- Ahora a espaldas del Alcalde y de los regidores
- Millones de pesos en efectivo vía ZOFEMAT
- Tesorero municipal no tiene cédula profesional
- Metió como funcionario a un hondureño
Cabo
San Lucas, B.C.S.- Tal parece que ya es una competencia entre los
miembros del conocido como GRUPO LOS CABOS, por hacer dinero en el menor
espacio de tiempo. Y en esta voracidad por la producción de billetes a
través del Ayuntamiento que encabeza Antonio Agúndez Montaño, se han
descuidado las formas, debido a que ya se acerca el final del actual
gobierno.
La banda de políticos corruptos, que propone a Tony para la
gubernatura y a Narciso Agúndez Montaño para alcalde de Los Cabos, tiene
ya algunas fisuras y uno de sus personajes clave muy proclive a la
traición, el tesorero municipal Gerardo Manríquez Amador tiene un
negocio aparte, coludido con un hondureño de nombre Salvador Solorio a
través de la dependencia que regula la Zona Federal Marítimo Terrestre
(ZOFEMAT).
Un negocio que les produce más de cinco millones de pesos al año. Y como las finanzas del ayuntamiento de Los Cabos son un desorden, a estas alturas es complicado seguir la ruta de ese dinero y más aún porque los regidores, muchos de los cuales no saben siquiera las operaciones matemáticas básicas de la primaria, no se han dignado en estudiar a fondo las cuentas atiborradas de números con las que los marea mañosamente el tesorero Gerardo Manríquez Amador, quien dicho sea de paso, no cuenta con cédula profesional para ejercer como Contador Público, o sea un farsante en toda la extensión de la palabra.
Un negocio que les produce más de cinco millones de pesos al año. Y como las finanzas del ayuntamiento de Los Cabos son un desorden, a estas alturas es complicado seguir la ruta de ese dinero y más aún porque los regidores, muchos de los cuales no saben siquiera las operaciones matemáticas básicas de la primaria, no se han dignado en estudiar a fondo las cuentas atiborradas de números con las que los marea mañosamente el tesorero Gerardo Manríquez Amador, quien dicho sea de paso, no cuenta con cédula profesional para ejercer como Contador Público, o sea un farsante en toda la extensión de la palabra.
El tabloide de la ciudad de Tijuana ZETA, presenta en su edición de
esta semana, un amplio reportaje sobre la forma en que opera esta fuente
de dinero en efectivo, en una red que maneja el tesorero del
ayuntamiento de Los Cabos a espaldas del ignorante alcalde Antonio
Agúndez Montaño.
A continuación un fragmento:
En
base a la denuncia de prestadores de servicios y vendedores ambulantes y
hoteleros, la única que aprovechó la anarquía es una red de corrupción
que se extiende desde la dirección municipal de la ZOFEMAT, hasta la
Tesorería del Ayuntamiento de Los Cabos.
A espaldas del alcalde José Antonio Agúndez Montaño, los integrantes,
plenamente identificados por sus víctimas, tienen nombre y apellidos:
- Gerardo Manríquez Amador, tesorero.
- José Salvador Solorio Ceseña, director municipal de ZOFEMAT.
- Maricela Ceseña Torres, coordinadora de ingresos de la delegación de la zona en Cabo San Lucas.
- Víctor Manuel Leyva Valencia, coordinador de inspección fiscal en Cabo San Lucas.
- Joel Alberto Barrientos Fajardo, jefe de inspectores de ZOFEMAT en la Playa El Médano.
- Silvano Eduardo Contreras Medina y Martín Lagos Aceves, inspectores.
Las evidencias de esta red brotaron después de que se descubrió que
el director municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre, José
Salvador Solorio Ceseña, contraviniendo el Artículo 22 del Reglamento
para Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas y
Terrenos Ganados al Mar, expidió una serie de cartas y/o permisos
temporales para prestadores de servicios de masajes, paseos en caballo y
lanchas, renta de motos acuáticas, tablas de paddle board, paracaídas,
equipo de snorkeling y buceo en la zona de la playa.
El
delegado (de SEMARNAT en Baja California Sur, José Carlos) Cota Osuna
fue tajante: “El Ayuntamiento o la dirección municipal de ZOFEMAT, no
tienen facultades legales para otorgar permisos a nadie, en el
aprovechamiento y explotación de concesiones en la playa”.
— ¿Y sí lo hicieron?, cuestionó ZETA.
“No tiene validez, porque es competencia de la Federación, además, si
lo hicieron, el que la hace la paga, porque no vamos a tolerar que se
estén dando estas prácticas”.
