Mariana Labastida
Dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
(CRAC) y policías comunitarios de San Luis Acatlán fueron detenidos ayer
por militares, marinos y policías federales, por portar armas
exclusivas del Ejército, cuando se dirigían a los juzgados federales
ubicados en el bulevar de Las Naciones.
Los detenidos fueron trasladados de inmediato en las dos camionetas en las que viajaban a la subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR) y Ministerio Público Federal en Acapulco, resguardadas por seis vehículos de las fuerzas armadas.
A raíz de la detención, en un comunicado la CRAC declaró rotos los acuerdos que existían con el gobierno estatal, y responsabilizó de la misma a la subsecretaria de Asuntos Políticos, Rossana Mora Patiño, y al gobernador Ángel Aguirre Rivero.
La CRAC explicó que informaron por escrito a Mora Patiño y al comandante del 48 batallón militar con sede en Cruz Grande (Florencio Villareal), Maximino Reyes Martínez, que realizarían un viaje de San Luis Acatlán a Acapulco.
Los coordinadores de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo y Raúl de Jesús Cabrera; el comandante Leonel Vázquez Leal y tres policías comunitarios fueron detenidos después de que marinos revisaron el armamento que portaban al ser interceptados en el bulevar de las Naciones, en las cercanías del aeropuerto de Acapulco, y los llevaron a la delegación de la PGR.
Los coordinadores y policías comunitarios viajaron a Acapulco con dos menores de edad a los que venían a aplicarles un examen médico para detección de drogas, según explicó la coordinadora Adelaida Hernández Nava, quien venía en el grupo y precisó que se trasladaron al puerto porque en Ometepec no existe equipo para dicho estudio.
Hernández Nava relató que salieron de San Luis Acatlán a las 2 de la tarde, luego de que por la mañana enviaron una solicitud al gobierno del estado y el oficio de comisión para informar que se trasladarían a Acapulco.
Al llegar al puerto se detuvieron frente a las instalaciones del Tribunal Federal del Poder Judicial, ubicado en el bulevar de las Naciones, y fue ahí a donde llegaron los marinos, militares y policías federales.
A la revisión de los comunitarios llegaron marinos en dos camionetas, y luego cuatro más con militares, dos tipo Hummer, una camioneta de la Policía Federal, dos automóviles y cuatro motocicletas de dicha corporación.
Unos 40 elementos rodearon al grupo de 14 miembros de la CRAC, de los cuales detuvieron a dos coordinadores, un comandante y tres de los 10 policías comunitarios, pues los otros siete venían con sus escopetas de bajo calibre y la coordinadora Hernández venía desarmada.
“Nos dijeron que querían ver el concentrado y credenciales”, dijo Adelaida Hernández, refiriéndose a la lista de los que venían en las dos camionetas de la Policía Comunitaria, las armas que traían cada uno y los documentos que los acreditaban como integrantes de esa corporación formada por pueblos indígenas de La Montaña.
Los marinos les quitaron todas las armas, de las cuales seis son de uso exclusivo del Ejército.
Los comunitarios presentaron el escrito que habían enviado al gobierno del estado y vía telefónica informaron de la detención a las autoridades estatales; también indicaron a los militares que habían enviado un oficio de comisión al comandante del 48 batallón.
Los dirigentes de la CRAC y policías comunitarios estaban rodeados por los militares, que los tenían debajo de uno de los árboles del jardín del estacionamiento del Tribunal Federal, donde los tuvieron por más de media hora antes de trasladarlos a la PGR.
Ahí, al intentar acercarse a los coordinadores de la CRAC, los militares empujaron a esta reportera y al fotógrafo de El Sur le advirtieron dos policías federales y un militar que se alejara “a las buenas o a las malas”, al llegar e intentar fotografiar la detención.
A las 7:10 de la noche el convoy que resguardó las dos camionetas desde el bulevar de las Naciones llegó a la PGR, donde primero metieron a cinco de los detenidos, el coordinador Eliseo Villar Castillo, el comandante Leonel Vázquez y los policías Israel, Fermín e Iván.
Media hora después preguntaron de quién era la sexta arma que habían decomisado, aunque al principio nadie se responsabilizó de la pistola, después el coordinador, Raúl de Jesús Cabrera, informó que era suya, y lo llevaron al interior de las oficinas.
