Ricardo Meza Godoy/ Semanario Zeta
Auditoría destapa
desorden en Ayuntamiento de Ensenada
Desvíos de fondos,
automóvil de lujo y carencia de programas de seguimiento para recursos del Ramo
33, fueron algunas observaciones registradas por la Auditoría Superior de la
Federación al gobierno municipal de Ensenada
Múltiples
irregularidades en el manejo de recursos del Ramo 33 evidenció la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), tras un primer vistazo a los gastos del
gobierno de Enrique Pelayo Torres durante el 2011.
Acompañado de un
largo etcétera, la ASF encontró que ese año el XX Ayuntamiento compró con
recursos del Ramo 33, un automóvil de lujo con adjudicación directa; tenía
obras pagadas que no habían sido realizadas; cálculos mal hechos; ausencia de
proyectos que llevaron a más gastos; tuvo desinformada a la población; no
tenían sustento sus avances de indicadores; no informó sobre cuentas bancarias
ante Sindicatura, la ASF y la Secretaría de la Función Pública (SFP); hizo
movimientos de dinero del Ramo 33 a cuentas ajenas a ese recurso; y careció de
indicadores.
Con apoyo del Órgano
de Fiscalización Superior del Estado de Baja California (OFSBC), el gobierno
federal registró un vacío informativo, generado por el XX Ayuntamiento en
distintas áreas relacionadas con el manejo de este recurso federal, lo que
derivó en un listado de observaciones del OFSBC hacia la autoridad municipal,
que aún no han sido dirimidas formalmente.
Vacío que el
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
(ITAIPBC) advirtió en 2012, que fue denunciado desde 2011 por regidores de
oposición en el Cabildo de Ensenada, y que está vinculado a la solicitud de
acceso a la información pública hecha por el ciudadano Óscar Soto Brito, en noviembre
de 2011, quien pidió reportes sobre el avance en el ejercicio del Ramo 33 ese
año, los cuales le fueron negados por la administración local durante meses y
que nunca recibió completos.
La información del
manejo financiero que el gobierno de Pelayo Torres hizo del Ramo 33 durante el
2011, ya fue recopilada en su totalidad por el OFSBC, según confirmó el
director de auditoría Ensenada de este organismo, Héctor Edgardo Suárez
Córdova.
Sin embargo, el
contenido todavía no es analizado por los integrantes de la Comisión de
Fiscalización del Gasto Público en el Congreso del Estado, que preside el
diputado del Partido Revolucionario Institucional Juan Vargas Rodríguez. A 2
años de distancia, la cuenta pública del XX Ayuntamiento de Ensenada, en lo que
respecta al 2011, no tiene fecha para ser subida al pleno del Congreso. Tampoco
la de 2012.
El reporte de la ASF
se divide en dos partes: una está enfocada en el manejo del Fondo para la
Infraestructura Social Municipal (FISM). La otra en el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).
En 2011 el XX
Ayuntamiento de Ensenada recibió de la federación, a través del FISM, 81
millones 438 mil 300 pesos. De ese monto, la ASF auditó, bajo el expediente
11-D-02001-02-0946, una muestra representativa del 55.2 por ciento. Es decir,
revisó cuentas por 44 millones 989 mil 400 pesos. Es decir, no analizó la
totalidad del recurso.
En su expediente, la
ASF refiere que el municipio cuenta con elementos formales para ejercer
adecuadamente el FISM. Un manual para el manejo del recurso; personal
experimentado en el manejo del fondo; reuniones ciudadanas periódicas en
COPLADEM e inspecciones de la Secretaría de Desarrollo Social en las obras;
seguimiento a las obras en los comités; un sistema de información que permite
monitorear el costo y avance de las obras; entre otros.
También advierte
carencias: falta de mecanismos para evaluar el desempeño del personal que
interviene en la operación del fondo; no dispone de mapas de pobreza
actualizados; no cuenta con mecanismos de difusión que aseguren, al inicio y
término del ejercicio, la información referente al destino y resultados
alcanzados del fondo.
La evaluación del
OFSBC, respecto al control interno para la gestión del fondo en el municipio,
fue regular, aunque insuficiente “para garantizar el cumplimiento de los
objetivos del fondo, la normativa y la transparencia en su operación”.
La misma
calificación de “regular” dio el OFSBC al ejercicio del FORTAMUN-DF en el
expediente 11-D-02001-02-1063. De este recurso que tuvo un total de 197
millones 34 mil 500 pesos, la ASF revisó el 41.2 por ciento, 81 millones 165
mil 500 pesos.
Para ese recurso, el
Ayuntamiento (entre otras desventajas): no cuenta con un manual de operación;
carece de mecanismos de planeación para determinar por rubro programático el
ejercicio del recurso; no implantó mecanismos para conocer de manera
sistemática y oportuna el ejercicio del gasto; La Tesorería Municipal ejerce,
lleva el control y supervisa los recursos del fondo; es decir, se vigila a sí
misma; y no existieron mecanismos para informar a la población sobre su
ejercicio.
