Ya se había estado activando en México el debate por la
despenalización del consumo de mariguana para fines recreativos —que
implicaría también legalizar la producción y venta—, cuando en Uruguay
saltó la liebre.
El miércoles pasado, la Cámara de Diputados de ese país aprobó un
proyecto de legalización de la mariguana que, de confirmarse en el
Senado, convertirá al Estado uruguayo en el primero en el mundo en
asumir el control legal sobre el proceso de producción, venta y consumo
de Cannabis.
La propuesta fue impulsada por los legisladores del gobernante Frente
Amplio, a cuya cabeza está ahora, desde la presidencia, José Mujica, un
economista que proviene de la izquierda guerrillera, concretamente del
Movimiento Tupamaro.
De acuerdo a lo que puede leerse en la prensa uruguaya, en el Senado
no habría mayores problemas para que la iniciativa sea ratificada,
porque también ahí la coalición gobernante tiene mayoría, aunque se
espera que pase con algunos ajustes.
Es tal la defensa que Mujica hace de la despenalización, que en estos
días planea viajar a la sede de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York,
para explicar el proyecto de regulación de venta de la mariguana. Esto,
debido a que luego de la votación de diputados que abren la puerta a la
despenalización, un organismo de Naciones Unidas cuestionó con dureza la
intención del Gobierno uruguayo de regular la venta de mariguana.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE),
dependiente de la ONU, dijo en un comunicado que de aprobarse
definitivamente dicha ley estaría en “completa contravención” con las
disposiciones de los tratados internacionales sobre drogas, de los que
Uruguay es parte.
Ese mismo día, en la Ciudad de México se realizaba un coloquio sobre
la despenalización de la mariguana, al que asistieron el ex rector de la
UNAM, Juan Ramón de la Fuente —también ex secretario de Salud—, el
excanciller Jorge Castañeda, el ex secretario de Hacienda Pedro Aspe, el
ex secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont y el director de la
revista Nexos, Héctor Aguilar Camín.
Desde diversos enfoques y con distintos argumentos, todos empujaron
la idea de profundizar el debate sobre el tema, sosteniendo que México
debe entrar ya a un proceso de despenalización.
Y este es el punto ahora, discutir, aprovechar que hay menos
resistencias, no solo de los gringos —aunque venga la Janet Napolitano y
diga que no es la salida a la crisis de violencia que vive el país,
pues no es este el punto principal—, sino del propio Gobierno mexicano.
Ya el presidente Enrique Peña Nieto dijo que se hará lo que más le
convenga a México, abriendo una rendija a la discusión. Y lo secundó el
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Igualmente Miguel Ángel Mancera expresó hace unos días que en el
Gobierno del Distrito Federal no hay temor por legalizar la mariguana y
que en todo caso es una decisión que debiera tomarse con información.
Sin duda hay un avance en el tema, más allá de lo que diga el
expresidente Vicente Fox y sus propósitos y los de su socio, el
norteamericano Jamen Shively, un expresidiario acusado de fraude en
Sinaloa. Y hay que profundizar el debate, desde todos los enfoques, el
de salud, el de regulación, si impactaría o no en los niveles de
violencia —yo no lo creo—, el económico…
Parece, si nos atenemos a la más reciente oleada de hecho
relacionados con el tema, que la despenalización es irreversible en
México, aunque sea gradual, como ha estado ocurriendo en los Estados
Unidos, pero irreversible.
No será la panacea para resolver los problemas de violencia que vive
el país, pues estos son mucho más complejos y no siempre están
relacionados con la mariguana. Quien quiera apuntalar la despenalización
por este lado, no tendrá muchos argumentos. Las razones para entrar a
una nueva etapa en la vida pública en estos temas pueden ser mucho más
sencillas, de más fácil explicación, sin tantos aspavientos ni golpes de
pecho, como el que se dio hace días el gobernador del Estado de México
cuando hizo de un mitin un referéndum y dijo que aprobar la
despenalización significaría provocar trastornos sicológicos y
emocionales a los jóvenes. Y hasta sometió a votación la medida.
Bola y cadena
HUBO, EN LA MESA donde estuvieron los exsecretarios, una idea en el
sentido de que el Distrito Federal debiera ser la primera entidad donde
se despenalice la mariguana. Y es verdad, hay condiciones para hacerlo.
Los gobiernos perredistas, además, han ido a la vanguardia de ese nuevo
rostro que debe tener la vida pública. Ojalá.
Sentido contrario
POR LO PRONTO, EL NOTARIO José Antonio Núñez Bedoya no se quita el
golpe mediático que significó que el Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos lo haya incluido entre los cómplices del cártel de
Sinaloa, con fotografía y todo. Con el mismo criterio que aplicaron
podrían incluir a decenas y decenas de fedatarios de Sinaloa que han
servido a las mismas familias. Y de Nuevo León a Los Zetas, y de Michoacán a los Caballeros Templarios,
y de Guerrero a los hermanos Beltrán Leyva. La Nueva Ley Antilavado,
aprobada recientemente, pone candados que obligan a los notarios a
verificar la legalidad del dinero con que se constituye una sociedad
mercantil cuando rebasa ciertos límites. Pero hasta esa ley es coja y
resultará inservible a la hora de su aplicación, como lo han expuesto ya
los mismos notarios en todo el país.
Humo negro
UNA VEZ DETENIDO EL Z-40, se esperaba una reacción airada y violenta de Los Zetas, pero el asesinato del vicealmirante en Michoacán, nos habla del tamaño del problema que México enfrenta.
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