Distrito Federal— La
ejecución de la arquitecta Alicia Rivera Ugalde el domingo 9 por la madrugada
en el fraccionamiento Condado de Sayavedra, Atizapán, vuelve a poner en la mira
a los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem), un
verdadero miniejército privado al servicio de políticos mexiquenses del equipo
de Enrique Peña Nieto.
Ocho de los nueve
agentes involucrados en el crimen pertenecen a esa corporación y sólo uno a la
Policía Municipal de Atizapán, según el procurador estatal Miguel Ángel
Contreras Nieto. El funcionario dijo que el disparo que recibió Rivera Ugalde
se debió a una “confusión”, ya que los uniformados perseguían a un presunto
asaltante denunciado por un vecino.
Durante la investigación
se detectó que ninguno de los integrantes de los Cusaem contaba con la
certificación de control de confianza de ley, la cual incluye exámenes de
desempeño, poligráficos, psicológicos, socioeconómicos, médicos y toxicológicos
para dar los servicios profesionales de seguridad.
Los vecinos de la
llamada Zona Esmeralda de Atizapán –donde se ubican 13 fraccionamientos– se
muestran preocupados porque, dicen, la seguridad corre a cargo de los Cusaem;
éstos funcionan como negocio privado que renta sus servicios lo mismo a
conjuntos habitacionales que a dependencias gubernamentales en el Estado de
México y la zona metropolitana de la Ciudad de México.
Y aunque la
organización asegura contar oficialmente con 14 mil 162 elementos, en su página
electrónica menciona “una cifra superior a los 17 mil” agentes, mientras que
otras fuentes mexiquenses reportan 35 mil.
Desde 2009 esta
auténtica “mina de oro” –que no es fiscalizada ni auditada conforme a la ley–
ofrece servicios de vigilancia a dependencias federales, como Liconsa (a la que
cobraba 3 millones 300 mil pesos mensuales) y el Sistema de Administración y
Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda.
Asimismo fue
responsable de la custodia de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, a
la cual le cobró 80 millones de pesos durante la administración de Sergio
Hidalgo Monroy Portillo (Proceso 1829 y 1831).
También ha ofrecido
sus servicios de vigilancia a las secretarías de Desarrollo Social y de
Gobernación, al IFE, así como a decenas de empresas y personajes que suelen
contratar a elementos de los Cusaem para traslado de valores, servicios de
escolta o el llamado paquete VIP denominado Travel Security Service, que
incluye guardaespaldas de élite a un costo de 250 a 330 dólares por día.
Informes obtenidos
por Proceso revelan que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, contrató a cerca de 300 elementos de los Cusaem para la protección de la
dependencia, aunque se desconoce el costo mensual y el tipo de servicios que
ofrecen esos agentes.
Dirigentes del PAN y
del PRD en el Estado de México señalan al subsecretario de Gobernación, Luis
Enrique Miranda Nava –compadre de Peña Nieto y ex secretario general de
Gobierno en la entidad–, como uno de los tres políticos que mantienen el
control de los fondos de ese miniejército privado.
Los otros dos
responsables del manejo de los fondos y de la operación de la corporación son
Alfonso Navarrete Prida, ex procurador mexiquense y actual secretario del
Trabajo, y Manuel Cadena Morales, secretario de Gobierno durante la
administración de Montiel. Los tres forman parte del Consejo de Administración
del organismo.
LA RUTA DELICTIVA
La opacidad y la
falta de rendición de cuentas domina en los Cusaem, formado por tres cuerpos:
el de Guardias de Seguridad Bancaria y Comercial, creado en 1948; el de
Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial, constituido en 1985, y
el de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México.
Para el ex alcalde
panista de Atizapán Carlos Madrazo Limón, los Cusaem son “una especie de
ornitorrinco: Cuando les conviene a las autoridades estatales y federales, son
una policía pública; cuando no, son una policía privada”.
La fiscalización de
sus recursos es opaca y el control lo tiene un grupo de 110 comandantes que lo
administran como si fuera “una franquicia de servicios de seguridad”.
En los últimos
cuatro años, esa corporación ha estado involucrada en actos delictivos. El 9 de
junio de 2009, la edición local de Uno más uno, propiedad del empresario
NaimLibienKaui, la acusó de ser un “centro de reclutamiento” de sicarios de Los
Zetas.
En esa misma fecha
fueron capturados en Jalisco y Querétaro varios pistoleros de esa organización,
nueve de los cuales portaban armas y credenciales firmadas por el entonces
director de los Cusaem, Ciro Mendoza Becerril, protegido por Enrique Peña
Nieto, a la sazón gobernador del Estado de México.
También los escoltas
que acompañaron al narcotraficante José Jorge Balderas El JJ en la riña que
protagonizó contra el futbolista Salvador Cabañas en el Bar-Bar, al sur de la
Ciudad de México, portaban credenciales de esa corporación.
A raíz de ese caso,
en enero de 2010 distintos medios mexiquenses documentaron que el entonces
director de los Cusaem, Mendoza Becerril, sabía de las operaciones de narcomenudeo
del JJ y del Cártel de los Beltrán Leyva en los municipios mexiquenses de
Atizapán, Naucalpan, Tlalnepantla, Huixquilucan y Tecamachalco. Casualmente, en
todas estas localidades están contratados los elementos de ese organismo de
seguridad privada para distintas actividades.
