El Gobierno del Estado lo da por aprobado en el examen de control y confianza
A diferencia de unos 3 mil 500 elementos de seguridad pública que en
Sinaloa están en situación de incertidumbre laboral por reprobar el
examen de control confianza, a Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, director
de la Policía Ministerial, el Gobierno del Estado lo considera
aprobado—en el esquema de segunda oportunidad— en las pruebas de aptitud
que le practicó el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.
La información que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública le hizo llegar al gobernador Mario López Valdez
reporta en calidad de evaluado a Aguilar Íñiguez, sin agregarle nota
alguna que lo dé por no acreditado.
Junto con Chuytoño, el Centro Nacional de Certificación y
Acreditación coloca el estatus de evaluados a Genaro García Castro,
secretario de Seguridad Pública y secretario ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Pública; Marco Antonio Higuera Gómez, procurador de
justicia; Héctor Manuel Castillo Medina, subsecretario de Seguridad
Pública, Prevención y Readaptación Social; Héctor Alberto Mucharraz
Brambila, subsecretario de Estudios, Proyectos y Desarrollo, así como a
José Jaime Valdés Avitia, director de la Policía Estatal Preventiva.
“Yo entiendo que están pasados simple y sencillamente porque están
trabajando y todos ellos hacen trámites ante las autoridades del Sistema
Nacional de Seguridad Pública y han estado saliendo adelante”, dijo al
respecto el secretario general de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros,
quien por cierto no ha presentado el examen de control y confianza.
Vargas Landeros dijo que para el Gobierno de Sinaloa, con la información que tiene actualmente, Chuytoño y todos los demás aprobaron el examen de control y confianza.
—¿No tienes información de que alguno haya reprobado?
—No. En lo más mínimo y ahí están (en el informe) los nombres de cada uno de ellos.
Respecto a la versión de que Genaro García Castro no pasó el proceso
evaluatorio que en su caso le aplicaron la Secretaría de Seguridad
Pública Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional,
Vargas Landeros la descartó ya que, dijo, “nos acaban de acreditar unos
recursos del Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública, la tercera
ministración, vamos en tiempo y forma. Si hubiera algún problema,
particularmente de él, pues el recurso no nos llega”.
También a García Castro se le cuestionó sobre la supuesta no
acreditación del examen de control y confianza. “Oficialmente no tengo
información y extraoficialmente es lo que usted comenta, pero dicho por
usted. No tengo en otras esferas un comentario que pueda hacerme ver lo
contrario”, contestó.
Penosa acreditación
Jesús Antonio Aguilar Íñiguez presentó por segunda ocasión, el 7 y 8
de mayo de 2013, el examen de control y confianza en la Ciudad de
México. El proceso se lo aplicó el Centro Nacional de Seguridad
Nacional, habilitándolo al fin para ocupar el Mando Único Policiaco en
Sinaloa.
En abril de 2011, al someterse a los estudios oficiales del Centro
Nacional de Certificación y Acreditación, obtuvo el resultado de “no
aprobado”, generándole fuertes críticas al gobernador Mario López Valdez
por nombrarlo director de la Policía Ministerial del Estado y ponerlo,
de hecho, al mando de todas las policías en Sinaloa.
El gobernador se aferró al nombramiento en contraposición a la Ley
del Sistema Nacional de Seguridad Pública que establece que solo
ocuparán cargos de dirección en las policías aquellos que resulten aptos
en los procedimientos evaluatorios establecidos. “Si hay alguien que me
presente o que me diga que es mejor que Chuytoño, lo pongo en el cargo”, sostuvo una y otra vez Malova.
Cuando López Valdez designó a Aguilar Íñiguez como director de la
Ministerial afloró a la luz pública el expediente negro del hoy
“superpolicía”. En septiembre de 2004, cuando en el gobierno de Juan
Millán Chuytoño dirigía la misma PME, fue asesinado Rodolfo
Carrillo Fuentes en la plaza Cinépolis de Culiacán y un comandante de la
corporación fue evidenciado como guardaespaldas del llamado Niño de oro.
Ello ocasionó que la Procuraduría General de la República le abriera
una averiguación por supuestos hechos de delincuencia organizada e
inclusive que lo boletinara como prófugo de la justicia.
Posteriormente, al darse a conocer por Ríodoce que Aguilar
Íñiguez poseía residencias en diferentes sectores de Mazatlán y
Escuinapa, una de estas en el exclusivo fraccionamiento El Cid, la PGR
procedió a asegurarle propiedades. Sin saberse en qué terminó el proceso
indagatorio, Chuytoño ha dicho que la fiscalía federal lo exoneró de todos los cargos.
En los primeros meses del gobierno de Malova reapareció Chuytoño
en la función pública. A tal grado es la fe que le tiene el gobernador
que a él le ha atribuido una baja en la incidencia delictiva que, de
acuerdo con las mismas estadísticas oficiales, es de un 30 por ciento de
2011 a la fecha.
—¿Acreditaste el examen de control y confianza? —se cuestionó a Chuytoño el jueves de la semana pasada.
—El señor gobernador es el único que tiene esa información, Si es
así, qué bueno, pero yo sigo trabajando con más ganas que nunca.
Había un tono festivo en su voz. En tanto, alrededor suyo se hacían
los preparativos para oficializarlo como el Mando Único de las policías
en Sinaloa.
Al filo de la guillotina
Al menos hasta que se conozca qué se resuelve para ellos, la
situación jurídica y laboral de los 3 mil 500 policías de Sinaloa que
reprobaron el examen de control y confianza es distinta a la suerte que
tuvo Chuytoño. Lo que establece la ley es que tendrán que causar baja a partir del primero de noviembre.
En su página de Internet, el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública da a conocer que al corte del 31 de agosto
Sinaloa se ubicó dentro de los 29 estados del país que evaluaron al
cien por ciento al personal activo de las policías locales, mientras que
no aparece en la lista de entidades que reportan mayor avance en la
evaluación de personal de nuevo ingreso.
De los 9 mil 613 policías evaluados, según el SESNSP, la Secretaría
de Seguridad Pública del Gobierno de Sinaloa establece por su parte que
el 48 por ciento ha dado “no apto” y el 52 por ciento ha sido
acreditado.
A nivel nacional el panorama es igual de sombrío: según datos
recientes dados a conocer por el Instituto Federal de Acceso a la
Información hay 44 mil 351 policías de los tres niveles de Gobierno que
no acreditaron los exámenes de control de confianza y cuyo estado
laboral es indefinido.
Los exámenes que se les aplican a los policías son los siguientes:
— Médico: para establecer edad y perfil físico.
— Sicológico: estudia aspectos de la personalidad.
— Socioeconómico: busca que el desarrollo patrimonial sea justificado.
— Toxicológicos: determina presencia de alcoholismo y sustancias psicotrópicas.
— Polígrafo: buena conducta, no antecedentes penales y no vínculos con el crimen.
“Que se vayan los que den positivo en antidoping y los relacionados con el crimen”
Aboga Genaro García por segunda oportunidad
El secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Genaro
García Castro, no cree que se llegue a la situación en que alrededor de
tres mil 500 policías estatales y municipales tengan que ser dados de
baja en Sinaloa por no pasar el examen de control y confianza. Los que
no se pueden quedar, agrega, son los elementos, menos de 50, que dieron
positivo en el antidoping o que por alguna circunstancia estén relacionados con grupos criminales.
“La verdad es que es algo tan complicado y yo creo que no vamos a
llegar a eso”, expone en la víspera de que el próximo 30 de octubre se
venza la prórroga que dio el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública para que esos elementos “no aptos” sean depurados.
—¿Y qué va a pasar entonces con los policías que no han acreditado el examen de control y confianza?
—Es un tema que no es propiamente de Sinaloa, es un tema nacional y
ni aquí y no creo que ningún estado del país, incluyendo al Distrito
Federal, tenga el dinero suficiente para resolver esas liquidaciones.
Algo tendrá que hacerse pero es una decisión que tendrá que tomar el
Consejo Nacional de Seguridad Pública. Hay muchas opciones de qué hacer
con esas gentes, en algunos casos revisar sus expedientes a ver cuál
segmento de los exámenes no pasaron y darles alguna otra oportunidad
como se ha venido solicitando. En fin, pero decir qué va a pasar no creo
que alguien pueda tener una respuesta sino hasta que se conforme el
Consejo Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se tome un
acuerdo.
La segunda vuelta, aclara con base a la propuesta que el gobernador
ha hecho ante el CNSP, sería únicamente para los policías que están
exentos en antidoping y delincuencia organizada.
“Todavía no sabemos si la Cámara de Senadores va a darle el visto
bueno a esa segunda vuelta, si va ampliar la prórroga que vence este mes
de octubre. Estamos en espera de la toma de decisiones y pienso, pero
es un sentir personal, que se va a tener que instalar el CNSP en una
sesión extraordinaria específicamente para ese tema”.
—¿Y se tienen los elementos capacitados para en caso de que se tenga que suplir a esos tres mil 500 policías?
—No. Necesitaríamos capacitar a 35 mil, tomando en cuenta que solo el
diez por ciento pasa el examen de control y confianza y para ello
necesitaríamos siete años porque el instituto nada más prepara a cinco
mil por año.
—¿Es viable continuar con los exámenes de control y confianza a como están diseñados actualmente?
—No nos toca a nosotros decidirlo. Se necesitaría modificar la ley
para que pudiera modificarse también el procedimiento y lo han dicho los
altos mandos de las policías a nivel nacional: se tienen que tomar
algunas acciones que vengan a flexibilizar, no a desaparecer, no a
liberarlo, pero sí analizar qué sucede porque hay que reconocer que el
ser apto en un examen de control y confianza no es garantía de éxito.
Números no aptos
10,970
Policías, mandos y personal administrativo han sido evaluados en Sinaloa.
48
Por ciento de policías reprobaron el examen de control y confianza.
3 mil 500
Policías estatales, ministeriales y municipales están en riesgo de causar baja.
7
Años se requerirían para capacitar a los elementos que tendrían que suplirlos.
10
Por ciento de egresados de la Academia de Policía pasan examen de aptitud.
44,351
Policías de todo el país reprobaron el examen de control y confianza.
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