EL "FISCAL SICARIO"

Dueños y concesionarios de terrenos en Nayarit están siendo sometidos a extorsiones, despojos, robos, levantones y secuestros en esta entidad, pero sus intentos de obtener justicia se han topado con un obstáculo grave: sostienen que el fiscal general del estado, Édgar Veytia, es quien encabeza a los sicarios del Cártel del Golfo que tienen atemorizada a la población… Sin embargo, las autoridades federales no quieren darse por enteradas.

COMPOSTELA, NAY.- La Peñita de Jaltemba es uno de los ejidos más ricos de Nayarit: sólo en 2012 generó utilidades de entre 40 y 50 millones de pesos. Su padrón es de 565 ejidatarios, quienes luego de 20 años de ser representados por personas sin escrúpulos decidieron hacer un cambio democrático en su mesa directiva.

“En noviembre de ese año mis compañeros ejidatarios me pidieron ayuda porque el excomisariado Francisco Zúñiga se robó el fondo de las empresas del ejido: gasolineras, locales comerciales, tiendas y bodegas. La nueva mesa directiva determinó practicar una auditoría y el resultado fue que se habían tenido ganancias de entre 40 y 50 millones de pesos”, cuenta a Proceso el ingeniero Adrián Villanueva Salgado.

“Acudimos con el fiscal general del estado, Édgar Veytia”, continúa, “para que conociera a los nuevos integrantes de la mesa directiva y el comité de glosa encargado de la auditoría informara del fraude detectado”.

El fiscal les prometió apoyo, se comunicó telefónicamente con el gobernador Roberto Sandoval Castañeda y lo puso en el altavoz. Los ejidatarios escucharon a Veytia decir que iban a auditar al expresidente del comisariado, Francisco Zúñiga, y el gobernador les aseguró que no permitiría ese robo.

El fiscal agregó que 24 horas después de interpuesta la denuncia, el defraudador estaría en la cárcel. La investigación comenzó, pero el pasado 26 de febrero los denunciantes recibieron las primeras amenazas de muerte de sicarios contratados por Zúñiga: “Les dije a los compañeros que esto era para amedrentarnos. Decidimos continuar. Al mes siguiente el compañero Regino Cruz y su tío Ruperto fueron atacados en su propia casa, destruyeron su camioneta y les advirtieron que si no parábamos, nos matarían junto con nuestros hijos”, recuerda Villanueva.

Los integrantes del comité de glosa acudieron con Veytia para denunciar a Mario Muletas El Chueco –quien controla a La Maña (como llaman allá a la delincuencia organizada) en el municipio de Compostela– y a Maximiliano Rojas o Ávalos –cabeza principal del crimen organizado en el estado– como los enviados por Zúñiga, a quien el gobernador promueve para ocupar la alcaldía de Compostela. El fiscal aparentemente movilizó a la policía y hacia las 18:00 horas llamó a los ejidatarios. Les dijo que ya tenía detenidos a los delincuentes. Los quejosos los reconocieron.

Cuando salían de la Fiscalía General del estado, recuerda Villanueva, Veytia “me llamó para decirme que me había nombrado a un asesor, de apellido Blancas”.

“En abril me encontraba en Tepic, en mi oficina, cuando (Blancas) me llamó y me pidió ir al ejido. Me citó en un restaurante frente al centro botanero Los Potros, lugar de reunión de La Maña. Al llegar vi a Blancas con una banda de sicarios. Me dijo: ‘Tengo órdenes de Zúñiga de que detengas la auditoría. Llevas dos mensajes, éste es el tercero. A tus hijos, tu esposa y a ti se los va a cargar Pancho Villa… piénsale, porque con esos indios ignorantes, huarachudos y pendejos no vas a ganar nada’.”

El 5 de mayo hubo otra asamblea ejidal en la cual se acordó denunciar las amenazas. “Al término, como a las dos o tres de la tarde, llamaron al compañero Regino Cruz y le dijeron: ‘Junta al ingeniero y a tu bola de pendejos porque ahora sí se les terminó el tiempo’.

“Hablé con Blancas y le reclamé por esta nueva amenaza. Me citó pero le dije que ahora él tendría que acudir a mi negocio… y llegó con cinco hombres armados. Me dijo: ‘Aceptas una propuesta del fiscal o te mueres’. A cambio de 3 millones de pesos yo debía desistirme de presentar la denuncia por fraude contra Zúñiga. Nos negamos.

