México, DF.- El 1 de abril de 2003, el general Ricardo Martínez Perea, el capitán Pedro Maya y el teniente Antonio Quevedo fueron sentenciados a 15 años de prisión por el Consejo de Guerra, que los encontró culpables del delito de fomento en cualquiera de sus formas para posibilitar el tráfico de drogas. Los tres militares fueron dados de baja e inhabilitados para cualquier cargo público por el mismo periodo de la sentencia.
Es la primera vez que Martínez Perea habla con algún medio de
comunicación desde que fue recluido en la prisión del Campo Militar
Número 1-A en el 2001, cuando un fax anónimo enviado desde una papelería
cercana a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa (Sedena) en
el Distrito Federal, lo señaló como presunto colaborador del cártel del
Golfo.
–Ya está afuera de las Islas Marías, general. ¿Qué espera de todo esto?
“Que se rectifique esta equivocación de la justicia militar en mi contra”.
Martínez Perea fue el primero de los militares que Vicente Fox, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, llevó a juicio de manera pública y mediática en el 2003, en un Consejo de Guerra Ordinario cubierto por la prensa nacional y extranjera en forma generosa, para dar cuenta de la apertura y de los nuevos tiempos que el panismo en el poder inauguraba.
Con el general fueron detenidos el capitán Pedro Maya Díaz y el teniente Antonio Quevedo Guerrero. Fueron juzgados y condenados a 15 años de prisión por delitos contra la salud y enriquecimiento ilícito. Las pruebas fundamentales presentadas por sus abogados y las periciales solicitadas para demostrar su inocencia fueron desestimadas y nunca se desahogaron.
Ha estado en tres prisiones: la de Campo Militar Número 1-A (de 2001 a 2008), la de El Rincón, en Nayarit (de 2009 a diciembre de 2012), y el Complejo Penitenciario de Islas Marías (de diciembre de 2012 a julio de 2013). En todas ha sido golpeado, maltratado y desatendido médicamente.
‘Ellos deciden’
El sábado 29 de julio, a las 10 de la noche, fue trasladado desde el penal de las Islas Marías hacia Mazatlán en una nave de la Armada de México. Horas antes fue traído desde el campamento El Aserradero para avisarle que se iba a que le hicieran exámenes en un hospital. Sus abogados fueron avisados del traslado la mañana del lunes 31 de julio.
–General, ¿cómo está? ¿Cómo se siente?
“Bien gracias… Nada más esperando a ver qué dicen, si me quedo acá o me regresan a las islas luego de los exámenes”.
Pero Martínez Perea espera sobre todo la resolución del Supremo Tribunal Militar en torno al Incidente de Reconocimiento de Inocencia promovido el pasado 12 de mayo por sus abogados ante esa instancia para que se tomen en cuenta las pruebas y los testigos que le fueron negados o desechados hace 12 años en el Consejo de Guerra Ordinario que lo llevó a prisión.
El general se dice inquieto por el traslado a Mazatlán y por el amparo promovido para lograr su libertad. Piensa que esto pudiera afectar el Incidente de Reconocimiento de Inocencia presentado al Supremo Tribunal Militar, pero los abogados que lo defienden le aseguran que una cosa no afectará a la otra.
–General, ¿qué piensa de todo lo que ha ocurrido con el caso de los generales Dauahare, Escorcia y Dawe, que han salido libres tras comprobarse que las acusaciones en su contra eran falsas?
“Pues enhorabuena por ellos, porque parece que ya la libraron”.
-¿Qué cree que suceda ahora con usted general?
“Yo espero mi libertad, espero que comprendan este error de la justicia militar”.
Desde su detención permaneció recluido en la prisión del Campo Militar Número 1-A de la Ciudad de México. En 2009 fue enviado a la prisión federal de El Rincón, en Nayarit, sin que se le avisara a sus familiares y a sus abogados sobre el traslado y las razones de éste.