Apoyo al movimiento magisterial
El coordinador Eliseo Villar manifestó en la primera gran
manifestación de la CETEG el pasado 11 de abril, que estaban decididos a
reclamar sus derechos, luego de que marcharon para exigir la liberación
de un comandante de la comunidad de El Troncón, y dio el respaldo total
al magisterio en contra de la reforma educativa.
Al aceptar que la sexta arma era la que él portaba, Raúl de Jesús Cabrera estaba hablando por teléfono con la subsecretaria de Asuntos Políticos, Rossana Mora, a quien reprochó que les habían enviado por escrito el oficio para informar del traslado que harían y el motivo, que no estaban respetando el acuerdo que tenían y que habían cumplido en entregar las armas pero que los estaban deteniendo.
“Tenemos un acuerdo, tuvo mucho que ver el movimiento que se acabó por separar, lo hicimos por escrito, licenciada, le mandamos un correo y hablé con el coronel, estamos haciendo lo que nos están pidiendo, queremos por parte de ustedes que se actúe, si no van actuar déjenlo en manos de nosotros, somos tolerantes con ustedes”, dijo durante la conversación telefónica el jefe comunitario.
“Fue un cuatro”, dijo vía telefónica Eliseo Villar cuando era trasladado a la PGR.
“Yo digo que fue una trampa que nos puso el gobernador”, manifestó Hernández Nava, ya que les dijeron que sólo se llevarían detenidos a los portadores de las seis armas, a lo cual se negaron y los trasladaron a todos a la PGR.
Antes de que llegara el convoy con los detenidos, otro recorrió las calles donde se encuentra la PGR, mismas que fueron cerradas a la circulación; los militares colocaron camionetas atravesadas a lo ancho para impedir el paso, incluso a los reporteros que llegaron posteriormente y a los que exigían que se identificaran para poder ingresar al área donde se encuentra la entrada de la Procuraduría.
De manera extraoficial se informó que las armasque portaban los coordinadores y los policías comunitarios eran una mini USI, dos pistolas calibre 45, dos 9 milímetros y otra de la que se desconoce el calibre, así como 27 cartuchos útiles.
También se retuvieron las armas de menor calibre del resto de los policías, a los cuales les pidieron a las 8 de la noche que se identificaran y mostraran sus credenciales para hacer una lista de las mismas.
Mientras dentro de las oficinas de la PGR se alcanzaba a ver cómo
estaban pasando a cada uno de los detenidos para fotografiarlos, afuera
la coordinadora Adelaida Hernández advertía por teléfono que ya se
estaban organizando las comunidades y si no quedaban libres hoy se
movilizarían.
Al preguntarle qué había dicho Mora Patiño, respondió que la funcionaria estatal les dijo que no tenía conocimiento de ningún documento enviado para informarles del traslado que harían.
A las 11:30 de la noche, la coordinadora Adelaida Hernández, siete policías comunitarios, los dos menores y sus familiares continuaban afuera de las instalaciones de la Procuraduría esperando información de los detenidos.
A unas horas de la detención, en un comunicado de prensa los coordinadores de las casas de Justicia de San Luis Acatlán, Zitlaltepec y Espino Blanco denunciaron que el gobierno estatal rompió con el acuerdo de paz que existía entre ellos, porque la sub secretaria de Asuntos Políticos estaba enterada del traslado de dos menores y dos adultos para atención médica.
“Se rompen los acuerdos de paz hechos con el gobierno del estado en tanto no se dé solución a las detenciones negligentes de nuestros integrantes”, indica el comunicado, en el cual se responsabiliza a Mora Patiño y al gobernador Angel Aguirre “de lo que le pase a los policías comunitarios, comandantes, coordinadores regionales, además de dos menores de edad y un adulto que se encuentran con ellos y quienes eran trasladados a la ciudad de Acapulco para realizarle análisis clínicos de urgencia”.
En el comunicado la CRAC considera “una agresión directa a nuestro sistema de justicia, seguridad y reeducación que está impuesto por los pueblos de Guerrero y a los compañeros”, la detención “arbitraria” de los coordinadores y policías comunitarios, por lo que al cumplir con lo acordado y no haber sido respetado “declaramos rotos los acuerdos de paz con el gobierno estatal”.
(EL SUR DE ACAPULCO/ Mariana Labastida/ mayo 7, 2013)
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