J.
Villamil/P. Zamora/Proceso
Manzanillo— Sin
cumplir con 70% de los requisitos legales ni tener un proyecto ejecutivo de la
obra que incluya los impactos ambientales y urbanos y al amparo de una licencia
municipal obtenida al vapor, Grupo Tradeco, la “constructora estrella” del
calderonismo, recibió de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la
licitación para la obra Portal API en Manzanillo, con un costo total de 933
millones de pesos distribuidos en tres etapas.
No es la primera vez
que el Grupo Tradeco, compañía fundada por el ex funcionario de Pemex Federico
Martínez Salas y dirigida ahora por su hijo Federico Alberto Martínez Urmeneta,
es beneficiada irregularmente con obras de infraestructura en Manzanillo, principal
puerto de carga del Pacífico mexicano.
En 2010 la
constructora ganó la obra para el libramiento ferroviario del llamado vaso 2 de
la Laguna de Cuyutlán, colindante con el puerto de Manzanillo, uno de los
proyectos más ambiciosos de la administración calderonista, con un costo de mil
500 millones de pesos.
Según cálculos de
distintos columnistas de negocios, los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe
Calderón le otorgaron a Tradeco contratos por más de 10 mil millones de pesos.
Sólo entre 2008 y 2010 obtuvo cuatro de infraestructura en autopistas y obras
especializadas para Pemex por un monto global de mil 927 millones de pesos, de
acuerdo con Compranet (Proceso 1786). Además participó en la construcción del
Centro de Inteligencia de la Policía Federal.
El Centro de
Inteligencia de la Policía Federal, el búnker tecnológico de la SSP en los
tiempos de Genaro García Luna, cuyo costo fue de 500 millones de pesos, así
como el puente atirantado El Baluarte en la carretera Durango-Mazatlán, por el
cual la empresa consiguió un contrato de mil 280 millones de pesos, en medio de
denuncias de favoritismo e irregularidades.
Tradeco también
participará en el concurso de licitación para el corredor de la Línea 5 del
Metrobús en el Distrito Federal junto con otras cuatro empresas, una de ellas
asociada al proyecto de Manzanillo: Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de
C.V. Esta compañía aparece formalmente como contratista en la primera etapa del
proyecto ferroviario del puerto colimense. Según informes de la SCT
proporcionados a este semanario, la empresa más beneficiada será Tradeco
Infraestructura.
La extensa red de
relaciones e intereses de Martínez Salas y su hijo se ha extendido hasta la
presente administración federal. Los regidores del ayuntamiento de Manzanillo,
los dirigentes de las asociaciones de colonos y hasta especialistas de la SCT
no se explican cómo se mantiene la obra del proyecto ferroviario que afectará a
más de 20 mil personas que a diario transitan por esta zona del puerto.
El proyecto
eliminaría 365 metros del malecón de San Pedrito, lo cual implica una reducción
de 16% de espacios públicos frente al mar. Además, atractivos turísticos como
la bahía de Manzanillo, la playa de San Pedrito y los miradores naturales en
los cerros “se verían afectados por el flujo continuo y permanente del tren, ya
que estará funcionando las 24 horas del día”, advierte un estudio realizado por
los regidores del cabildo, integrantes de una comisión de estudios.
“Quieren que sigamos
siendo un puerto de primera, con una ciudad de tercera”, comenta a Proceso el
regidor priista Sergio Sánchez, impulsor de esta comisión especial y de un
punto de acuerdo aprobado por unanimidad en el cabildo esta semana. Este punto
de acuerdo propuso “la suspensión de los trabajos y clausura de la obra
referida hasta en tanto no sean subsanadas y corregidas” las irregularidades
del proyecto.
Inconformidad
Ante la añeja
demanda de los habitantes de sacar las vías del tren de las áreas céntricas
-debido al caos vial e incomunicación generados por el paso de los furgones con
carga portuaria varias veces al día-, la SCT planteó edificar un paso a
desnivel de hasta 10 metros de altura sobre la glorieta de San Pedrito, abrir
un túnel ferroviario en uno de los cerros aledaños y construir viaductos en la
Laguna de Cuyutlán.
Los trabajos
preliminares de la obra, para la cual se prevé una inversión de 933 millones de
pesos, comenzaron en las últimas semanas del sexenio calderonista, con permiso
del ayuntamiento encabezado entonces por el priista Nabor Ochoa López, ahora
diputado federal.
Sin embargo, tras la
llegada en octubre pasado del gobierno municipal de Virgilio Mendoza Amezcua,
de origen panista, la obra fue clausurada luego de que se denunció una serie de
anomalías en la entrega de la licencia. También se nombró una comisión especial
del cabildo integrada por los regidores Sergio Sánchez, René Macías y Alejandro
García, del PRI, PRD y PAN, respectivamente, para revisar el proyecto
ferroviario.
