NUEVA BATALLA DE NARCOMENUDISTAS EN BCS

El crimen organizado esta dejando muchas victimas

Pese a que el procurador Gamill Arreola dijo a ZETA que de agosto de 2012 al 5 de diciembre, se detuvo a 734 narcomenudistas, esta actividad delictiva no cesa en el estado. Prueba de ello son las tres ejecuciones registradas en cuatro días, en distintos puntos de la entidad

A punto de cerrar el año, en medio de vistosos y promocionados operativos de “seguridad” por las fiestas decembrinas, las bandas de narcomenudistas iniciaron una batalla por el control de la venta, trasiego y distribución de droga en Baja California Sur.

De norte a sur, en tal solo cuatro días, tres personas fueron asesinadas. Las primeras pesquisas indicaron que están vinculadas con actividades del narcomenudeo. En la disputa más reciente, la cacería de miembros de un bando y de otro comenzó a contabilizarse a partir de los siguientes hechos:

* El hallazgo de un cuerpo semi-enterrado el 5 de diciembre, sobre el camino de brecha hacia el poblado de San Felipe, en San José del Cabo.

* La ejecución del jefe de la plaza de narcomenudistas del poblado de El Vizcaíno, Iván Villavicencio Arce “El Taquero”, ocurrida el 8 de diciembre.

* El crimen del narcomenudista Marco Antonio González Domínguez, muerto a tiros el 9 de diciembre en la puerta de su casa, en el destino de playa de Cabo San Lucas.

Aunque en los casos de Los Cabos, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), todavía indagaba los datos de la banda responsable de los crímenes, pese a haber capturado a cuando menos dos de los autores materiales, en el asunto del poblado de El Vizcaíno, todo apuntaba hacia el narcomenudista y hoy nuevo jefe de plaza, Luis Alberto Echeverría Valdés “El Luisón” o “El Luisillo”.

A excepción del crimen del capo Francisco Rafael Arellano Félix “La Pancha”, registrado el 18 de octubre en Los Cabos, y perpetrado por un sicario vestido de payaso, el clima de violencia había cedido en el estado.

No obstante, de acuerdo al último informe general de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales de la PGJE, la lucha en contra del narcomenudeo es constante.

El procurador Gamill Arreola Leal expuso que desde que la PGJE asumió oficialmente la responsabilidad de combatir este delito -21 de agosto de 2012-, se han asegurado 93 mil 510 dosis de droga.

Durante una entrevista con ZETA, indicó que de agosto de 2012 al 5 de diciembre, fueron detenidos 734 narcomenudistas, por lo cual se abrieron 704 averiguaciones previas; 484 de las cuales fueron consignadas, 88 están en consulta y 132 en trámite de ser consignadas.

El funcionario agregó que la droga mayormente incautada fue el cristal, con 59 mil 962 dosis, seguida de la marihuana, con 27 mil 658, y la cocaína, con 5 mil 890 dosis.

El procurador reconoció la carencia de recursos económicos “para invertir en más contratación de personal, equipamiento e infraestructura”, pero aun así, trabajan con tres Centros de Operaciones Estratégicos, cuya carga de trabajo se distribuyó como a continuación se indica:

* 344 averiguaciones previas en La Paz.

* 164 averiguaciones previas en Cabo San Lucas.

* 99 averiguaciones previas en Guerrero Negro.

* 50 averiguaciones previas en Santa Rosalía.

* 27 averiguaciones previas en Loreto.

* 11 averiguaciones previas en Ciudad Constitución.

* 4 averiguaciones previas en Puerto San Carlos

* 4 averiguaciones previas en Ciudad Insurgentes.

* 1 averiguación previa en Bahía Tortugas.

A pesar de estos números, la batalla por el control entre narcomenudistas, es más que evidente para ganar el mercado de más de 14 mil consumidores, según datos del Consejo Nacional contras las Adicciones (CONADIC).

Entre la lista de los detenidos destaca -al cierre de edición- la captura de Óscar Anaya Gutiérrez “El Señor de los Cerros”, jefe de plaza de narcomenudistas en Guerrero Negro.

 LOS CRÍMENES

El primer caso de esta nueva disputa se registró el 5 de diciembre de 2013, luego de que aproximadamente a las diez de la mañana, la PGJE recibió el reporte del hallazgo de un cadáver sobre un camino de terracería rumbo al poblado de San Felipe, en la jurisdicción de San José del Cabo.

