Javier Valdez/ Riodoce
Apuran operaciones
de blanqueo de dinero “inversionistas” locales, mientras los notarios públicos
entran en pánico porque tienen que denunciar ante Hacienda operaciones
“sospechosas”…
ESPANTO
Esa es la palabra
usada por los notarios públicos de Sinaloa para describir la sensación que les
genera tener que convertirse en “policías” y reportar operaciones “sospechosas”
de mucho dinero y de dudosa procedencia, tal como lo marca la Ley Federal para
la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita, coloquialmente conocida como ley contra el lavado de dinero.
Datos de la
Secretaría de Economía (SE) señalan que del 16 de junio al 13 de septiembre de
2012 se registraron 935 solicitudes de inscripción de razón social para la
constitución de sociedades mercantiles y 208 avisos de que estas nuevas
empresas ya estaban funcionando, lo que hace un total de mil 143. Del 17 de
septiembre al 31 de diciembre de ese año, las solicitudes fueron de 766 y los
avisos sumaron 163, que suman 939.
Pero de enero a
abril de 2013 la incidencia se disparó: mil 255 solicitudes de registro y 106
avisos de operaciones de nuevas sociedades mercantiles, con un total de mil
361. En total, de septiembre de 2012 a la fecha, son 2 mil 956 solicitudes y
587 avisos, sumando 3 mil 463 movimientos de nuevas firmas empresariales.
Jesús Ramón Sánchez
Cabrera, encargado de la delegación de la SE en Sinaloa, explicó que muchos
empresarios que recibieron el permiso no han avisado que ya usan su razón
social, cuyo plazo es de 180 días naturales, “y si no cumplen con avisar, son
sancionados”.
Un experto en la
materia advirtió que quienes se dedican al lavado de dinero están apurando
operaciones de este tipo, antes de que empiece a aplicarse esta nueva ley:
“Desde finales del año pasado y lo que va de 2013 están constituyendo
sociedades anónimas, apurando trámites legales, acudiendo a los notarios
públicos para realizar operaciones fuertes, de grandes montos y propiedades,
antes de que entre en vigor esta ley”.
Esta nueva
disposición legal, impulsada por el gobierno de Felipe Calderón y aprobada
durante el 2012, el último de su mandato, entrará en vigor en julio de este año
y obliga a empleados de instituciones bancarias, prestamistas, profesionistas y
empresas del ramo financiero, joyerías, vendedores de vehículos, firmas de
blindaje automotriz y demás, a avisar a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público de operaciones dudosas, presuntamente vinculadas con el crimen organizado
en sus diferentes modalidades.
—Las consecuencias
cuando entre en vigor las vamos a sufrir principalmente los notarios públicos.
—¿Por qué?
—Porque con nosotros
vienen a hacer trámites de compra-venta, pagos, permutas, gente no de dudosa
reputación, sino que se dedica a lo que es propio de esas actividades, que
ganan “fácil” el dinero, que conocemos nosotros como gomeros, como…
narcotraficantes. Y obviamente cuando viene una persona de esas, la ley nos
obliga a preguntarle cuál es el origen de ese dinero, nos prohíbe ciertas
operaciones en efectivo, obliga al pago a través de cheque o traspaso, de una
manera que quede huella, que quede antecedente, porque así identifican, ubican,
cuando hay operaciones de 800 mil, o un millón de pesos, y si no se reportan,
pues luego luego contra el notario.
Francisco Javier
Gaxiola Beltrán, presidente del Colegio de Notarios Públicos de Culiacán,
manifestó que estas disposiciones legales son positivas para el combate al
lavado de dinero, que haya más control en algunas operaciones y el Gobierno
capte más recursos fiscales, pero lamentablemente están obligando a los
notarios a convertirse en policías, cuando su función es darle certeza y
seguridad jurídica a los bienes y trámites que realizan los solicitantes.
“Nos están obligando
a que le preguntemos a las partes, sobre todo al que está comprando, cuál es el
origen del dinero, a qué se dedica usted, y te van a decir que ese dinero
proviene de la ganadería, si es que contestan, pero no es nuestra función.
Nosotros tenemos como función darle certeza y seguridad al acto jurídico, los
bienes”.
—¿Entonces qué van a
hacer, ampararse, pedir que la modifiquen?
—Estamos ante un
dilema todo el país y muy serio, porque nos están comprometiendo, nos exponen
mucho a que realicemos funciones de investigación. Pues modificarla es una
posibilidad, a pesar de que no entra en vigor. Ojalá no la dejen llegar hasta
esa fecha porque va a causar muchos problemas.
