Siete policías
municipales fueron arrestados, mediante una orden de aprehensión girada por el
Tribunal de Garantía desde el pasado 30 de noviembre, por los delitos de
tortura, abuso de autoridad, uso ilegal de fuerza pública y robo calificado,
cometidos en perjuicio de los integrantes de una familia, entre ellos tres
menores.
Los hechos
denunciados ocurrieron el día 15 de diciembre de 2012, según la recomendación
19 /2013 que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) el pasado 27
de septiembre, contra el entonces presidente municipal, Héctor Murguía
Lardizábal.
Ese día, al menos 10
policías allanaron el hogar de la familia Muñoz Ayala y vejaron por igual al
padre y la madre e incluso a tres menores de edad.
Ayer, en
colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), agentes
adscritos a la Unidad Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía General del Estado
(FGE), procedieron al arresto de los siete polipreventivos.
Lo anterior tras la
judicialización de la carpeta de investigación integrada por el agente del
Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos cometidos contra el
Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia.
De momento, tres
oficiales se encuentran prófugos y son buscados por las autoridades investigadoras;
estos elementos ya no se encuentran laborando en la SSPM, informó Arturo
Sandoval Figón, vocero de la Fiscalía estatal en la zona norte.
Los agentes
arrestados son Yolanda Molina Sánchez, de 44 años; Rosalío Varela Zamora, de
46; Raúl Domínguez Gómez, de 31; Alejandro Solís Cruz, de 33; José Bernardo
Mote Rodríguez, de 39; Julio Alberto Quintero Zapata, de 40 y Jaime Albero
Moreno Montoya, de 33, quienes esta mañana serán presentados en la audiencia de
vinculación a proceso.
Los agentes
preventivos fueron suspendidos de sus funciones hasta que se resuelva su
situación procesal.
De ser vinculados a
proceso se quedarán en prisión preventiva a solicitud del Ministerio Publico
porque los delitos que se les imputan –como la tortura- son graves, precisó
Sandoval Figón.
Si después del
proceso son exonerados de responsabilidad por el juez de Garantía, la SSPM
deberá reincorporarlos a sus funciones y pagar los salarios caídos, según
establece el reglamento interno de la corporación.
INVESTIGAN A 300 ELEMENTOS
Sandoval Figón
advirtió que existen varias carpetas de investigación abiertas de un año atrás
contra policías que son investigados por delitos no graves como el abuso de
autoridad y graves como la tortura y la violación sexual, las cuales están por
ser judicializadas.
“Todo lo que se hizo
o lo que se hace va a tener una consecuencia y pronto”, dijo días atrás el
secretario César Mario Muñoz Morales, con relación a las documentadas
violaciones a los derechos humanos cometidos por el personal operativo de la
SSPM con su predecesor Julián Leyzaola Pérez al frente.
Más de 300 elementos
de esta Secretaría, muchos de ellos aún en activo, son investigados por la
Fiscalía General del Estado (FGE), dijo Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador
de la CEDH e integrante de la Mesa de Seguridad.
Refirió que durante
la pasada administración municipal más de 300 oficiales fueron denunciados y
son investigados por la comisión de delitos que van desde el abuso de
autoridad, cohecho, lesiones, tortura, homicidio, desaparición forzada y
ejecución extrajudicial, entre otros actos ilegales.
HACE POCO MÁS DE UN AÑO DE LA PESADILLA
El 15 de octubre de
2012, Luz Imelda Ayala Córdova, la madre de la familia vejada por los
preventivos, recordó que eran entre 10 y 11 de la noche y escucharon ruidos en
la parte trasera de su casa. Todos se agazaparon en la recámara matrimonial
mientras los cuatro perros chihuahua ladraban bajo la cama.
La familia escuchaba
fuertes ruidos en el patio de la casa pues estaban forzando el portón, rompían
vidrios y los gritos de los ‘invasores’ se escuchaban cada vez más cerca, casi
dentro de la casa.
Luego, policías
municipales sorprendieron a la asustada familia.
“Me sacaron del
cuarto arrastrándome del cabello hasta donde está la sala, una mujer policía me
puso bocabajo encima de la orilla del sillón y ahí me estuvo golpeando y
diciéndome muchas groserías”, dijo a El Diario el pasado 5 de noviembre Luz
Imelda, de 40 años.
Una oficial le cortó
la respiración con una bolsa de plástico del súper que le ponía en la cabeza
por prolongados segundos. La asfixiaba.
En la primera
oportunidad que tuvo alcanzó a tomar aire y vio que era golpeado su esposo
Jesús Muñoz Rocha, de 34 años; su hijo de 16 estaba esposado. A ellos los
torturaban de la misma manera.
La madre buscó en la
habitación a sus niñas de 11 y 13 años. Cuando la arrastraban a la sala alcanzó
a ver que a ellas las encerraban en el baño, sin que los oficiales consideraran
las súplicas de las pequeñas para que no les pegaran.