Después de varios
meses de trabajo los miembros de la comisión concluyeron que la obra propuesta
por la SCT “atenta contra el desarrollo sustentable de Manzanillo, la calidad
de vida de sus habitantes y el potencial turístico de la localidad”.
En su informe, del
cual Proceso obtuvo copia, los regidores consideran “indispensable el
replanteamiento total del proyecto, ya que se han identificado conflictos
imposibles de resolver”, a la vez que mencionan la existencia de otras opciones
de trazo que “generan beneficios a la ciudad”.
Según el estudio, la
obra tendría impactos negativos en la movilidad de vehículos y peatones;
además, afectaría el paso diario por la zona de unas 20 mil personas, entre
quienes se cuentan trabajadores, estudiantes y los residentes de las colonias
Burócratas y San Pedrito.
Otro de los impactos
negativos, según el informe de la comisión de regidores, será en materia de
seguridad pública para las áreas urbanas aledañas, pues “el confinamiento
obligado del paso del tren genera puntos ciegos y espacios aislados e
inaccesibles para los servicios de seguridad y emergencias, propiciando zonas de
alto riesgo para los habitantes de esas colonias y la población en general”.
El sector
inmobiliario de la zona también se verá afectado. Alrededor de 900 predios
perderán hasta la mitad de su valor por las molestias y problemas de movilidad
y seguridad ocasionados por la obra.
Según el presidente
de Unidos por el Centro Histórico de Manzanillo A.C., Luis Fernando Adachi,
durante la etapa de construcción, prevista para un periodo de dos años, se
reducirá el acceso de vehículos al centro de la ciudad. Ello, advierte,
ocasionará la quiebra de cientos de pequeños y medianos establecimientos.
Por su parte, la
Agrupación Ciudadana Manzanillense mantiene desde hace tres meses y medio un
campamento cercano a la glorieta de San Pedrito, con la exigencia de que la SCT
considere otras rutas para la obra.
Daniel Mendoza
Flores y José Felipe Ramírez González, miembros de la organización, señalan que
hay por lo menos cuatro opciones menos dañinas para la ciudad y proponen
retomar un proyecto considerado en el Plan Director de Desarrollo Urbano de la
Ciudad de Manzanillo, de 1993, en el cual se prevé un trazo que prácticamente
no afecta la zona urbana.
El problema, dice
Ramírez González, es que la SCT “tiene una visión muy limitada, con una
propuesta en la que ve nada más el beneficio del puerto y la solución al paso
del ferrocarril, pero no toma en cuenta a los ciudadanos”.
A lo anterior se
suman las presuntas irregularidades descubiertas por la actual administración
en la expedición de la licencia.
El anterior gobierno
municipal entregó a la SCT una licencia parcial para la primera etapa, revela
en entrevista con este semanario el secretario del ayuntamiento, Jorge Nava
Leal. Añade: “Esto no puede hacerse, es irregular porque si no fuera viable
hacer la segunda y tercera etapas, estaríamos hablando de un elefante blanco,
un proyecto inconcluso”.
La obra fue
clausurada, dice, porque no se cumplieron todos los requisitos legales y los
documentos en el expediente no estaban completos ni eran suficientes para
determinar la viabilidad del proyecto y garantizar la seguridad de la
población.
Actualmente,
advierte Nava, se analiza si hay elementos suficientes para fincar
responsabilidades y presentar denuncias contra los funcionarios responsables de
la administración anterior.
Sin licencia
No obstante, el
lunes 1 la SCT reinició los trabajos tras obtener un amparo contra la clausura,
pues ésta se produjo sin la suspensión formal de la licencia por parte del
ayuntamiento.
En respuesta, el
martes 2 el cabildo de Manzanillo aprobó por unanimidad un punto de acuerdo
para requerir “de inmediato” a la empresa constructora la presentación de los
documentos exigidos por la ley para desarrollar los trabajos.
En el acuerdo se
advirtió que de omitir la presentación de alguno de los documentos, “se
procederá a la revocación de la licencia de construcción, por no estar ajustada
su expedición al marco legal vigente”.
Los documentos
faltantes, señala la comisión especial del cabildo, son la solicitud para
incluir el proyecto en el Programa de Desarrollo Urbano, el programa parcial de
urbanización, un estudio de impacto en el tránsito y el proyecto ejecutivo de
urbanización, entre otros.
Además de estas
irregularidades, señala el regidor priista Sergio Sánchez Ochoa, la licencia de
construcción fue firmada por una funcionaria de segundo nivel que no estaba
facultada para ello. Este elemento, por sí solo, sería factor de nulidad del
permiso.
(PROCESO J.
Villamil/P. Zamora / 2013-07-07 | 20:47)
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