“Sí se puede hacer
algo porque no es un hecho consumado, vamos dándole una matizada y se le
relegue al notario de esa función que nos imponen, porque andamos con ese
problemón encima”, sostuvo.
La otra opción, agregó,
es ampararse contra la ley, contra los que la aprobaron, el procedimiento
legislativo que se siguió y su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
LA LEY
La Ley Federal para
la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita, que estuvo dos años discutiéndose en el Congreso de la Unión y fue
aprobada durante el último año del gobierno de Calderón, fue publicada en el
Diario Oficial de la Federación del 17 de octubre del 2012 y empezará su
vigencia el 7 de julio de 2013.
El objetivo de esta
ley es la creación de una gran base de datos nacional para identificar la
utilización de recursos de procedencia ilícita y de esa forma prevenir y
combatir esta actividad, normalmente ligada a los grupos de delincuencia
organizada, sobre todo los del tráfico de drogas.
Versiones de
especialistas en la materia, que pidieron mantenerse en el anonimato, señalan
que ha habido intentos del Gobierno por combatir el lavado de dinero, pero de
manera aislada y sin coordinación entre las instituciones involucradas. En
cambio, con esta nueva disposición se crea un sistema de “inteligencia”, con
información de todo el país, para identificar las operaciones con dinero que
proviene de actividades delictivas.
Una innovación
importante, quizá la que más llama la atención, es que ahora las obligaciones
de proporcionar información de actividades sospechosas no compete solo a los
bancos, sino que involucra a notarios públicos, corredores de bienes raíces,
casinos, vendedores de automóviles, instaladores de equipo de blindaje y
comerciantes en el ramo de joyería, metales preciosos y obras de arte.
“Todos ellos deben
informar a la Secretaría de Hacienda de las operaciones en las que intervengan
y que rebasen determinados montos. Estos empresarios y profesionistas tendrán
que ser la ventana de información gubernamental para detectar a los que lavan
dinero”.
La obligación de
informar está en función de los montos y estos se calculan de acuerdo con el
salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
Así, será objeto de
aviso a Hacienda el caso de tarjetas de servicios o crédito cuando el gasto
mensual acumulado sea igual o superior a mil 285 veces el salario mínimo del
Distrito Federal, que ascienden a unos 83 mil 200 pesos. En intermediación en
la transmisión de propiedad de bienes raíces, se deberá informar de operaciones
cuyo valor exceda o sea equivalente a 8 mil 25 veces el salario mínimo, es
decir 513 mil 600 pesos.
En el comercio de
joyas, metales preciosos, piedras o relojes será objeto de aviso cuando la
transacción en efectivo sea equivalente o supere mil 605 veces el salario
mínimo, que corresponden a cerca de 103 mil pesos. Tratándose de obras de arte
la obligación de avisar se da a partir 4 mil 815 salarios mínimos, es decir 308
mil 160 pesos.
Para el caso de
vehículos aéreos, marítimos o terrestres, la obligación de informar se
actualiza en operaciones que sean iguales o excedan los 410 mil pesos. En
cuanto al blindaje, considerado también un servicio vulnerable, tienen que
informarse e identificarse al cliente cuando las operaciones pasen los 4 mil
815 salarios mínimos, que corresponden a 308 mil pesos.
Los notarios deben
informar a la autoridad hacendaria de operaciones de inmuebles efectuadas ante
ellos por el equivalente a 16 mil o más veces el salario mínimo, que significa
1 millón 25 mil pesos, y en el caso de constitución o modificación de
sociedades mercantiles cuando el capital exceda de 514 mil pesos.
Hasta las
asociaciones y sociedades que no tengan fines de lucro tendrán la obligación de
avisar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e identificar al donante,
cuando la cantidad sea equivalente o superior a 3 mil 210 veces el salario, que
significan 205 mil pesos.
Los empresarios y
profesionistas del ramo deben informar sobre estas operaciones y confirmar la
identidad de los clientes a través de documentos oficiales, y “tendrán que
solicitar al cliente o usuario la información sobre su actividad u ocupación,
basándose entre otros en los avisos de inscripción y actualización de actividades
presentados para efectos del Registro Federal de Contribuyentes”.
Además, la ley
señala que cuando los comerciantes o prestadores de servicios proporcionen esta
información a hacienda, no será considerado como trasgresión del secreto
profesional, legal o bancario. La información recabada debe conservarse durante
cinco años y si el cliente se niega a proporcionar información, el
profesionista o empresario podrá negarse a dar sus servicios, sin
responsabilidad legal alguna.