De rodillas, a la
madre le faltaba el aire y le sobraba el miedo. “Ya no podía respirar. Mordí la
bolsa con los dientes para poder respirar”, dice.
Con las encías
sangrando a causa del esfuerzo de romper la bolsa, inhaló una bocanada de aire,
lo que enfureció a la oficial excedida de peso y pelo teñido de rubio. “Pinche
vieja, ¿estás respirando?”, le gritó la agente.
“Entonces pidió otra
bolsa y me la empalmaron encima. Trataba de morderlas para respirar pero no
podía. Entonces ella (la oficial) me puso sus manos enfrente de la cara y su
pierna en la espalda para ahogarme. Me decía ‘estás respirando’. Me soltó
porque yo ya no me moví, me quitó las bolsas y sacaron una pistola y me la
pusieron en la cara”, dice.
Fue entonces cuando
la madre vio que su esposo y su hijo estaban casi sin sentido con bolsas en la
cabeza.
En ese momento ella
gritó: “sí, acepto todo lo que tú quieras, pero a mis hijos y a mi marido
déjenlos en paz”. Se rindió.
Esta narración forma
parte de las 17 hojas que contiene la recomendación 19 //2013 que el 27 de
septiembre emitió la CEDH contra el entonces presidente municipal Héctor
Murguía Lardizábal.
HASTA LOS PERROS SE LLEVARON
El organismo
derechohumanista encontró suficientes elementos de prueba para presumir daños a
la propiedad, allanamiento de morada y lesiones, aunque la familia denuncia
actos de tortura.
De la cochera
sacaron una camioneta que estacionaron en la calle y luego los sacaron a ellos,
no sin antes golpearlos de nuevo. Hasta los perros se llevaron. La madre vio
cuando a las niñas las subían a su camioneta que era conducida por un policía.
Sus vecinos
suplicaron a los agentes que les dejaran a las pequeñas.
También llegó el
mayor de sus hijos y dijo que él se hacía cargo de sus hermanas, pero los
agentes rechazaron poner en libertad a las dos menores de 11 y 13 años.
“Nos dijeron que
íbamos todos detenidos y nos llevaron en las patrullas 335, 525, 125, 302, 303,
304, 325, donde estaban cargando todas las cosas que sacaron de mi casa,
parecían camionetas de mudanza”, narra la madre de familia que presentó la
denuncia ante la CEDH.
Toda la familia fue
a parar a la estación de Policía Universidad, donde la juez de Oficialía
Jurídica y Barandilla, Lizet Lugo Acosta, consignó ante el Ministerio Público
Federal a los cinco integrantes, incluidas las dos niñas de 11 y 13, así como
al adolescente de 16, por el delito de posesión de un arma de fuego calibre 9
milímetros.
Poco después de las
4 de la mañana la autoridad federal recibió a la familia en las instalaciones
ubicadas en la avenida Hermanos Escobar.
“Cuando llegamos nos
tuvieron afuera esperando a que abrieran. Adentro nos quitaron las esposas y
entonces el licenciado (de PGR) le dijo al policía que por qué a esos menores,
que si había quién los estaba reclamando por qué los traían de arriba para
abajo toda la noche, que por eso podía ir a la cárcel. Entonces el policía
municipal se soltó llorando”, recuerda la quejosa.
La mujer que se
declaró culpable de la posesión del arma que, afirma, le sembraron, obtuvo su
libertad con una fianza de 20 mil pesos.
El vocero de la FGE
informó que fue abierta la carpeta de investigación 2806-025831/2012. El
expediente menciona la actuación de los agentes Julio Alberto Quintero Zapata y
José Bernardo Mote Rodríguez, que firmaron las remisiones 61870D y 61871D,
quienes continuaban laborando de manera normal.
El agente del
Ministerio Público César Armando Chacón Martínez, adscrito a la Unidad de
Investigación Contra el Servicio Público, abrió la indagatoria en la que
también se menciona a Lizet Lugo Acosta, juez de Oficialía Jurídica y
Barandilla en turno y quien signó el oficio SA/ DOJB/OJ-2012, mediante el cual
puso a disposición del Ministerio Público Federal a la pareja y a los tres
menores de edad, según obra en la recomendación.
“Mi niña de 11 años
no puede dormir, estamos muy asustados, tememos por nuestra seguridad, eso que
nos hicieron nos perjudicó demasiado, hasta salimos en los medios de
comunicación con puras mentiras”, concluyó la madre en su relato de terror.
Los Arrestados
• Yolanda Molina Sánchez, de 44 años
• Rosalío Varela Zamora, de 46
• Raúl Domínguez Gómez, de 31
• Alejandro Solís Cruz, de 33
• José Bernardo Mote Rodríguez, de 39
• Julio Alberto Quintero Zapata, de 40
• Jaime Albero Moreno Montoya, de 33
LOS DELITOS
• Tortura
• Abuso de autoridad
• Uso ilegal de fuerza pública
• Robo calificado
(EL DIARIO /STAFF/
2013-12-13 | 23:33)
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