Sube el delito en la capital de Baja California; Nuevo Sistema parece injusto a víctimas
Aunque las autoridades aseguran que se trata de una disminución,
el índice en el robo de vehículos en Mexicali se ha mantenido con al
menos una veintena diaria, lo que implica el inicio de un verdadero
viacrucis para las víctimas que no entienden cómo en el marco del Nuevo
Sistema de Justicia Penal, los derechos de los delincuentes parecen
estar sobre los de ellos. Sigue latente el riesgo social que significa
buscar justicia fast track por mano propia
Sergio Haro Cordero
La mañana del sábado 16 de marzo de 2013, Mauricio Ortiz Ruiz salió
de su casa en el fraccionamiento Villas del Rey para abordar su
vehículo, un pick-up Chevrolet Cheyenne 2006 color blanco, que
mantenía impecable y con placas de Sinaloa. Pero su camioneta no estaba.
Se la habían robado. “No había otro así de arreglado en Mexicali”,
asegura el arquitecto.
Esa misma mañana presentó su denuncia ante el Centro de Justicia
Alternativa, bajo el expediente NUC 0202-2013-11078. De acuerdo a datos
oficiales, ese mes en Mexicali se robaron -sin uso de violencia- 573
vehículos.
La noche del robo, Ortiz había visto merodeando a un joven de la
misma colonia, a quien los propios vecinos ubican como ladrón de autos.
Investigando por su cuenta, Mauricio recabó datos: que el joven había obtenido 30 mil pesos por el pick-up,
que empezó a gastar en tenis y celulares, que se la vendió a un
comandante policiaco.
“El día que agarren al muchacho va a salir toda
esa información”, afirma el arquitecto, quien ha aportado estos datos a
los policías ministeriales, pero no pueden detener al sospechoso porque
no cumple el requisito de flagrancia del Nuevo Sistema de Justicia
Penal.
Antes, el afectado supo que su auto estaba en uno de los depósitos
municipales, acudió a buscarlo sin ningún resultado. Otros le han dicho
que lo han visto en la zona de “La Robledo”, un agente le dijo que en el
sistema de la Procuraduría, su pick-up aparecía como recuperado,
lo que resultó como “error”. Lo peor: cada vez que se lo topa, el
muchacho-vecino y sospechoso se burla abiertamente de ellos, sobre todo
de su esposa.
“Me han dicho que con 5 mil pesos me lo puedo quitar de encima, que
lo levantan, es cuando lo tienta el diablo a uno”, expone el arquitecto,
quien no ha optado por esa opción.
Las cifras oficiales anotan que en los primeros cinco meses de este
año, en la ciudad capital se han robado 2 mil 841 autos; en 2012, la
cifra sumó 7 mil 363 carros robados, un promedio de 20 diarios.
Otro caso
Uno de esos miles vehículos del año pasado, fue el de Raúl Valdez,
jubilado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que la madrugada
del 9 de agosto de 2012 -en su domicilio, al Poniente de la ciudad-,
despertó al oír el ruido del motor encendido de su camioneta, una Chevy van 86 a la que le acababa de arreglar el motor, la transmisión, con sonido nuevo, bocinas y rines, hasta recién lavada.
La denuncia quedó asentada con el NUC 02022012-29175, y una semana
después, le avisaron que su auto fue localizado en un domicilio de la
colonia Santo Niño, donde tenían otros dos carros -con placas
americanas- y su van. Detuvieron a un joven, Martín Valenzuela
Ríos quien en el momento de la llegada de los agentes ministeriales
desmantelaba el vehículo propiedad de Valdez.
En la Procuraduría le entregaron un documento para que recogiera lo que quedaba de su van en el Depósito 05, concesionado a la firma Transportes Grúas de Mexicali (conocida como Servicio Bonilla),
donde intentaron cobrarle mil 800 pesos por recuperar el cascarón de su
auto. Ante la alegata, la petición bajó hasta 500 pesos y, por la
negativa del ciudadano, el representante del depósito le dijo que si le
dejaba los papeles, él vendería el auto y le entregaría 500 pesos.
