IMPORTADORAS QUE ESTAFAN

En 2012, PROFECO registró 55 quejas por fraude para regularizar vehículos

Encubiertos como organismos civiles, negocios dedicados a la importación de carros chocolate defraudan a sus clientes. Les venden documentos ilegítimos para que circulen el tiempo que dura la internación legal de la unidad; no les realizan el proceso aunque lo hayan pagado, ni les devuelven el dinero; otras simplemente desaparecen

Isabel Mercado

Se hacen pasar como asociaciones civiles solo para cobrar cuotas de ingreso a sus clientes, recursos que sin fin social de por medio son utilizados para cubrir los costos de operación de lo que a todas luces es un negocio redondo. Así funcionan ciertas importadoras de vehículos que además timan a sus clientes, mientras que las autoridades, lejos de ponerles freno, hasta subsidio les ofrecen.

Algunas cierran sus puertas dejando un sinnúmero de trámites inconclusos y ya pagados por sus clientes; otras se escudan en cualquier cosa para cobrar más de lo convenido, o no devolver el dinero. Su común denominador es el fraude.

Las que se autodenominan asociaciones civiles utilizan como gancho el conceder plazos de seis meses para que el interesado cubra el costo de importación. En sí ése es el único “beneficio” que ofrecen como organización, acción totalmente carente de altruismo, pues para ello los propietarios de carros chocolate deben pagar 150 dólares.

Además, para el pago fraccionado se obliga a los clientes a inscribirse a la asociación luego de cubrir la cuota de 85 dólares, aportación que a algunos negocios les significa ingresos de hasta 850 mil dólares al año, dinero del que a nadie le rinden cuentas y que va directo a sus bolsillos.

El proceso para que la unidad circule legalmente en territorio mexicano no se da hasta concluido el pago, pero a cambio expiden a sus asociados un documento en el que se indica que se está en “trámite de importación definitiva”. A los propietarios los engañan al decirles que esto es un salvoconducto para que el vehículo pueda circular y no les sea decomisado. Maniobra que es totalmente irregular.

También ofrecen asesoría legal gratuita, pero en algunos casos terminan siendo ellos los que estafan a los agremiados al no hacerles válida la importación prometida.

Concluido el plazo y cumplido el total del pago no les cumplen el proceso, ni les devuelven el dinero.

Así, quienes se dicen promotores de la cultura de la legalidad se convierten en simples embaucadores.

Los afectados ya han interpuesto denuncias formales por fraude, pero ninguna autoridad actúa en consecuencia, por lo que estos negocios disfrazados de asociaciones altruistas siguen operando en completa impunidad.

Casos de fraude

Por tratar de ahorrarse 400 dólares en la legalización de su carro, Juan Carlos Martínez Compean terminó siendo estafado con 800 por la importadora CAAPPER A.C. (Comité de Asesoría, Apoyo y Protección Legal para Personas de Escasos Recursos).

En mayo de 2012 Juan Carlos llegó a las oficinas de CAAPPER ubicadas en la colonia Los Santos, sobre el bulevar Federico Benítez de Tijuana, requiriendo ayuda para importar su vehículo, un automóvil Sentra modelo 1999.

La empresa le cobraba mil 200 dólares si pagaba de contado el trámite, pero si optaba por el plan de facilidades a seis meses, el costo se reducía a 800 dólares, aunque para ello era menester inscribirse como asociado del organismo, membresía por la que tenía que cubrir la cantidad de 85 dólares. Así lo hizo.

Tras el pago de la filiación firmó un contrato, desde entonces cada mes, al presentar su recibo de pago, le entregaron una carta en la que constaba que el trámite de importación estaba en proceso, documento “con el que podía circular”, le prometieron.

Liquidados los 800 dólares en seis mensualidades llegó, con talones de depósito en mano, a las oficinas de CAAPPER. Pero cuál fue su sorpresa cuando el encargado del negocio le indicó que los recibos carecían de validez por no tener impreso el número de referencia bancaria.

