ZETA Ezenario
Saúl Torres Barbosa,
presidente del Comité Pro Defensa del Parque Benito Juárez, se ha encargado de
desarrollar una investigación documental sobre la desincorporación y demolición
de la ex comandancia conocida como “La Ocho”, y a partir de ello, ha detectado por lo menos una irregularidad
cometida en la administración municipal de Tijuana, misma que ha hecho saber al
Gobierno del Estado.
El ciudadano ha
titulado a su investigación “La Transa de Desincorporación de La Ocho”, y a su
decir, está conformada por actas de sesiones de Cabildo, diarios oficiales del
Estado y documentos extraídos de un juicio de amparo interpuesto tras la
demolición del bien inmueble.
Según el propio
Torres Barbosa, el argumento central de su recopilación es el de una presunta
violación al Artículo 16 de la Ley de Régimen Municipal de Baja California, que
dicta que para enajenar un bien municipal, es necesaria la realización de un
dictamen técnico donde conste que ese bien no es apto para utilizarse a favor
de la comunidad, cosa que -a decir del quejoso- no se hizo.
Agregó que el 25 de
marzo envió toda la documentación que avala su tesis al gobernador, José
Guadalupe Osuna Millán, para que éste ejerza su autoridad como presidente del
Consejo del Patrimonio Cultural de Baja California, aunque no ha recibido
respuesta.
Para Torres, aunque
“La Ocho” no fue declarada Patrimonio Cultural del Estado, el inmueble se ganó
un lugar en el listado de edificios históricos de la entidad, por sus más de 49
años de existencia, tal como refiere la Ley de Preservación del Patrimonio
Cultural de Baja California.
Para concluir,
advirtió que en el municipio existen más edificios históricos que no han sido
declarados como Patrimonio Cultural, por lo tanto, están en peligro de sufrir
el mismo destino que “La Ocho”.
(SEMANARIO ZETA/ZETA Ezenario/ Abril 15, 2013)
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