Durante una investigación realizada por este Semanario, a raíz de la
denuncia de prestadores de servicios y vendedores ambulantes que se
quejaron de ser víctimas de extorsión por parte del Ayuntamiento de Los
Cabos, se pudo confirmar la existencia de esta red de corrupción. A
continuación, se describe su modus operandi:
* El director municipal de ZOFEMAT, José Salvador Solorio Ceseña, es
el encargado de otorgar el visto bueno para que algunos prestadores de
servicios como
Rolando Félix Barraza, pudieran “llevar a cabo la actividad de paseo de
caballo en la parte de playa, y donde la dirección de Zona Federal
Marítimo Terrestre, no tiene inconveniente alguno en que se realice
dicha actividad -transcribe textualmente en la carta,- toda vez que se
hagan responsables de los desechos que generen, dejando la superficie en
estado de limpieza, aclarando que su actividad será únicamente enfocada
a los fines solicitados”.
El oficio ZFM-592-06/12/13 establece que “el beneficiario debe contar
con el permiso correspondiente del departamento de Inspección Fiscal
del Ayuntamiento de Los Cabos”.
* Una vez expedida la carta o permiso, el jefe de inspectores de
ZOFEMAT en la zona de playa, José Alberto Barrientos Fajardo, es
responsable de negociar la cuota mensual de pago de 500 dólares -en el
caso de los prestadores de servicios- para que el beneficiario pueda
trabajar y evitar ser molestado en la Zona Federal Marítimo Terrestre.
El inspector, originario de San Pedro Sula, Honduras, considerada la
segunda ciudad más grande de ese país, tiene prácticamente diez años
viviendo en Los Cabos.
Casado en aquel país con la señora Victoria Ortega Hernández, la
situación de este funcionario pasó de inmigrante a residente en julio de
2011, según datos recabados por ZETA en la delegación del Instituto
Nacional de Migración (INM), donde actualmente se revisa el expediente
del servidor público, porque cuando se resolvió su estancia legal,
operaba una red de corrupción dentro de la institución federal
encabezada por el ex delegado regional, Martín Segovia.
* El hondureño también tiene a su mando a los inspectores Silvano
Eduardo Contreras Medina y Martín Lagos Aceves, quienes prácticamente -y
según algunas
víctimas- recogen personalmente las cuotas en dinero en efectivo y sin
expedir comprobantes de pago.
En ocasiones tienen que recurrir a
Maricela Ceseña Torres y Víctor Manuel Leyva Valencia, coordinadora de
ingresos y coordinador de inspección fiscal de la delegación de Cabo San
Lucas, respectivamente, a fin de presionar en los pagos irregulares,
cuando alguno se llega atrasar.
* La red es encabezada por el tesorero municipal de Los Cabos,
Gerardo Manríquez Amador, quien dicho sea de paso, carece de cedula
profesional como contador público.
Datos aportados por las víctimas indican que el tesorero habilitó a
Silvano Eduardo Contreras Medina como inspector de ZOFEMAT, tras ser
cesado de la Dirección de Inspección Fiscal por actos de corrupción a
principios de 2011. Fue nombrado inspector junto con el hondureño Joel
Alberto Barrientos Fajardo, pese
a que ambos no dependen del ayuntamiento, sino del comité o fideicomiso
de la ZOFEMAT, responsable de pagar sus sueldos, de 9 mil 515 pesos
con 14 centavos, y 13 mil 515 pesos con 14 centavos.
Según los propios afectados, la carta o permiso expedido por la
dirección municipal de ZOFEMAT es la clave de que “están arreglados”, y
de que “pagan cuota de protección”.
“Por eso nos dejan trabajar en la zona de playa”, reveló uno de los afectados.
Peor aún, de los más de 400 vendedores ambulantes que trabajan en la
playa de El Médano, alrededor de 100 carecen de permiso. Sus víctimas
aseguran pagar una cuota de 3 mil pesos mensuales por dejarlos trabajar.
En suma, y en base a testimonios, el negocio deja estas ganancias a los involucrados:
* Cada prestador de servicios paga una cuota de 6 mil 750 pesos al
mes. Por los entre 20 y 30 prestadores de servicios con permiso
irregulares, la utilidad mensual se estima en 168 mil 750 pesos, y al
año asciende a 2 millones 025 mil pesos.
* Cada vendedor ambulante paga una cuota de 3 mil pesos al mes. Por
100 vendedores, cuyo permiso es un amparo vencido –y la señal de que
está arreglado con los inspectores-, se percibe un ingreso de 300 mil
pesos, que cada año, representa 3 millones 600 mil pesos.
Sin duda, un lucrativo negocio que arroja una ganancia de 5 millones 625 mil pesos por año.
Colectivo Pericú cita fragmento de SEMANARIO ZETA.
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