MÉXICO,
D.F. (apro).- La violencia en México está patrocinada por su clase
política. Estén en el poder o en la oposición, no hay partido político
ajeno a los diferentes tipos de violencia, incluida desde luego la
criminal.
Si algo caracterizó al proceso electoral de cara a la
jornada del 7 de julio fue la violencia desaforada en torno a los
candidatos. Prácticamente no se escapó ninguno de los 14 estados donde
se renovará el poder local.
Los partidos políticos y sus
candidatos cada vez son más claros en que están dispuestos a todo para
hacerse de “la representación popular” y lo que ello significa: el
acceso sin control a los recursos públicos y a negocios particulares,
que no son pocos.
Amalgamados con la delincuencia, se saben
impunes. Si están en el poder, tienen la garantía de que no se
investigará o si se hace, será lo más desaseado posible para enredar las
indagatorias.
Si están en la oposición, el aparato de justicia se
utilizará en su contra. Pero como opositores, también están dispuestos a
contribuir a la descomposición con escándalos, fundados o no, que
exacerban los ímpetus de unos y otros.
Los asesinatos, como
ocurrió con candidatos en Oaxaca y Durango, ya no son un extremo en la
competencia política de México. Son el reflejo del fracaso de la llamada
transición mexicana.
El uso faccioso de los recursos y la compra
del voto ya es lo de menos. Intervenciones telefónicas, utilización del
aparato de justicia, intimidaciones y acusaciones de narcopolítica,
secuestros y hasta de violaciones sexuales fueron parte de las campañas
de las primeras elecciones después del regreso del PRI a los Pinos.
Más
allá de una pretendida y alegada restauración del autoritarismo
priista, lo que se vive en México es una disputa mafiosa por el poder.
Ese poder que se dispersó con la extinción del presidencialismo mexicano
del siglo XX.
Hoy menos que nunca, los partidos políticos y sus
rehenes como el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Congreso, son
instituciones de bien público y su salvaguarda. Su fin último es el
control del poder a manera de botín. Por eso, son ajenos a la
mediocridad económica de México.
Para ellos no hay recortes
presupuestales. Mucho menos transparencia. Si el IFE dice que Enrique
Peña Nieto no rebasó los topes de campaña, pese a todas las evidencias,
es gracias a esa suerte de omertà, la ley del silencio entre los
mafiosos sicilianos para no hablar sobre sus delitos.
Toto Rinna,
el último capo de todos los capos de la Cosa Nostra, la mafia
siciliania, quien a sus 82 años purga —desde 1993— un total de 13
cadenas perpetuas, ha dicho que en Italia la verdadera mafia son los
jueces y los políticos que se han protegido entre ellos.
Lo mismo puede decirse de México. César Camacho, Gustavo Madero y Jesús Zambrano lo saben muy bien.
jcarrasco@proceso.com.mx
/ 4 de julio de 2013)
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