El escándalo provocó
la destitución de Mendoza Becerril, quien estuvo al frente de la corporación de
abril de 2008 a marzo de 2010. Peña Nieto designó a su exjefe de ayudantía,
Orlando Seguel, como sucesor de Mendoza.
En el gobierno de
Eruviel Ávila los indicios de corrupción y de vínculos con el crimen organizado
en la corporación no disminuyeron, a pesar de una reforma cosmética para hacer
depender a este miniejército de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que
sustituyó a la Agencia de Seguridad Estatal.
En marzo de 2013,
dos meses y medio después de ser designado director de los Cusaem, José Luis
García Figueroa, El Panda o El Puma, fue asesinado. Al funcionario se le señaló
como uno de los patrocinadores de la campaña presidencial de Peña Nieto en
2012.
García Figueroa fue
arrojado desde el balcón de un cuarto piso del Centro de Exposiciones de
Banamex, en Santa Fe, Distrito Federal, durante una boda, según la averiguación
previa CUJ2/T1/205/13-03 iniciada por la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal.
LA MINA DE ORO
Aun cuando no se ha
comprobado la presunta vinculación de algunos directivos y comandantes de los
Cusaem con el crimen organizado, la corporación es una auténtica mina de oro,
cuyos fondos no son fiscalizados.
Su denominación
fiscal es ambigua y el número de sus elementos varía entre 17 mil y 35 mil, lo
que la convierte en la segunda más grande del país, sólo debajo de la Policía
Auxiliar de la Ciudad de México. Tiene más de 3 mil clientes, a los cuales
ofrece servicios de guardias intramuros para proteger instalaciones y manejo de
situaciones de contingencia; custodia de mercancías en movimiento, que incluye
a agentes con licencia de portación de armas, y escoltas.
Asimismo, cuenta con
el Grupo Atenea –creado en agosto de 2008 con elementos de élite femenil–, que
se encarga de brindar servicios de escolta y protección a empresarios y
políticos; mientras el Travel Security Services –“el VIP” de los Cusaem–
salvaguarda la integridad física de empresarios, industriales, embajadores,
diplomáticos y artistas en la Zona del Valle de México; tiene también un grupo
canino y servicios de “tecnologías”. En otras palabras, sistemas de escucha y
espionaje.
En su página web
www.cusaem.gob.mx presume las siguientes “ventajas competitivas”: elementos con
licencia de portación de armas de fuego, estado de fuerza superior a los 19 mil
elementos, armamento de punta “legalmente registrado”; frecuencia de radio con
la Policía Estatal, parque vehicular superior a las 600 unidades de servicio y
patrullaje, así como análisis de riesgos “previo a la contratación”.
De acuerdo con
información de la propia corporación, un servicio VIP que incluya escoltas de
élite puede costar de 250 a 330 dólares por día. Un escolta con equipo de
radiocomunicaciones se alquila en 250 dólares diarios, mientras que un
guardaespaldas armado con un fusil AR-15 se consigue en 330 dólares.
Una camioneta
Hummer, Nitro o Durango con blindaje “nivel cuatro”, resistente a impactos de
bala de AK-47, se renta en 400 dólares por día, y un vehículo sin blindaje se
renta en 350 dólares. Estos servicios incluyen “un asistente políglota que
domina el inglés, francés italiano o mandarín”.
En octubre de 2011,
a raíz de varias denuncias en el Congreso mexiquense por las irregularidades en
la operación de los Cusaem, el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana del Estado de México (SSC), Salvador Neme Sastré, se comprometió a
regular estos cuerpos policiacos, pero omitió hablar sobre la posibilidad de
fiscalizar sus millonarios ingresos.
Durante la discusión
de la Ley de Seguridad Estatal, el mismo mes los diputados panistas Carlos
Madrazo Limón y Gustavo Parra Noriega, así como el priista Carlos Iriarte
Mercado promovieron un artículo transitorio que obligaba al Ejecutivo estatal a
“expedir disposiciones administrativas” para regular a policías auxiliares de
la corporación.
El entonces
presidente de la Junta de Coordinación Política, José Manzur, afirmó: “No sé
por qué satanizan tanto el trabajo del Cusaem, de 20 mil o 22 mil policías que
están dándole servicio a muchas oficinas de gobierno, a muchas empresas, y que
están trabajando bien” (Proceso1829).
José Manzur es al
mismo que señalaban como amigo y protector de José Luis García Figueroa.
El exdiputado local
panista Carlos Madrazo Limón también refiere a este semanario que la principal
resistencia es a la eventual realización de auditorías al manejo de los fondos
y a los ingresos de la corporación, los cuales ascienden por lo menos a 2 mil
millones de pesos anuales.
Muchos agentes de la
corporación mencionada han denunciado el manejo irregular de recursos aportados
al Fideicomiso de Administración e Inversión de los Cusaem, creado en junio de
2006, cuando Wilfrido Robledo Madrid fue el titular de la Agencia de Seguridad
Estatal mexiquense.
(EL DIARIO,
EDICION JUAREZ/ /Proceso/ Jenaro Villamil)
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