El afectado entonces fue al banco a pedir le corrigieran el supuesto error, ahí le aclararon que el dinero sí fue depositado en la cuenta del Comité de Asesoría, Apoyo y Protección Legal para Personas de Escasos Recursos, que el depósito se hizo en forma correcta aun cuando no aparecía impreso el número de referencia el cual, le expusieron, no era necesario.

Aun con ese argumento la importadora operada por Jaime Aguilar Barra se negó a validar la cobertura del pago, pero le ofreció a Martínez Compean “ayudar en la corrección del error”, siempre y cuando pagara 45 dólares por cada una de las fichas de depósito, 270 dólares en total.

El quejoso no aceptó, lo visualizó como lo que es, un fraude, y así lo denunció.

La querella la presentó en diciembre de 2012 en la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales y, hasta la fecha, no se ha resuelto nada, su vehículo sigue sin ser importado a más de un año de haber iniciado el trámite.

De acuerdo a la copia del contrato que le fue entregado a Juan Carlos, CAAPPER A.C. está integrada por Yudith Irasema Castro Tello, José Luis Rodríguez y Ricardo Fuller Barra, quienes aparecen respectivamente como presidente, tesorero y secretario del organismo, pero ninguno de ellos da la cara a la hora de las reclamaciones, sólo Jaime Aguilar Barba, quien se ostenta como representante legal del negocio.

En una de las comparecencias acudió Aguilar Barra y, sin empacho alguno, admitió tener “muchas denuncias” en contra por la misma causa, se jactó de que nada le podían hacer, por lo que le reiteró que si quería su dinero o la importación de su carro tendría que pagar los 270 dólares adicionales, según narró Martínez Compean.

“Ante el Ministerio Público aceptó tener acceso al estado de cuenta en donde consta que se hicieron los depósitos del cliente, pero que no sacaría dinero para regresárselo, me dijo que le hiciera como quisiera, que llegara a las instancias que sean, pero él no me regresaría el dinero”, refirió el afectado.

Abordado por ZETA, Aguilar Barra negó conocer el caso, pero al saber que éste se encontraba ante ministerio público lo desdeñó, “ahí no procede la queja, en todo caso se tendría que presentar ante PROFECO”, expuso.

Dijo que el pago no puede ser validado porque “hay que identificar quién hizo los depósitos y aun cuando nos presenten la ficha ocupamos el número de referencia”.

En tono condescendiente agregó: “Podemos ayudarlo, pero debe pagar 45 dólares por cada ficha para que el contador busque esos depósitos”.

Aguilar Barra también admitió que la asociación cobra 85 dólares por el ingreso, recursos que se invierten “en el pago de la oficina, mi teléfono y mi Nextel”.

CAAPPER registra un padrón de 15 mil asociados, al año se inscriben 10 mil para iniciar el proceso de importación vehicular, pero sólo un promedio de cinco mil concluye el procedimiento, precisó su apoderado. Es decir, al año la falsa asociación obtiene ganancias por el orden de los 850 mil dólares solo por la afiliación.

A esa utilidad hay que añadir lo depositado a la cuenta de la organización como abono de solicitudes de importación canceladas, pues ninguno de estos recursos es reembolsado y nadie los fiscaliza.

Cuestionado sobre los beneficios que ofrece como asociación, Aguilar Barra se limitó a decir que el plazo en el pago y “hacerles saber cuáles son su derechos y obligaciones y cuál es la responsabilidad de la autoridad”.

José Luis Arizaga Balcázar también fue estafado por CAAPPER A.C. luego de contratar el plan de plazos por ser más económico, 800 dólares a cubrirse en medio año lo consideró una buena opción; adelantarse en los pagos y liquidar el total en cuatro meses le resultó contraproducente.

Cubierto el pago entregó su unidad para la legalización, mayúscula fue su sorpresa cuando la importadora le requirió 200 dólares más como sanción económica por la importación adelantada, de lo contrario no realizarían el trámite, ni le entregarían el vehículo. Ante esa presión optó por pagar la cantidad demandada por la empresa.

