jueves, 18 de julio de 2013

IMPROCEDENTES, AMPAROS COLECTIVOS: LORENZO RAMOS



Revela en exclusiva para Dossier Político…
  
El reconocido abogado insistió a DP que la apuesta del Gobierno del Estado es que se le otorgue la suspensión y provocar el retraso, “mientras sale Padrés, para que no le ´truene el cuete en la mano´; el amparo se va a convertir en improcedente porque se atacan actos que están siendo juzgados por otro juez de amparo, inclusive por la Suprema Corte”…

César Fraijo y Alejandro Matty / Dossier Politico 
Hermosillo, Sonora (DP).- Los amparos colectivos que promueve el Ayuntamiento de Hermosillo para que el agua que está llegando de la presa “El Novillo” a las diferentes colonias de la ciudad, son improcedentes “porque no se puede presentar un amparo contra otro amparo”, expuso el abogado litigante Lorenzo Ramos Félix.

En exclusiva para Dossier Político, expuso que en su experiencia, considera que el Gobierno Municipal busca que se le otorgue la suspensión; es decir, “el juez federal que admitiera esa demanda colectiva iba, a petición de parte, decretar la suspensión del acto reclamado para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no sea suspendido el trasvase de agua hasta en tanto se resuelve el amparo”.

Precisó que tratándose del trasvase de agua de un sistema de almacenamiento a otro, sólo puede autorizarlo la Conagua y si esta dependencia federal recibe a través de una sentencia de la Suprema Corte, orden de detener la extracción del líquido, tiene que obedecerla y el amparo (colectivo) no tendría razón de ser, “porque no procede contra actos derivados en otros juicios de amparo”.

Aclaró a DP que el acto de autoridad contra el cual se puede interponer el recurso, puede ser la Comisión Nacional del Agua para que  no se autorice el trasvase de agua de las presas La Angostura y El Novillo y en el caso de la Semarnat, por no otorgar el Manifiesto de Impacto Ambiental o lo límite, convirtiéndose en un impedimento en la operación del acueducto.

Y agregó que la demanda puede ser contra cualquier autoridad, incluso contra el Presidente de la República y eso no le quita que en esencia, el amparo pueda ser improcedente “porque lo que se está atacando es la materia de resolución de otro amparo que está actualmente en poder de la Corte”.

El reconocido abogado insistió que la apuesta del Gobierno del Estado es que se le otorgue la suspensión y provocar el retraso, “mientras sale Padrés, para que no le ´truene el cuete en la mano´; el amparo se va a convertir en improcedente porque se atacan actos que están siendo juzgados por otro juez de amparo, inclusive por la Suprema Corte”.

Ramos Félix considera que la solución de problema del agua está en manos de Tribunal Supremo, “está obligadísimo a resolver ya, sin demora, como sea; hace mucho tiempo que debió de resolver en definitiva porque espera que las instancias políticas y administrativas lo resuelvan y no lo van hacer. Es un asunto muy delicado”.

Puso como ejemplo algunas maneras en la que el tribunal de justicia puede pronunciarse, “establecer que el agua de El Novillo solamente pueda trasvasarse cuando el volumen sea de tal cantidad y solamente pueda ser reducida hasta el volumen mínimo que dicte la corte; puede ser que también dicte una resolución en la que señale que durante un tiempo de siete, diez años se hará el trasvase, pero en ese tiempo el estado tiene que ver la manera de una alternativa distinta, como puede ser una desaladora, que al final de cuentas en el futuro va a ser la solución”.

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, expuso, “Padrés está fuera de la Ley, porque ha violado los amparos, y no ha hecho absolutamente nada apegado a Derecho; desde el momento que el Manifiesto de Impacto Ambiental fue hecho con las patas, ya que toda obra pública antes de construirse tiene que estar soportada por este manifiesto en el que diga que no va lastimar el entorno natural; además, la Corte fue clara en reconocer que no tomaron en cuenta la opinión de la Tribu Yaqui”.