De solo recordarlo Valdez se enfurece, refiere que la sesión terminó a
gritos, todo frente a media docena de ciudadanos que igual buscan
recuperar los restos de sus respectivos vehículos.
Otro mal momento fue al acudir el juicio oral, donde -asegura Valdez-
sintió que todos estaban en su contra, y que desde la juez hasta el
Ministerio Publico, buscaban apoyar al ladrón, llegando un momento en
que la víctima del robo ironizó, proponiendo entregar una carta donde
pedía disculpas al roba-carros.
Al final el “imputado”, quien dijo ser
avalado por el dueño de una chatarrera de su colonia, ofreció pagar los
daños -nunca estuvo preso-, y de un avalúo inicial de 26 mil 665 pesos,
la juez le recomendó que entregara la mitad, que finalmente fueron 3 mil
500 pesos que contra su voluntad, tuvo que aceptar.
“Me quedó el coraje de la injusticia”, comenta Raúl Valdez, quien
nunca más acudiría a interponer una denuncia ante la Procuraduría, y
acepta que en el inter de la investigación le ganaba el rencor y acudía a
merodear la zona de Los Santorales -con un bat en el auto-, buscando toparse con alguno de los ladrones.
Robo de autos, a la baja: PGJE
Juan Carlos Buenrostro Molina, titular de Averiguaciones
Previas en la Procuraduría estatal, confirma que en 2011 se registraron 8
mil 499 robos de vehículos en Mexicali, pero que a partir de ese
periodo “inició un trabajo muy intenso de reforzamiento de dicho grupo
(Robo Vehículos) de parte de la Procuraduría”. Eso ha implicado que a
partir de marzo de 2011, cuando la cifra llegó a cerca de 877, haya
iniciado un decremento.
Ejemplifica: en mayo de 2013, cuando se robaron 452 autos en la
Capital del Estado, hasta el día 25 de junio se contabilizaron 460
vehículos. “Es un decremento del 50 por ciento en comparación de dicho
mes”, dice Buenrostro en alusión a lo sucedido en mayo de 2011. Afirma
que se ha reforzado el trabajo de la Agencia contra Robo de Vehículos,
que se duplicó el número de elementos y que el índice de recuperación
oscila en torno al 50 por ciento de autos., aunque acepta que no todos
son localizados por esa corporación, sino que intervienen otras
instancias.
“Prácticamente
en todo el estado, el tema de robo de vehículos ha ido a la baja”,
sostiene el titular de Averiguaciones Previas, quien refiere cómo en
2011 arrancó un programa contra el robo de vehículos derivado de la
incidencia delictiva. Incluyó una serie de operativos en recicladoras y
chatarreras, en algunas se localizaron vehículos con reporte de robo,
que estaban siendo desmantelados.
“Hace tres meses se localizó en una recicladora del área de González
Ortega un vehículo que había sido robado unas horas antes. Ya estaba
completamente desarmado y en tres pedazos. La gente fue asegurada
tratando de deshacerse del vehículo”, refiere el funcionario en alusión a
la premura de la ilícita actividad.
A decir de Buenrostro, cuando se logran detenciones regularmente se
trata de dos o tres sujetos entre quien lo roba y lo desmantela. Se han
detectado vínculos con los dueños de las chatarreras y desmanteladoras.
En el caso de los depósitos de autos y los problemas que tienen los
ciudadanos para recuperarlos, el funcionario refiere: “Ése no es tema
que no depende de la Procuraduría”, sino relacionado con las
concesiones, aunque aclara que “la Procuraduría está abierta para
recibir cualquier queja o denuncia al respecto”.