Empeora su salud
En Nayarit, el general sufrió diversas vejaciones. Su estado empeoró y se le detectaron problemas de próstata y afecciones cardiacas que no fueron atendidas debidamente.
El proceso para obtener la libertad del general Ricardo Martínez Perea enfrenta aún varios obstáculos, todos en el ámbito de la justicia militar, explica Conrado Hernández, quien advierte que la conformación del jurado que revisa el recurso de Reconocimiento de Inocencia es, por decir los menos, “irregular”.
Está integrado por militares que “no son abogados y que no tienen el grado militar requerido por las leyes castrenses para formar parte de las instancias encargadas de analizar el caso”.
Explica que “entre los jueces se encuentra una teniente coronel, que es juez tercero militar adscrita a la Primera Región Militar, y otro más con grado de coronel que no reúnen el requisito de jerarquía militar de generales brigadieres para ser jueces de Primera Instancia, y mucho menos para ser magistrados del Supremo Tribunal Militar”.
Otra de las pruebas que el Supremo Tribunal no admitió fue la Prueba de Inspección Judicial de los cuatro grandes ranchos y tres residencias aseguradas por el general Martínez Perea y las tropas bajo su mando, previo a su detención.
Con las pruebas de inspección la defensa del general busca acreditar que no existió el hecho material que sirvió de base para condenarlo y en el que se señalaba que protegía al cártel del Golfo.
Recuerda que entre las acusaciones contra el general figuraba de manera central el hecho de que él y sus tropas “hacían como que le pegaban al narcotráfico asegurando cargamentos pequeños de droga, pero sin detener a nadie, como lo sostuvo en el Consejo de Guerra el mayor Gerardo Salazar Bolaños”.
Con más de 15 años ostentando el mismo grado, Salazar Bolaños fue el encargado de detener y encabezar el juicio contra el general Ricardo Martínez Perea y el encargado también de detener a los generales Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia Vargas y Roberto Dawe González.
De acuerdo con el amparo indirecto interpuesto por los abogados del General Martínez Perea, Éste fue “desterrado” al ser enviado a las Islas Marías a cumplir la etapa final de su condena. En ese sitio ha sufrido golpes, vejaciones y torturas por parte del personal de seguridad del penal.
En el amparo se cita el testimonio del militar, a quien sus agresores le habrían dicho lo siguiente:
Recibe golpizas
“…Discúlpeme mi General, pero son órdenes de hasta allá arriba, del propio presidente de la República, de que le demos estas golpizas o palizas en estos traslados, porque según es parte de la pena impuesta y si no lo hacemos a nosotros nos va muy mal” (sic).
Las agresiones se dieron sobre todo durante el gobierno de Felipe Calderón, señala el documento.
El abogado Conrado Hernández recuerda que durante el proceso no se demostraron las acusaciones y las pruebas en su favor fueron desechadas. Varias probatorias y declaraciones de testigos solicitadas por la defensa, fueron desestimadas y nunca se realizaron.
Ente los testigos citados por los abogados del general Martínez Perea estaba el ex presidente Vicente Fox y los ex secretarios de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre y Clemente Vega García.
También le fueron rechazadas siete pruebas de inspección judicial a tres ranchos y tres residencias aseguradas por el general antes de su captura. La inspección habría demostrado que nunca hubo enriquecimiento, que Martínez Perea y los oficiales detenidos nunca se aprovecharon del aseguramiento para beneficio propio, y que por lo tanto nunca hubo enriquecimiento ilícito.
El general ha agotado casi todos los recursos jurídicos a su favor para alcanzar la libertad tras un proceso viciado en los tribunales militares. Le faltan tres años y medio para cumplir la condena dictada, pero no está dispuesto a pasar más tiempo en prisión.
Acusado vía fax y de forma anónima, sostiene que su caso es una muestra de la manera en que se aplica todavía la justicia militar por consigna, de manera ominosa y sin respeto por los años de servicio al Ejército, al país.