La comandancia contra homicidios encontró un cuerpo semi-enterrado entre el monte, a escasos 2 kilómetros pasando el puente de asfalto que cruza el libramiento hacia el Aeropuerto Internacional de San José del Cabo.

Dentro del predio conocido como “Mamoyas”, los investigadores encontraron un cuerpo sin vida en estado de putrefacción, con aproximadamente entre cinco y seis días de fallecido.

Tez morena clara, delgada y de sexo masculino, la víctima presentaba golpes en diversas partes del cuerpo, como si hubiera sido torturado, y una herida en el cráneo al parecer producida por un golpe contuso. Tenía entre 35 y 40 años, y medía cerca de 1.70 metros de altura. El cuerpo fue levantado y, hasta el cierre de edición, permanecía en calidad de desconocido.

En base a evidencias recolectadas en la zona, los investigadores consideran que podría tratarse de un ajuste de cuentas por los golpes y huellas que el occiso presentaba, sobre todo porque en los últimos casos han detectado que algunos crímenes fueron cometidos con armas blancas y piedras, para evitar el registro de balística, como viene sucediendo en otros estados.

Pero apenas se investigaba el crimen en Los Cabos, en el poblado de El Vizcaíno -conocido también como Villa Alvarado- se reportó el hallazgo de otro cadáver en el Kilómetro 132+500 de la carretera Transpeninsular de esa comunidad a Guerrero Negro.

El cuerpo sin vida fue encontrado aproximadamente a un kilómetro hacia adentro, del lado Este, y 39 metros hacia adentro del monte, del lado Norte.

Luego de recibir una llamada anónima, agentes de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Mulegé, en coordinación con la Policía Ministerial, encontraron entre el monte una camioneta color negra, tipo pick-up, marca Ford, línea F-150, sin placas de circulación, con una tapadera que cubría la caja de la camioneta. A un costado estaba el cadáver.

La víctima, tirada sobre la tierra, vestía chamarra de piel color café, playera negra, pantalón Levi’s, cinto color café y botas vaqueras.

En la escena del crimen se recolectaron cartuchos percutidos: tres calibre .40, dos calibre .45, y once calibre .7.62.

Peritos de la PGJE levantaron la evidencia y llevaron el cuerpo a la funeraria Nuestra Señora de Guadalupe, en virtud de que se encuentra habilitada como anfiteatro, donde el médico legisla dictaminó traumatismo cráneo-encefálico producido por un proyectil de arma de fuego.

En las primeras indagatorias, la PGJE logró establecer que la víctima era el jefe de plaza de narcomenudeo en El Vizcaíno, Iván Villavicencio Arce “El Taquero”, quien fue reconocido plenamente por su padre.

El asesinado es hermano del anterior jefe criminal de esa población, Adrián Villavicencio Arce, ultimado de siete balazos el 17 de abril de 2010 en el patio de su domicilio, en Calle Valentín Gómez Farías de la colonia Magisterial de esa comunidad agrícola.

El presunto responsable de ese crimen, actualmente prófugo de la justicia, opera de forma abierta y se mueve en la población, bajo la protección de las policías Municipal y Ministerial, de acuerdo a denuncia anónima recibida en ZETA. Se le identificó como Luis Alberto Echeverría Valdés “El Luisón” o “El Luisillo”.

De ahí que en base a los investigadores e información recabada por testigos, el indiciado “podría estar vinculado con el crimen de Iván, por la añeja disputa por el control del narcomenudeo en El Vizcaíno”.

Según la PGJE, la noche del primer crimen “El Luisón” iba acompañado por Guadalupe Beltrán Beltrán “El Lupillo”, quien fue el único detenido en esa ocasión y después  liberado; finalmente fue ejecutado el 11 de noviembre de 2012, en el Rancho “El Vergel”, en la comunidad de José María, Baja California.

La disputa entre “Los Villavicencio” y “El Luisillo” era públicamente conocida, pues apenas el 16 de enero de 2013, Iván Villavicencio Arce “El Taquero”, había planeado y ordenado el crimen del hermano de “El Lupillo”, Juan Bautista Bautista “El Indio”, quien contrató a Vladimir “El Seven” Bátiz como sicario, pese a ser cantante.

NARCOMENUDEO, AUMENTAN OPERATIVOS

Ése había sido el último enfrentamiento entre ambos grupos criminales, hasta once meses después, cuando la violencia volvió a recrudecer en El Vizcaíno.

Sin embargo, cuando se investigaba el crimen de “El Taquero”, y aún no se identificaba a la persona semi-enterrada en San José del Cabo, la violencia regresó a Los Cabos, salvo que en esta ocasión, al destino de playa de Cabo San Lucas.

