Son
230 kilómetros de espanto: 29 ejidos afectados, más de 50 túneles con
filtraciones, decenas de puentes cuarteados, centenas de hectáreas
afectadas, miles de metros de asfalto deslavado, aludes, fallas
geológicas no previstas… Bienvenidos a la carretera Durango-Mazatlán,
“la más importante y emblemática que se haya hecho en la historia de la
ingeniería reciente de México” y que será inaugurada dentro de unos días
por el presidente Peña Nieto. No sólo muestra baches y derrumbes, sino
también la voracidad de quienes pueden invertir 28 mil millones de pesos
pero sólo ofrecen 60 centavos por metro expropiado.
DURANGO/
MAZATLÁN.- Aún no se ha terminado y ya es considerada una de las más
riesgosas del país. La supercarretera Durango-Mazatlán (que el
presidente Enrique Peña Nieto debe inaugurar el 17 de octubre) ya
presentaba “peligrosas” fallas geológicas no previstas en el proyecto
técnico, túneles tapados por aludes y tramos en donde el terraplén con
el pavimento va literalmente hacia el precipicio, desde antes incluso de
que la golpeara la cola del huracán Manuel.
A causa de ese
meteoro los daños se multiplicaron: hundimientos del asfalto por la
presión del agua, drenajes tapados o que no soportaron el caudal y
reventaron el asfalto, cunetas anegadas por la misma carga pluvial y
pesadas rocas que deshicieron túneles, sin contar con que más de 50 de
los 64 pasajes filtran agua. Una parte importante de los 57 puentes
también presenta fallas de diverso calibre.
La carretera de 230
kilómetros fue anunciada como la más “importante y emblemática que se
haya hecho en la historia de la ingeniería reciente de México, tanto por
el reto que supuso su construcción como por la aplicación de la
tecnología más avanzada”. Hoy es una ruta de desolaciones. No sólo por
los túneles y puentes estropeados, sino también por los daños
“colaterales” que causaron las constructoras Tradeco, Aldesa y Omega en
29 ejidos y comunidades de la zona (Proceso 1823).
Esas
afectaciones también son cuantiosas: arroyos o grandes cauces de ríos
–como El Baluarte– completamente azolvados por el material que
desparramaron las constructoras más allá de su derecho de vía.
Contaminaron zonas protegidas, en las que crecen especies de pino
endémicas, como la pseudotsuga. Destruyeron el hábitat de la guacamaya,
que está en peligro de extinción. Cerraron caminos que servían para
sacar los productos de las zonas madereras o de cultivo y quitaron
puentes de paso para ganado. En pueblos como Santa Lucía, Sinaloa, los
habitantes demandan la reparación de las cuarteaduras que las
detonaciones causaron en sus inmuebles. Y lo paradójico: se construyeron
puentes que no sirven a nadie.
A ello se suma que la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT) pretende pagar a 60 centavos el
metro cuadrado de tierra expropiada. Sin acuerdo previo, además, otorgó
el permiso para que Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim,
instalara en forma paralela a la megaobra el cableado de fibra óptica.
La
lucha de los ejidatarios y comuneros se inició en noviembre de 2012. En
febrero de 2013, por iniciativa de Andrés Medrano Quiñonez –quien se
inició con El Movimiento por la justicia agraria–, siete ejidos y
comunidades decidieron irse al amparo. Del municipio de Pueblo Nuevo,
entre otros, fueron Chavarría Nuevo, Chavarría Viejo, San Antonio y
Anexos; del municipio de Durango se sumaron La Victoria y José María
Morelos, sólo que estos dos últimos fueron “apaciguados” por el actual
senador suplente Óscar García Barrón, quien entonces era líder de la
Confederación Nacional Campesina (CNC) y presidente de asuntos agrarios
de la Cámara de Diputados federal, en la legislatura pasada, narra el
abogado defensor Enrique Pérez Virgen.
“La primera demanda la
presentamos en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) de la ciudad de
Durango, por el pago justo y la reparación de daños. Tenemos avalúos de
la tierra y de bienes diferentes a la tierra que entregamos en las
oficinas centrales de la SCT, así como en los estados. Estamos hablando
de alrededor de 633 mil pesos por hectárea para Pueblo Nuevo, mientras
que para San Antonio y Anexos, que está más conurbado, se cotiza arriba
del millón de pesos”, señala Andrés Medrano, mientras entrega a Proceso
copia de los avalúos de cada uno de los ejidos.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1928, ya en circulación)
/ 15 de octubre de 2013)
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