Espera el resultado de los análisis médicos con tanta ansiedad como con la que espera conocer la resolución del Supremo Tribunal Militar sobre su caso.
El capitán Pedro Maya Díaz permanece en el campamento El Aserradero, en las Islas Marías. El teniente Javier Antonio Quevedo Guerrero está recluido en una prisión en el estado de Morelos. El tiempo se les va entre los dedos.
–Ya está afuera de las Islas Marías, general. ¿Qué espera de todo esto?
“Que se rectifique esta equivocación de la justicia militar en mi contra”.
Martínez Perea fue el primero de los militares que Vicente Fox, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, llevó a juicio de manera pública y mediática en el 2003, en un Consejo de Guerra Ordinario cubierto por la prensa nacional y extranjera en forma generosa, para dar cuenta de la apertura y de los nuevos tiempos que el panismo en el poder inauguraba.
Con el general fueron detenidos el capitán Pedro Maya Díaz y el teniente Antonio Quevedo Guerrero. Fueron juzgados y condenados a 15 años de prisión por delitos contra la salud y enriquecimiento ilícito. Las pruebas fundamentales presentadas por sus abogados y las periciales solicitadas para demostrar su inocencia fueron desestimadas y nunca se desahogaron.
Ha estado en tres prisiones: la de Campo Militar Número 1-A (de 2001 a 2008), la de El Rincón, en Nayarit (de 2009 a diciembre de 2012), y el Complejo Penitenciario de Islas Marías (de diciembre de 2012 a julio de 2013). En todas ha sido golpeado, maltratado y desatendido médicamente.
‘Ellos deciden’
El sábado 29 de julio, a las 10 de la noche, fue trasladado desde el penal de las Islas Marías hacia Mazatlán en una nave de la Armada de México. Horas antes fue traído desde el campamento El Aserradero para avisarle que se iba a que le hicieran exámenes en un hospital. Sus abogados fueron avisados del traslado la mañana del lunes 31 de julio.
–General, ¿cómo está? ¿Cómo se siente?
“Bien gracias… Nada más esperando a ver qué dicen, si me quedo acá o me regresan a las islas luego de los exámenes”.
Pero Martínez Perea espera sobre todo la resolución del Supremo Tribunal Militar en torno al Incidente de Reconocimiento de Inocencia promovido el pasado 12 de mayo por sus abogados ante esa instancia para que se tomen en cuenta las pruebas y los testigos que le fueron negados o desechados hace 12 años en el Consejo de Guerra Ordinario que lo llevó a prisión.
El general se dice inquieto por el traslado a Mazatlán y por el amparo promovido para lograr su libertad. Piensa que esto pudiera afectar el Incidente de Reconocimiento de Inocencia presentado al Supremo Tribunal Militar, pero los abogados que lo defienden le aseguran que una cosa no afectará a la otra.
–General, ¿qué piensa de todo lo que ha ocurrido con el caso de los generales Dauahare, Escorcia y Dawe, que han salido libres tras comprobarse que las acusaciones en su contra eran falsas?
“Pues enhorabuena por ellos, porque parece que ya la libraron”.
-¿Qué cree que suceda ahora con usted general?
“Yo espero mi libertad, espero que comprendan este error de la justicia militar”.
Desde su detención permaneció recluido en la prisión del Campo Militar Número 1-A de la Ciudad de México. En 2009 fue enviado a la prisión federal de El Rincón, en Nayarit, sin que se le avisara a sus familiares y a sus abogados sobre el traslado y las razones de éste.
Empeora su salud
En Nayarit, el general sufrió diversas vejaciones. Su estado empeoró y se le detectaron problemas de próstata y afecciones cardiacas que no fueron atendidas debidamente.
El proceso para obtener la libertad del general Ricardo Martínez Perea enfrenta aún varios obstáculos, todos en el ámbito de la justicia militar, explica Conrado Hernández, quien advierte que la conformación del jurado que revisa el recurso de Reconocimiento de Inocencia es, por decir los menos, “irregular”.
