La
red de corrupción en la cual participan autoridades de los tres niveles
de gobierno agravó la situación de los guerrerenses, ahora atrapados
entre la delincuencia organizada, los alcaldes vendidos al narco y los
gobiernos estatal y federal, que van de la indolencia a la sospechosa
ineficacia en el combate a la inseguridad. El resultado: la
proliferación de las autodefensas comunitarias, la represión a las
mismas por el Ejército y, en consecuencia, más tensión en una entidad
con muchas armas listas para disparar.
CHILPANCINGO, GRO.-
Ante las acciones del narcotráfico, la guerrilla y las autodefensas
impulsadas por el gobernador Ángel Aguirre Rivero, la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe especial en el cual
advierte sobre la proliferación de esos grupos armados y la
ingobernabilidad en la entidad y pide la intervención federal para
restablecer el estado de derecho en Guerrero.
Hasta el momento no
hay indicios de que el gobierno de Enrique Peña Nieto haya intervenido a
gran escala y directamente en asuntos estatales de seguridad, excepto
por una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR)
contra al menos 15 alcaldes por sus presuntos nexos con la delincuencia
organizada.
A su vez diversos activistas denuncian que con el
asesinato de dirigentes sociales y el encarcelamiento de voluntarios de
las autodefensas, el gobernador reprime los movimientos sociales en vez
de combatir la inseguridad, la marginación y la pobreza; es decir las
causas de los problemas sociales de la entidad.
En este contexto
la aparición del grupo guerrillero Fuerzas Armadas
Revolucionarias-Liberación del Pueblo a principios de este mes enrareció
más el ambiente.
En el informe de la CNDH, presentado el martes
17 en la Ciudad de México, el presidente del organismo, Raúl Plascencia
Villanueva, afirmó que Aguirre Rivero actúa “contra la Constitución” al
delegar las funciones de seguridad en ciudadanos “legítimamente
indignados”, incluso otorgándoles subsidios millonarios, armas de uso
exclusivo del Ejército, uniformes, equipo de radiocomunicación y
vehículos.
Se refiere a los grupos de autodefensa, que tienen su
antecedente en la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), fundada hace 18 años.
Esos
grupos operan en 46 de los 81 municipios y en seis de las siete
regiones de Guerrero, y según el documento de la CNDH reflejan el
hartazgo de la ciudadanía frente a la impunidad, la injusticia y los
presuntos nexos de las autoridades locales con la delincuencia.
Incluso
el ómbudsman nacional planteó que “los poderes federales deben
intervenir” para determinar si las autoridades guerrerenses “no están en
condición de asumir el papel que les corresponde, con el objetivo de
saber claramente quién va a asumir la responsabilidad”.
Añadió que
por un lado el gobierno de Aguirre subsidia a estos grupos de civiles
armados y por otro encarcela a sus integrantes. Este es el caso del
desmantelamiento de la guardia comunitaria de la CRAC encabezada por los
activistas Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina y Nestora Salgado,
recluidos en penales de máxima seguridad desde principios del pasado
noviembre.
En el informe de la CNDH se especifica que de enero a
junio de 2013 el gobierno de Aguirre entregó 11 millones 615 mil 914
pesos a los principales grupos de autodefensa: 6 millones 168 mil 205
pesos a la CRAC-PC y 5 millones 447 mil 709 a la Unión de Pueblos y
Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), escisión de la primera.
En
respuesta a estos señalamientos, el gobierno estatal argumentó que la
operación de la CRAC-PC es legal porque sus guardias son “auxiliares en
materia de seguridad pública en sus comunidades”. En cambio negó que
financie a otras autodefensas, aunque es del conocimiento público la
entrega de dinero y apoyo a la UPOEG, encabezada por el indígena Bruno
Plácido Valerio.
Este es un adelanto del número 1939 de Proceso, ya en circulación.
/28 de diciembre de 2013)
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