“Pensé en demandar, pero ya estaba cansado de dar vueltas para que me entregaran mi carro en la empresa y hacer una denuncia era esperar más tiempo para recuperarlo”, dijo.

Advirtió que la importadora cambia de empleados y contador en forma constante, por lo que “nadie sabe dar información, no hay seriedad, pero si opera es porque las autoridades se lo permiten, por eso decidí hacer público mi caso, para evitar que a otras personas los estafen como a mí”, compartió.

Derechos Humanos en Carretera, A.C. es otra de las importadoras que se hace pasar como organismo de servicio social por el sólo hecho de ofrecer plazos en el pago de la importación y por ello hasta subsidio de gobierno le han ofrecido a través de la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado (SEDESOE).

“Teresita Peña (Coordinadora de Vinculación de OSC´s en Tijuana) me ofrece apoyos, pero yo le digo que mejor se los dé a las asociaciones que estén más necesitadas”, asentó Miguel Ángel Saldaña, propietario de esta empresa que al año legaliza un promedio de 700 vehículos.

Especificó que el costo de la importación fluctúa entre los 900 y los mil 200 dólares, siempre y cuando se pague de contado, pero si se opta por el plan a plazos se tienen que inscribir al organismo dando un adelanto de 100 dólares y cubrir un pago adicional de 150 pesos para el sostenimiento de la oficina”.

Del documento que entregan previo a la importación, anotó que solo es un documento provisional de apoyo legal y agregó, “no es tanto como para que circulen, pero estamos en una zona fronteriza donde al ciudadano lo amparan decretos y mover el carro en una necesidad”.

Si los solicitantes no cubren el total del pago en los seis meses concedidos la importadora les extiende un nuevo plazo, siempre y cuando paguen 25 dólares más, a cambio se les extiende un nuevo documento para que circulen, compartió uno de sus clientes.

Autoridades no sancionan

En 2012 la Procuraduría Federal del Consumidor registró 55 quejas contra importadoras de vehículos que incumplieron contratos y se negaban a devolver los depósitos recibidos, “un índice alto”, consideró la delegada de PROFECO, Dolores María Manuell Gómez Angulo. En lo que va del 2013 la dependencia suma 14 denuncias.

En ninguno de los casos las empresas fueron sancionadas, pues llegaron a convenios con los quejosos.

“Si se arregla el problema no se les sanciona, el objetivo de PROFECO es conciliar, no multar”, aclaró la funcionaria.

Pero no en todos los casos el daño fue resarcido, seis empresas no se localizaron en los domicilios señalados, al ir a notificar los inspectores de la procuraduría solo encontraron locales desmantelados.

Para el secretario de Planeación y Finanzas de Baja California, Manuel Aguilar Bojórquez, es PROFECO la instancia que debería vigilar, controlar y, en su defecto, sancionar a las importadoras por ser empresas que ofrecen un servicio privado aun cuando se encuentren registradas como asociaciones civiles.

Para el funcionario, el que se concedan pagos en parcialidades sin un pedimento de importación de por medio, o que no se realice el trámite de importación de inmediato cuando los pagos son de contado, representan acciones ilegales merecedoras de multas.

“Se está engañando a los ciudadanos”, señaló.

Recomendó a los interesados a consultar la página de gobierno del estado www.bajacalifornia.gob.mx, donde se indica cómo realizar la importación por cuenta propia, sin tener que recurrir a un tercero, “los ciudadanos pueden importar en forma directa un vehículo, solo que en este proceso solo se permite una vez y el pago es de contado, o también pueden acudir a la aduana”, explicó.

Si deciden recurrir a una importadora, entonces que se aseguren de que la empresa cuente con un folio electrónico, lo que indica que está registrada ante la Secretaría de Hacienda, “pero si no les cumplen con el trámite, que denuncien”, conminó.

 

(SEMANARIO ZETA/    /  Maria Isabel Mercado Juarez/ junio 17, 2013)