Está integrado por militares que “no son abogados y que no tienen el grado militar requerido por las leyes castrenses para formar parte de las instancias encargadas de analizar el caso”.
Explica que “entre los jueces se encuentra una teniente coronel, que es juez tercero militar adscrita a la Primera Región Militar, y otro más con grado de coronel que no reúnen el requisito de jerarquía militar de generales brigadieres para ser jueces de Primera Instancia, y mucho menos para ser magistrados del Supremo Tribunal Militar”.
Otra de las pruebas que el Supremo Tribunal no admitió fue la Prueba de Inspección Judicial de los cuatro grandes ranchos y tres residencias aseguradas por el general Martínez Perea y las tropas bajo su mando, previo a su detención.
Con las pruebas de inspección la defensa del general busca acreditar que no existió el hecho material que sirvió de base para condenarlo y en el que se señalaba que protegía al cártel del Golfo.
Recuerda que entre las acusaciones contra el general figuraba de manera central el hecho de que él y sus tropas “hacían como que le pegaban al narcotráfico asegurando cargamentos pequeños de droga, pero sin detener a nadie, como lo sostuvo en el Consejo de Guerra el mayor Gerardo Salazar Bolaños”.
Con más de 15 años ostentando el mismo grado, Salazar Bolaños fue el encargado de detener y encabezar el juicio contra el general Ricardo Martínez Perea y el encargado también de detener a los generales Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia Vargas y Roberto Dawe González.
De acuerdo con el amparo indirecto interpuesto por los abogados del General Martínez Perea, Éste fue “desterrado” al ser enviado a las Islas Marías a cumplir la etapa final de su condena. En ese sitio ha sufrido golpes, vejaciones y torturas por parte del personal de seguridad del penal.
En el amparo se cita el testimonio del militar, a quien sus agresores le habrían dicho lo siguiente:
Recibe golpizas
“…Discúlpeme mi General, pero son órdenes de hasta allá arriba, del propio presidente de la República, de que le demos estas golpizas o palizas en estos traslados, porque según es parte de la pena impuesta y si no lo hacemos a nosotros nos va muy mal” (sic).
Las agresiones se dieron sobre todo durante el gobierno de Felipe Calderón, señala el documento.
El abogado Conrado Hernández recuerda que durante el proceso no se demostraron las acusaciones y las pruebas en su favor fueron desechadas. Varias probatorias y declaraciones de testigos solicitadas por la defensa, fueron desestimadas y nunca se realizaron.
Ente los testigos citados por los abogados del general Martínez Perea estaba el ex presidente Vicente Fox y los ex secretarios de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre y Clemente Vega García.
También le fueron rechazadas siete pruebas de inspección judicial a tres ranchos y tres residencias aseguradas por el general antes de su captura. La inspección habría demostrado que nunca hubo enriquecimiento, que Martínez Perea y los oficiales detenidos nunca se aprovecharon del aseguramiento para beneficio propio, y que por lo tanto nunca hubo enriquecimiento ilícito.
El general ha agotado casi todos los recursos jurídicos a su favor para alcanzar la libertad tras un proceso viciado en los tribunales militares. Le faltan tres años y medio para cumplir la condena dictada, pero no está dispuesto a pasar más tiempo en prisión.
Acusado vía fax y de forma anónima, sostiene que su caso es una muestra de la manera en que se aplica todavía la justicia militar por consigna, de manera ominosa y sin respeto por los años de servicio al Ejército, al país.
Espera el resultado de los análisis médicos con tanta ansiedad como con la que espera conocer la resolución del Supremo Tribunal Militar sobre su caso.
El capitán Pedro Maya Díaz permanece en el campamento El Aserradero, en las Islas Marías. El teniente Javier Antonio Quevedo Guerrero está recluido en una prisión en el estado de Morelos. El tiempo se les va entre los dedos.
(ZOCALO/ Sin Embargo /05/08/2013 - 04:01 AM)
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