“Le pedí a Blancas que me enfrentara con el fiscal. ‘Pues él es quien te va a matar, no seas pendejo, Villanueva. Tú y yo fuimos amigos, compañeros de niños; por eso no te puedo matar, pero ya no tendremos tratos. Otros te van a asesinar por mí’, me respondió.

“Blancas me llamó al mediodía para decirme: ‘Ya está enterado el fiscal. Te va a buscar, pero para matarte’. Reuní a los integrantes de la mesa directiva, del comité de glosa y a los auditores para entrevistarnos con el fiscal. (Éste) llegó enojado, aventó la silla, el presidente del comisariado temblaba de miedo. Le espetó: ‘Quedamos en que ibas a controlar a la asamblea y yo al ingeniero’.”

Villarreal intervino para advertirle al fiscal que el agente del Ministerio Público que estaba a su lado ya tenía la denuncia penal PEN/96/013.

“Me dijo: ‘¡Contigo no quiero hablar, cabrón! ¡Salte de aquí!’. Me corrió. Desde ese día estuve escondido y no pude escapar del estado sino hasta el 4 de septiembre.”

Al no lograr su objetivo, Veytia, Zúñiga y sus cómplices invirtieron la jugada: la extesorera ejidal Piedad Ayón Velasco presentó una denuncia por extorsión contra Villarreal y contra Sergio Montes, otro ejidatario, a quienes acusó de intentar extorsionarla por 3 millones de pesos.

La defensa de Villarreal la lleva su esposa, Amalia, a quien Blancas y su gente han amenazado. Le dieron un ultimátum: “O me entregaba en una semana o secuestrarían a uno de mis hijos”, cuenta el ingeniero.

Y desde junio el fiscal “secuestró” los expedientes del caso.

Villarreal sigue: “Llegué el 5 de septiembre a la Ciudad de México y entregué copia de todos los documentos a la Presidencia, a la Suprema Corte, a Gobernación, a la PGR, a la Secretaría de la Función Pública y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Todos han recibido ese escrito pero nadie lo ha leído. Blancas es quien, en representación del fiscal, mueve a La Maña en todo Nayarit. Mi esposa está en peligro, a diario la visitan los sicarios y nadie me hace caso.”

Cesiones forzadas

Agustín Magallanes Paz habitaba la Peñita de Jaltemba hasta que fue amenazado de muerte por Zúñiga y Veytia.

“No soy sólo yo. Tengo conocimiento de casos como el de Gerardo Rosas, quien fue sacado de su casa por sicarios al mando de Zúñiga, bajo la sombra del fiscal. Fue llevado a las oficinas del comisariado ejidal y lo obligaron a firmar la cesión de derechos de un terreno”, asegura a este semanario.

“Francisco Zúñiga en su periodo administrativo (en el ejido) cayó en la avaricia. En el plan de adueñarse de nuestros bienes (y con ayuda de personas que se dedican a robar, secuestrar, levantar, vender droga y cobrar cuota y que trabajan para el Cártel del Golfo) en febrero de 2011 intentó sacarnos de nuestros terrenos.

“Cuando no lo logró, nos acusó de falsificación de documentos. Quienes ocupábamos el predio empezamos a recibir amenazas. Uno, Francisco García, en marzo de 2012 se asustó y huyó de la zona con todo y familia; los otros dos, Cirilo y Brenda, mi hija, están presos por negarse a desalojar.

“Al principio iban contra las esposas e hijos de los ejidatarios. Dagoberto Peña Gómez y Álvaro González Mojarro, presidente de vigilancia y secretario del comisariado, respectivamente, llegaban a amenazar. Al no poder despojarnos, me acusaron de falsificación de documentos.

“Este predio de 5 mil 700 metros cuadrados lo adquirimos en 2001 a través de una cesión de derecho ante notario. Cuando llegó este comisariado y vio que no nos espantaba, negoció con Mario Ruiz Ortega –la persona que me vendió– y bajo amenaza me denunció por falsificación de firma en agravio del ejido. El 23 de julio de 2011 me detuvieron por falsificación de documentos; tres meses después el juez me absolvió por falta de elementos”, dice Magallanes y cita las averiguaciones previas BUC/EXP/172/2011. PEN/EXP/116/2011 y PEN/EXP/202/2011, donde se asienta lo anterior.

