde el mismo lugar de arraigo,
inapropiado a todas luces para aplicar tal medida cautelar.
¿MPs, procuradores de justicia o gestores de negocios?
Con
Ministerios Públicos, que legalmente detentan el monopolio de la acción
penal y deben actuar como instituciones de buena fe, pero que en
realidad actúan como agencias de gestión de negocios a discreción y
entes generadores de corrupción, el sentido de la recomendación no podía
ser otra, y lo que es peor, con ese lamentable estado de la procuración
de justicia difícilmente se podrá encarar el reto de la implementación
del nuevo sistema penal adversarial, oral y acusatorio, que exige la
investigación científica de los ilícitos y la existencia de una
verdadera policía científica, de cuyo ideal se encuentran en estos
momentos muy alejados la PEI y la policía preventiva municipal porteña
bajo la conducción del Colorado Francisco Vidaurrázaga Soto y Javier
Velderraín Paredes, ambos sin estudios formales en materia de seguridad
pública y sin formación en policiología.
Ahora
que la CNDH ha resuelto que no fue suicidio la causa de muerte de “La
China”, tanto la Procu de Carlos Navarro Sugish como la Comisión Estatal
de Derechos Humanos presidida por el abogado Raúl Ramírez Ramírez,
están metidas en un brete legal y deberán explicar a la sociedad el
sentido de sus pesquisas, lo cual fue aprovechado por el pastor priísta
Alfonso Elías Serrano, para pedir la cabeza de los dos personajes.
Pero,
al margen de cualquier consideración política del tema, lo que quedó
claro, es que en materia de investigación criminalística los dictámenes
periciales de ambas instancias resultaron equivocados y deberán mandar a
la escuela a sus peritos para que se capaciten, con independencia de
que deberán indagar a fondo la causa del fallecimiento de María Jesús
Llamas, reparar el daño causado a la víctima y su familia y deslindar
responsabilidades.
Por
eso, ha declarado el Fiscal del Estado acatar en todos sus términos
dicha recomendación, luego de haber negado la competencia del organismo
en la admisión de la queja interpuesta por familiares de la occisa,
fallecida en las propias celdas de arraigo de la PEI, estando en
custodia y bajo responsabilidad de la PGJE su seguridad e integridad
contra cuya incomunicación promovió en su momento juicio de amparo antes
de perder la vida, a quien también se le dificultó el derecho a la
defensa.
Entre
las omisiones mencionadas por el Ombudsman se encuentran las que
tienen “…como consecuencia el incumplimiento de lo contenido en los
acuerdos A/002/10 y A/078/12, publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 3 de febrero de 2010, y 23 de abril de 2012,
respectivamente, referente a los lineamientos y directrices de la
Procuraduría General de la República, para la preservación del lugar de
los hechos; acuerdos que no obligan únicamente al personal adscrito a
esa Procuraduría, sino también a los agentes de las instituciones
policiales, incluso estatales y municipales, y que se refieren a la
debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del
hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso,
así como de los instrumentos, objetos o productos del delito” y “En
materia de protección y preservación de indicios, en el acuerdo
A/078/12, se dispone que la primera autoridad que tenga conocimiento del
hecho, a través de técnicas adecuadas de acordonamiento, debe asegurar o
custodiar el lugar en que ocurrió el delito, a fin de que personal
ajeno al estrictamente necesario acceda al lugar; posteriormente, el
personal pericial y la policía facultada, deben trazar una ruta de
acceso, a efecto de procurar que la alteración de los hechos sea mínima;
durante este procedimiento el agente del Ministerio Público debe llevar
un registro con la identificación de las personas que intervengan en el
sitio de los hechos, así como de la cadena de custodia y del personal
autorizado para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios
del hecho delictivo, e instrumentos, objetos o productos del delito”.
Además
se dice: “Por su parte, en el acuerdo A/002/2010, se señala que las
unidades de policía facultadas y los peritos deben observar en forma
metódica, completa, minuciosa y sistemática el lugar de los hechos y/o
del hallazgo, con la finalidad de buscar o identificar la existencia de
indicios o evidencias de la probable comisión de un hecho delictuoso,
así como efectuar la búsqueda de todo material sensible y significativo
(indicio o evidencia) relacionado con la investigación, a través de los
protocolos establecidos, así como de los métodos y técnicas de búsqueda
recomendados por la investigación criminalística”
En
ese tenor la CNDH recomendó: “Se giren instrucciones, a quien
corresponda, a efecto de que el personal médico y los peritos adscritos a
la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora sean
capacitados en el manejo, integración, perfeccionamiento legal,
resguardo de evidencias y constancias, para el adecuado uso y
preservación de los indicios, que permitan determinar las averiguaciones
previas con prontitud e inmediatez”.
Y
pensar que son peritos de la PGJE los que en calidad de maestros están
impartiendo “cátedra” en la carrera de Criminología en la Universidad
Vizcaya de las Américas.
¡Mamá mía!
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