Algunas de las cosas
con las que sí cuenta, es con un control administrativo de las obras y acciones
en la misma Tesorería; un catálogo de cuentas para el registro de las
operaciones contables; un sistema para validar la suficiencia presupuestal; y
se realizan reuniones periódicas para verificar la información entre los
participantes del manejo del fondo.
LAS IRREGULARIDADES
Las irregularidades
del Ramo 33 se registraron en rubros como: Transferencia de Recursos, Registro
e información contable y presupuestaria, y Destino de los Recursos,
Transparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo, Participación
Social; Obra Pública, Gastos Indirectos, Desarrollo Institucional; etcétera.
Cada una de ellas,
acompañada con observaciones foliadas por parte del OFSBC y narradas en el
expediente de la ASF. Por ejemplo, la 11-C-02000-02-0946-01-015, en donde piden
una explicación al gobierno de Pelayo por haber adquirido un vehículo de lujo
con recursos del FISM, “no indispensable para los fines del fondo”, por 325 mil
pesos y por medio de adjudicación directa. “…debió adquirirse por invitación a
cuando menos tres proveedores y tener la aprobación del comité de
adquisiciones”, dice el informe, además de advertir un incumplimiento con un
convenio celebrado entre la Secretaría de Desarrollo Social y el Gobierno del
Estado.
En otro caso (el
11-C-02000-02-0946-01-014), registró que se efectuaron pagos por concepto de
trabajos extraordinarios y gratificaciones por 1 millón 23 mil 700 pesos, donde
306 mil 700 pesos “no disponen del soporte documental y el total erogado carece
de la autorización de pago conforme a los tabuladores correspondientes”.
Del FISM, la ASF
registró que el municipio “no proporcionó la documentación de 54 expedientes
sobre los convenios modificatorios, adicionales; estimaciones, generadores de
obra y actas de entrega-recepción” (1-C-02000-02-0946-01-011). Que en cuatro
contratos, los gastos indirectos fueron calculados erróneamente
(11-C-02000-02-0946-01-010); que en tres obras “no se tenía definido el
proyecto, lo que ocasionó la modificación del presupuesto contratado”
(11-C-02000-02-0946-01-009). Que “no proporcionó evidencia documental que
sustente la integración de los informes trimestrales remitidos a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP)” (11-C-02000-02-0946-01-007).
De la muestra por 44
millones 989 mil 400 pesos, que revisó la ASF, 29 millones 798 mil 100 pesos,
“se encuentran registrados erróneamente como devengados sin soporte documental”
(11-C-02000-02-0946-01-002).
Encontró una
diferencia no aclarada por 4 millones 557 mil 500 pesos, entre el monto
asignado por 81 millones 438 mil 300 pesos, más los rendimientos financieros
por 1 millón 794 mil 100 pesos, respecto a lo registrado en la Cuenta Pública
por 78 millones 674 mil 900 pesos, (11-C-02000-02-0946-01-005). Y otras
observaciones más pendientes de aclarar. Un total de 17 para el FISM.
En el caso del
FORTAMUN-DF, se registraron 9 observaciones, una de ellas, la
11-C-02000-02-1063-01-002, relacionada con desvío de dinero del fondo. “De la
cuenta específica para el manejo de los recursos del fondo y sus rendimientos
financieros, se realizaron transferencias a otros fondos y hacia otras cuentas
bancarias en las que se disponen otro tipo de recursos”, refiere la ASF.
En este recurso, que
se encuentra bajo el control casi absoluto de la Tesorería Municipal, que encabeza
María de Guadalupe Beltrán Rocha, la auditoría encontró que “el municipio no
dispone de cuentas contables programáticas para el control del fondo”,
expediente 11-C-02000-02-1063-01-003.
“No informó sobre la
apertura de la cuenta bancaria específica del fondo a la Sindicatura Municipal
de Ensenada, a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la
Función Pública”, expediente 11-C-02000-02-1063-01-004.
“El Programa de
Seguridad Pública para el periodo 2010-2013, carece de indicadores que permitan
evaluar los resultados obtenidos”, expediente 11-C-02000-02-1063-01-007.
En informes
trimestrales presentados a SHCP, “no se detallaron las obligaciones financieras
solventadas ni las acciones realizadas para atender las necesidades vinculadas
con la seguridad pública de sus habitantes”; tampoco se reportaron los informes
del primero al tercer trimestre de 2011 en el formato “Nivel Fondo”, expediente
11-C-02000-02-1063-01-005.
Y otras
observaciones, entre las que destacan omisiones en materia de transparencia
hacia la población.
En entrevista, la
diputada de Ensenada Lizbeth Mata Lozano, del Partido Acción Nacional (PAN),
refirió mantenerse a la espera de que el tema financiero del municipio sea
subido al pleno, sin embargo, será hasta que la Comisión de Fiscalización del
Gasto Público analice el asunto.
El único legislador
de Ensenada que tiene representación en dicha comisión es la diputada Claudia
Josefina Agatón Muñiz, perteneciente al Partido del Trabajo. Sin embargo, el
adelanto de alrededor del 50 por ciento del uso de este recurso, ya tiene al
menos 26 pendientes en el OFSBC.
(SEMANARIO ZETA/ Ricardo Meza Godoy/ Abril 15, 2013)
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