Hacen
aquí todo lo que no pueden hacer en su nación: tienen impuestos
ridículamente bajos, contaminan y envenenan las tierras donde medran,
pagan salarios miserables, se burlan de las leyes laborales y a base de
corrupción despojan a campesinos y a pueblos indígenas. Son las mineras
canadienses, a las cuales sucesivos gobiernos mexicanos han otorgado
concesiones que ya abarcan casi la mitad del territorio nacional.
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Un estudio gubernamental elaborado este año llegó a la
siguiente conclusión: las empresas canadienses que asumen conductas
ejemplares y responsables en su nación son “a ciencia cierta las
empresas más corruptas cuando invierten en el sector minero en México”.
El
documento destaca que el país ha cedido irremisiblemente millones de
toneladas de recursos no renovables y alerta sobre la pérdida de
soberanía nacional por la entrega de la mitad del territorio en
concesiones mineras –en su mayoría a firmas canadienses– por “los
errores derivados de la sobreapertura comercial”.
Elaborado por la
Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM) de
la Secretaría de Gobernación, el Estudio de la minería en México. Un
análisis comparado con Canadá –que Proceso pudo consultar– desglosa en
sus 200 páginas desde los aspectos elementales de comprensión del sector
minero hasta los casos ejemplares de los excesos extranjeros.
Entre
las revelaciones del documento se observa que el gobierno mexicano ha
ocultado información desde el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando se
incrementó el otorgamiento de concesiones mineras.
Y previene:
“Durante el desarrollo del estudio nos encontramos con la dificultad de
que las bases de datos oficiales se alejan de la veracidad de los
hechos, por lo que el estudio pretende identificar las lagunas y
distorsiones, puesto que las cifras, estadísticas, datos e indicadores
han sido disfrazados por las mismas autoridades”.
Con base en
cuadros y estadísticas propios, la CDPIM demuestra que las mineras
canadienses no pagan impuestos, no tienen restricciones ambientales
suficientes y despojan a comunidades indígenas y campesinas por medio de
la corrupción de sus líderes y autoridades… todo lo que no podrían
hacer en su país.
México es el primer productor de plata del
mundo, tercero en bismuto, quinto en plomo, noveno en oro y undécimo en
cobre, por lo que la inversión extranjera en el sector minero ha crecido
vertiginosamente en los últimos 12 años.
Según el documento, del
total de mineras que operan en México, 70% son extranjeras. De éstas,
74% tienen participación canadiense y 15%, estadunidense.
Con base
en un estudio realizado en 2012 por el Instituto Fraser de Canadá
acerca de los países con potencial minero, el texto de la CDPIM destaca
que México aparece en quinto lugar debajo de Estados Unidos, Chile,
Canadá y Burkina Faso.
Pero el mismo estudio revela que en cuanto a
los indicadores político, económico y social México ocupa el lugar 53
de los 94 países evaluados, superado incluso por naciones poco
desarrolladas como Botsuana, Namibia, Tanzania, Vietnam, Perú y
Guatemala.
El análisis de la CDPIM resume con una expresión la
contradicción de ese resultado con respecto al incremento de las
inversiones canadienses: “México es el paraíso fiscal de Canadá en
materia minera”.
Goldcorp
La trasnacional canadiense
Goldcorp, con sede en Vancouver, tiene varios proyectos en México,
donde es la principal productora de oro (411 mil onzas en 2012). En su
país se rige bajo la Ley de Impuestos Mineros de la Columbia Británica
(Mineral Tax Act).
De acuerdo con esa ley, por la operación de una
mina tendría que pagar 2% de su ingreso operativo más 13% de su ingreso
neto acumulado adicional; dos impuestos sobre la renta (ISR), uno
provincial de 10% y otro federal de 15%; tendría que haber tramitado una
licencia social de operación, pagar permisos y trámites municipales; no
disfrutaría una concesión de 50 años como en México y estaría obligada a
seguir reglas y protocolos ambientales estrictos.
Además tendría
que someterse a la iniciativa Hacia una Minería Sustentable, elaborada
por el gobierno federal y organizaciones civiles, lo cual la obliga a
aplicar programas de protección ambiental, armonía y desarrollo
comunitario e inclusión laboral indígena, entre otros aspectos.
En
México, Goldcorp sólo tiene que pagar el ISR, que además es acreditable
gracias al Convenio de Eliminación de Doble Tributación, lo que implica
que puede acceder a créditos o exenciones fiscales.
Aquí el pago
de su concesión es irrisorio. Por ejemplo, tiene 70 mil 900 hectáreas
concesionadas en Sonora, donde explota una mina de oro. En 2012 sólo esa
operación le produjo una utilidad bruta superior a los 2 mil millones
de pesos. Pagó 5.70 pesos semestrales por cada hectárea de la concesión,
un total de 809 mil pesos en el año, equivalentes a 0.039% de sus
utilidades netas.
La información, expuesta ampliamente por el
estudio de la CDPIM, establece que la legislación vigente sólo exige el
pago de derechos conforme a la fracción II del artículo 27 de la Ley
Minera y al artículo 263 de la Ley Federal de Derechos, que marcan de
5.70 a 124.74 pesos semestrales por hectárea.
Para el estudio se
elaboró una tabla donde se muestran las contribuciones fiscales por
proyectos mineros en Canadá con base en los resultados de operaciones de
varias empresas. Ahí, por ejemplo, se puede observar lo que pagó
(convertido a pesos) Agnico Eagle Mines en una mina registrada en
Quebec, que en 2012 tuvo una utilidad bruta similar a la de Goldcorp en
Sonora.
Agnico Eagle debió pagar por ISR provincial 262 millones
206 mil pesos, y por impuesto minero 352 millones 618 mil pesos, sin
contar el ISR federal, que es acreditable, es decir, deducible o sujeto a
exenciones.
