Leopoldo Santos
Ramírez / Dossier Politico
El 19 de noviembre
de 1976 en el sur de Sonora se hizo uno de los repartos agrarios más
importantes en la historia del campo mexicano. 42 mil hectáreas de riego fueron
repartidas a 8 mil ejidatarios formándose 79 ejidos colectivos. Fue la
culminación de un proceso de lucha que venía dándose en el campo sonorense
desde hacía veinte años. En ese lapso, los campesinos y los trabajadores
agrícolas incluyendo a los del Valle del yaqui y el Valle del Mayo sostuvieron
una enconada lucha por el reparto agrario, contra la burguesía terrateniente
que detentaba ilegalmente extensiones de tierra por fuera de la ley, y contra
el Estado mexicano. Los campesinos, antes como ahora, en sus gestiones se
encontraban con la maraña burocrática que en coalición con la burguesía rural
detenía las resoluciones sin llevarlas a efecto.
Uno de los
estudiosos que siguió este largo proceso hasta la repartición de tierras y agua
de 1976, calificó a este hecho como “el paso en la lucha por un pedazo de
tierra, a la apropiación del proceso productivo”, (Gordillo, 1988). Aunque los
veinte años de lucha representaron un esfuerzo y resistencia enormes para
campesinos y jornaleros, 1975 y 1976 fueron los años decisivos, pues la
burguesía sonorense, sobre todo la de Ciudad Obregón se enfrentó con las
medidas reformistas del presidente Luis Echeverría para el campo mexicano. Se
trató también de una pugna política que hizo crisis ante la sucesión presidencial,
la nominación de candidatos y el hecho de que Carlos Armando Biebrich Torres
entonces gobernador de Sonora se puso al lado de Moya Palencia, en contra de la
línea que estaba marcando la presidencia y que
favorecía a López Portillo. Esto, junto a la crisis económica de ese
momento en México, abrió una coyuntura política y social por donde se colaron
las demandas campesinas que entonces tuvieron más perspectiva de triunfo.
En ese contexto de
no entendimiento entre la burguesía agrícola y el poder central el 22 de
octubre de 1975 se produjo la invasión al predio de 400 hectáreas denominado
San Ignacio Río Muerto por un grupo de campesinos y jornaleros a quienes se les
había dotado de esos terrenos que pertenecían al latifundista Miguel Dengel,
mañosamente titulados a nombre de su hijo de 9 años de edad. Los litigios de
años en reforma Agraria y en tribunales habían mantenido estancadas las
resoluciones y su ejecución. A pesar de que campesinos y jornaleros invasores
mantenían pláticas con las autoridades federales, el gobernador Biebrich ordenó
el desalojo. Al enfrentarse, en la refriega murieron 6 campesinos y un número
indeterminado de soldados y policías judiciales, bajas no reconocidas
oficialmente. Pero el episodio habría de traer repercusiones profundas para el
Valle del Yaqui y para el Estado de Sonora entero.
Comentarios: lsantos@colson.edu.mx
(DOSSIER
POLITICO/ Leopoldo Santos Ramírez / 2013-07-18)
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