En cuanto al uso de
efectivo, la ley prohíbe operaciones de compra de inmueble por un valor de 513
mil pesos o más, y la adquisición de vehículos, joyas, relojes, blindaje,
apuestas y obras de arte por 205 mil pesos.
MAYOR CONTROL
Con esta ley,
quienes se dedican a la delincuencia organizada deberán tener mayor cuidado en
sus operaciones y seguramente buscarán nuevas medidas para evadir los
mecanismos de control impuestos por el Gobierno federal, ya que una vez que se
tengan datos suficientes, hacienda reportará movimientos “sospechosos” a la
Procuraduría General de la República (PGR), advirtió un profesionista del ramo
financiero de esta entidad.
“Los de la
delincuencia organizada van a tener dificultades, van a tener que proceder de
otra manera, con más audacia y complejidad, y por otro lado el Gobierno tendrá
un impacto positivo en las finanzas públicas, a través de captaciones
fiscales”, dijo.
—¿Cómo se prepara
ante este escenario la delincuencia organizada, en este caso los narcotraficantes?
—Desde finales del
año pasado y lo que va de 2013 están constituyendo sociedades anónimas,
apurando trámites legales, acudiendo a los notarios públicos para realizar
operaciones fuertes, de grandes montos y propiedades, antes de que entre en
vigor esta ley. Además, están capitalizando sus empresas, se dan de alta,
reportan ventas diarias de miles de pesos al menudeo… en suma, están amarrando,
regularizando todo, porque ya viene la nueva ley.
“Están lavando y van
a seguir haciéndolo, pero será todo más sofisticado e implicará de alguna
manera un ingreso para el Gobierno mexicano. Antes lo hacían a través de las
gasolinerías, ahora le metieron muchos recursos, realizaron operaciones
importantes en el negocio de bienes raíces, lo inmobiliario, y también en la
agricultura”, manifestó.
Muy probablemente,
advirtió, el Gobierno federal no llevará a cabo una cacería, pero sí mayor
control y captación de recursos, lo que dinamizará la economía nacional.
“Estamos hablando de
una ley que tendrá características de inteligencia y esa información, esa base
de datos, la van a usar cuando les convenga, cuando quieran golpear a un grupo
de la delincuencia o empresarial”.
“NOS VAN A MATAR”
“Si alguien llega
con un costal de dinero, no le podemos preguntar de dónde viene ese dinero,
cómo lo obtuvo, porque eso nos expone, nos ubica en una situación en la que
nuestra vida está en riesgo”, señaló un notario culichi, quien pidió que no se
diera a conocer su nombre por temor a represalias.
“Los notarios
—aseguró— no podemos establecer el control sobre las personas que delinquen o
los recursos de procedencia ilícita, porque no somos policías, eso lo toca al
Gobierno federal”.
Dijo que la medida
contra el lavado de dinero es positiva y le pega en el patrimonio a quienes se
dedican a la delincuencia organizada, que es donde más les duele, pero ni los
profesionistas del ramo financiero ni los notarios son investigadores al
servicio de la autoridad.
“Si esto se aplica
vamos a volver a los tiempos de antes y va a provocar una disminución del
trabajo de las notarías, porque la gente va a optar por no registrar sus
propiedades, no usar su nombre, no van a reportar transacciones y muchos de los
acuerdos que tengan sobre bienes serán de palabra, sin documentos de por
medio”, comentó.
Señaló que aunque
todavía no hay un reglamento que norme la aplicación de la ley, está claro que
a los notarios les va a tocar fungir de “balcones”, informantes del Gobierno y
“ponederos”. Lamentó que una profesión tan noble como el notario público, que
da certeza jurídica, la estén desvirtuando al otorgarle otras obligaciones, y
si estas no son cumplidas, van a ser copartícipes de un delito.
“Vamos a terminar
vendiendo mandarinas, como dijo uno de los notarios. Porque en una de esas te
niegas a dar un servicio, un trámite, les preguntas sobre el origen del dinero
y se molestan, en el estado en que vivimos, que sabemos qué tipo de estado es,
te matan. Si yo pregunto, me van a matar”.
Afirmó que el gremio
tiene miedo de esta nueva ley, aunque no descartó que quienes se dedican al
lavado de dinero busquen otras opciones y lo sigan haciendo. Dijo que el
Gobierno quiere todo en “charola de plata”, pero se olvidan de que “el día que
se acabe la corrupción en la autoridad, los servidores públicos, la gente va a
confiar en ellos y esto va a cambiar. De otra manera, no”.
(RIODOCE.COM.MX/ Javier Valdez/ abril 14, 2013)
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