EdoMex.- Por las irregularidades cometidas durante sus
funciones y por las violaciones a los derechos fundamentales contra una
interna del penal de Otumba Tepachico, tres custodias y el jefe de
vigilancia de este centro penitenciario, serán sometidos a control de
confianza para determinar su permanencia en el centro penitenciario.
Asimismo, se mencionó que enfrentarán procedimientos administrativos e incluso penales, por su complicidad al forzar a una mujer privada de su libertad a sostener relaciones sexuales con el comandante. La interna resultó embarazada como resultado del ataque sexual.
A través de la Recomendación 05/2013, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México determinó que fueron vulnerados los derechos humanos de la interna, por lo que solicitó al titular de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, someter a los involucrados a las pruebas de control de confianza; así como verificar y cumplir que las áreas de reclusión para mujeres, sean vigiladas y custodiadas por personal femenino, tal como lo marcan los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las personas privadas de libertad en las Américas, adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Defensoría de Habitantes del Estado de México conoció del asunto por medio de un correo electrónico anónimo, a partir del cual se estableció que una interna, quien purga una sentencia en el mencionado penal, había sido trasladada por las custodias Benita Zúñiga Rodríguez, Rocío Cristina Ramírez Elizalde y Violeta Álvarez Márquez a un área del centro, de acceso exclusivo al personal de custodia, la cual se utiliza como dormitorio.
Las investigaciones de la CODHEM revelaron que una vez en este sitio, la mujer fue forzada a tener relaciones sexuales con el jefe de vigilancia, Javier Cuevas Echeveste, por lo que quedó embarazada. Como parte de las indagatorias, el personal de la Comisión documentó que la afectada nunca tuvo ninguna visita conyugal durante su estancia en el penal.
Ante ello, quedó establecido que Javier Cuevas Echeveste, en complicidad con las custodias, incurrieron en actos ilegales, contrarios a lo establecido por las leyes, normas y tratados internacionales sobre las personas en reclusión, además de transgredir la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, ya que se encontraron diversas pruebas, que permitieron deducir actos de coacción e intimidación en contra de la interna, para propiciar un encuentro sexual con el jefe de vigilancia.
También fue vulnerada la Convención Interamericana contra la corrupción, al condicionar la protección para la interna y sus familiares mediante favores sexuales.
Otra de las anomalías que el Organismo detectó, fue que al conocer estos hechos, el director del penal, Alfredo Hernández Ovando, no realizó una investigación seria y decidida y tampoco dio aviso a las autoridades correspondientes, sino que únicamente se limitó a interrogar a la interna, al jefe de vigilancia y enviar un oficio a la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
El director conocía la problemática, ya que los médicos le habían confirmado el embarazo y tenía evidencias de que la mujer nunca ejerció su derecho a la visita conyugal y aun con ello, no realizó una indagatoria oportuna.
Con base a lo anterior la Defensoría de Habitantes recomendó agregar la copia certificada de la Recomendación, al expediente CI/SCC-SVMN/OF/011/2012, en el que se investiga la actuación de los servidores públicos Benita Zúñiga Rodríguez y Javier Cuevas Echeveste, así como iniciar el procedimiento administrativo disciplinario a los servidores públicos Alfredo Hernández Ovando y Rocío Cristina Ramírez Elizalde, por diversas omisiones.
Con información de la Policiaca
Asimismo, se mencionó que enfrentarán procedimientos administrativos e incluso penales, por su complicidad al forzar a una mujer privada de su libertad a sostener relaciones sexuales con el comandante. La interna resultó embarazada como resultado del ataque sexual.
A través de la Recomendación 05/2013, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México determinó que fueron vulnerados los derechos humanos de la interna, por lo que solicitó al titular de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, someter a los involucrados a las pruebas de control de confianza; así como verificar y cumplir que las áreas de reclusión para mujeres, sean vigiladas y custodiadas por personal femenino, tal como lo marcan los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las personas privadas de libertad en las Américas, adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Defensoría de Habitantes del Estado de México conoció del asunto por medio de un correo electrónico anónimo, a partir del cual se estableció que una interna, quien purga una sentencia en el mencionado penal, había sido trasladada por las custodias Benita Zúñiga Rodríguez, Rocío Cristina Ramírez Elizalde y Violeta Álvarez Márquez a un área del centro, de acceso exclusivo al personal de custodia, la cual se utiliza como dormitorio.
Las investigaciones de la CODHEM revelaron que una vez en este sitio, la mujer fue forzada a tener relaciones sexuales con el jefe de vigilancia, Javier Cuevas Echeveste, por lo que quedó embarazada. Como parte de las indagatorias, el personal de la Comisión documentó que la afectada nunca tuvo ninguna visita conyugal durante su estancia en el penal.
Ante ello, quedó establecido que Javier Cuevas Echeveste, en complicidad con las custodias, incurrieron en actos ilegales, contrarios a lo establecido por las leyes, normas y tratados internacionales sobre las personas en reclusión, además de transgredir la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, ya que se encontraron diversas pruebas, que permitieron deducir actos de coacción e intimidación en contra de la interna, para propiciar un encuentro sexual con el jefe de vigilancia.
También fue vulnerada la Convención Interamericana contra la corrupción, al condicionar la protección para la interna y sus familiares mediante favores sexuales.
Otra de las anomalías que el Organismo detectó, fue que al conocer estos hechos, el director del penal, Alfredo Hernández Ovando, no realizó una investigación seria y decidida y tampoco dio aviso a las autoridades correspondientes, sino que únicamente se limitó a interrogar a la interna, al jefe de vigilancia y enviar un oficio a la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
El director conocía la problemática, ya que los médicos le habían confirmado el embarazo y tenía evidencias de que la mujer nunca ejerció su derecho a la visita conyugal y aun con ello, no realizó una indagatoria oportuna.
Con base a lo anterior la Defensoría de Habitantes recomendó agregar la copia certificada de la Recomendación, al expediente CI/SCC-SVMN/OF/011/2012, en el que se investiga la actuación de los servidores públicos Benita Zúñiga Rodríguez y Javier Cuevas Echeveste, así como iniciar el procedimiento administrativo disciplinario a los servidores públicos Alfredo Hernández Ovando y Rocío Cristina Ramírez Elizalde, por diversas omisiones.
Con información de la Policiaca
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