Distrito Federal─ La banda de plagiarios en la que
participaron 13 elementos de la Policía Federal en Acapulco, Guerrero, operó
sólo cinco meses, pero suficientes para asesinar a siete de sus 14 víctimas,
para que no los identificaran. Llegaron a
pedir hasta 3 millones de pesos a cambio de la libertad de los agraviados,
aunque al final accedían a cobrar hasta medio millón de pesos, pero el pago no
siempre garantizó que respetaran su vida.
Autoridades de la
Procuraduría General de la República (PGR) detallaron la importancia de haber
desmantelado esta organización, en la que los oficiales federales tenían una
participación activa: elegían a las víctimas; sin importar que estaban
uniformados las “levantaban” y secuestraban en sus propias patrullas, y se
encargaban de trasladarlas en ellas a una casa de seguridad en el
fraccionamiento El Veladero, en la colonia Condesa, de Acapulco.
Según las
investigaciones, los policías federales propusieron en abril pasado al civil
Jonathan Piedra Soberanis la alianza criminal. Ofrecieron total impunidad y
buenas ganancias a la banda. Los agentes se encargaron de elegir a comerciantes
del puerto, algunos de ellos dueños de giros negros o pequeños centros nocturnos,
a quienes privaron de la libertad durante uno o dos meses, tiempo en el que
negociaban el pago de rescates cuantiosos, aunque al final accedían a recibir
menos de sus pretensiones.
Aunque el pago del
rescate no fue suficiente para los plagiarios, en algunos casos. Las
investigaciones que conduce la Subprocuraduría Especializada en Investigación
de Delincuencia Organizada (SEIDO) han arrojado que esta banda ultimó a siete
de sus víctimas —entre ellas una mujer—, y en algunos de casos inicialmente tuvo
conocimiento la Procuraduría General de Justicia de Guerrero; de hecho, cerca
de la casa de seguridad de esta organización se encontraron tres fosas
clandestinas, en las que se hallaron los restos de tres personas denunciadas
como secuestradas.
Operaron con total
impunidad durante más de cinco meses, al punto que los miembros de la banda se
quedaban con los vehículos de los secuestrados y los utilizaban como propios,
con la garantía de que sus socios eran policías federales. Hasta el momento
tres de las víctimas han identificado plenamente a los agentes implicados, y
una de ellas refirió que “fue levantada y transportada en una patrulla
oficial”; además se han documentado los siete crímenes y cuatro plagios más se
están indagando.
La Policía Federal
ya investigaba a los integrantes del Agrupamiento 11 de la corporación, en
Acapulco, por denuncias de abuso de autoridad en la zona, pero la PGR recibió
denuncias anónimas sobre la actividad en una casa, a la que policías federales
llevaban en sus patrullas oficiales a gente atada, a veces encadenada, o
vendada de los ojos. El grupo antisecuestro de la SEIDO, investigó los
reportes.
PF APOYA EN INVESTIGACIÓN
Los funcionarios de
la PF cooperaron en la indagatoria, entregaron la “fatiga” o la relación de los
policías asignados a las zonas donde se reportaron los secuestros, se cotejaron
los números de unidades aportados en las denuncias anónimas, y después se dio
seguimiento a los agentes sospechosos.
Se detuvo primero a
tres de los presuntos implicados, quienes, según la SEIDO, terminaron por
aceptar su implicación en los hechos, sus declaraciones fortalecieron las
sospechas y condujeron a las autoridades al resto de los cómplices, en total 13
policías en activo.
Aunque no todos han
aceptado su participación con la banda, se actuó penalmente contra los policías
terceros Antonio Velázquez González, Máximo Olvera García, Rubén Bonilla
Alatriste, Miguel Torres Efraín, Jorge Cruz Rubio, Edgar Acosta Apodaca, Omar
Obispo Fernández y Marco Antonio Quiroz Mejía.
También fueron
detenidos el 8 de octubre pasado David Rosas Martínez, Alejandro Camacho
Flores, César Leandro Ruiz Rodríguez; así como el policía primero Rodrigo
Miranda Villanueva y el oficial José Guadalupe Castillo Cool, el jefe de turno
de la corporación que era el mando inmediato de los ahora inculpados.
Hasta el momento las
investigaciones no apuntan a otro mando de más alto rango que pudiera estar
implicado, pero al menos otros cinco civiles están prófugos como integrantes de
la banda, detallaron las autoridades consultadas.
La SEIDO además
tiene una línea abierta por operaciones con recursos de procedencia ilícita
contra los policías federales, ya que aunque su patrimonio no incrementó
visiblemente, se están revisando todas las operaciones financieras o económicas
que realizaron con los recursos que obtuvieron del pago de los rescates.
(EL DIARIO,
EDICION JUAREZ/ El Universal | 2013-10-15 | 17:17)
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