El estudio de la CDPIM menciona que el gravamen de
7.5% a la minería, propuesto en la reforma fiscal de octubre pasado, es
un avance pero aún insuficiente. Entre diferentes aspectos a mejorar
destaca que, conforme a parámetros internacionales, en vez de
catalogarse como derecho especial debe ser “impuesto a la minería”, debe
aplicarse a los ingresos brutos y no a los netos, establecer ajustes
para proteger y estimular a los capitalistas nacionales y dar facultades
recaudatorias a los estados y municipios.
Génesis de conflictos
La
opacidad en las cifras y datos oficiales son evidenciadas en el
estudio. Por ejemplo, la Secretaría de Economía (SE) expone que hay 26
mil 7 concesiones mineras vigentes y que éstas ocupan 13.8% del
territorio nacional.
Pero con las mismas estadísticas de la SE se
demuestra que de 1993 a 2012 se otorgaron 43 mil 675 concesiones que
amparan una superficie de 95 millones 765 mil 800 hectáreas.
Prácticamente la mitad del país.
En los últimos tres sexenios la
cantidad de tierra concesionada aumentó: con Ernesto Zedillo fueron 34.5
millones de hectáreas; con Fox, 25.1 millones, y con Calderón, 34.3
millones. En la administración de Zedillo se concesionó más tierra pero
fue Calderón quien otorgó más títulos de concesión.
Otra
contradicción: de acuerdo con el Fideicomiso de Fomento Minero se ha
explorado 30% del país, dejando 70% apto para desarrollar proyectos. El
estudio subraya que si se ha concesionado 50% del país y sólo 30% está
explorado, queda 20% del territorio que se concesionó y no se sabe para
qué, lo cual se considera un ejemplo más de cesiones sin controles.
Las
concesiones han impactado ya al mundo indígena. Según el estudio de la
CDPIM, 97.1% del territorio de los paipai, etnia de Baja California, fue
cedido para operaciones mineras; también 85% del territorio kiliwa, 65%
del kikapú, 50% de las tierras pames y 33% de los territorios coras.
La
lista incluye 42 pueblos indígenas que resienten la ocupación minera.
Entre los más afectados están los chatinos, coras, mixtecos, rarámuris,
tepehuanes y zapotecos.
El estudio refiere que la explotación
minera “es génesis de múltiples conflictos sociales, que en algunos
casos han derivado en enfrentamientos armados, desplazamientos forzados
de comunidades y aumento de violencia”.
Luego de esa descripción,
alerta sobre “una grave amenaza a la integridad cultural y territorial
de los pueblos indígenas”, pues para ellos “el territorio va más allá
del concepto de espacio; más bien define su estructura social como
resultado de la unidad hombre-tierra-naturaleza”.
Los impactos de
la actividad extractiva en esos territorios se relacionan con la minería
llamada “a cielo abierto”, que es altamente contaminante y destructiva.
Más que concentrarse en la descripción de los impactos, el estudio hace
una serie de observaciones por la laxitud del marco jurídico y
normativo ambiental y por las omisiones de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
El documento señala que además de
los daños ambientales, los desarrollos mineros se han realizado “sin
respetar los derechos que tienen los pueblos indígenas sobre su
territorio: a su propiedad, al uso y goce de sus recursos y a la
consulta, consagrados en la Constitución y tratados internacionales”,
por lo cual dedica un amplio apartado a la revisión de dichos
instrumentos jurídicos y sus complementos, como el de la consulta, para
evitar mayores tensiones sociales.
El nivel de conflicto es alto,
según la CDPIM. Con base en informes de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe y la ONU, México es uno de los países con más
conflictos en la región por motivos socioambientales provocados por las
empresas mineras, en particular por la falta de respeto a los
territorios de pueblos originarios y la exclusión de sus habitantes.
En
contraste, el estudio de la CDPIM refiere que cuando operan en su país,
las mineras canadienses, además de sujetarse a estrictos planes
ambientales, están obligadas a suscribir agendas de inclusión y
armonización con los pueblos aborígenes.
Por otra parte, el
estudio dedica un apartado a las condiciones laborales contrastantes
entre México y Canadá en el sector. Su análisis se sustenta en la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012, la cual mostró que
alrededor de 231 mil personas trabajaban en la minería. Sin embargo, el
IMSS tuvo registro ese mismo año sólo de 110 mil mineros. De manera que
52% de los trabajadores de minas no cotizan en el Seguro Social.
La
ausencia de seguridad social –algo impensable en Canadá– se suma a la
disparidad salarial, según el estudio; asimismo, establece que 69% de
los mineros ganan menos de cinco salarios mínimos.
La conversión a
dólares canadienses es reveladora: un minero en México gana en promedio
3.26 dólares por hora y en una jornada de ocho horas sumaría 26.08
dólares. Un minero en Canadá gana 26 dólares por hora o 208 a lo largo
de una jornada. Es decir que un minero canadiense gana por una hora de
trabajo lo que un mexicano gana en un día.
“Si se toma en cuenta
que el precio de los minerales es internacional y que los costos de
producción son similares en México y Canadá, con la ventaja de que aquí
no pagan impuestos, el bajo salario es injustificable, pues no compensa
el riesgo y con frecuencia viola los derechos laborales.”
Por esos
motivos el estudio establece que en el país hay 26 conflictos sociales
activos derivados de la explotación minera en distintos estados, la
mayoría por la operación de empresas de origen canadiense.
Y si
bien destaca el papel de “potencia minera” global que tiene México, en
sus conclusiones expone: “Debe hacerse valer el papel de potencia bajo
reglas justas que impacten positivamente a todos los actores de esta
ecuación”.
/19 de diciembre de 2013)
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