El 9 de diciembre de 2013, el narcomenudista Marcos Antonio González Domínguez fue asesinado a tiros afuera de su casa, localizada en las calles Francisco Villa, entre Bulevar Juventud y Alikan, en la colonia El Arenal.

Los vecinos reportaron dos detonaciones de arma de fuego, y al llegar, la Policía Ministerial encontró dos cartuchos percutidos calibre .45, además de la víctima tirada sobre el piso y sin signos vitales.

Testimonios de vecinos indican que el occiso, de 28 años, vendía droga y a la vez trabajaba en el ramo de la construcción. Observaron que la noche del crimen llegó un vehículo pick-up de color negro, cuatro puertas, en cuya caja trasera iban entre seis y siete personas,  quienes aventaron piedras y botellas hacia el domicilio. Después de que la víctima se asomó junto con su hermano, se escucharon disparos.

De acuerdo a testigos, los tripulantes de la unidad salieron corriendo rápido, su vecino se agarraba el pecho y entró a su vivienda, quedando tirado dentro de la casa en posición decúbito dorsal. Según el dictamen del médico legista, falleció por anemia aguda secundaria por herida producida por proyectil de arma de fuego. Vestía shorts de color negro y suéter gris.

El hermano de la víctima, de nombre Rigoberto, declaró que sabía que su consanguíneo tenía diferencias con una persona de nombre Jesús, apodado “El Dany” o “El Dry”, y aunque en su declaración expuso que se trataba por un problema de “un asalto”, uno de los testigos relató que todo fue por “la disputa de drogas, ya que el día del crimen se habían hasta liado a golpes”.

En su testimonio, no supo si hablan de una deuda o de la venta, solo recordó que “era por drogas”, porque cuando discutieron “yo andaba ‘pasado’, porque me estaba fumando una ‘bacha’, y alcancé escuchar algo de eso”.

El dueño del pick-up, identificado como Jesús Alejandro Vigil Ayala, declaró que la noche del crimen “no sabía que iba a pasar eso”, porque “solo me pidieron ‘raite’ a la casa de una persona que supuestamente le había pegado a uno de ellos, los cuales se subieron a mi camioneta; llegamos, se bajaron y empezaron a arrojar botellas y cervezas, y de repente escuché unos disparos, salen corriendo y se suben y gritan ‘vámonos’… entonces fue y los dejé en la esquina de su casa, y yo me regresé a la mía”.

Aunque al cierre de esta edición de ZETA, la PGJE indagaba el móvil, por lo pronto detuvo a los hermanos Jesús Daniel y Óscar Orión Peralta Pacheco “El Dany” y “El Orión”, como responsables materiales del crimen del narcomenudista Marco Antonio González Domínguez.

 LOS NARCOMENUDISTAS

Independientemente de los crímenes, y en base al trabajo de inteligencia del Grupo de Coordinación de Seguridad Publica, la PGJE tiene detectadas las bandas de narcomenudistas que operan en el estado. En el último mapa delictivo elaborado por autoridades estatales y federales aparecen:

* Cártel de La Oficina, dirigido por “El Pelacas”, “El 7” o “El Calaveras”, en Cabo San Lucas.

* La banda de Javier López Rivera o Javier Acosta López “El Javy” o “El Javier”, en San José del Cabo.

* La organización de “El Rayo”, “El Pelón” y “El Gordo”, en La Paz.

* La banda de Noé Fregoso Sosa “El Hitler”, en Comondú.

* La banda de Óscar Anaya Gutiérrez “El Señor de los Cerros,” en Guerrero Negro, Francisco Vega “El Gorila” en Santa Rosalía, y Luis Alberto Echeverría Valdés “El Luisón” o “El Luisillo”.

Para combatir a estas agrupaciones criminales, la PGJE únicamente cuenta con tres Centros de Operaciones Estratégicas, localizados en La Paz, Cabo San Lucas y Guerrero Negro. Éstos solo cuentan con  seis ministerios públicos, 24 agentes de investigaciones, seis peritos y seis responsables de administración.

El propio procurador estatal, Gamill Arreola, admitió que todo el personal “tiene competencia en atender, investigar y perseguir los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y conexos, lo cual quedó plasmado en un convenio de coordinación y colaboración entre PGR y el gobierno de Baja California Sur”.

(SEMANARIO ZETA/ PM  Investigaciones ZETA /Diciembre 17, 2013 12:01)