Hartas de la negligencia de las
autoridades, madres de Sinaloa se han unido en la búsqueda de sus hijos en un
grupo denominado Las Rastreadoras. Sus largas jornadas de trabajo han dado de
qué hablar en un estado que incrementó el número de desapariciones en un 31.3
por ciento en el último año y medio. En los escombros o debajo de la tierra,
numerosos cuerpos han sido hallados por estas mujeres; ellas les han devuelto
su identidad.
Mirna Nereyda, madre de Roberto, es
cofundadora del grupo Las Rastreadoras. Foto: Noroeste
Ciudad de México, 10 de junio
(SinEmbargo).— Hace dos años, Mirna Nereyda Medina Quiñónez perdió a su hijo
después de que extraños a bordo de una camioneta Explorer color negro se
detuvieran en una gasolinera, en la localidad de El Fuerte, Sinaloa. Roberto
Corrales Medina, de 21 años, vendía complementos para celular y nadie lo ha
vuelto a ver. En su búsqueda, la madre ha organizado a las familias para hacer
trabajos que las lleven a encontrar a sus seres queridos. El grupo denominado
como Las Rastreadoras, recientemente consideradas como concursantes al Premio
Nobel de la Paz por labores que iniciaron en el 2014, quieren mantenerse lejos
del reconocimiento y, como dice Medina, prefieren hablar de sus prioridades y
de las herramientas que aún les hacen falta a 225 familias para trabajar en
esta penosa tarea.
Hasta el pasado abril, el
número de desaparecidos en Sinaloa ascendía a 2 mil 16, de acuerdo con datos
del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).
Desde el percance que sufrió su hijo, el colectivo de Mirna ha logrado dar con
los restos de 48 personas. La mayor parte de las madres que integra a Las
Rastreadoras proviene del norte del estado, de los municipios El Fuerte, Choix
y Ahome.
El 14 de julio del 2014,
Corrales Medina fue visto por última vez, recuerda su madre.
“Eran las 17:45 cuando cuando
llegó una camioneta tipo Explorer a las bombas de gasolina. Mi hijo se levanta
para ofrecer la mercancía. Ahí mismo dejó sus cositas. Lo subieron. Ya estaba a
punto de retirarse a su casa”, detalla.
Parte de los problemas para
dar con los desaparecidos los vivió en carne propia, en especial los derivados
del miedo. Los videos de la gasolinera en la que encontraba su hijo fueron
solicitados. Sin embargo, le fueron negados bajo el argumento de que las
cámaras no servían por la lluvia desde hacía tiempo.
En El Fuerte la gente teme,
dice Medina. Hay miedo de lo que les pueda pasar por colaborar con el grupo de
madres, en un lugar con no más de 15 mil habitantes. Ese municipio está
asediado por la violencia y la pobreza. El Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval) sitúa a dos de sus localidades dentro
de las que tienen mayor rezago social: El Carricito y el Pochotal.
La denuncia por la
desaparición del joven tampoco se pudo hacer de forma inmediata. Roberto, quien
vivía en El Rancho, ubicado en el municipio de Choix, no llegó a su casa esa
noche. Su padre adujo que se había quedado con otros familiares y no fue sino
hasta el día siguiente que la familia se enteró de lo sucedido.
La Policía Municipal se ha
atribuido mala fama en el lugar. Las Rastreadoras han sostenido que las
autoridades participan en el 90 por ciento de las desapariciones. Al momento de
que Mirna Medina solicitó ayuda para hallar a Roberto, la respuesta fue el
menosprecio.
“No señora nosotros no
buscamos. Sólo vemos si aparecen muertos”, recuerda que le dijeron.
Las Rastreadoras realizan jornadas de
búsqueda tres días a la semana. Foto: Especial
El Fuerte, relata, vive
acechado por “tiradores” y sicarios. Y fueron allegados a la familia que le
dijeron que Gilberto, un narcomenudista local, sabía donde estaba su hijo.
Armada de valor fue a buscarlo.
—Señor, ¿usted sabe dónde
está mi hijo?
—¿Yo?, ni al caso—, contestó.
Y dos semanas después, también Gilberto desapareció.
A partir de ahí, Mirna Medina
se unió con otras madres que tienen hijos desaparecidos para realizar brigadas.
Una de ellas, Reyna Serna Escalante, es la madre de Alejandro López Serna.
Joven que desapareció en julio del 2014 en el municipio, y del que aparecieron
sus restos el 2 de octubre en la comunidad Cuesta Blanca, en San Blas.
“Y ya empecé a buscar desde
ahí, en las redes sociales , y también empezó a apoyarnos mucha gente”, dice
Medina.
De los 48 cuerpos que han
encontrado Las Rastreadoras, 16 han sido entregados a las familias, otros 10 se
encuentran en proceso de cotejo de ADN y el resto aún no hay indicios de
quienes pueden ser.
INDIFERENCIA
Roberto Corrales Medina fue forzado a
subir a una camioneta Explorer el 14 de julio del 2014. Foto: Especial
Sandra Luz Hernández, madre
de un desaparecido que fue ejecutada el pasado lunes en plena luz del día, en
mayo del 2014, después de reunirse con autoridades de la Procuraduría General
de Justicia de Sinaloa (PGJ). El caso aún es un símbolo de lucha dentro de Las
Rastreadoras.
Hernández se había convertido
en activista e investigadora a partir de que su hijo, Édgar García Hernández,
empleado de PGJE, quien desapareciera el 12 de febrero de 2012, cuando personas
armadas irrumpieron en su casa y se lo llevaron de manera forzada.