Del proceso penal, el Nuevo Sistema de Justicia y los señalamientos
de que benefician más al imputado que a la víctima, Buenrostro comenta
que la flagrancia es un tema que se reformó desde 2008, que no es un
elemento nuevo y que la queja contra este rubro es “de todo el tiempo”,
no solo a partir del NSJP.
Acepta que quizá esa parte se hizo más evidente porque el Nuevo
Sistema permite la publicidad, lo público del procedimiento. “De eso se
trata, que todo mundo se percate, se dé cuenta de lo que está
sucediendo, la idea de que si quedan o no detenidos, pues es un tema que
siempre se ha visto en la procuración de justicia”, cita Buenrostro,
para quien el Nuevo Sistema de Justicia Penal es un tema de
transparencia y únicamente cambia en cuanto a procedimiento.
Colapso
El abogado penalista Fernando Rosales indica cómo desde su inicio
apuntaba que el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Mexicali tendría un
colapso, y recurre a los números que sientan cómo desde el arranque del
NSJP hasta la fecha, se han contabilizado alrededor de 150 mil NUC
(Números Único de Caso) radicados, a los que se suman los incidentes que
no llegaron hasta esa fase, debido a la opción llamada Justicia
Alternativa.
Dice
que en el tema de robo de vehículos existe un gran problema, ya que por
promedio se roban en Mexicali -de acuerdo a datos oficiales- entre 20
y 25 vehículos diarios, cerca de 600 mensuales. ”Significan 600
familias que se quedaron sin un vehículo, 600 trabajadores”, argumenta
Rosales, y a la cifra la multiplica por 12 para tener cerca de 7 mil al
año, tan solo en Mexicali.
Para el abogado, hay que preguntar al gobierno que viene qué van a
hacer con el tema, cuántos detenidos hay por ese delito en las cárceles,
dónde están, a dónde van a parar esos vehículos, quién los adquiere.
Asimismo, cuestiona sobre la inteligencia, la investigación, el
seguimiento puntual de los casos y los responsables de esos robos. “No
puede ser que siete mil vehículos desparezcan como arte de magia”,
comenta Rosales Figueroa.
En cuanto al escepticismo de la gente sobre el sistema de justicia,
Rosales Figueroa afirma que falta credibilidad ciudadana hacia las
autoridades, ya que los afectados asumen sus propias investigaciones y
recorren yonques, canales, ejidos o la periferia de la ciudad, aparte
problemas de origen -en cuanto al Nuevo Sistema- como el tema de la
flagrancia, lo cual implica detener a la persona que se robó un vehículo
al momento del incidente, o inmediatamente después.
“Las autoridades estatales o municipales difícilmente pueden detener a
la persona en flagrancia”, expresa Rosales y, en caso de que así
suceda, existe la posibilidad en el Código Penal del llamado
procedimiento abreviado, lo que en la práctica significa la reducción de
un tercio de la pena mínima al imputado para que salga del Centro de
Readaptación Social, si es que está detenido y previo al pago de la
reparación del daño.
“El que se dedica a robar tiene varias posibilidades, la primera es
que no te detengan en flagrancia, otra es que te apliquen un
procedimiento abreviado, y una tercera, la más triste, que la Policía no
investigue el robo”.
En ese contexto, el especialista piensa ya en el próximo gobierno
estatal y el próximo procurador: deberá necesariamente fortalecer la
Unidad Orgánica de Robo de Vehículos y hacer una Policía que esté siendo
supervisada, con controles de confianza, exámenes y declaraciones
patrimoniales para que realmente puedan dar un buen resultado.
“El próximo gobierno va a enfrentar un problema muy serio de
seguridad pública en todo el estado”, sintetiza el experimentado
penalista, quien considera que la implementación del Nuevo Sistema de
Justicia Penal en otras ciudades de Baja California debe diferirse hasta
2016, ya que en la ciudad capital, aún no se ha consolidado.
(SEMANARIO ZETA/Sergio Haro/ julio 8, 2013)
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