AMPARO PRIORITARIO

Ramos Félix describió que en la reciente aprobada Ley de Amparos, se incluyó en su Artículo cuarto el “amparo prioritario”, al que pueden recurrir “de manera excepcional, y sólo cuando exista urgencia atendiendo al interés social o al orden público, las Cámaras del Congreso de la Unión, a través de sus presidentes, o el Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejero Jurídico, podrán solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que un juicio de amparo, incluidos los recursos o procedimientos derivados de éste, se substancien y resuelvan de manera prioritaria, sin modificar de ningún modo los plazos previstos en la  ley”.

La urgencia se refiere que “cuando se trate de amparos promovidos para la defensa de grupos vulnerables en los términos de la ley; se trate del cumplimiento de decretos, resoluciones o actos de autoridad en materia de  competencia económica, monopolios y libre concurrencia; se trate de prevenir daños irreversibles al equilibrio ecológico o en aquellos casos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime procedentes.

Ramos Félix señaló que si se llega a este punto y el Congreso de la Unión lo toma en serio y le pide a la Corte que se pronuncie, “cuidado, porque entonces el problema aquí va ser que vamos a tener una definición de esto, tiene que ser así porque es absurdo que esté creciendo el encono. La Corte ya tiene mucha responsabilidad en esto, porque no está haciendo su trabajo”.

Lorenzo Ramos Félix dijo que lo que está ocurriendo en Hermosillo últimamente con nuevas organizaciones de defensa del agua y demás, es lo que pasó en Obregón cuando se anunció la construcción del acueducto.

“Lo que actualmente ocurre en la capital sonorense con el brote de organizaciones en defensa del agua, es muy similar a lo que pasó en Ciudad Obregón cuando se anunció la construcción del Acueducto Independencia; allá como aquí, se manipula a los ciudadanos con verdades a medias y falacias; no les dan la oportunidad de sobre lo que realmente está pasando”, indicó.

Dijo que en este tema todo mundo dice verdades, “aquí Padres no nos dice que a quien está defendiendo en realidad es a los grandes consumidores de agua, no han salido a la luz pública los privilegios que tienen”, lamentó en exclusiva el abogado constitucionalista.

Previo a la entrevista con Ramos Félix, Mario Luna Romero, vocero de los integrantes de la Tribu Yaqui que mantiene el bloqueo en Vícam, informó a Dossier Político vía telefónica que la reunión que mantendrán los opositores al Acueducto Independencia con la Semarnat federal será para darle seguimiento al curso que está llevando la ejecución de la SCJN, sobre el amparo que le otorgó el 8 de mayo del 2013

Precisó a DP que hay un resolutivo que ya debe de estar avanzando que ordena a la Semarnat dejar sin efecto el manifiesto de impacto ambiental que sustenta la construcción y operación del Acueducto Independencia y agregó, que la presencia de integrantes de su movimiento en México será para ver en qué etapa se encuentra.

El vocero señaló que el mismo resolutivo de la Corte ordena conceder el derecho de audiencia a la Tribu Yaqui, “audiencia que no tiene precedente, por lo tanto se tiene que iniciar desde ya en la forma los métodos y todo lo que concierne a llevar acabo el procedimiento que se tiene que complementar”.

Luna Romero aclaró que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es definitiva, por lo tanto, el Gobierno del Estado no tiene ninguna posibilidad de proceder en contra; lo único que puede hacer y en eso está trabajando, es en ganar tiempo para que se extienda el plazo, para evitar que se ejecute la sentencia, pero “no hay plazo que no se cumpla y esto ya va avanzado”.

“Tenemos conocimiento de que la Semarnat ya solicitó una prórroga a la información porque el sistema judicial les está pidiendo cuentas desde el 27 de junio de este año; ya se les pasó el término legal para aplicar una sentencia; esto ya amerita sanciones administrativas y penales en caso de que la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de Semarnat tenga una conducta omisa al ordenamiento judicial”, explicó.

(DOSSIER POLITICO/ César Fraijo y Alejandro Matty / 2013-07-18)

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