“A Sandra Luz la matan por ir
a buscar a su hijo. El asesino confeso dice dónde la mató. Y después sale
libre. Sandra Luz nunca encontró a su hijo”, dice Medina.
La primera vez que las madres
manifestaron en el municipio por la ola de violencia en el norte de Sinaloa fue
el 12 de septiembre del 2014.
Una marcha de madres recorrió
de la gasolinera donde se le vio por última vez a Roberto hacia el Palacio
Municipal. Pese a solicitarlo, el Alcalde Marcos Vinicio Galaviz no quiso
recibirlas.
“Yo ya había reunido 38
denuncias por desaparición, pero cuando llegó, no nos atendió el Presidente
Municipal, sino su Secretario. Y nos dio otra cita para hacernos el estudio de
ADN”, cuenta Nereyda.
Cinco días después las madres
fueron atendidas por el Procurador estatal Marco Antonio Higuera Gómez, cuyo
compromiso de reunirse con las madres cada mes fue más tarde incumplido.
La indiferencia de las
autoridades fue generalizada. La Comisión Estatal de Derechos Humanos
registraba 154 denuncias por desaparición forzada en octubre del 2014. Más las
reportadas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), otras 300. Pero
la Procuraduría General de Justicia del Estado reconocía un solo caso por este
delito.
La insistencia de las madres
hizo que el Gobernador Mario López Valdez les recibiera el 16 de diciembre. El
dirigente estatal entregó cuatro perros caninos para rastrear fosas
clandestinas.
Aunque, a la fecha los
esfuerzos de búsqueda los hacen por su cuenta. “Nosotros no tenemos apoyo de
nadie, somos alrededor de 40 mujeres que vamos a las búsquedas”, dijo Nereyda.
“Hacemos lo mismo que otros,
nos dan pitazos de por dónde podemos buscar. Y metemos la varilla”. Ahora les
han prometido un georadar para verificar las formaciones debajo de la tierra.
“Se supone que el Gobernador lo va tener pronto. Otro regalo que nos va a dar
es un laboratorio de genética”, confía Nereyda.
A la fecha las madres
rechazan que sean policías municipales, quienes las escolten en sus brigadas.
En noviembre del 2013 se dictó formal prisión a cuatro policías municipales de
Ahome por su involucramiento en este delito, de los cuales tres se hallan
detenidos.
El Juzgado Segundo de Ahome
dio como sentencia 28 años nueve meses de cárcel a Jorge Cota Jiménez, Óscar
Guadalupe Huicho Puentes y Jorge Martínez Santos.
LA VIDA EN SINALOA
Los operativos de seguridad en Sinaloa
tuvieron por objetivo unas elecciones tranquilas, sostuvo en febrero el
Gobernador. Foto: Cuartoscuro
Un conteo hecho por el diario
Noroeste en julio del año pasado recalcó que en la entidad desaparece al menos
una persona al día.
“A veces queremos pensar que
es por el crimen. Muchas veces la gente dice que es porque quienes desaparecen
andaban en algo, pero no es porque sea mi hijo, pero él no bebe, no fuma, no
anda metido en cosas”, dice Medina.
En febrero de este año el
Gobernador del estado se pronunció en contra de la crecida de la violencia. En
reunión con representantes de las dependencias de la Procuraduría General de la
República (PGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina
Armada de México (Semar), López Valdés anunció una estrategia que incluía
reforzar la participación del Ejército en las calles.
“Malova”, como le llaman al
Gobernador, prohibió los eventos masivos y aminoró la venta de bebidas
alcohólicas en zonas de violencia. Sin embargo, las políticas de seguridad del
gobernante, así como del Gobierno Federal en la zona propiciaron los
desplazamientos.
El Fuerte es uno de los
municipios con mayor número de desplazados por la guerra contra el narcotráfico
y las posteriores persecuciones de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En el 2012, la Comisión de
Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, una organización civil de la
entidad, calculó que había entre 25 mil y 30 mil desplazados en 11 de los 18
municipios de la entidad.
Un costo de 250 millones de
pesos para el estado, reporta el libro Con una granada en la boca: “Heridas de
guerra del narcotráfico en México”.
La violencia generó la salida
de habitantes de la zona serrana del municipio. En especial, las disputas por
el control de la zona entre cártel de Sinaloa y el grupo de los Beltrán Leyva,
tras la ruptura entre ambos bandos, de acuerdo con el informe “Las víctimas
ocultas de México”.
“En áreas rurales, los
cárteles de la droga ejercen control sobre territorios que pueden ser utilizados
para cosechar cultivos como marihuana o amapola, controlar la extracción de la
madera y la minería, traficar drogas a través del área, o imponer gravámenes a
otros contrabandistas o traficantes”, cita el informe.
Por otro lado, la autoridad
también genera las desapariciones. “El 90 por ciento de las desapariciones se
dan por la colusión”, detalló Mirna.
El 27 de noviembre del año
pasado, Mirna fue amenazada por personas de las que prefiere reservarse su
identidad, pero que ya fueron denunciadas a la Procuraduría General de la
República. “Se desinformó al decir que eran policías municipales. Pero sé
perfectamente quienes fueron”, destaca.
Hoy, el colectivo hace
gestiones para que la PGJ les brinde una ventanilla directa en casos de
desaparición, aseguran que la violencia no ha cesado, y que las jornadas de 7
de la mañana a cinco de la tarde por sus hijos seguirán, como hasta ahora, tres
veces a la semana.
(SIN EMBARGO.MX/ JUAN LUIS GARCÍA
HERNÁNDEZ/ JUNIO 20, 2016 - 12:04 AM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario