El finado exjuez había sido denunciado por presunto enriquecimiento ilícito
El once de noviembre de 2010, la Asociación Civil Contrasilencio
había interpuesto formal denuncia ante la Subdelegación de la
Procuraduría General de la República (PGR) contra el finado exjuez mixto
de primera instancia del Distrito Judicial de Concordia, Isidro
Hernández Ramírez, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito,
coalición de servidores públicos y cohecho.
No obstante que fue muy conocido en los círculos judiciales de
Mazatlán y Concordia, no se ha escuchado la exigencia de justicia y
esclarecimiento del multihomicidio y lo que ha imperado es el silencio
sepulcral en torno a la masacre del exjuez Isidro Hernández Ramírez y su
familia, ocurrida la semana antepasada en la comunidad de El Cantil, en
la zona serrana de Concordia.
Cuando Esteban Carlos Pineda Rubio, de 32 años, perito en grafoscopía
de la Subprocuraduría de Justicia de la Zona Sur, fue encontrado
asesinado dentro de su vehículo, la madrugada del 16 de agosto de 2009,
en Durango, Durango, donde había viajado a apadrinar una boda, algunos
de sus amigos y colegas exigieron su esclarecimiento y se castigara a el
o los responsables del crimen.
“Pedimos el esclarecimiento de los hechos que nos consternaron a
todos”, consignó un diario local que había expresado personal de la
Subprocuraduría.
“Personal de la Subprocuraduría Regional de Justicia recordó que
Pineda Rubio era muy buen perito con especialidad en criminalística, y
tenía más de cinco años trabajando en dicha institución”, destacó el
periódico.
“Es probable que posteriormente la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Sinaloa solicite a su similar de Durango, el
esclarecimiento de este crimen, por tratarse de un trabajador de dicha
institución”, dijeron sus amigos y colegas de Pineda Rubio al diario
local.
Esteban Carlos Pineda Rubio había sido el perito en grafoscopía
designado por parte de la PGJE en el expediente del juicio sumario civil
14/2009, pero a casi cuatro años de los hechos no se ha esclarecido su
muerte, considerada de “extraña” por algunos de sus colegas, mucho menos
el móvil.
A diferencia de las reacciones desatadas con la muerte de Pineda
Rubio, los hechos ocurridos el 1 de junio no “consternaron a todos” ni
pidieron el esclarecimiento a pesar de que no solo perdió la vida el
exjuez Isidro Hernández Ramírez, sino su esposa Isabel Espinosa Gastélum
y sus hijas Esmeralda y Linda Cristal Hernández Espinosa, una de estas
con padecimiento de síndrome de down.
“Lamentamos que después de su desaparición, pues (la Policía
Ministerial) no haya podido dar con el paradero de él y su familia”,
dijo a Ríodoce José Eligio Medina Ríos, alcalde de Concordia.
Contrasilencio
De acuerdo con la averiguación Previa, sin/maz/570/2010/MII, número de folio 719, de la PGR, a la que Ríodoce
tuvo acceso, la lista de los denunciados por la Asociación Civil, que
entonces representaba a algunos de los comuneros activos de la Comunidad
de San Miguel del Carrizal, empezaba con los hermanos José Luis y Jesús
Mendoza Tiznado, y finalizaba con José Luis Morales Soto, presunto
“lugarteniente” de aquellos en Santa Lucía, Concordia.
Alberto Vázquez Arvallo, entonces superintendente de la Comisión
Federal de Electricidad, Zona Mazatlán, y sus abogados Eduardo García
Siraitares y Alan Ramos Ruiz, también aparecen como presuntos implicados
en el fraude.
Asimismo, la parte actora, Belén Lavina Murray Muñoz, con sus
procuradores judiciales, Jesús Romero Peñaloza y Felipe de Jesús
Hernández Ramos.
Además, implicaba a los ingenieros Jesús Tirado Morán, Sergio
Espinoza Gastélum y Enrique Camacho Arias, peritos en topografía,
energía eléctrica y valuador, respectivamente.
E igualmente, Miguel Pérez Lizárraga, exjuez del Juzgado Tercero de
Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Mazatlán, junto con su
actuario José Octavio Sarabia Carrasco.
El por qué los campesinos incluyeron en la denuncia a Perla Corina
Ornelas Salazar, actuario, a cargo del ahora finado exjuez Isidro
Hernández Ramírez, lo consigna el documento de la PGR:
“El juez mixto de primera instancia de Distrito Concordia, Sinaloa, y
su actuario, dieron fe de la supuesta postería de la Comisión Federal
de Electricidad que se encontraban en terrenos propiedad de Belén
Lavinia Murray Muñoz, lo cual al decir del denunciante estos son
inexistentes”.
Los comuneros denunciantes estaban convencidos de que el expediente
del juicio sumario civil 14/2009, tramitado en el Juzgado Mixto de
Primera Instancia de Concordia, Sinaloa, que constituyó la servidumbre
legal de paso respecto de la línea de energía eléctrica sostenida por
postes de madera tipo “H” sobre terrenos con bosque, ubicados en el
municipio de Concordia, se encontraban dentro del terreno propiedad de
la Comunidad de San Miguel del Carrizal.
“Se cometió fraude, cambiando de lugar el predio propiedad de la
señora Belén Lavinia Murray Muñoz. Ubicándolo dentro del terreno
propiedad de la Comunidad de San Miguel del Carrizal”.
Para los querellantes, el fraude de los 209 millones 23 mil 974 pesos
con 51 centavos, no solo se había cometido contra la CFE (con las
presuntas firmas falsificadas del emplazamiento simulado), sino desde el
origen también el timo había sido contra la comunidad de San Miguel del
Carrizal.
Recuadro
Pregunta a la PGR
En medio del mutismo que produjo la masacre del exjuez y su familia,
una fuente cercana a la investigación se atrevió a preguntar en voz
baja: “¿Cuántas personas muertas más se necesitan para que la PGR
investigue a fondo el fraude contra la CFE y la comunidad de San Miguel
del Carrizal?”.
Desde el 2009, con la muerte del perito Esteban Carlos Pineda Rubio y
la masacre del exjuez Isidro Hernández Ramírez y su familia, ya suman
seis personas asesinadas.
(RIODOCE.COM.MX/ Cayetano Osuna/ junio 16, 2013)
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