El 10 de abril de 2012 Magallanes atendía su puesto de frutas, dulces típicos y plantas: “Cuando salgo me doy cuenta de que me sigue un vehículo. Me orillé para dejarlos pasar pero me cerraron el paso. Cuatro hombres encapuchados bajaron de vehículos de la Policía Judicial del estado, armados y con uniformes de la corporación. Se acercaron a la puerta de mi vehículo, la abrieron, me bajaron y me pasaron al asiento de atrás”, narra a Proceso.

Un día después lo llevaron a la Fiscalía General, lo metieron bajo un escritorio en los separos. Ahí escuchó que los agentes preguntaban quién iba “a cooperar” para la cena. Magallanes dijo que él, si le quitaban las esposas. Mientras los policías cenaban y descuidaban su vigilancia él pudo mandar mensajes de texto a sus hijos Brenda y Paul, quienes al día siguiente interpusieron el amparo 441/2012/IV contra la fiscalía por la privación ilegal de la libertad de su padre.

En el patio de la fiscalía, Veytia le dio manotazos a Magallanes y lo acusó de tener nexos con narcotraficantes de la región. Además, le advirtió, en su campaña por la gubernatura Sandoval Castañeda “les prometió a los ejidatarios mi terreno. ‘Las promesas de campaña se cumplen’, dijo. ‘Tienes que regalar ese terreno o atente a las consecuencias. Puedo ordenar que me traigan la cabeza de uno de tus hijos’. Le dije: ‘No, señor, yo le firmo’”.

Luego lo llevó a una sala donde estaban los representantes del ejido encabezados por Zúñiga.

El fiscal les dijo que Magallanes había aceptado firmar una cesión de derechos: “Pero como aquí somos gente honesta le vamos a regalar 500 mil pesos para que se ayude, porque no queremos perjudicar a nadie”.

Los integrantes del comisariado estuvieron de acuerdo y dijeron que en 24 horas regresarían con el dinero, pero antes lo hicieron firmar un documento donde señalaba que por su voluntad entregaba la propiedad al ejido y otorgaba el perdón amplio en cuatro o cinco denuncias previamente interpuestas contra ellos.

El fiscal envió a Magallanes a un hotel. Mientras estaba en su habitación, dos veces agentes de la fiscalía se llevaron su celular: “Regresaban, me ordenaban que le hablara a mi hija para que se desistiera del amparo. Le hablé pero me contestó: ‘Papá, no pierda su tiempo. Mientras no lo vea, no me desisto’”.

Al día siguiente lo regresaron a la fiscalía para darle los 500 mil pesos. Cuando los integrantes del comisariado se retiraron, el fiscal lo llevó a un privado: “Aquí te vas a mochar con mi comisión. Vamos a medias en esto”, le advirtió.

“Empezamos a contar y le entregué su dinero. Ordenó que me llevaran al banco a depositar lo mío”, recuerda.

Después lo trasladaron al predio para que lo entregara físicamente: “En ese momento mi hija estaba en San Blas, reportando mi secuestro en la base naval. Les dije a los agentes que los marinos iban a empezar a buscarme, se lo comunicaron al fiscal y les dio la orden de regresarme. Así me liberaron”.

El 13 de abril de 2012 llegó el agente del Ministerio Público Édgar Briseño Medina, adscrito a La Peñita, con dos partidas de judiciales para tomar posesión del predio: una palapa de 30 metros de frente por 12 de fondo. Los cinco empleados fueron amenazados: “Uno preguntó con base en qué tenían que desalojar. Les respondieron que ya me habían pagado por la cesión de derechos. Mi hijo salió y empezó a tomar fotos. Lo agarraron, le quitaron la cámara y lo encerraron en la cajuela de una patrulla. Ya nadie dijo nada”, cuenta Magallanes.

Pero no les bastó: seis meses después del despojo del predio, sus hijos Brenda, Iris y Paul Magallanes Montes de Oca fueron detenidos. A Iris y a Paul el comandante Roberto Quiñónez los bajó de su vehículo cuando circulaban por el fraccionamiento Rincón de Guayabitos. A Brenda la sacaron de su negocio.

“A raíz de mi secuestro mi hija Brenda le envió e-mails a Felipe Calderón pidiéndole auxilio por las arbitrariedades vividas. Calderón ordenó a la delegación de la PGR en Nayarit que investigara. De ahí nace la averiguación previa 052. También interpusimos una denuncia ante la PGR, en la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, la cual inició como acta circunstanciada AC/037/UEIDCSPCAJ/2012; en agosto de 2013 pasó a ser la averiguación previa 156 contra Zúñiga y Veytia.

“De un tiempo a la fecha los asesores de la Fiscalía General, el licenciado Alfonso Blancas, por indicaciones de Veytia, me dice que mientras no retire las denuncias, en la cárcel mis hijos corren peligro y no van a salir. El patrón (fiscal) va a pasar siete años en su puesto y mientras esté ahí nada va a proceder”, cuenta Magallanes.

Terrenos federales

Gabriel Rosales Hernández, propietario del restaurante Los Huicholitos, en Rincón de Guayabitos, es uno de los 14 comerciantes con más de 20 años en posesión de esta zona federal; en 2005 recibió de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a nombre de su esposa Leticia Gómez Martínez, una concesión por 15 años para trabajar en la zona.

Recuerda: “A finales de 2010 llegó Salvador Durán Huerta, representante de la empresa Duvasa. Llevaba gente armada, aunque ante nosotros se presentó en forma pacífica. Dijo que en un remate bancario había comprado la tierra colindante con la nuestra. Nos propuso relacionarnos con bancos para que nos otorgaran créditos y mejorar la imagen de nuestros ­negocios.

“La segunda vez que fueron todo cambió. Al propietario del hotel Colibrí lo despojaron de su negocio, al cual resguardan con gente ­armada.”

“Goyita Téllez Martínez, mi cuñada, el 6 de febrero de este año fue la primera que denunció ante el Ministerio Público Federal Adalberto López Leal que un grupo de sicarios a mano armada la obligaron a salir de su propiedad. Actualmente quedamos cuatro en la lucha. Los demás ­huyeron.”

De los terrenos que reclama Duvasa una parte es zona federal y otra son las calles Emilio M. González y Marisol, registradas en Desarrollo Urbano del estado.

Rosales muestra a la reportera copias de las escrituras del terreno reclamado por Duvasa, del Periódico Oficial de Nayarit, planos de la empresa donde aparecen delineadas las calles y peticiones de apoyo que han hecho al gobernador.

También da lectura al oficio PROEPA/ 038/2013, emitido por la Semarnat, en el cual les reconoce las concesiones de 2005. Sobre la escritura de Duvasa señala: “La empresa no tomó en cuenta que parte de los terrenos que reclama en propiedad privada son en realidad terrenos ganados al mar; en consecuencia son bienes de la nación”.

Agrega que el pasado marzo, en nombre de Duvasa, Nora Adriana Ramírez Mendoza y Rodolfo López Bishop solicitaron la revocación de 10 de las 14 concesiones.

“El poder que ellos tienen como empresa se hizo en marzo de 2003 en Jalisco; ahí los poderes vencen a los cinco años. ¿Cómo es posible que escrituren en octubre de 2008, con el poder vencido?”, señala.

–¿Quién está atrás de la gente de Duvasa? –se le pregunta a Rosales.

–El hotel Colibrí lo tiene resguardado la fiscalía. Como 100 agentes dormían ahí. La encargada es Míriam Aurora Gálvez González. También se posesionaron del hotel Teresitas. Quien empezó a intimidarnos fue Josué Aguirre Joya; le dimos 300 mil pesos a cambio de que nos dejara trabajar en tierras que tenemos en concesión legal.

En la misma situación de amenaza y extorsión desde hace 26 años se encuentran 73 familias posesionarias del mismo número de lotes ubicados por la calle principal del puerto de Guayabitos, en avenida del Sol Nuevo y Retorno Caoba, conocido como Colonia Mercado 21 de Septiembre.

Bertha Alicia Rivera Ríos recuerda: “Por ese tiempo ocurrió una tragedia muy grande por los terrenos de la playa. Una compañía pretendía quedarse con ellos y mataron a dos compañeras, Elizabeth Ruiz Martínez y Esther Martínez Yáñez. Ahora existe la duda de que Duvasa sea en realidad la misma empresa que llegó cuando las mataron a ellas. El apoderado era Arturo Altamirano, lo apoyaban el entonces alcalde Heriberto Conde Valdez y el gobernador Rigoberto Ochoa. El modo de operar es el mismo. Queremos que las autoridades nos protejan e investiguen”, exige.

(PROCESO/ Patricia Dávila/ Reportaje Especial /20 de diciembre de 2013)